sábado, 15 de agosto de 2020

Una moral para Beirut, otra para EU

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Robert Fisk
▲ Una voluntaria de la Feria Estatal de Chipre empaca alimentos que se enviarán a Líbano.Foto Ap
Incómoda está la cabeza que lleva una corona. Pero las cabezas –y las coronas– vienen en todas las formas y tamaños. Pensemos en un profesor de ingeniería eléctrica, con doctorado en ingeniería de cómputo de la Universidad de Bath, y comparémoslo con un abogado con licenciatura en jurisprudencia en Oxford, y con un egresado de historia en Yale que comenzó su carrera en la industria del petróleo.
El primero acaba de renunciar a su empleo después de la muerte de por lo menos 210 civiles inocentes. El segundo y el tercero jamás pensaron renunciar después de participar con falsas acusaciones en una guerra que al final causó la muerte hasta de medio millón de civiles inocentes. De hecho, ambos continúan su vida hasta hoy, sin expresar remordimientos ni ser sujetos a investigación.
¿Por qué es tan diferente la responsabilidad para Hassan Diab y tipos como Tony Blair y George Bush hijo? El pobre Hassan sabía poco de los explosivos que destruyeron la vida de sus compatriotas la semana pasada. Tony y George conocían muy bien el poder explosivo que desatarían cuando invadieron Irak en 2003. Es probable que el primer ministro libanés regrese a su papel necesariamente humilde de académico en Beirut. El primer ministro británico y el presidente estadunidense escribieron memorias para enaltecerse. Blair sigue impartiendo consejos mundanos a demócratas y dictadores a cambio de recompensas escandalosamente altas.
Pero Diab, debemos recordarlo, se ha negado a asumir la responsabilidad de la explosión que abrumó a Beirut; la culpa la tiene el sistema de corrupción en Líbano. Trataron de lanzar sus pecados sobre el gabinete y hacerlo responsable, declaró en su lastimero discurso de dimisión. En otras palabras, la corona no se tambaleaba sobre la cabeza de Diab… porque ni siquiera la tenía puesta. Fueron esos misteriosos ellos, que mencionó 22 veces sin tener el valor de decir sus nombres, quienes habían usurpado su poder. Por lo menos no acusó a Occidente. Por tanto, tengan por seguro que ellos son árabes.
Por lo menos Bush y Blair culparon de su propio baño de sangre a un solo árabe… aunque tuvieron que acusarlo de amenazar a Estados Unidos y Gran Bretaña con armas inexistentes y lo compararon con un antiguo cabo austriaco de pelo escaso que ni siquiera era árabe. E incluso después del derrocamiento de Saddam Hussein, los dos estadistas mundiales nos aseguraban que su nación empapada en sangre habría estado todavía más empapada en sangre si ellos no la hubieran invadido de manera tan sanguinaria.
El pobre Diab ni siquiera pudo derrocar a sus enemigos. Sólo pudo decir que, puesto que no tenía poder –y sin duda tampoco corona–, tendría que librar la batalla del cambio junto con su gente, pese a que las armas de destrucción masiva de sus enemigos ya habían explotado. Blair sigue dando conferencias por el mundo. Diab probablemente confinará su público a sus alumnos de la Universidad Americana en Beirut (una vez que reparen las ventanas).
Pero no deja de ser exagerado que expresemos nuestra arrogante aprobación a la partida de Diab mientras pasamos por alto la preocupante comparación con otro líder que ha permitido a su pueblo morir en cifras mucho mayores, sin siquiera la excusa de corruptores no identificados a quienes culpar por su infernal destrucción. Si Diab debe ahora reflexionar sobre el desperdicio de vidas en Líbano, ¿qué será declarar la victoria sobre el Covid-19 tras la muerte de más de 163 mil estadunidenses, muchos más, sin duda, de los que habrían muerto por las armas de fantasía de Saddam, incluso si hubieran existido?
De hecho, comparado con Donald Trump, Diab está entre los ángeles. El nitrato de amonio es un sustancia muy peligrosa, pero el primer ministro libanés jamás llamó a sus conciudadanos a inyectarse lejía o someterse a luz ultravioleta para conservar la vida. Lejos de renunciar a su macabra presidencia, Trump se promueve como salvador y, sin embargo –sí, todavía hoy–, tememos que su gobierno maniaco se extienda otros cuatro años. Y es un signo revelador de nuestra era que el mísero líder de una nación destruida pueda ser considerado un maestro de la lucidez y el buen sentido en comparación con el hombre más poderoso del mundo. Es la diferencia, supongo, entre la corrupción del Estado y la corrupción del cerebro… que, en el caso de Estados Unidos, parece ser lo mismo.
De hecho, cuando echamos una ojeada a los Trump, los Jair Bolsonaro, los Rodrigo Duterte, los Viktor Orban y Alexander Lukashenko, resulta del todo claro que Diab es un hombre de personalidad casi angelical. Comparémoslo con los Abdel Fatah al Sisi y los Bashar al Assad y es en verdad un tipo que sería un vecino muy agradable, aunque parlanchín. A mí que me den cualquier día una clase de ingeniería con Diab si la alternativa es una lección sobre democracia de los grotescos compañeros payasos de Trump.
Los paralelos, claro, llegan hasta el fin de los tiempos. Pensemos en el juego de manos, recién revelado, que el hombre de Trump en el Departamento de Estado usó para sacar la vuelta a las leyes que supuestamente regulan las ventas de armas a estados humanitarios y amantes de la libertad como Arabia Saudita… con el fin de sofocar las preocupaciones acerca de las muertes de civiles en la guerra de Yemen. En mayo del año pasado, según trascendió, Mike Pompeo emitió lo que se llamó una certificación de emergencia para sacar adelante ventas de armas por 8 mil 100 millones de dólares a Mohammed bin Salman y su padre –y a su aliado, Emiratos Árabes Unidos– sin obtener la aprobación normal delCongreso.
No fue algo ilegal, por cierto. Pero la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado ha dejado en claro que con ello se evitó que el Congreso (el cual, según sabemos, no se inclina mucho hacia el príncipe heredero saudita) revisara esas ventas cuando estaba intentando bloquear la transferencia de equipo militar al reino por el número de armas estadunidenses que habían adquirido el hábito de explotar entre hospitales, escuelas, banquetes de bodas y otros evidentes objetivos militares. Un cálculo conservador sugiere que casi 4 mil 800 de las 7 mil muertes de civiles en Yemen de 2016 a la fecha han sido causadas por fuerzas dirigidas por Arabia Saudita. Puede verse por qué Pompeo realizó su jugarreta sobre el Congreso.
No es que Pompeo supiera que las bombas y misiles que enviaba al Golfo darían muerte a civiles. Pudieron haberse usado para destruir a los hutis, o incluso guardarse por unos años en un almacén militar hasta que se necesitaran. Pero, ¿la culpa? Riad dice que se somete al derecho internacional en Yemen. Pompeo tiene un título en leyes de Harvard, pero obviamente eso no le molestó cuando quiso enviar esas bellas armas –como su amo las ha llamado a menudo– al custodio de las dos mezquitas sagradas.
Entonces, ¿así es esto? Si las muertes llegan a medio millón o a decenas de miles o sólo a unos cuantos miles, se puede descansar en los laureles, se lleve corona o no. Si son unos cuantos cientos, hay que ponerse a cubierto. Pero tal vez hay otro mensaje: que la gente que vive en ese pequeño jardín trasero en el extremo del Mediterráneo, con sus decadentes señores de la guerra y su dinero sin valor, tiene mayor sensibilidad moral que nosotros. Aquí va, pues, una pregunta: llegado noviembre, ¿quién tendrá el gobierno más responsable, moral y menos corrupto: Washington o Beirut?
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya

Confisca EU combustible iraní de 4 tanqueros con destino a Venezuela.

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El cargamento se dirige a Houston, informa La Casa Blanca
Trump deja a Caracas sin mil 116 millones de barriles de petróleo
▲ Imagen de archivo delpetrolero Bering, proporcionada por el Departamento deJusticia de EU, que confirmó el decomiso del cargamento de combustible enviado por Irán a Venezuela.Foto Afp
Reuters.   Periódico La Jornada.  Sábado 15 de agosto de 2020, p. 24
Washington. Estados Unidos anunció ayer que confiscó cuatro cargamentos de combustible iraníes con destino a Venezuela, interrumpiendo una línea de suministro clave tanto para Teherán como para Caracas, con el argumento de que se violaron las sanciones impuestas por Washington contra ambas naciones.
El presidente, Donald Trump, dijo que Irán no debía enviar cargamentos a Venezuela y agregó que los envíos incautados ahora se dirigían a Houston, Texas, un importante centro de comercialización de crudo de Estados Unidos, y sugirió que es posible que ya hayan llegado.
Van a Houston. Y están allí, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, y agregó: Los estamos trasladando y los moveremos a Houston.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que ejecutó una orden de incautación emitida por un tribunal local y destacó que con la ayuda de socios extranjeros la propiedad confiscada, un total de mil 116 millones de barriles de petróleo, ahora está bajo custodia estadunidense.
Nuestra diplomacia, dirigida por el Representante Especial para Irán, Brian Hook, pudo detener estos envíos y ayudar a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a ejecutar una orden de incautación de Estados Unidos, explicó un comunicado del Departamento de Estado.
Ninguna autoridad estadunidense ofreció detalles de cuándo, dónde o cómo ocurrió la incautación. El Departamento de Estado tampoco reveló qué medidas tomó Hook, cuya renuncia se anunció a principios de esta semana, para asegurar la confiscación.
En julio de 2019, Hook envió correos electrónicos al capitán de un tanquero de bandera británica, que fue brevemente confiscado por Irán en el Golfo, que decían que la administración de Trump ofrecía varios millones de dólares por llevar uno de los buques que se confiscarían a Estados Unidos.
Hook dejará oficialmente su cargo en las próximas semanas, dijo una fuente familiarizada con el asunto y, después de su salida, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, asumirá el caso de Irán.
Washington impuso sanciones a ambos países en un intento de detener las exportaciones de petróleo y privarlos de su principal fuente de ingresos, a fin de crear presión para lograr un cambio de gobierno tanto en Venezuela como en Irán.
Los fiscales estadunidenses presentaron una demanda en julio para incautar el cargamento de gasolina en los cuatro buquetanques, y posteriormente un juez emitió una orden de decomiso. Fuentes legales dijeron previamente a Reuters que los cargamentos no podían ser incautados hasta que estuvieran en aguas territoriales de Estados Unidos.
Los propietarios de las cuatro embarcaciones acordaron que se transfiera el combustible para enviarlo a Estados Unidos, dijo el jueves una fuente de Washington. La orden sólo cubría los cargamentos, no los buques.
Los cuatro tanqueros que llevaban el combustible son Bella, Bering, Pandi y Luna, con bandera de Liberia, que son propiedad, gestionados y controlados por las empresas griegas Vienna LTD y Palermo SA, las cuales no respondieron a solicitudes de comentarios.

