La relación entre México y Estados Unidos ha entrado en un terreno inédito, caracterizado ya no por las sutilezas de la diplomacia tradicional, sino por una cruda asimetría operativa. La reciente decisión de Washington de no renovar en automático el T-MEC, condicionando la estabilidad comercial a revisiones anuales, representa un golpe seco a la certidumbre jurídica que durante tres décadas ancló las inversiones en el país. Sin embargo, el desafío económico es apenas el síntoma de un cambio mucho más profundo y preocupante: la mutación estructural en el tono, la conversación y la naturaleza misma de la relación bilateral.
Hemos transitado, casi sin transiciones cosméticas, del paradigma de los “socios y aliados” al de un Estado que audita activamente a su vecino. La agenda de seguridad ya no se discute en mesas de cooperación bilateral bajo el principio de responsabilidad compartida; hoy se gestiona desde Washington mediante carpetas de fiscalización y acusaciones de una gravedad sin precedentes que señalan la interferencia del crimen organizado en los procesos políticos y electorales mexicanos.
Ante este asedio institucional, la respuesta del Estado mexicano ha sido predecible: la activación del histórico discurso de la defensa de la soberanía. Es una reacción natural y legítima. Nadie en su sano juicio –ni ciudadanos ni analistas ni tomadores de decisiones– desea ver a agencias estadunidenses operando con total impunidad en suelo nacional ni dictando las políticas públicas que por derecho corresponden exclusivamente a los mexicanos.
El problema radica en que, en el tablero geopolítico actual, apelar a la soberanía es un recurso necesario, pero profundamente insuficiente. Funciona con eficacia como una narrativa de consumo doméstico; cohesiona al mercado político interno y moviliza el nacionalismo frente a la injerencia extranjera. No obstante, en la arena internacional, este discurso tiene una fecha de caducidad muy corta. Para la Casa Blanca y el Capitolio la constante invocación de la soberanía no se lee como un acto de dignidad republicana, sino como una narrativa de evasión y una negativa sistemática a la cooperación obligada. El atrincheramiento discursivo genera un efecto bumerán: tensa los hilos de la relación bilateral y polariza las posiciones, dejando a México con menos margen de maniobra y mayor exposición a represalias arancelarias o de seguridad.
México no puede abstraerse del nuevo mapa geopolítico de la región. En los años recientes, América Latina ha sido testigo de un viraje pragmático en la estrategia de Washington. Estados Unidos ha dejado de hacer diplomacia de formas para pasar a hacer política defondo y de presión directa. El uso del acceso a su mercado interno y las alertas de seguridad nacional se han convertido en las herramientas predilectas de una superpotencia que ya no busca consensos, sino resultados alineados a sus intereses electorales internos y a su seguridad fronteriza.
Esta transición se hace evidente al contrastar las dinámicas del pasado con las exigencias del presente. Mientras que el antiguo paradigma se sostenía en la premisa de socios estratégicos construyendo una visión compartida de largo plazo, la realidad actual nos impone una relación estrictamente transaccional y sujeta al veredicto de revisiones anuales. De igual forma, los mecanismos institucionales que antes procesaban las diferencias a través de canales diplomáticos tradicionales han sido desplazados por una presión política directa, fuertemente condicionada por las coyunturas electorales estadunidenses. La corresponsabilidad en seguridad ha quedado congelada, sustituida por una fiscalización unilateral donde un gobierno asume el papel de auditor y el otro el de auditado.
Continuar respondiendo a una estrategia de auditorías políticas con proclamas retóricas del siglo pasado es un error de cálculo que el país no puede permitirse. La soberanía no se defiende aislándose del escrutinio, sino fortaleciendo las instituciones internas para que no existan vacíos que el vecino del norte pretenda llenar.
México necesita transitar con urgencia de la reacción defensiva a la propuesta estratégica. Esto implica diseñar una contrapropuesta de cooperación técnica, medible y sumamente rigurosa, que desarme la narrativa intervencionista de Washington mediante datos duros, control territorial efectivo y el blindaje institucional de nuestras elecciones. La certidumbre jurídica y la viabilidad del T-MEC no se recuperarán apelando a la nostalgia del libre comercio, sino demostrando que el Estado mexicano es un socio capaz de garantizar el orden en su propio territorio. En la era de la audición global, la mejor defensa de la soberanía es la eficacia gubernamental.
