La iniciativa de Trump asigna 170 mil mdd para seguridad fronteriza
Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada Sábado 5 de julio de 2025, p. 3
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó ayer su desacuerdo con el plan fiscal recién aprobado en Estados Unidos a iniciativa del presidente Donald Trump, que contempla un presupuesto de 170 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, intensificar las deportaciones y construir centros de detención como el denominado Alcatraz de los caimanes.
No estamos de acuerdo. La migración debe atenderse desde sus causas estructurales, con cooperación para el desarrollo, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina. Señaló que el enfoque criminalizador de Washington hacia los migrantes es contrario al humanismo y podría perjudicar la economía estadunidense, ya que muchos migrantes latinoamericanos trabajan desde hace años en sectores esenciales como el agrícola. Son gente de bien, trabajadores que aportan más a la economía de Estados Unidos que a la de México, subrayó.
Recordó que el propio Trump reconoció que las deportaciones masivas generan malestar entre empresarios de su país por la falta de mano de obra, lo cual –destacó– demuestra que esas medidas tampoco funcionan desde una perspectiva económica.
Ante este panorama, Sheinbaum anunció el fortalecimiento del programa México te Abraza, con especial atención en Tapachula y Villahermosa, puntos claves de llegada de deportados. También se refuerzan la red consular y los centros de atención en la frontera norte para prevenir abusos y actos de corrupción de autoridades migratorias.
Consultada sobre la posible reclusión de mexicanos en el Alcatraz de los caimanes, la mandataria dijo no tener información al respecto, pero aseguró que de darse el caso se enviará de inmediato una nota diplomática, ya que todo connacional detenido por autoridades migratorias debe ser repatriado.
Respecto a los incentivos fiscales del plan estadunidense y su posible impacto en México, Sheinbaum señaló que el Plan México prioriza la producción nacional y el consumo interno, pero también busca atraer empresas exportadoras. Destacó que el país mantiene ventajas competitivas sobre otras economías como Vietnam gracias al T-MEC.
Sobre diálogo bilateral, informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente da seguimiento a la propuesta de un acuerdo global con Estados Unidos en materia de migración, seguridad y comercio. Este fue planteado durante una llamada entre Sheinbaum y Trump en el contexto de la reciente cumbre del G-7. Aún no hay fecha confirmada para una visita del secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, informó.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó ayer su desacuerdo con el plan fiscal recién aprobado en Estados Unidos a iniciativa del presidente Donald Trump, que contempla un presupuesto de 170 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, intensificar las deportaciones y construir centros de detención como el denominado Alcatraz de los caimanes.
No estamos de acuerdo. La migración debe atenderse desde sus causas estructurales, con cooperación para el desarrollo, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina. Señaló que el enfoque criminalizador de Washington hacia los migrantes es contrario al humanismo y podría perjudicar la economía estadunidense, ya que muchos migrantes latinoamericanos trabajan desde hace años en sectores esenciales como el agrícola. Son gente de bien, trabajadores que aportan más a la economía de Estados Unidos que a la de México, subrayó.
Recordó que el propio Trump reconoció que las deportaciones masivas generan malestar entre empresarios de su país por la falta de mano de obra, lo cual –destacó– demuestra que esas medidas tampoco funcionan desde una perspectiva económica.
Ante este panorama, Sheinbaum anunció el fortalecimiento del programa México te Abraza, con especial atención en Tapachula y Villahermosa, puntos claves de llegada de deportados. También se refuerzan la red consular y los centros de atención en la frontera norte para prevenir abusos y actos de corrupción de autoridades migratorias.
Consultada sobre la posible reclusión de mexicanos en el Alcatraz de los caimanes, la mandataria dijo no tener información al respecto, pero aseguró que de darse el caso se enviará de inmediato una nota diplomática, ya que todo connacional detenido por autoridades migratorias debe ser repatriado.
Respecto a los incentivos fiscales del plan estadunidense y su posible impacto en México, Sheinbaum señaló que el Plan México prioriza la producción nacional y el consumo interno, pero también busca atraer empresas exportadoras. Destacó que el país mantiene ventajas competitivas sobre otras economías como Vietnam gracias al T-MEC.
