viernes, 19 de enero de 2018

Militarización de la seguridad, estrategia fallida.

De acuerdo con una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 13 de octubre de 2014 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros llevaron a cabo la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de cuatro personas, tres estadunidenses y un mexicano, en las inmediaciones del paso fronterizo entre Tamaulipas y Texas. Al acreditar la detención ilegal de las cuatro personas cuyos cuerpos fueron encontrados el 29 de octubre de ese año, la CNDH emitió una recomendación a las distintas instancias involucradas para que proporcionen toda la información necesaria, colaboren con las quejas y denuncias y procedan a la reparación del daño a los familiares de las víctimas, entre otras medidas.
La resolución emitida ayer por violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida se suma a las 40 recomendaciones que ha recibido la Marina entre 2007 y noviembre de 2017, así como a las 126 giradas contra la Secretaría de la Defensa Nacional en el mismo periodo. En esta década, es decir, la transcurrida desde que el ex presidente Felipe Calderón lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico, la instancia encargada de velar por las garantías individuales ha recibido 10 mil 764 denuncias contra militares y 2 mil 790 contra marinos, con casos tan graves como la masacre de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio de 2014.
Las conclusiones de la CNDH sobre el presente caso ponen nuevamente sobre la mesa la inadecuación de las fuerzas armadas para desempeñar labores de seguridad pública, así como las graves consecuencias que tiene perpetuar una estrategia originalmente formulada como recurso temporal en tanto se llevaba a cabo la depuración y profesionalización de las corporaciones policiacas, ciertamente rebasadas y, en muchos casos, cooptadas en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, constituye un recordatorio del carácter urgente que reviste el prometido saneamiento policial para poner fin al papel de las instituciones castrenses en funciones ajenas a aquellas para las que fueron creadas, y para las cuales no les puede preparar debidamente su entrenamiento.
En suma, se trata de un llamado de atención a las autoridades civiles para que pongan orden en las instancias legalmente encargadas del combate a la delincuencia. Tal llamado cobra especial relevancia en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apresta a revisar la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso en diciembre pasado con un texto que normaliza la participación militar en labores de seguridad e impone un preocupante velo de opacidad sobre los operativos llevados a cabo por elementos castrenses.

Enseñar inglés ¿riesgo o reto?

