Esos sitios niegan atención médica para obtener millonarias ganancias, denuncian
Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada
Lunes 13 de julio de 2026, p. 3
Los mexicanos que han muerto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en lo que va del segundo gobierno de Donald Trump no han estado, en su mayoría, bajo la responsabilidad directa del gobierno estadunidense, sino de empresas privadas. Desde el inicio de esa administración, 17 connacionales han fallecido: 14 bajo resguardo del ICE y tres en operativos migratorios. De esas 14 muertes, nueve –64 por ciento– ocurrieron en instalaciones operadas por dos compañías, GEO Group y CoreCivic, y una más durante un traslado a cargo también de GEO Group, según los expedientes oficiales y las páginas de las empresas revisadas por La Jornada.
Ninguna instalación concentra tantas muertes como el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California: ahí han fallecido cuatro connacionales, todos bajo custodia de GEO Group. Fue justamente tras una de esas muertes que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió, desde marzo pasado, una revisión inmediata del sitio por “graves omisiones y evidentes deficiencias” en la atención médica.
Ese reclamo de marzo resultó insuficiente. El jueves pasado, tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo –baleado por un agente del ICE durante un operativo–, el canciller Roberto Velasco Álvarez anunció que México pasa del reclamo diplomático a la acción legal directa contra las empresas privadas.
La SRE enviará cartas de “cese y desistimiento” –una figura del derecho estadunidense para iniciar una acción civil– a los operadores de los centros donde han muerto mexicanos, además de pedir a la Fiscalía General de la República que presente denuncias penales ante las autoridades de Estados Unidos. El propio Velasco explicó que estas cartas buscan que las empresas “dejen de realizar estas acciones” y “cambien estas condiciones”, aunque aclaró que la responsabilidad de cada compañía “deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes”.
Las complicaciones médicas son la causa individual más frecuente entre los 17 fallecimientos: seis casos, casi todos documentados en centros operados por GEO Group o CoreCivic. El expediente de José Guadalupe Ramos Solano, detenido en Adelanto, registra que el personal de enfermería anotó “lecturas que oscilaron entre 123 y más de 600” miligramos de glucosa por decilitro durante casi un mes, sin que fuera trasladado a un hospital hasta el día de su colapso. El de Alberto Gutiérrez Reyes, también en Adelanto, documenta que “sufrió una convulsión” y presentó anomalías renales y de coagulación horas antes de morir por un paro cardiaco. Y el de Óscar Duarte Rascón, detenido originalmente por CoreCivic en Eloy, Arizona, describe meses de hospitalización por una enfermedad neurodegenerativa antes de que los médicos determinaran que ya no sería reanimado.
GEO Group, la empresa con más muertes de mexicanos bajo su custodia, ha sido también la más beneficiada económicamente por la expansión de la detención migratoria: reportó una ganancia de 254 millones de dólares en 2025, casi 700 por ciento más que un año antes, atribuida por la propia compañía a nuevos contratos con el ICE. Sólo el contrato de Adelanto le representaría 31 millones de dólares adicionales de ganancia anual al operar a máxima capacidad, según cifras que la empresa reportó a sus inversionistas y que fueron citadas en una demanda de acción colectiva presentada en enero pasado ante una corte federal de California
Expandir la capacidad
De acuerdo con organizaciones civiles, el ICE no opera directamente la mayoría de sus centros: los contrata con empresas privadas o con cárceles de condado, mediante convenios que le permiten expandir su capacidad de detención sin construir ni administrar instalaciones propias. En marzo de 2026, un promedio de más de mil personas era detenido diariamente en 20 de las instalaciones más grandes del país, y 19 de esas 20 eran operadas por empresas privadas, según un análisis del Vera Institute of Justice basado en registros del ICE.
Para la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, el patrón no es casualidad: los contratistas privados del ICE están “incentivados a recortar personal médico y negar atención” con el fin de maximizar el retorno para sus accionistas.
