Beñat Zaldua
19 de septiembre de 2026 00:02
Alerta. La IA se nos ha ido de las manos. El mensaje nos está llegando por tierra, mar, aire y redes. De ex trabajadores a directivos del sector, las voces de alerta son contundentes. La coordinación también. Hay que prestar atención a ambas, porque en este juego no es fácil dirimir qué es preocupación genuina y qué es interés.
Hay motivos para preocuparse. Primero, porque Trump dice que no hay que preocuparse. Segundo, porque ya han ocurrido incidentes graves, como el ataque autónomo contra la compañía Hugging Face, en la que no participó ningún ser humano. Y tercero, por la velocidad que ha adquirido la “automejora recursiva”, es decir, la capacidad de la IA de crear por su cuenta la siguiente generación de IA sin intervención humana. El riesgo: dejar de comprender y controlar los nuevos sistemas.
En un extenso documento publicado estos días, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, ha reclamado frenar el avance de la IA para ganar tiempo y garantizar que se desarrolle de una forma segura. Para lograrlo, articula tres propuestas. Merece detenerse en el texto. En primer lugar, propone que las empresas punteras de IA incorporen auditores externos a sus compañías, de manera que verifiquen que están desarrollando sistemas seguros. En segundo lugar, reclama una “coordinación democrática” entre las empresas de países democráticos. Y en tercero, demanda una coordinación con “gobiernos autoritarios”. Es decir, China.
El golpe de efecto llega cuando dice que Anthropic incorporará unilateralmente auditores externos, aunque deja claro que “controlar el ritmo no significa detener el entrenamiento de los modelos ni el progreso técnico”.
El movimiento es inteligente. No cabe duda de que Amodei conoce la obra de Thomas Schelling, original economista que rompió las costuras de la disciplina y ganó el Premio Nobel en 2005 sin apenas escribir un número. “Si el trabajo de Tom tiene un hilo conductor, es la contraintuición”, dice su pupilo Michael Spence. Una de esas singulares ideas asoma en el anuncio de Amodei: reducir tu margen de acción puede reforzar tu posición. Se le llama estrategia del compromiso y Anthropic la aplica al anunciar la incorporación de verificadores, una medida que establece un estándar que atrae al resto de competidores. ¿Servirán de algo? Es difícil saberlo.
Schelling desarrolló sus teorías en el marco de la guerra fría, un contexto cuyo eco resuena con fuerza en el debate sobre el desarrollo de la IA. El prisionero en su dilema, de nuevo. Yo quiero frenar, sé que debo hacerlo, pero pienso que mi competidor no va a seguir el mismo camino, por lo que acelero. La desconfianza mutua –no cooperar– nos lleva a todos a escenarios peores.
Pero ahora hay un problema añadido, y es que en el caso del bloque que Amodei califica de “democrático”, no hay control público sobre las empresas de IA. Son operadores privados que responden a sus intereses y a los de sus inversores, mientras quien debería atarlos en corto –el gobierno estadunidense– renuncia a hacerlo porque considera que los peligros de la IA no son más que bulos y porque, en realidad, no quiere que China se les adelante. “Nada más importaría” si Pekín toma la delantera en la carrera por la IA, ha dicho Scott Bessent, secretario del Tesoro.
La carrera hacia el abismo, por tanto, es doble en esta ocasión, porque, por un lado, las empresas punteras estadunidenses compiten entre sí, y por otro, EU como ecosistema compite con China.
Cuando habla del gigante asiático, Amodei invoca de nuevo a Schelling al establecer “una analogía con los tratados SALT”, que en los años 70 limitaron parcialmente los arsenales nucleares de Estados Unidos y la URSS a través de un marco negociador inspirado, según la literatura de la época, en las intuiciones del Nobel de Economía. Ese marco resulta ciertamente fascinante y, de nuevo, contraintuitivo. Ambas partes no encontraron el punto de equilibrio tanto en una reducción de la capacidad de destrucción, como en mantener la posibilidad de ser destruidos. Los alicientes para cooperar son mayores cuando uno se sabe vulnerable.