Alberto Sebastián Barragán*
En nuestro sistema educativo, ya casi cumplimos 100 años intentando aprender inglés. El inicio de esta pretensión se ubica en el establecimiento de la educación secundaria, de Moisés Sáenz en 1925. Durante todas las décadas siguientes, se han multiplicado las escuelas y diversificado las modalidades: general, técnica, telesecundaria, y para 1993 la educación secundaria se prescribió como obligatoria. Durante todo ese periodo, la enseñanza del inglés, como lengua extranjera, sólo contemplaba espacios curriculares para secundaria, y no aparecía en los niveles precedentes de prescolar y primaria.
Esta indeterminación de la enseñanza del inglés en prescolar y primaria, había generado distintas estrategias con diversos grados de efectividad. Sólo 21 entidades trabajaron con proyectos para acercar a los estudiantes de educación primaria hacia la lengua extranjera. Para los primeros años del siglo XXI, se realizaron modificaciones a los enfoques pedagógicos de los planes de estudio de educación prescolar (2004), secundaria (2006) y primaria (2009), con la intención de conformar el Plan de Estudios 2011, para la articulación de la educación básica. En ese mismo año, y con esa misma lógica, también se consolidó el Programa Nacional de Inglés para la Educación Básica (PNIEB). En ese programa se prescribían actividades para la enseñanza del inglés, como segunda lengua, distribuida en los cuatro ciclos de educación básica, pero no se contemplaban insumos para su operación, tales como material bibliográfico o infraestructura, ni espacios de preparación y actualización docente, a pesar del espacio curricular de inglés en el Plan de estudios 2011.
Para 2015, Mexicanos Primero impulsó una revisión de los aprendizajes esperados de inglés, al término de la educación básica. Sin una política integral para atender cabalmente los propósitos del PNIEB, los resultados ya se esperaban. Según Mexicanos Primero, 97 por ciento de los egresados de secundaria no alcanzaban el nivel previsto por el Marco Común Europeo de Referencia: B1. Pero quien reprobó, no fueron los estudiantes de secundaria, sino nuestro sistema educativo.
Entonces se hicieron ajustes metodológicos al PNIEB, y en ese 2015 surgió el Programa Nacional de Inglés (Proni), con los mismos estándares pero con diferente enfoque pedagógico. Con el mismo vacío en la preparación de docentes para poder atender la enseñanza del inglés en prescolar y primaria. Otra vez sin los mecanismos suficientes para atender el nuevo modelo educativo. Entonces, remendaron rápidamente el Proni, y presentaron el 11 de julio de 2017 la Estrategia Nacional de Fortalecimiento para el Aprendizaje del Inglés, la cual pretende la creación de una licenciatura para la enseñanza del inglés en prescolar y primaria, y la apertura de mil 200 plazas en escuelas normales públicas para profesores de inglés. La convocatoria para 646 de esas plazas, se publicó el 30 de agosto pasado, lo que ha derramado algunos desacuerdos.
Uno de los más consistentes fue presentado por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) Enrique Rébsamen, dirigido al Presidente de la República y a las autoridades educativas. En ese posicionamiento con fecha del 15 de noviembre de 2017, la BENV expresa una profunda preocupación por la Estrategia nacional de fortalecimiento para el aprendizaje del inglés. En su análisis argumentan que la estrategia: 1. Constituye una política educativa de exclusión, puesto que dificulta el ingreso y egreso de la educación superior; 2. Se exigiría a los normalistas un nivel de inglés más alto que a otras instituciones de educación superior; 3. Se desvirtúa la finalidad de las normales al dedicarle mil 800 horas al bilingüismo, por encima de las competencias docentes; 4. Se puede convertir en una política de explotación docente, y se agrega que bastaría con un nivel B2; 5. El cambio curricular del nuevo modelo educativo no contempla un incremento sustancial en las horas destinadas a la enseñanza del inglés; 6. En las escuelas normales no existen condiciones pedagógicas para alcanzar el nivel C1; 7. Se percibe desprecio por las lenguas indígenas; 8. La estrategia representaría una exclusión a las necesidades educativas especiales que no son visuales.
Además de la fundamentación teórica y académica del posicionamiento, la BENV solicita una profunda y seria revisión a la Estrategia nacional de fortalecimiento para el aprendizaje de inglés, y se manifiesta lista para el diálogo. Días más tarde, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación aclara cada uno de los cuestionamientos planteados por la BENV. En términos generales se explica la importancia innegable del inglés como segunda lengua. En un párrafo menciona las fases de la estrategia, sin fechas, montos, o información concreta. Al final anexa un listado de bibliografía sugerida, e invita a que transformemos la percepción de riesgo en un reto por vencer. No menciona nada sobre una posible revisión, mucho menos sobre una mesa de diálogo.
La estrategia subrayó el qué, pero se olvidó incluir el cómo. Los resultados de la convocatoria para profesores de inglés en escuelas normales se publicarán el próximo 29 de enero. Ya se fue Aurelio Nuño, ya se llevó al ahora ex subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara. Todos se van, pero el problema se queda.
* Jefe de redacción de Voces Normalistas