18 de octubre: elecciones en Bolivia.

Katu Arkonada*
Definitivas, inamovibles e impostergables. Así define el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia el carácter de las elecciones generales que tendrán lugar en dos meses, el 18 de octubre.
Todo ello en una nación convulsionada por los bloqueos motivados por la postergación, por tercera vez, de los comicios, y donde los sectores populares, que pasaron por un momento de reorganización tras las derrotas militares de Senkata y Sacaba, han recuperado la iniciativa y la radicalidad que caracteriza a un pueblo –muchos pueblos en realidad– guerrero como Bolivia.
Además, la decisión del tribunal se produce en un momento político donde el MAS de Evo Morales estaba girando al centro, planteando la no movilización, para que la gente de las ciudades no se asuste. Han sido las bases y los sectores a la izquierda del MAS, desde la Central Obrera Boliviana (COB) hasta Felipe Quispe El Mallku, quienes han tomado la iniciativa exigiendo la renuncia de la golpista Jeanine Áñez.
Los bloqueos que se han realizado durante los días recientes en Bolivia han sido los más masivos desde que en 1985 se implementó el modelo neoliberal en el país: más de 140 puntos de bloqueo en la nación que han rebasado la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, ejercito y policía. El apoyo que los golpistas tuvieron en octubre, las famosas pititas (grupos ciudadanos que validaron a los golpistas), ya no existe, se ha ido desintegrando. Sólo algunos grupos motorizados en Cochabamba y la fascista Unión Juvenil Cruceña se han quedado respaldando al gobierno ilegítimo de Jeanine Áñez. En 2000, la resistencia al neoliberalismo se concentró en Cochabamba; en 2003, en algunas regiones andinas, y en 2005, en El Alto, pero hacía décadas que la resistencia territorial no abarcaba a todo el país (quizá con la excepción del departamento amazónico de Beni).
En cualquier caso, la decisión del Tribunal Supremo Electoral de que el 18 de octubre sea la fecha de unas elecciones definitivas, inamovibles e impostergables, parece que tiene muchos visos de convertirse en realidad, a pesar de no ser fruto de un acuerdo previo, y los bloqueos han sido levantados, aunque la COB ha anunciado un cuarto intermedio al conflicto a escala nacional hasta el 18 de octubre.
Pero más allá del antagonismo expresado en lo territorial, la decisión de la fecha de las elecciones y el protagonismo de sectores y grupos que hasta ahora no habían tenido tal, hay que analizar cómo quedan los dos principales actores políticos hoy día en Bolivia, los golpistas y el MAS.
Por un lado, el gobierno de Áñez queda denostado. Los golpistas dicen que están pacificando la nación, pero la verdad es que no tienen interlocución política y después de los comicios su futuro está en el basurero de la historia (y esperemos que en los juzgados). Saben que no pueden ganar y la única duda es si Áñez se bajará de la candidatura presidencial, para concentrar el voto de la derecha, o va a mantenerla, dividiendo el sufragio.
Pero el MAS no sale tan bien parado de este conflicto. Buenos Aires está muy lejos de Bolivia, en términos políticos y simbólicos al menos, y los sectores de la burocracia del MAS han quedado rebasados por las bases y otros sectores. Se puede decir que lo que está pasando es a pesar del MAS y no gracias a él. Es posible que no se hayan perdido muchos votos de la clase media urbana en estos días por haber mantenido la centralidad, pero el descontento en las bases es grande.
¿Qué va a pasar a partir de ahora? Es difícil predecirlo, pero es necesario recordar que en octubre de 2019 el MAS le sacó a Carlos Mesa 11 puntos de ventaja. Meses de golpismo después, de desgaste político para Evo Morales y sin la fuerza del aparato de Estado en su favor, es difícil pensar que la diferencia pudiera ser mayor. La lógica invita a pensar que si Áñez no es candidata, o queda tan desacreditada en las próximas semanas que su intención de voto se convierte en residual, la distancia entre Luis Arce, candidato de Evo, y Mesa, sería de menos de 10 puntos porcentuales. Y si el MAS no supera 40 por ciento de los votos y 10 puntos de diferencia, se irá a segunda vuelta. Y si se va a segunda vuelta...
De hecho, el timorato de Carlos Mesa lo tiene todo a su favor para navegar una tercera vía, un carril central: ni golpistas ni masistas. Aunque en octubre de 2019 recibió muchos votos prestados de la derecha cruceña y pese a que a todas las candidaturas les interesa obtener el mejor resultado posible, pues son también elecciones parlamentarias, y de eso depende la cantidad de diputados y diputadas que tengan en los próximos cinco años; es muy difícil pensar que el MAS pudiera obtener alrededor de 45 por ciento de los votos y más de 10 puntos de diferencia, como 12 meses atrás.
Pase lo que pase, pero sobre todo si se produce una derrota, el MAS debe enfrentar un proceso de reflexión y autocrítica para no repetir los errores cometidos en los tiempos recientes, tanto en el gobierno como en el exilio. Un proceso de renovación de dirigentes más allá de las burocracias. Un momento de radicalidad étnica para volver a ganar políticamente.
* Texto construido a partir del diálogo, aunque también de la discusión, con Raúl García Linera, amigo y compañero refugiado en Argentina.