El sistema dólar
León Bendesky
13 de julio de 2026 00:05
En 1971, el entonces presidente Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro. Así acabó, de facto, con el acuerdo de Bretton Woods, de 1944, que había creado un sistema monetario internacional para encausar la recuperación económica de la posguerra. El entonces secretario del Tesoro, John Connally declaró: “El dólar es nuestra moneda, pero el problema es de ustedes”. Esa dualidad sigue siendo válida en esencia, en un contexto financiero muy distinto, tanto en Estados Unidos como en el entorno internacional.
Su significado ha variado, ciertamente, pues si entonces la política monetaria de Estados Unidos definía las condiciones financieras globales, hoy expresa el efecto de una gran deuda gubernamental y un distinto escenario político que replantea el papel dominante del dólar. Connally, en versión 2.0, indica que la naturaleza del problema sigue siendo el mismo: el dólar como moneda nacional es un problema global.
Adam Tooze, prolífico historiador económico, formula una pregunta relevante respecto a cómo pensar en el cambio económico radical; un entorno que se expresa, hoy, de modo notorio. Se trata, afirma, de la dificultad para comprender el sentido de la historia económica.
El asunto que aborda es el sistema monetario global y, puntualmente, el futuro del sistema basado en el dólar de Estados Unidos. El modo de plantear la cuestión, según Tooze, debe apreciarse según las condiciones históricas particulares; es decir, la dinámica del sistema monetario y financiero.
¿Qué viene después del dólar? Una apreciación inicial es que “el sistema dólar se ha reinventado repetidamente”. No se trata de su función como moneda de reserva internacional. En 1971, el dólar se convirtió en una moneda fiduciaria; es decir, una moneda emitida por el gobierno sin respaldo de un activo físico, como ocurría con la convertibilidad en oro. Los bancos centrales mantienen reservas en dólares para mantener estable el valor de sus monedas, y facilitar el comercio internacional.
Puesto que la moneda de reserva no tiene respaldo físico, su función global se asienta en la estabilidad económica del emisor. Si en un momento el problema fue que Estados Unidos no tuviera suficiente oro para respaldar al dólar, hoy la cuestión es que la deuda en relación con el producto generado restrinja la capacidad de pago.
La cuestión, en general, apunta a una erosión de la importancia del dólar. Entre los argumentos que se proponen para ubicar la situación actual del dólar destacan las condiciones geopolíticas, puesto que hoy no todos los principales centros financieros están en su órbita. El dominio económico y financiero de Estados Unidos se ha reducido en términos relativos y hay otros espacios alternativos de diversificación.
Para Tooze, considerar el sistema dólar que comenzó en 1971 combina distintas etapas de la historia financiera. Así que un problema es caracterizar al sistema dólar. Es común, dice, señalar que desde la Segunda Guerra Mundial el dólar remplazó a la libra esterlina como moneda de reserva en el mundo, pero en ese proceso el dólar se ha reinventado varias veces y de distintas maneras y hoy, por ejemplo, su configuración es muy distinta que en periodo anterior a la crisis financiera de 2008. Es esa sucesión de formas las que caracteriza al sistema dólar. Y como se ha dicho en el debate al respecto: el sucesor del dólar es el dólar, dicho de otro modo, ha tenido repetidas metamorfosis. El significado de ese privilegio monetario y financiero, es decir, el problema sigue siendo global.
Ciudad perdida
Alista EU nuevo ataque contra México // Cumbre de ultraderecha en puerta // Análisis necesario
Miguel Ángel Velázquez
Bajo los dictados de Donald Trump, Estados Unidos prepara otro ataque, esta vez más duro y contundente en contra de México.
El argumento no importa, lo mismo puede ir por el tan usado recurso del narcotráfico y los políticos corruptos de Morena, que una nueva etapa de aranceles, ahora bajo normas diferentes a las que han tratado de imponer recientemente o las políticas antimigrantes, convertidas hoy en un arma criminal e impune.
La prueba irrefutable, fehaciente, es la convocatoria que realizó el secretario de Estado, Marco Rubio, a una cumbre de ultraderecha, con el fin de lograr acuerdos para combatir el resurgimiento de las redes de izquierda, a la que teóricamente asistirán 60 países, este miércoles, en la ciudad de Washington.