jueves, 18 de enero de 2018

Michoacán: los costos de la corrupción

Lev M. Velázquez Barriga
No se recuerda en la reciente historia del estado de Michoacán una crisis del sistema educativo tan grave como la que hoy vive el gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, insuperable por cualquiera de sus antecesores del mismo partido o del PRI. Apenas han transcurrido dos años desde que llegó al Poder Ejecutivo, y ya es uno de los gobernadores más repudiados por la población y por los trabajadores al servicio de su propia administración.
Su programa estelar beca futuro, una de tantas promesas incumplidas fue un verdadero fracaso, funcionó los primeros meses de su lanzamiento, pero los subsecuentes dejaron sin futuro, a medias o con nulos apoyos a los beneficiarios, muchos de ellos forman parte de 65.5 por ciento de los menores de 18 años en situación de pobreza en la entidad (Coneval) y otros engrosarán las escandalosas cifras que colocan a Michoacán en el primer lugar de deserción escolar (INEA).
Como regalo de fin de año, el pasado diciembre envió una propuesta al congreso local para incorporar por primera vez en la legislación el cobro de servicios educativos, en la que pretendía sangrar con 26 millones de pesos (mdp) a las familias michoacanas mediante 80 conceptos en cobros directos a sus bolsillos, sin importarle lo que ya desembolsan por la infinidad de carencias en las escuelas; esto, a pesar de que el Inegi reportó en 2016 que las familias de la entidad que mal gobierna percibían ingresos muy por debajo de la media nacional (25 por ciento menos).
Además de injusta la propuesta, era absolutamente innecesaria, pues bastaba un mínimo de austeridad en los excesivos gastos del gobernador. Para botón de muestra él y su equipo de trabajo gastan 140 mdp en un año para renta de aeronaves, cinco veces más de lo que pretendía recaudar sacrificando a los ciudadanos; con tan sólo disminuir 20 por ciento en ese simple rubro recaudaría 28 mdp.
La iniciativa fue catalogada por varios medios de comunicación como el fin de la era de la educación pública, las reacciones contrarias no se hicieron esperar, vinieron de los maestros democráticos, pero además los organismos empresariales no la respaldaron, razones por las que tuvo que dar marcha atrás en sus pretensiones.
El gobernador inició el año nuevo amenazando con proceder legalmente contra quienes protestaran demandando adeudos, y repartiendo culpas entre los trabajadores del sector salud, así como del educativo. A la CNTE le acusó de no tener llenadera y de ser responsables del desfalco económico estatal. Carlos Maldonado su secretario de Finanzas, efectivamente reconoció un adeudo de 600 mdp para saldar 12 bonos, que corresponden a dos años sin prestaciones de 35 mil trabajadores estatales de educación básica; en realidad, la cifra es menor comparada con los 679 mdp en gastos superfluos y de imagen personal de Silvano Aureoles en 2016.
No conocemos cuánto gastó durante 2017, lo que sí sabemos es que su fallida pero costosa campaña presidencial se intensificó en ese mismo año; continuó incluso en busca de premio de consolación, después de haber sido excluido de la candidatura mayor, de suerte que en dos años sus gastos personales podrían ya superar los mil millones, mismos que se traducen en amenazas constantes a las instituciones públicas; no hay una sola institución educativa, desde maternal hasta el nivel superior a la que Silvano no le adeude algo.
La repartición de culpas continuó con los trabajadores de los siguientes niveles, a los que espetó por sus salarios onerosos, incumplibles en las condiciones actuales. Como una muestra más, en la página de Facebook del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (Fesemss), publicó un video con cifras oficiales que ponen al desnudo los salarios de miseria en la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM).
Los empleados administrativos tienen un salario de 2 mil 788 pesos quincenales libres de impuestos, pero 87 por ciento tiene crédito Infonavit y su percepción real por semana se reduce a 739 pesos; el de los profesores por asignatura es de 3 mil 492 quincenales, con el descuento Infonavit perciben mil 145.5 pesos semanales; los de máxima categoría son docentes investigadores con maestría o doctorado que perciben 5 mil 808 pesos y con el mismo descuento sólo llevan a su casa mil 858.5 semanales; la gran diferencia radica en la sobrepoblación de los trabajadores de confianza que no pasan por los contratos sindicales, sino que son invitados de los directivos y de los funcionarios del gobernador, ellos ganan sin ninguna exigencia de mayores estudios 15 mil 108 pesos quincenales.
El ejemplo más vivo de este tipo de corrupción gubernamental es el nombramiento del licenciado José Hernández Arreola, a quien Aureoles cooptó de las filas del sindicalismo, primero para nombrarlo candidato por el PRD en Carácuaro, municipio natal del gobernador y luego de su derrota lo impuso como rector en la UTM sin contar con estudios de posgrado; ahí el ex secretario general de los trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán arrastra y multiplica las redes de corruptelas propias de los funcionarios silvanistas.
Los verdaderos responsables del desfalco económico, son Silvano y su gabinete, ambos son cómplices de los desvíos financieros para la satisfacción de sus intereses personales, ellos son los que ponen en riesgo la educación pública, el futuro de los jóvenes, la estabilidad laboral y la economía familiar de los michoacanos.