Sobre diálogo bilateral, informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente da seguimiento a la propuesta de un acuerdo global con Estados Unidos en materia de migración, seguridad y comercio. Este fue planteado durante una llamada entre Sheinbaum y Trump en el contexto de la reciente cumbre del G-7. Aún no hay fecha confirmada para una visita del secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, informó.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ El president Donald Trump y su esposa Melania saludan desde el balcón Truman en la Casa Blanca, durante los festejos con fuegos artificiales por el 4 de julio.Foto Ap
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia en contra de la política migratoria de Donald Trump y sus decisiones demenciales, entre ellas la más reciente: un centro de concentración conocido como Alligator Alcatraz. Sin embargo, la mandataria yerra la puntería cuando a su par estadunidense le pide algo totalmente fuera de las muy limitadas capacidades, por no decir nulas, del hombre naranja: el tema de la migración debe basarse en la cooperación para el desarrollo, sin discriminación ni persecución, pues no se trata de delincuentes.
Esa petición rebasa, por mucho, el entendimiento del salvaje de la Casa Blanca (“ me no entender”, dirá), pues él aplica la diplomacia del buldócer, cancelando cualquier posibilidad civilizada para solucionar esta histórica situación, como la negociación de un tratado migratorio bilateral que beneficie a todos, especialmente cuando la mano de obra foránea es más que necesaria para la economía estadunidense. Sin embargo, de esto Trump no tiene idea y menos voluntad, pues sólo repite el proceder de sus antecesores en la Oficina Oval, todos negadores de esta contundente realidad.
En los hechos, no sólo la mandataria, los mexicanos en su conjunto y los paisanos todos –más los inmigrantes latinoamericanos y de otras nacionalidades, cuyos gobiernos permanecen agachados– están en contra de la bestialidad de Donald Trump en materia migratoria (como en tantos otros renglones), porque es tal el salvajismo por él mostrado que de forma creciente hasta los propios estadunidenses rechazan esas prácticas, las cuales no son buenas desde ningún punto de vista, ni humanista ni desde la perspectiva económica (Sheinbaum dixit).
De ello da cuenta la reciente encuesta del Pew Research Center, entre cuyos resultados destaca el siguiente: la opinión pública (estadunidense) está dividida sobre el uso de las fuerzas de seguridad estatales y locales en los esfuerzos de deportación (50 por ciento lo aprueba y 49 por ciento lo desaprueba), y sobre ofrecer dinero y fondos de viaje a los inmigrantes que se encuentran indocumentados en el país si se van voluntariamente (49 por ciento lo aprueba, 50 por ciento lo desaprueba). A medida que la administración Trump ha intensificado la aplicación de leyes migratorias en todo el país, los estadunidenses ofrecen opiniones mixtas y negativas sobre algunas de sus acciones más destacadas.
Otros resultados de la encuesta del Pew Research Center son: 60 por ciento de los estadunidenses desaprueba la suspensión de la mayoría de las solicitudes de asilo (39 por ciento la aprueba); 59 por ciento desaprueba poner fin al estatus de protección temporal (TPS) para muchos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos escapando de la guerra u otros desastres en su país (39 por ciento lo aprueba); 54 por ciento desaprueba el aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares de trabajo donde pueden estar laborando personas indocumentadas en Estados Unidos (45 por ciento lo aprueba).
También subraya que entre los estadunidenses, el enfoque general de la administración Trump hacia la inmigración se percibe más negativamente que positivamente, con 42 por ciento a favor y 47 por ciento en contra. Sin embargo, estas evaluaciones, así como las opiniones sobre políticas específicas, se dividen en gran medida según líneas partidistas: los republicanos apoyan ampliamente la medida y los demócratas se oponen: 78 por ciento de los republicanos y los independientes con inclinaciones republicanas aprueban el enfoque de la administración sobre la inmigración, incluyendo 51 por ciento que lo aprueba firmemente. Sólo 12 por ciento lo desaprueba.
En contraste, “81 por ciento de los demócratas y simpatizantes lo desaprueban; sólo 9 por ciento lo aprueba. La mayor parte de la encuesta se realizó antes de las protestas de alto perfil en Los Ángeles y otras ciudades contra las redadas de ICE en los lugares de trabajo y el despliegue de marines y tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles por parte de la administración Trump”.