Washington exige liberar al héroe Álvaro Uribe
Reuters.   Periódico La Jornada.   Sábado 15 de agosto de 2020, p. 25
Washington. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió la libertad para el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, en detención preventiva desde la semana pasada por fraude y soborno. Respetamos a las instituciones y la independencia de Colombia. Pero en tanto el ex presidente Álvaro Uribe está bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, se defienda como un hombre libre, sostuvo Pence en Twitter tras una llamada telefónica con el actual mandatario de Colombia, Iván Duque, quien llegó al poder en 2018 impulsado por Uribe. Hablé hoy con nuestro gran aliado, el presidente Iván Duque de Colombia. El presidente Donald Trump y yo estamos agradecidos por nuestra asociación para la libertad en este hemisferio y nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de drogas, dijo. Uribe, quien gobernó Colombia de 2002 a 2010 y desde 2014 es senador, fue ordenado el 4 de agosto por la Corte Suprema de Justicia a permanecer en su residencia en el marco del proceso que se le sigue por manipulación de testigos contra el senador izquierdista Iván Cepeda. El ex mandatario derechista de 68 años está recluido en su hacienda en el norte de Colombia, donde espera un eventual llamado a juicio por parte del máximo tribunal, que lo juzga en su calidad de legislador y podría ser condenado a ocho años de cárcel.

Campeche, primer estado en amarillo.

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Aguascalientes, único que retrocedió a rojo; la mayor parte del país, en naranja: Ssa
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada.    Sábado 15 de agosto de 2020, p. 5
A casi seis meses del inicio de la epidemia de Covid-19 en México, Campeche es el primer estado que logra clasificarse en color amarillo del semáforo epidemiológico, por lo que alcanza un riesgo medio o moderado de contagios, mientras seis entidades –Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Colima, Hidalgo y Aguascalientes– se ubican en color rojo, es decir, en riesgo epidemiológico máximo.
La mayor parte del territorio nacional, informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, se mantiene en color naranja, con un nivel alto de peligro de transmisión, por lo que se debe ir con prudencia, porque la velocidad de contagio es alta, así como la incidencia y la carga de la enfermedad. Por ello, recomendó mantener los ajustes de precaución en la vida laboral y social.
Bajo esas condiciones de exposición se ubican, entre otros, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Durango y Michoacán, estados que pasaron del color rojo al naranja.
En la actualización del semáforo epidemiológico de riesgo, que estará vigente del 17 al 30 de agosto, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo permanecen por 15 días más en color naranja, mientras Aguascalientes es la única entidad que retrocedió de naranja a rojo.
En cuanto a Campeche, que se ubica en el nivel más cercano para alcanzar el color verde –los niveles de riesgo son: rojo (máximo), naranja (alto), amarillo (moderado) y verde (bajo)–, Cortés Alcalá destacó que por primera vez aparece este riesgo moderado o medio, lo que quiere decir que sí hay esperanza, porque la epidemia está llegando a niveles en donde estamos descendiendo, la curva de contagios está disminuyendo.
No obstante, en el reporte técnico diario, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que los contagios acumulados en el país suman 511 mil 369, con 5 mil 618 nuevas notificaciones, que se agregan a las 7 mil 371 reportadas un día antes. La cifra de muertes también se incrementó en 615 decesos confirmados por laboratorio, para un registro acumulado de 55 mil 908.
Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de convocar a comicios en entidades como Hidalgo, que permanece en color rojo, siguió un protocolo de investigación y consideramos que ha sido cuidadoso, nos percatamos que ha sido una previsión muy bien cuidada.
Aclaró que al ser el INE un organismo constitucionalmente autónomo y no depender del gobierno federal, no tenemos por qué interferir en sus disposiciones legales sobre el proceso electoral, pero consideramos que ha hecho un buen trabajo de preparación epidemiológica.
El funcionario federal también reiteró que el uso de las pruebas rápidas para detectar si alguien ha tenido o no el nuevo coronavirus, no son recomendadas por la Secretaría de Salud, debido a su baja sensibilidad y especificidad, y destacó que su uso no es conveniente en empresas para identificar quién ha tenido la infección.