Pero este relato también tiene sus trampas, porque algunas investigaciones recientes, basadas en documentos desclasificados estos últimos años, apuntan a que Estados Unidos –Henry Kissinger, concretamente– negoció varios puntos de los SALT no en busca de una estabilidad global, sino de una posición de superioridad sobre la URSS.
Amodei no se esconde, en este sentido: “Deberíamos abordar cualquier decisión de regulación mundial, sobre todo a corto plazo, de manera que se proteja la ventaja de EU y sus aliados”. ¿Qué alicientes debería tener entonces China para frenar? Pekín lo ha visto venir de lejos y esta misma semana un editorial del oficialista Global Times chino ha señalado la jugada, acusando a las tecnológicas estadunidenses de “poner en marcha el manual de la guerra fría”.
¿Cuál puede ser el punto de compromiso para frenar la IA a nivel global? No lo sabemos. Los Schelling del presente deberían estar pensando en ello. No sabemos quiénes son, pero sabemos que no se llaman ni Amodei ni Altman.
El fin del mundo según la inteligencia artificial
Silvia Ribeiro*
En las semanas recientes hemos oído, nuevamente de parte de las mayores empresas que la desarrollan, afirmaciones megalómanas y grandilocuentes sobre la inteligencia artificial (IA) y sus supuestas capacidades, desde que puede resolver los enigmas matemáticos del siglo hasta que podría terminar con la humanidad en 2030 y muchas otras cosas en el medio.
Como explica Timnit Gebru, directora del Distributed AI Research Institute, se trata de otra cortina de humo para desviar la atención de los graves problemas reales que ya causa la IA, como el uso de armas autónomas, máquinas de matar que se usan en guerras y genocidios o el rol de la IA y estas empresas en empeorar la crisis climática (https://tinyurl.com/gebru-MIT).
Es curioso que la IA, que afirman está por superar la inteligencia de la humanidad, aún no sabe resolver sudokus. O mejor dicho, sólo en cierto porcentaje y, sobre todo, no puede explicar cómo y por qué lo hizo. Y como no sabe la respuesta, la inventa, como suele hacer en otros casos.
Científicos de la Universidad de Colorado, en Boulder, pidieron a varios sistemas de inteligencia artificial que resolvieran juegos de sudokus y explicaran cómo lo hicieron (https://tinyurl.com/IA-sudoku). Las respuestas fueron pobres o falsas, porque los sistemas de inteligencia artificial generativa no tienen lógica (ni ética, ni emociones), son sistemas de lenguaje predictivos y estadísticos.
Los grandes modelos de lenguaje (GML) son la base de todos los asistentes de IA, como chatGPT, Gemini, Grok y similares. Si suenan coherentes en las respuestas que dan a las personas que los usan es porque comparan con miles de millones de posibles respuestas y adecúan su mensaje a quien pone la pregunta, pero no piensan. Son, como afirman Timnit Gebru y Emily Bender “loros estocásticos”, repetidores seleccionadores de frases y textos que no comprenden y que mayormente han tomado sin pedir permiso y sin citar (https://tinyurl.com/lorosIA).
Esta incapacidad que tiene la IA de explicar por qué toma una opción determinada es especialmente grave cuando se usan sistemas de IA automatizados en la asistencia o diagnósticos médicos, para decisiones judiciales y legales, o determinar si una persona o una pequeña empresa recibe o no un crédito, para calificar estudios, o en general para gestiones de gobierno.
Lo anterior es grave, ya que, por un lado, el entrenamiento de esos sistemas se basa en datos que ya están gravemente parcializados en género, raza y clases sociales, y por otro, porque es incapaz de tomar en cuenta factores y contextos que no encajan en su marco de selección predictiva.
Con la proliferación de bots automatizados y maliciosos, también el factor “estadístico” es altamente cuestionable.
Los recientes anuncios apocalípticos de los hombres más ricos del mundo, o que aspiran a serlo, como Elon Musk, Sam Altman, de OpenAI, y Dario Amodei, el director de Anthropic que posa de sensato, cumplen en este momento funciones claves para asegurar la continuación de sus actividades y de sus ganancias. Como ya mencioné, para empezar, distraernos de los impactos reales que están ocurriendo, como que el uso de IA sigue aumentando su absurda demanda energética, que tiene un rol clave en el empeoramiento del cambio climático y que sus centros de datos disputan a comunidades locales agua, tierra y salud (https://tinyurl.com/IAvoraz).