¿Cómo afectarán las acciones migratorias de Trump al país?, preguntó el Pew: los estadunidenses son más propensos a decir que cuestan dinero a los contribuyentes (53 por ciento) en lugar de ahorrarlo (29 por ciento), y un mayor número afirma que debilitarán la economía estadunidense (46 por ciento) en lugar de fortalecerla (34 por ciento). Sólo 19 por ciento afirma que no tendrán un gran impacto.
Las rebanadas del pastel
¿La Casa Blanca no negocia con terroristas? Jajaja: no sólo lo hace, sino que los crea y financia. Y ejemplos sobran.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Producción farmacéutica: recuperar la soberanía
En 2008, Felipe Calderón tomó una de sus muchas decisiones devastadoras para México: eliminó el requisito de planta, por el cual se exigía producir dentro del país a las farmacéuticas que quisieran obtener contratos con el gobierno. Como resultado de dicha medida, ya no se necesita fabricar medicamentos aquí para vendérselos al Estado mexicano, por lo que las licitaciones pasaron a estar dominadas por intermediarios, meras fachadas que importan los insumos o los productos acabados, los empacan y se embolsan pingües ganancias, con todas las posibilidades de corrupción abiertas por un esquema en que cualquiera puede volverse contratista sin necesidad de invertir un centavo en el desarrollo de fármacos ni formar parte de la industria farmacéutica más que en el papel.
Puede considerarse incuantificable el daño patrimonial infligido a las arcas públicas a raíz de esa patente de corso para los amigos del calderonato, y es imperativo investigar la relación de esa hornada de falsas farmacéuticas con las redes de intereses envueltas en el sabotaje a los esfuerzos emprendidos en el sexenio pasado a fin de acabar con los abusos en las adquisiciones de insumos médicos.
Sin embargo, en una perspectiva de largo plazo, el mayor daño radica en el desmantelamiento de las capacidades manufactureras mexicanas en un sector cuya fortaleza resulta, nunca mejor dicho, de vida o muerte. En la actualidad, más de 80 por ciento de los medicamentos e insumos médicos utilizados en México son importados. El panorama es tan desolador, que de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de las 146 ramas de manufactura involucradas en la producción de medicamentos, el país participa principalmente en la del embalaje. En vez de hacer medicinas, se hacen las cajas en que se venden.
En este sentido, es sin duda positivo el impulso a la producción local acordado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y directivos de empresas del sector, el cual se enmarca en el Plan México de fortalecimiento tecnológico y del mercado interno. Es también un paso en la dirección correcta el decreto que establece como criterio central la existencia de plantas de producción nacional en la próxima licitación de compras públicas de medicamentos. No obstante, la experiencia de las décadas recientes advierte acerca de la necesidad de supervisar estrechamente la actividad de la iniciativa privada, pues no es un prejuicio sino un hecho mostrado que ésta siempre actuará en busca de la máxima ganancia posible en el corto plazo, incluso si ello supone pérdidas para el conjunto de la sociedad.
Si bien es cierto que en las condiciones actuales es inevitable la colaboración con las compañías privadas, la soberanía farmacéutica del país sólo podrá recuperarse plenamente con una decidida participación del Estado en la formación de profesionales, la orientación de inversiones a los rubros estratégicos para la salud pública –que no siempre coinciden con los más lucrativos–, la creación de una industria comprometida con las necesidades nacionales y el establecimiento de una cadena de suministro resiliente ante emergencias globales, como la pandemia de covid-19 de hace un lustro, o las veleidades de Washington, que niega el acceso a insumos vitales como arma de guerra contra las naciones que desafían su hegemonía.
Milán, ciudad capital
Andrea Cegna*
El 15 de julio podría ser el último día del Espacio Público Autogestionado Leoncavallo. Y si no es el 15 de julio, será porque en septiembre el centro social cerrará su experiencia en la calle Watteau, donde se encuentra desde el 8 de septiembre de 1994, para mudarse a otro lugar.
Lo que sucede alrededor del Leoncavallo es lo mismo que pasa en gran parte de Milán: el barrio crece, se levantan nuevos edificios, los sentidos de las calles cambian mes con mes, los espacios públicos desaparecen, y los pobres son expulsados. El cemento y la industria de la construcción se lo están comiendo todo, imponiendo una idea de ciudad basada en lo privado y la especulación inmobiliaria.