Salgado Araujo: homicidio y encubrimiento
Funcionarios de Houston y del condado de Harris, donde el pasado 7 de julio el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), denunciaron ayer que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se ha negado a entregarles información relacionada con ese homicidio, pese a que por ley las autoridades locales tendrían que participar en su esclarecimiento. A lo anterior debe agregarse la injustificable demora para entregar el cuerpo a los familiares, el afán del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de deportar a las tres personas que acompañaban a Salgado Araujo en el momento en que fue asesinado para evitar que testifiquen contra los homicidas, así como la absurda declaración del ICE de que sus efectivos involucrados en el crimen carecían de cámaras corporales debido al cierre de gobierno “provocado por los demócratas”, pese a que el Congreso aprobó un presupuesto sin precedente de 134 mil millones de dólares para el DHS.
La versión del ICE de que el agente que disparó contra el mexicano lo hizo “en defensa propia”, porque trataba de atropellarlo, fue desmentida desde un inicio por testigos presenciales, quienes declararon que la víctima simplemente trataba de huir de la persecución de vehículos y personas carentes de toda identificación. La falsedad de la postura oficial fue corroborada por videos aparecidos en días recientes que confirman que nunca hubo el pretendido intento de atropellamiento.
Por lo demás, el empecinamiento de las instancias federales en encubrir homicidios perpetrados por sus agentes conforma ya un patrón de conducta, si se consideran los asesinatos en Minesota de los ciudadanos estadunidenses Renee Good y Alex Jeffrey Pretti, perpetrados con dos semanas de diferencia en enero de este año en Mineápolis, Minesota; en ambos casos, el ICE afirmó, falsamente, que las víctimas habían agredido a sus efectivos, y en ambos casos se demostró de manera fehaciente que no existió tal agresión. Para ahondar el agravio, tras la muerte de Good, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la calificó de “terrorista” y poco después, junto con Greg Bovino, quien se desempeñaba de comandante de la Patrulla Fronteriza, sostuvo la versión mendaz de que Pretty había tratado de disparar a los agentes, cuando, como lo demostraron los videos, simplemente estaba grabando con su teléfono celular un acto de represión contra manifestantes.
La propensión a mentir exhibida por instancias federales estadunidenses para tratar de dar impunidad a sus empleados homicidas es ilustrativa del nivel de descomposición que han alcanzado bajo el trumpismo instituciones que tendrían que ser respetuosas del estado de derecho y que, en cambio, se empeñan en acciones que merecen ser consideradas como obstrucción a la justicia. Pero si los delitos del ICE y del DHS resultan indignantes, lo es más su motivación, que no es otra que el racismo, la xenofobia y el desprecio por la legalidad, característicos de Donald Trump, jefe supremo de los agentes homicidas y, en última instancia, responsable político e intelectual de sus crímenes.
Es claro que, en estas circunstancias, el Estado mexicano tiene ante sí la obligación de buscar la justicia para Salgado Araujo y para los 17 connacionales muertos cuando se encontraban en poder del ICE –en circunstancias de desatención médica, supuestos suicidios y violencia física por parte de sus captores–, tanto en instancias estadunidenses como internacionales, y que ese propósito debe recibir el respaldo del país entero, al margen de diferencias políticas, partidistas o ideológicas.
Incendio más devastador del siglo en Andalucía es controlado; murieron 13
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Lunes 13 de julio de 2026, p. 22
Madrid. Después de más de dos días de lucha contra la furia del fuego, el incendio en la localidad de Los Gallardos, en Almería, Andalucía, fue controlado y perimetrado por los equipos de emergencias, informó el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
El saldo preliminar es de 13 muertos y unas 7 mil hectáreas de terreno, en un perímetro de 40 kilómetros, arrasadas. Los más de mil 500 vecinos evacuados volvían ayer a sus hogares, muchos de ellos destruidos y pulverizados por el fuego.