También para que olvidemos los impactos negativos en educación, las consecuencias nefastas del uso de granjas de bots y campañas masivas para determinar elecciones de gobierno, o que el programa Claude, del sensato Amodei, es responsable de que el Pentágono asesinara a 168 niñas en una escuela en Irán y que empresas de IA son las que automatizaron los asesinatos de decenas de miles de niños, mujeres y hombres en Palestina.
En realidad, la primer pregunta que deberían responder es por qué sus empresas están desarrollando esos sistemas si tienen tantos peligros, y ese tema, para ninguno de ellos, está en la mesa. Lo que plantean es una moratoria (que nadie puede controlar si se cumple) y la autorregulación, controlada por las propias empresas. Como última opción, sentarse a la mesa como iguales a los gobiernos, en un sistema de múltiples partes interesadas en el que de todos modos pueden ejercer el enorme control que tienen sobre los éstos, ya que muchos les han delegado gran parte de su gestión a esas mismas empresas (https://tinyurl.com/ypmrx6p).
¿Se han cumplido las promesas de “progreso” con la IA? Las autoras Emily Bender y Alex Hanna explican que es sobre todo un bombo publicitario. En su libro La estafa de la IA (Paidós, 2026) detallan cómo, más allá de la propaganda de las empresas, son escasos o inexistentes los supuestos beneficios que ha traído a la sociedad, pese a las ganancias sin precedentes para sus dueños.
Lo que es real y altamente difundidos en todas las sociedades son los daños causados: pérdidas de empleo, impactos ambientales, sociales, educativos, a la democracia y a las economías, especialmente en los países que ponen los recursos materiales que mantienen esta industria. Ya es hora de sacudirnos el mito de que la IA es la clave del progreso para todos. Es, por el contrario, una forma eficaz del capitalismo tecnomilitar de mantener la desigualdad, con renovados métodos de vigilancia, represión y guerra.
* Coordinadora de investigación de la Alianza Biodiversidad
Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anuncia eliminación del subsidio al diésel en ese país
Foto Afp / archivo Foto autor
Sputnik
18 de septiembre de 2026 23:30
Santa Cruz. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció anoche la eliminación de 100 por ciento del subsidio al diésel en el país que de ahora en adelante, se comercializará a precio internacional, con la finalidad de garantizar el abastecimiento interno.
“Desde hoy el diésel costará lo mismo que nos cuesta en el extranjero (…) El precio será el mismo para todos, este precio fluctuará de acuerdo al precio internacional, es decir que si la próxima semana el precio disminuye a nivel internacional, porque se terminan las guerras y bajan los precios, los precios bajarán”, afirmó Paz en un mensaje transmitido a la nación por la cadena Bolivia TV.
El subsidio a los carburantes tiene un costo anual de aproximadamente dos mil 600 millones de dólares, una cifra que las autoridades consideran insostenible para las arcas del Estado.
Paz argumentó que los fondos que se ahorrarán irán a obras de infraestructura educativa y se pagará un bono denominado “Pepe 2” a más de 2.9 millones de bolivianos.
“¿Subvención o futuro? ¿O seguimos gastando recursos en aquello que no produce o esos recursos que hemos logrado obtener, que son entre cinco mil a siete mil millones de dólares de créditos externos, va para la producción y las familias bolivianas?”, expresó.
Con esta medida, el gobierno garantiza el abastecimiento de diésel en el país y prevé acabar con las filas en las gasolineras.
Bolivia importa casi 90 por ciento de diésel y el 56 por ciento de gasolina, debido al “mal manejo” del sector durante los últimos 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo, que lideró el expresidente Evo Morales (2006-2019), según dijo el exministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli.