Nuevas directrices de Trump entorpecen el reporte de casos en EU
Pandemia
Reuters, Afp y Sputnik.   Periódico La Jornada.   Sábado 15 de agosto de 2020, p. 4
Washington. El presidente Donald Trump reiteró ayer que está listo para actuar e inyectar dinero en una economía estadunidense muy afectada por la crisis sanitaria, una semana después de que su equipo negociador no logró llegar a un acuerdo con los demócratas del Congreso.
El Senado, controlado por los republicanos, y la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, entraron en un receso informal después de que las conversaciones de la semana pasada terminaron con las partes separadas por 2 billones de dólares. No obstante, los líderes de ambos partidos dijeron que podrían llamar a sus miembros con 24 horas de anticipación si surgía un acuerdo.
Trump aseguró que está preparado para proporcionar a los estadunidenses pagos directos, así como asistencia para alquiler y dinero para pequeñas empresas, gobiernos estatales y locales. Estoy esperando que los demócratas lo aprueben. Ellos lo están frenando, ¿correcto?, declaró en conferencia de prensa.
El mandatario señaló además que aunque no tiene mucha información de la vacuna de Rusia contra el nuevo coronavirus, espera que funcione, pero advirtió que se saltaron ciertos ensayos.
El ex presidente Barack Obama tuiteó que su sucesor está más interesado en suprimir el voto que en suprimir el virus, en referencia a las declaraciones de Trump sobre no dar fondos adicionales al Servicio Postal porque serían usados para facilitar el sufragio por correo en las elecciones del 3 de noviembre.
Alrededor de 60 por ciento de los adultos estadunidenses temen que la pandemia continúe empeorando, reveló una encuesta de Gallup el viernes, que muestra una leve mejora respecto al sondeo anterior.
En tanto, trabajadores de salud consideran confusas las nuevas directrices de Trump para que los hospitales reporten los casos del nuevo coronavirus y que el nuevo sistema hace difícil evaluar el impacto de las medidas de mitigación, de acuerdo con una carta obtenida por el canal de noticias CNN.
En la carta, suscrita por miembros del Comité de Asesores de Salud y Control de Infecciones, un grupo independiente de expertos que aconseja a las entidades sanitarias, se describe que los hospitales están luchando para determinar cómo cumplir con los nuevos requisitos de informes diarios de Covid-19 al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), cuando antes suscribían estos datos a un software de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
California se convirtió en el primer estado que rebasa los 600 mil casos de coronavirus y roza ya los 11 mil fallecidos por la enfermedad, de acuerdo con estimaciones de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos registra 166 mil 377 muertes y 5 millones 228 mil 817 de infectados, según datos oficiales.
Canadá va a regularizar la situación de los demandantes de asilo que ayudaron a tratar o cuidar a enfermos de Covid-19 en el peor momento de la pandemia, anunció el ministro de Inmigración.
Por su parte, Argentina decidió extender su aislamiento social –que ya lleva 148 días– hasta el 30 de agosto, con alguna flexibilidad en Buenos Aires y más rigor en provincias en las que se expandió el virus, anunció el presidente, Alberto Fernández.
Venezuela superó en las últimas horas los 30 mil casos confirmados al sumar casi mil 300 nuevos positivos en un día. América Latina y el Caribe tienen 235 mil 339 fallecidos y 5 millones 929 mil 75 contagios.

Tiempos de cambio.