Ni PRI ni PAN

Octavio Rodríguez Araujo
¿Cómo explicar que el otrora partido hegemónico y casi único tuviera que recurrir a un precandidato/candidato no militante en sus filas para competir por la Presidencia de la República? ¿No existía uno entre sus cuadros después de 88 años de vida política? Claro que sí y el secretario de Gobernación en la Presidencia de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, era el preferido en las encuestas levantadas en 2017. ¿Por qué tanto el presidente saliente como su grupo más cercano no escogieron a Osorio, viejo militante del PRI y ex gobernador de Hidalgo?
Algunos analistas interpretaron dicha selección precisamente por el hecho de que un viejo priísta no representaría los intereses tejidos por los nuevos tecnócratas con algunos de los poderes fácticos más importantes del país y con el gobierno de Washington, cuyo titular era muy cercano al brazo derecho de Peña, Luis Videgaray Caso. No olvidemos que éste, siendo Donald Trump candidato del Partido Republicano, fue invitado, para sorpresa de todos, a reunirse con el presidente mexicano el 31 de agosto de 2016, a pesar de que el estadunidense se había expresado muy mal del pueblo mexicano. El escándalo de esa visita relámpago no pudo ocultarse y lo más que hizo Peña fue quitar a Videgaray de la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ponerlo, en una suerte de enroque, en la de Relaciones Exteriores, donde había estado al frente José Antonio Meade antes de ser secretario de Desarrollo Social (del 28 de agosto de 2015 al 6 de septiembre de 2016). Éste fue colocado en el puesto ocupado antes por Videgaray y de ahí a la precandidatura ciudadana. Cambio de sillas, no más.
Cuando triunfó Trump en Estados Unidos muy probablemente Videgaray fue felicitado entre sus amigos por su visión futurista al haber invitado a quien sería el nuevo presidente de la potencia del norte, sobre todo porque la favorita en esos momentos era Hillary Clinton, del Partido Demócrata de esa nación.
La suerte estaba echada, y subrayaría la palabra suerte pues mucha gente en el mundo apostaba a que Trump perdería. Sin embargo, el triunfo del republicano xenófobo no fortaleció, como quizá se esperaba en Los Pinos, al presidente mexicano. Su popularidad siguió en picada y según las encuestas conocidas ha sido el presidente con mayor desaprobación en la historia de México, más todavía que Calderón –que ya es mucho decir.
En este punto sugeriría algunas hipótesis: el único de los secretarios del gobierno de Peña que no había militado en partido alguno era Meade, pues Videgaray sí ha estado en el PRI y había sido diputado de representación proporcional por este partido de 2009 a 2011. Meade, en cambio, había sido colaborador de Calderón y de Peña al margen de cualquier filiación partidaria. Un independiente, llegó a decirse. ¿Y por qué habría de ser importante un independiente como candidato del PRI? ¿Para sumar los votos de los panistas que no estaban con su dirigente Ricardo Anaya, promotor junto con el PRD y Movimiento Ciudadano (MC) de la coalición en la que aspiraba a ser su candidato a la Presidencia? Puede ser ésta una de las razones de por qué Meade fue seleccionado, además de ser parte del grupo encabezado por Videgaray y, por lo mismo, presumiblemente bien visto por Trump. No soslayo que los partidos y los políticos se han desprestigiado en los años recientes y que mucha gente cree, equivocadamente, que los candidatos supuestamente independientes son mejores y más honestos que los militantes de los partidos. Pero quizá en los cálculos del grupo Peña-Videgaray un candidato presentado como independiente tendría más simpatías que otro con antecedentes militantes y más todavía si era identificado con el PAN y el PRI al mismo tiempo. No es casual que el nombre de su coalición con el PVEM y el Panal se denominara Meade ciudadano por México, es decir, presentarlo como ciudadano y no como priísta, como si ser militante de un partido le quitara el carácter de ciudadano a una persona. El 5 de enero de 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a esta coalición que cambiara de nombre y dio un plazo de 10 días para hacerlo. El 15 de enero la Comisión Política Permanente del PRI aprobó el nuevo nombre de la coalición: Todos por México.
Por otro lado, debemos recordar que Anaya, siendo presidente del PAN, forzó las cosas para encabezar la alianza con el PRD y el MC, enfrentando con su posición a Margarita Zavala (esposa de Calderón) quien también aspiraba a ser candidata por su partido pero sin estar de acuerdo con la alianza que sí quería su dirigente. Ese jaloneo llevó a Zavala a renunciar a su partido y lanzarse como candidata independiente, no para ganar (pues es suficientemente obvio que no lo logrará), sino para negociar con los peñistas alguna posición en el tablero decisorio si Meade llegara a triunfar. Si Calderón apoyó a Peña como candidato del PRI en 2012, probablemente en pago porque este partido apoyó al primero para la Presidencia en 2006, algo pudo haberse acordado entre ambos políticos para que Zavala participara con la evidente intención de dividir el voto que, supuestamente, favorecería a un PRI muy deteriorado, entre otras razones por el desprestigio del gobierno de Peña. Si Calderón se quedó en el PAN, a diferencia de su esposa, ¿por qué no pensar que lo hizo para tratar de influir en el voto de sus compañeros de partido en favor de Zavala o de Meade según la correlación de fuerzas y las circunstancias? La salida de Javier Lozano del PAN, para incorporarse al grupo de apoyo del precandidato priísta, nos permite suponer que la estrategia de Calderón no le está dando los resultados previstos.
No le atinan a nada. ¿Lo celebramos o habrá que esperar?
rodriguezaraujo.unam.mx