En el barrio llamado Greco, el costo del alquiler casi se ha duplicado en los pasados 10 años. Y si miramos a toda la ciudad, el valor por metro cuadrado de una vivienda ya superó 5 mil euros. Diez años atrás, antes de la Expo 2015, estaba en alrededor de 3 mil 200 euros. Hoy, no se puede vivir en Milán con menos de 2 mil euros al mes; hace 10 años, bastaban mil 500. Es una imagen brutal.
Se dirá que la prisa por sacar al Leoncavallo se debe a otras razones. Tiene que ver con presiones del gobierno, que estaría feliz de colgarse la medalla histórica de haber eliminado el centro social más famoso del país. También tiene que ver con la multa de 3 millones de euros que el Ministerio del Interior debe pagar a la empresa Orologio, propietaria del inmueble. Sin duda, también influye la incapacidad de la política local para encontrar una solución, aunque el Leoncavallo la ha buscado varias veces.
Pero también tiene que ver con la voracidad del cemento que domina Milán, con el interés económico de la familia Cabassi que, después de años de diálogo sobre la antigua fábrica de papel, decidió extraer riqueza incluso de esos metros cuadrados que ahora valen oro.
Si el Leoncavallo termina en la calle, ganará la lógica extractivista de ciudad: la misma que fue impuesta con Expo 2015. Es la misma lógica que está detrás de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, y que también quiere demoler el estadio de San Siro para construir uno nuevo, privado, iniciando así la fragmentación del tejido social del barrio homónimo para dar lugar a hoteles, restaurantes y edificios de lujo.
¿Es casualidad, o parte del mismo problema, que también el Centro Social Cantiere, a pocos cientos de metros del estadio, esté en riesgo de ser desalojado?
La ciudad ha cambiado y sigue cambiando rápido: hay obras de construcción por todos lados, abren y cierran locales, llegan nuevos habitantes. Milán atrae profesionales y extranjeros, mientras expulsa poco a poco a las clases populares, que son empujadas hacia las periferias… hasta que esas periferias se vuelven nuevas zonas de especulación.
Es un modelo que muchas otras metrópolis ya han vivido –y del que algunas están tratando, con dificultad, de escapar–. O por lo menos, están empezando a hablar de ello.
En Barcelona, por ejemplo, hay un debate intenso sobre cómo equilibrar las necesidades de quienes viven ahí, lasostenibilidad ambiental, la protección de las clases más vulnerables, y al mismo tiempo atraer turismo y visitantes extranjeros. La situación es tan compleja que los movimientos por el derecho a la vivienda –como en toda España– están discutiendo la posibilidad de organizar una huelga de rentas, y hay protestas contra el turismo.
En la Ciudad de México también hay iniciativas periódicas contra la gentrificación: los movimientos indígenas urbanos luchan contra los desalojos de mercados informales en el Centro. En Buenos Aires, Quito, Santiago de Chile, Mumbai, Ciudad del Cabo o Nairobi, hay luchas distintas que se oponen a un mismo fenómeno: una transformación urbana que, en nombre de una ciudad para turistas y ricos, destruye el tejido social.
En Nueva York, el candidato demócrata para las próximas elecciones es Zohran Mamdani, quien ganó las primarias hablando de congelar los alquileres, transporte público gratuito, tiendas comunitarias de bajo costo y políticas de justicia social con redistribución de la riqueza.
Milán, en cambio, corre en la dirección opuesta, como muestra, entre otras cosas, el caso del Leoncavallo. Las metrópolis primero, y luego las ciudades en general, se han convertido en lugares de extracción de riqueza para el capital. Se extrae valor de los cuerpos, de la vida –en todas sus formas– y se impone, de forma asimétrica, al mundo rural que se adapte a las necesidades urbanas.
Si Milán no logra dar una respuesta al caso Leoncavallo, si la Ciudad de México no construye una solución para la Casa de los Pueblos, si en Barcelona se siguen desalojando personas o cerrando espacios sociales, si las ciudades no logran construir modelos diferentes y formas de resistencia capaces de recuperar espacios de democracia, entonces las ciudades serán sólo para los ricos.
Ya no hay tiempo. Es urgente, es necesario. Vamos tarde, pero todavía no está dicha la última palabra.
* Periodista italiano