Enrique Calderón Alzati*
Después de seis largos meses de estar sitiados por la pandemia del Covid-19 que azota al mundo, los mexicanos estamos viviendo una transformación que, sin lugar a duda, dejará una huella positiva importante en la historia de nuestra nación, no sólo por la transformación tecnológica que estamos viviendo para hacerle frente a la enfermedad, sino por las nuevas formas de trabajo y colaboración que un buen número de empresas y organizaciones ha desarrollado con la finalidad de seguir operando, muchas de las cuales se han comenzado a dar cuenta de sus ventajas en comparación con sus formas tradicionales de operación.
En el caso de la educación, igualmente, maestros y autoridades se han percatado de las ventajas que tiene la educación a distancia, utilizada en estos meses para actualizar a los docentes, con costos de operación significativamente menores, constituyendo una solución real para asegurar educación a corto plazo, la secundaria y la media superior, a cientos de miles de jóvenes que hoy en día no han tenido ni tienen acceso a la educación.
Al mismo tiempo, la epidemia ha llevado a la quiebra a diversas empresas, ante la falta de recursos propios, así como a usuarios que compren o puedan adquirir los bienes y servicios que ellas producen; como resultado, no es difícil visualizar que al término de la misma, la estructura económica del país habrá cambiado de manera significativa, dejando una estela de compañías y empresarios sin capital ni trabajo, siendo una parte de éstos, los disgustados que prevén un futuro próximo con pesimismo, pensando que el gobierno no ha actuado correctamente, negándose a comprender que éste ha tenido como prioridad reducir en lo posible el número de contagiados y muertes, y que es relativamente poco lo que ha podido hacer para apoyar a las empresas medianas y pequeñas, incluyendo a las informales, en virtud del elevado endeudamiento que dejaron los gobiernos anteriores, siendo lamentable y vergonzoso que uno de ellos y los líderes de su partido sean ahora los principales críticos de las acciones del gobierno actual, aprovechándose del descontento de los empresarios mencionados, todo ello con el claro propósito de impedir la transformación que está en marcha siguiendo los lineamientos del presidente López Obrador.
Por ahora, estas críticas han recaído en el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pero claramente dirigidas al Presidente, exigiendo la renuncia del subsecretario, no obstante, la certera coordinación que éste ha dado al personal encargado de enfrentar la pandemia, revelando con ello que es poco lo que les importa la salud y la vida de los mexicanos, pues de darse tal dimisión, el efecto directo no sería otro que el descontrol de la campaña contra el virus. ¿Es acaso esto lo que desean? En estas difíciles condiciones han surgido dos acontecimientos que incidirán positivamente en el futuro de nuestro país. Uno de ellos es el juicio que se le sigue en Estados Unidos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón y el otro es el proceso que ha iniciado la Fiscalía General de la República a Emilio Lozoya, director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto. En ambos casos, el nombre del ex presidente panista aparecerá como figura central de la descomposición social y la violencia con la que ha vivido la nación, en virtud de sus múltiples actos de corrupción, los cuales trató de ocultar con la complicidad de Peña Nieto. Más temprano que tarde, los delitos cometidos por ambos tendrán como resultado su juicio y encarcelamiento, siendo parte del proceso de cambio que estaremos viendo seguramente durante los próximos meses y como muestra importante de la transformación, que estamos viviendo en nuestro país.
Para comprender las dimensiones de esta transformación es necesario retroceder a los tiempos en que Felipe Calderón y Peña Nieto gobernaban México; del primero fueron emblemáticos los niveles de violencia que vivimos como resultado criminal de su imposición, mientras del segundo lo fue su célebre Pacto por México, cuyos fines no fueron otros que la enajenación de los recursos energéticos de nuestra nación y la privatización de la educación pública, actos que al igual que los del panista, se cocinaron a espaldas del pueblo, cuyo notorio empobrecimiento, iniciado en el gobierno de Salinas y seguido por Zedillo y Fox, llegaba a niveles trágicos. ¿Qué fue lo que hizo posible que, durante el gobierno de Peña Nieto, el país llegara a condiciones similares a las que hicieron necesaria la Revolución Mexicana de 1910? ¿Fue su ineptitud, su nivel de corrupción o ambas?
Termino este artículo señalando la importancia internacional del cambio que estamos viviendo, por una parte fortaleciendo nuestras relaciones con los países de gobiernos progresistas de Centro y Sudamérica y, por otra, tomando en cuenta las posibles consecuencias del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá, establecido al final del gobierno de Salinas de Gortari, que de alguna manera puso en riesgo la soberanía nacional al ligar nuestro futuro al incierto comportamiento de la economía estadunidense, misma que hoy se tambalea ante la absurda política de su presidente Donald Trump, repudiado por la mayor parte de su población, incluso por personajes importantes de sus fuerzas armadas y de su propio partido, buscando así el camino para aligerar el yugo que el tratado original nos ha impuesto y, simultáneamente, estableciendo nuevas relaciones internacionales basadas en nuestras propias posibilidades de crecimiento.
* Director general del ILCE