Sobre la marcha vs. la catástrofe climática/1

John Saxe-Fernández
Hay varios procesos abiertos en Estados Unidos que de consolidarse amenazan no sólo a quienes buscan legalizar su situación en ese país, sino a la sobrevivencia de las especies, la nuestra incluida, ante la amenaza del unilateralismo belicista del aparato militar-industrial que arriesga una guerra nuclear y/o la irreversibilidad climática catastrófica vía la incalificable irresponsabilidad ambiental del negacionismo climático del big oil, adoptado por Donal Trump. Al tiempo que el gobierno estadunidense exige la desnuclearización de Corea del Norte, aprueba todo un programa para el negocio de la guerra nuclear limitada centrado en contratos para construir armamento nuclear utilizable. Para colmo da luz verde a un vasto programa de perforación petrolera a diestra y siniestra. Frente al complejo bélico-industrial y el capitalismo fósil (A. Malm, 2016), nada mejor que reconocer los límites planetarios de la acumulación capitalista. Es necesario, como advierte Bolívar Echeverría, “avanzar hacia la generalización de una forma de bienestar todavía inédita, que está por inventarse y que tendrá que inventarse sobre la marcha misma del proceso de emancipación” (Crítica a la modernidad capitalista, Vicepresidencia, La Paz, Bolivia. Mis cursivas).
Recordemos que si la temperatura global llega a dos grados centígrados de aumento (desde la era preindustrial), como advierte Charles Mann, se desatan procesos en que los niveles marítimos al alza se medirán en metros y ya se registra un aumento de casi 1.5 grados centígrados, por lo que sobre las urbes en las costas del mundo está en curso la amenaza de inundación. La aceleración de la elevación de los niveles oceánicos, con grave afectación en los años 2050, a sólo 32 años, impacta al sector de hipotecas (operan a 30 años) y de los seguros en bienes raíces. El big oil y su derecha ponen en riesgo al mundo, a Estados Unidos empezando con la costa este, con miles de plantas tóxicas: químicas, nucleoeléctricas, farmacéuticas, militares, petroleras, a relocalizar junto a los inmensos corredores urbanos del orbe.
La posposición de toda regulación de los gases efecto invernadero (GEI), o sea, el negacionismo por décadas impulsado por el big oil, es también gran amenaza existencial. Esto no es cuento chino como dice Trump. En Nueva York ya está presente en lo legal, metropolitano y estatal. The Guardian (10/1/18) informa que Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York (CNY) plantea el retiro en los próximos cinco años de las inversiones en los combustibles fósiles (CF) de los fondos de pensión de los trabajadores del servicio municipal. Unos 5 mil millones de dólares (mmd) de fondos estimados en 189 mmd. Dijo que CNY está de pie, apoyando a las generaciones futuras. Es la primera gran ciudad estadunidense en retirar nuestros fondos de pensión de los CF.
De Blasio agregó que llevaría la pelea contra el cambio climático directamente a las compañías fósiles que a sabiendas de los impactos (de los GEI), intencionalmente confundieron al público para proteger sus ganancias. Como el colapso climático antropogénico (CCA) continúa empeorando, la codicia de las compañías fósiles nos lleva a exigir que apoyen el costo de hacer la urbe más segura y resistente.
La demanda contra BP, Exxon/Mobil, Chevron, ConocoPhillips y Shell, es por su contribución al cambio climático. Los documentos de la corte indican que CNY ha sufrido inundación y erosión debido al CCA y enfrenta amenazas futuras por lo que busca colocar los costos de proteger la ciudad de los impactos del cambio climático sobre las compañías que han hecho todo lo que han podido para crear esta amenaza existencial (Ibidem).
Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, anunció que los fondos de pensión de los trabajadores del estado también retirarían su inversión en los CF. El NYT informó que según Clara Vondrich de la campaña Divest, cientos de inversores institucionales han retirado más de 5.5 billones de dólares (5.5 trillions) de inversiones en los CF. Entre otros llama la atención que el Fondo Hermanos Rockefeller retiró su inversión en Exxon. El problema es mundial. CNY es parte de un corredor metropolitano de 400 kilómetros, de Boston a Washington, BosWash, con unos 50 millones de habitantes.
La marcha ya está en curso y no sólo responde al ¿cómo debemos vivir?, sino también, como dice Gunther Anders, al interrogante del ¿viviremos?, asunto de honda vinculación con lo anterior. Además del riesgo creciente de holocausto nuclear, se sabe que por la cantidad acumulada de GEI en la atmósfera, con sólo un aumento de la temperatura global de un grado centígrado desde la era preindustrial ya se acelera el derretimiento de polos y de los glaciares del orbe. Los impactos del CCA que acarrea la modernidad capitalista, expresados en niveles oceánicos al alza, amenazan, como advierte James Hansen, la persistencia de uno de los puntales de la civilización humana: la estabilidad y permanencia de las líneas costeras.
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Inseguridad: percepción y realidad