Fascismo puro y duro al que, para tener una idea de lo que se trata, están invitados Javier Milei, de Argentina, y Nayib Bukele, de El Salvador, dos hijos del libre mercado y las locuras de Trump.
Hasta ahora no se ha dado a conocer quiénes y de qué naciones son todos los posibles asistentes, pero hay certeza en que, por ejemplo, una perrita de Trump estará, si se lo permiten, en primera fila, y como esa mascota del mal, de México irán también algunos políticos de la defenestrada derecha nacional.
Es muy difícil prepararse para combatir lo incierto, pero en nuestro país debería estar instalada ya una instancia de observación y análisis de las locuras de Trump para que sus ataques, si no es posible anularlos, cuando menos lograr que su daño no sea muy grande.
Hay tiempo para lo que sería el siguiente embate de Trump a México, por más que su perrita quiera apurarlo; primero se ocupará de Cuba y luego, en octubre, de Brasil, donde busca impedir que el presidente Lula siga en el poder, pero es imposible descartar que durante ese lapso no se le ocurra a él o a cualquiera de sus secuaces lanzar golpes sobre México.
Un tratamiento especial se dará a España, donde el gobierno actual ha desafiado las imposiciones del agente naranja. Ahí, en Madrid, el centro del reino español, la ultraderecha ha construido su “gran capital”, una especie de cueva de lujo para los más conspicuos líderes de la derecha que han encontrado refugio en esa oscuridad.
La dificultad en México es que la población, en general, ha hecho una comparación entre lo que tuvieron con los gobiernos de la derecha y lo que se ha logrado con la 4T, y en su mayoría apoyan esa opción. El descrédito de la derecha es más grande que la fuerza de los ataques que han impulsado en contra del gobierno; eso aseguran las encuestas.
Pero la ultraderecha ya no quiere dejar al arbitrio de la voluntad popular el resultado de una elección y para ello están construyendo un acuerdo regional que tenga los recursos necesarios para comprar, por ejemplo, las elecciones en cualquier nación que busque un gobierno de izquierda.
De eso y para eso se utilizarán los tiempos en el aquelarre de esta semana en Washington. Habrá que observar con lupa lo que ahí suceda. Ojalá y en el gobierno mexicano alguien se dé cuenta de que es necesario, como dijimos, un grupo dedicado al análisis de estos acontecimientos, urge.
De pasadita
Y si algo debe también analizarse, y con mucho cuidado, es la actuación de los grupos de la Iglesia insertos en los organismos civiles que dicen acompañar algunas causas sociales. ¿Por qué sería que Carlos Salinas cambió la Constitución para permitir a los ministros de culto participar legalmente en lo político?
cd_perdida@jornada.com.mx
¿Y si el T-MEC no se renueva?
Manuel Pérez Rocha L.*
13 de julio de 2026 00:01
Con el desprecio acostumbrado, Trump y su gobierno mandaron las negociaciones de revisión del T-MEC al limbo. Sin embargo, Estados Unidos está en una verdadera crisis. Aunque Trump siga dictando políticas basándose en ocurrencias y en sus humores del momento, el día de las elecciones intermedias llegará en noviembre y la suerte de este país podrá cambiar. Lo mismo con el T-MEC: toda negociación podría encauzarse por caminos más serios y de relaciones de respeto.
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, “seguiremos colaborando con México y Canadá para subsanar las deficiencias del acuerdo y reducir nuestros déficits comerciales con estos países.” Una tercera ronda de negociaciones bilaterales está programada para el 20 de julio (trad. propia https://l1nq.com/ nfh79zq). ¡Ni para los más papistas que el Papa es el fin del mundo!
De hecho, la patada a la renovación de 10 años más del T-MEC me parece, y sin intención de hacerla de abogado del diablo, lejos de lamentar. Sin ser la intención de Trump, por supuesto, se abre la oportunidad a organizaciones sociales y civiles para continuar esfuerzos (de décadas) y lograr un tratado trinacional más justo para los pueblos. Propuestas hay desde muchos sectores (ver declaración trinacional, https://tinyurl.com/ye29xhn3). De ahora en adelante, lo que se necesita es verdadera voluntad política para transitar del libre comercio al comercio con justicia.