Políticas públicas contra la trata
Miguel Concha
Desde hace 10 años el Observatorio contra la Trata del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC (CAM) ha tenido el objetivo de analizar la legislación y la política pública que en materia de trata de personas (TdP) existe en diferentes entidades del país, bajo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. El CAM realizó para el presente año el informe Legislación, política pública y trata de personas en Baja California, la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. La elección de las entidades del norte coincidió con que son territorios donde existe mucha migración interna e internacional.
Sin embargo, llamó la atención que la TdP tiene allí más víctimas del propio país que del ámbito externo. Es decir, que la gente migra y es enganchada, sobre todo las niñas, adolescentes y jóvenes, por el desplazamiento forzoso, a causa de la violencia en sus estados, los megaproyectos o la pobreza. En todas esas entidades existe además la violencia por causa de la delincuencia organizada, que afecta directamente el fenómeno de la TdP y la impunidad. Por ejemplo, aunque existe un número de carpetas de investigación sobre trata en 2019 (Baja California tiene 17 carpetas; Ciudad de México, 194; Chihuahua, 44; Coahuila, siete; San Luis Potosí, 14 y Zacatecas, 24), el número de sentencias es mínimo: Ciudad de México 19 (10 condenatorias y nueve absolutorias); Chihuahua, siete; Coahuila, dos, y San Luis Potosí, una. De las otras entidades no se pudo obtener el dato debido a la falta de transparencia.
La TdP es, pues, un delito que queda impune. En la mayoría de los estados analizados no se cubren, en efecto, los mínimos requisitos de política pública en la materia. Esto hace que la política nacional contra la trata no tenga la coherencia necesaria con las políticas de las entidades, y aún menos con la de los municipios. La mayoría de las comisiones o consejos interinstitucionales de los estados se han reunido pocas ocasiones, sin cristalizar su actuar en la elaboración del programa contra la TdPcon su respectivo presupuesto.
En cuestión de albergues para víctimas de trata, sumamente importantes para su seguridad y reinserción en sus comunidades, sólo la Ciudad de México y Chihuahua tienen espacios gubernamentales. Las demás entidades carecen de ellos. Los únicos que tienen un fondo para la atención de víctimas de trata son Chihuahua y San Luis Potosí. La Ciudad de México, pese a la cantidad de casos existentes, no cuenta con un fondo específico.

¿Quién gana cuando comemos veneno?

Silvia Ribeiro *
El glifosato fue diseñado para matar plantas, pero como es un veneno afecta también insectos, animales y humanos. Al igual que otros agrotóxicos, para hacer más digerible su misión biocida, la industria le llama herbicida. El glifosato es el más usado en el mundo, principalmente porque más de 85 por ciento de cultivos transgénicos sembrados fueron diseñados para ser tolerantes a éste, lo que permitió usar grandes volúmenes.
Monsanto lo patentó en 1974 y desde entonces sostuvo que no es muy tóxico y que solamente afecta las hierbas. Pero la empresa sabía desde hace décadas, advertida por sus propios investigadores, que tiene efectos dañinos en humanos y animales, incluso cancerígenos.
Tomó 41 años para que la Organización Mundial de la Salud declarara, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario de 17 expertos en cáncer de 11 países, que efectivamente el glifosato es cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos. El equipo analizó cientos de estudios científicos y llamó el glifosato probable cancerígeno en humanos porque no es posible hacer pruebas de laboratorio con humanos para confirmar la hipótesis. Se hicieron en células humanas, in vitro. Revisaron gran cantidad de evidencias en países escandinavos, que muestran una relación entre exposición a glifosato y surgimiento de cáncer linfoma no Hodgkin.
Que Monsanto, ahora propiedad de Bayer, sabía de la alta peligrosidad del glifosato se demostró en cortes de Estados Unidos, donde a la fecha hay más de 100 mil juicios contra la compañía iniciados por personas afectadas por cáncer debido al uso de glifosato. Tres cortes sentenciaron cifras multimillonarias a favor de cuatro demandantes –antes de las apelaciones, más de 2 mil millones de dólares. La Corte reconoció una cantidad abrumadora de evidencias de que Monsanto sabía de los daños y lo ocultó intencionalmente para seguir vendiendo el tóxico. Según la primera sentencia a favor de Dewayne Johnson, Monsanto actuó con malicia y negligencia. Todo para seguir obteniendo ganancias a expensas de la salud de la gente y la contaminación de agua, alimentos y naturaleza (https://tinyurl.com/juicio-Monsanto).
Es la misma lógica que defiende el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en México cuando reclama que se debe seguir usando este tóxico, así como defiende también el uso de otros agrotóxicos altamente peligrosos y prohibidos en otros países, como paraquat. Los afectados por glifosato, en particular los agricultores que lo usan y sus familias, deberían guardar las evidencias de estas declaraciones y las de Bayer-Monsanto y otras compañías que siguen vendiendo el glifosato sin advertir sobre sus altos riesgos. Podrían ser útiles si deciden seguir el camino de más de 100 mil agricultores estadunidenses afectados por cáncer y otras enfermedades causadas por el uso de glifosato bajo falsas advertencias de baja toxicidad.
No es extraño que el CNA defienda el glifosato y el uso de venenos pese a las muchas evidencias que existen sobre sus riesgos y a despecho de la salud de los trabajadores agrícolas y los consumidores. Muchos de sus socios, hacendados y empresarios, rara vez pisan el campo: los fumigados con glifosato y otros agrotóxicos son sus peones y jornaleros, a quienes consideran materia descartable, abundante y remplazable. Además, en su directiva, a través de la Asociación Mexicana de Semilleros, están representadas Bayer-Monsanto y otras trasnacionales de agrotóxicos y semillas transgénicas, que son las que más ganan con la venta de agrotóxicos, controlan casi la totalidad de ese mercado en México y el mundo.
El argumento de que sin glifosato se afectará la autosuficiencia de México es falaz en muchos sentidos. Para empezar, lamentablemente hay muchos otros agrotóxicos en el mercado, también de alta peligrosidad, como documenta Rapam, que también deberían ser prohibidos (https://tinyurl.com/rapam-pap).
Con la prohibición de agrotóxicos y cambio de forma de producción agrícola, lo que más se afectará no son las necesidades alimentarias de la población en México, que sobre todo se atienden desde la producción campesina y en menor escala, sino las ganancias de las trasnacionales que dominan la venta de agrotóxicos y semillas, la producción de forrajes para la gran industria pecuaria y unos pocos productos más de exportación. Como explica Ana de Ita, estas actividades se han convertido en jugoso negocio de unas cuantas empresas que producen para sus propias ganancias y cínicamente le llaman autosuficiencia de México (https://tinyurl.com/autosufi-AnadeIta).
También hay campesinos y agricultores chicos que usan glifosato para desyerbar, en parte por no conocer el alto riesgo en que ponen su vida, familia y comunidad. El cambio en estas parcelas es viable, posible y juega en su favor. Requiere información y apoyo sólido a las formas de agricultura campesina, sin químicos y desde sus propios conocimientos y formas de organización.
Está en juego la salud de todas y todos con modelos de agrolimentación contrapuestos: sistemas campesinos y locales de alimentación sana, que afirman la diversidad cultural, dan trabajo a muchos y cuidan la naturaleza o sistemas industriales para seguir engordando las ganancias de las trasnacionales, a costa de la salud de la gente y el ambiente.
* Investigadora del Grupo ETC