El gobierno tiene previsto eliminar la subvención a los hidrocarburos, incluida la gasolina, en su totalidad hasta enero de 2027, según el acuerdo técnico que se firmó con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito de mil 900 millones de dólares.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ La Fiscalía General de la República lideró el operativo que detectó los 53 millones de litros de huachicol en La Fragua, en San José Iturbide, Guanajuato.Foto La Jornada
Sin mayor problema, pueden pasar desapercibidas unas cuantas decenas de litros de huachicol; incluso centenas, pero resulta imposible ocultar 59 millones almacenados en instalaciones de proporción industrial y a la vista de todos. ¿Los delincuentes eran muy cándidos o simplemente, como parte de los tradicionales “acuerdos” con el poder político, se creían protegidos por las presuntas autoridades municipal y estatal, y de ahí su confianza de que nada les pasaría y el negocio se mantendría sin problema alguno?
Los histéricos prianistas no paran de gritar contra el huachigobierno de Claudia Sheinbaum, pero resulta que en dos de los más recientes cuan voluminosos casos de huachicol aparecen involucrados un panista de la vieja guardia (Ernesto Ruffo Appel) y un gobierno de la misma cantera partidista (Libia García Muñoz Ledo), amén de que como responsable aparece el Grupo Simsa (de la familia Issa Tafich, con los hermanos Nesim y Román a la cabeza), propietario de Gas Natural del Noroeste (y de las instalaciones en las que descubrieron los 59 millones de litros, inauguradas en 2017 por el secretario peñanietista de energía Pedro Joaquín Coldwell y el entonces gobernador panista Miguel Márquez), consorcio que nació gracias a la privatización de ese hidrocarburo por cortesía de Ernesto Zedillo, a quien los blanquiazules adoran por ser un “demócrata”, y a las subsecuentes concesiones en los “gobiernos” de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Con el régimen neoliberal, Grupo Simsa (fundado en 1967 por Salvador Issa Murra en Torreón, Coahuila, que surtía gas licuado de petróleo) creció como la espuma, especialmente a partir del gobierno de Rogelio Montemayor Seguy (director de Petróleos Mexicanos con Ernesto Zedillo). A estas alturas participa en los sectores de gas LP y natural, transporte, diésel y gasolina, alimentos, agua, tiendas de conveniencia, construcción, inmobiliario y lo que acumule.
La Jornada (Carlos García, corresponsal) lo reseñó así: las instalaciones en las que se encontraron 59 millones de litros de huachicol “fueron edificadas en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato. Eran operadas por Gas Natural del Noreste en alianza con (la trasnacional gringa) ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan (con sede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León), con permisos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Semarnat.
La administración 2012-2015, que encabezó el alcalde panista Filiberto López Plaza, autorizó la instalación de la empresa. En febrero de 2018, el ayuntamiento (entonces a cargo de César Rodríguez Zarazúa, del Partido Verde Ecologista) autorizó a la empresa aumentar a 100 millones de litros su capacidad de almacenamiento. “El total de hidrocarburo está distribuido en 33 millones 504 mil 067.4 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813.6 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989.5 litros de diésel”, de acuerdo con el gobierno morenista de San José Iturbide. Como se anota, difícilmente se puede esconder un volumen de esa proporción, especialmente si está a la vista de todos. La presidenta Sheinbaum detalló que la investigación sobre este caso data de un año y medio. La Fiscalía General de la República informó que el hallazgo fue resultado de acciones de inteligencia y “trazabilidad” en la distribución de hidrocarburos en distintas abastecedoras de derivados de petróleo; la operación comenzó el 3 de julio pasado, cuando fue detenida una persona mientras descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera en San Luis de la Paz.
Grupo Simsa intenta lavarse las manos: “contamos con todos los permisos (federales, estatales y municipales); conforme al permiso de almacenamiento, Gas Natural del Noroeste presta un servicio de utilidad pública consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, las cuales a su vez, son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía y acreditan ante la empresa la propiedad, procedencia legítima y la calidad de sus productos. Gas Natural del Noroeste ha puesto a disposición de las autoridades competentes la información y la documentación que acredita la legalidad de su operación”.
¡Claro!, Y 59 millones de litros de huachicol acreditan sus dichos.
Las rebanadas del pastel
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