Pero, a pesar de los cambios políticos en Estados Unidos que se han de dar, la presión empresarial y la sed extractivista y explotadora de mano de obra continuarán. Quedan pendientes las presiones de organismos empresariales, como la Mining Association estadunidense, para que se reinstaure por completo el sistema de demandas de inversionistas a estados (ISDS) entre Estados Unidos y México. Su demanda es clara: “para garantizar aún más las protecciones del arbitraje, la Representación de Comercio de Estados Unidos (USTR) debería negociar la designación de la industria minera como sector privilegiado en virtud del anexo 14-D del T-MEC (el cual) describe las normas del ISDS específicamente entre Estados Unidos y México”.
Sin embargo, México difícilmente podrá, en un futuro cercano, manejar un número mayor de demandas inversionista–Estado. En días recientes se ha publicado la actualización del informe “Radiografía de las demandas de arbitraje inversionista-Estado en México”, del Transnational Institute (TNI) y el Institute for Policy Studies (IPS), con el apoyo de organizaciones mexicanas y del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (descargar https://isds-americalatina.org/mexico/). En él se analiza cómo los tratados de inversión han permitido que empresas extranjeras demanden a México por decisiones vinculadas con la protección ambiental, la política energética y conflictos territoriales, y cómo, cuando comunidades logran frenar proyectos extractivos, la respuesta que ofrecen los tratados de libre comercio y de inversión a las empresas trasnacionales es la facultad de demandar al Estado.
Entre los principales hallazgos del informe se destacan:
• México acumula 61 demandas de arbitraje internacional (hasta la fecha de publicación). Es el tercer país más demandado del mundo. 92 por ciento de las demandas fueron iniciadas por inversionistas de los países ricos que promueven este sistema; Estados Unidos, Canadá y países europeos.
• En las demandas pendientes contra México se exigen sumas cuando menos equivalentes a más de cinco años del gasto público mexicano destinado a la protección ambiental. Es decir, más de 5 mil 500 millones de dólares.
• Las empresas mineras son las que cada vez más interés tienen en el sistema ISDS. De los (al menos) 5 mil 500 millones de dólares reclamados actualmente, 4 mil 175 millones corresponden a empresas mineras. Desde 2019, México ha recibido al menos 12 demandas de empresas de este sector.
• Algunos de los casos más relevantes están vinculados a resistencias comunitarias en defensa del agua y sus territorios ante proyectos extractivos. Entre ellos, siguen pendientes las demandas por los proyectos mineros Ixtaca, en Puebla, y Sierra Mojada, en Coahuila.
Una demanda que continúa pendiente es la de la minera estadunidense Legacy Vulcan, por más de mil 500 millones de dólares. Aunque el gobierno de México ha logrado que recientes demandas se resuelvan a su favor (como son los casos de Silver Bull, Espíritu Holdings, y Access Business Group), se muestra más dubitativo ante el caso de Legacy Vulcan, el cual ha alcanzado el apoyo de miembros del Partido Republicano y es el sujeto principal de la Ley en defensa de la propiedad estadunidenses en el extranjero (ver https:// www.congress.gov/bill/119th-congress/ house-bill/7084). El gobierno de México busca llegar a un arreglo con la empresa; sin embargo, como me dice Quetzal Tzab, líder del Movimiento Indígena Maya Peninsular en México, “desde que se frenaron las actividades de la mina Calica (de Legacy Vulcan), las aguas de las comunidades de Torres de la Paz y aledañas (en Quintana Roo) están más limpias, hay menos polvo en los alrededores, la esperanza de las comunidades es que la mina no continue”.
A propósito, el documental Pero si existimos, que describe la lucha de esas comunidades cercanas a Playa del Carmen, ya está disponible gratuitamente y con acceso libre (https://www.tni.org/es/video/perosi-existimos). En el afiche del documental se dice que en él se podrá conocer, a través de testimonios directos, una visión íntima del daño medioambiental, las violaciones de los derechos humanos y los ataques a la soberanía mexicana perpetrados por la empresa de asfalto de Estados Unidos, Legacy Vulcan. El documental muestra cómo un caso de arbitraje de inversiones puede ser tan dañino para toda una lucha de resistencia de las comunidades de Torres de la Paz y también para personas defensoras medioambientales. Vale la pena verlo. Y sobre todo continuar la lucha por acuerdos internacionales distintos al T-MEC, que sean en favor de los pueblos y de la lucha por el medio ambiente.
* Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