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada cuatro adultos mexicanos consideran insegura la ciudad en la que viven, aunque en algunos casos que van desde Reynosa, Tamaulipas, hasta la zona norte de Ciudad de México, esta proporción supera 90 por ciento de los ciudadanos encuestados. Estos datos muestran la prevalencia de la sensación de inseguridad, que ya en el tercer trimestre de 2016 fue de 74.1 y ahora repuntó hasta 75.9 por ciento, con el preocupante añadido de que prácticamente la misma cantidad de quienes respondieron prevé la persistencia de esta situación.
La percepción reportada por la ciudadanía es consistente con los indicadores de inseguridad dados a conocer por instancias oficiales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, todos los cuales muestran un deterioro sostenido de la criminalidad, comenzando con el alarmante récord de muertes violentas que hizo de 2017 el año más mortífero desde que se lleva este registro. El secuestro, los robos con violencia y las agresiones contra mujeres son otros tantos delitos de alto impacto que experimentaron un repunte, según reconoció en agosto pasado el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Entre las cifras recogidas por el Inegi, no puede pasarse por alto que la sensación de vulnerabilidad a escala nacional es 10 puntos porcentuales más alta entre las mujeres que entre los hombres, una percepción que es consecuencia directa de las condiciones especialmente adversas experimentadas por las mujeres en cuanto a las amenazas a su integridad. En efecto, sólo en el primer semestre del año pasado se registró un repunte de 12 por ciento en las denuncias por delitos sexuales, así como un total de 6 mil 444 casos de violación: una cada 40 minutos. Estos datos resultan de por sí escalofriantes, pero palidecen al considerar que casi 95 por ciento de los ataques no se denuncian o se denuncian y no se registran, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La vulnerabilidad percibida y efectivamente padecida por los ciudadanos muestra un fracaso institucional absoluto, en tanto el deber primario del Estado reside precisamente en la salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes: en tanto no se presente una estrategia coherente para revertir las amenazas de la criminalidad, en cualquiera de sus modalidades, la viabilidad misma de las instituciones se encuentra en entredicho.