Mineros: la larga espera
En su conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aprovechará su buena relación con el senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, y con el dueño de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, para buscar una solución a la huelga que estalló hace 13 años en la mina de plata propiedad del magnate en Taxco, Guerrero. Por su parte, el legislador de Morena manifestó su disposición de llegar a acuerdos para poner fin al prolongado paro de actividades en dicha mina, así como en la de Cananea, Sonora, y la de Sombrerete, en Zacatecas, que se remontan a la misma época.
Hace un año, con motivo del Día del Minero que se conmemoró el 30 de julio, el mandatario solicitó a los familiares de los huelguistas de Cananea que se abstuvieran de tomar la mina de Buenavista del Cobre, y ofreció establecer una mesa de diálogo para encauzar el conflicto. Sin embargo, Larrea ha dado la espalda a todo intento de solución.
Durante todo este tiempo, la conducta de los funcionarios a cargo de la política laboral y la conciliación entre los sectores obrero y patronal ha sido, o bien omisa ante el conflicto, o francamente sesgada en favor de Grupo México.
Cabe recordar que Grupo México, la principal compañía del rubro en el país, se caracteriza por su desdén hacia la seguridad de los trabajadores (el ejemplo más dramático esla tragedia de Pasta de Conchos, Coahuila), por su negligencia en el cumplimiento de las normas ambientales (tuvo 22 accidentes en sus primeros 21 años de operación), por su feroz beligerancia hacia las exigencias obreras de ejercer sus labores en condiciones dignas y con remuneraciones acordes con el riesgo que supone la actividad minera, y por su tejido de complicidades con autoridades de todos los niveles para evadir las consecuencias legales de las conductas anteriores.
Una muestra de la manera en que su hostilidad contra las luchas gremiales se combina con su cercanía al poder, se dio en septiembre de 2018, en las postrimerías del sexenio anterior, cuando policías estatales, municipales, agentes viales e incluso integrantes del Ejército irrumpieron ilegalmente en la mina San Martín, en la citada localidad de Sombrerete con la finalidad de romper la huelga.
En cuanto a la huelga en la histórica ciudad de Cananea, se trata de una herencia funesta de la embestida del ex presidente Felipe Calderón contra los trabajadores del país, emprendida en su empeño por favorecer a los grandes capitales a expensas de las mayorías, medio ambiente y la hacienda pública: en 2008, el entonces mandatario panista dejó sin sustento económico a 670 familias del municipio, al entregar a Germán Larrea el contrato colectivo de la sección 65 a fin de burlar el derecho de huelga de los mineros. La saña de Calderón se ha visto replicada por Grupo México, que presiona a los empleadores de la región para que nieguen cualquier oportunidad laboral a los huelguistas y su entorno.
Cabe esperar que en esta ocasión se den las condiciones para resolver de manera satisfactoria la larga lucha minera y hacer justicia a los trabajadores que han pagado el más alto costo –35 de ellos han muerto en este lapso, sólo en Cananea, por falta de servicios médicos– por reclamar los derechos de los que deberían gozar sin ningún impedimento.