El incendio más grave y potente en España en lo que va de siglo ya está neutralizado, si acaso hay algunos focos pequeños aun activos. Para sofocar el fuego se emplearon 30 aviones y helicópteros; además de los bomberos, participaron miembros del Ejército español, de la Unidad Militar de Emergencias, un equipo especializado en desastres naturales de este tipo.
Los expertos siguen analizando el comportamiento inédito de este incendio, que tuvo una virulencia desconocida, hasta el punto que llegó avanzar a una velocidad de 100 metros por minuto. Una de las hipótesis barajadas son las altas temperaturas provocadas por el cambio climático, a lo que se añadió el fuerte viento de Levante que se registró en la zona en el momento de las llamas, que se originaron a raíz de la rotura de un cable de alta tensión
Personas rescatadas
En medio del drama hubo un rescate sorprendente, cuando la Guardia Civil logró evacuar con vida a una pareja de turistas de Reino Unido con quemaduras graves en 40 por ciento del cuerpo.
Pedro Barre, el agente que participó de la operación, explicó que “encontramos un sonido muy de fondo, muy a lo lejos, de hecho llegamos a pensar que era el eco pero el hecho de alzar la voz en el estado en el que estaban fue un esfuerzo titánico que nos permitió localizarlos y rescatarlos con vida”.
El hijo de una de las 12 víctimas mortales, el médico de origen belga Thomas Wolf Verdonckt, denunció fallos en el sistema de alertas, que de haber funcionado mejor pudieron haber salvado la vida de su padre. “Las personas que murieron no incumplieron ninguna orden porque no se dio ninguna. No se proporcionó ninguna información. Sólo empezaron a correr cuando las llamas estaban casi encima de ellos. Ese fue su último recurso absoluto”, lamentó el ciudadano europeo.
Francia activa plan emergente por el cambio climático
Iván Restrepo
13 de julio de 2026 00:02
Por primera vez en su historia, el gobierno de Francia activó un plan Orsec (Organización de la Respuesta de Seguridad Civil) concebido para enfrentar desastres naturales o accidentes industriales. Es la respuesta al tercer agudo fenómeno climático registrado este año y nunca antes padecido: temperaturas que superan, en algunas regiones, los 40 grados. Se trata de un dispositivo, sin precedentes, para gestionar y coordinar la respuesta del sistema de salud y de protección civil.
La intensa ola de calor también ocurre desde junio pasado en Europa Occidental y deja miles de víctimas mortales, vías de tren inutilizables, carreteras rotas y centrales nucleares paralizadas por no aguantar las altísimas temperaturas. El problema lo abordan dirigentes políticos y funcionarios. Y uno de los temas más frecuentemente discutidos es la instalación de aire acondicionado que aminore los efectos de las altas temperaturas. La existencia de dichos sistemas es muy variada en cada país. En España los tienen más de 50 por ciento de los hogares; en Francia, una cuarta parte, y en Alemania, 6 por ciento.
La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, ahora en campaña, en busca de la presidencia en 2027, es partidaria de acciones oficiales en pro de la instalación de dichos equipos. Sostiene que las políticas climáticas y las normas de eficiencia energética del gobierno actual frenan el acceso a los aires acondicionados y ponen en riesgo a la población durante las olas de calor.
Muy distinto opina el dirigente de la ultraizquierda, Jean-Luc Mélenchon. Considera que esos equipos aumentarán el calor en las calles. El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, coincide con él y advierte que, pese a ser útiles para enfriar determinados espacios colectivos, la instalación masiva de aparatos individuales amplifica el problema al calentar aún más la ciudad. Los aires acondicionados extraen calor del interior de una vivienda y lo expulsan al exterior. Y en una calle estrecha o una ciudad ya recalentada por el asfalto, como París, ese intercambio contribuye a elevar más la temperatura urbana.
Tercian en la discusión los expertos. Señalan que hay otras formas de abordar el problema, con tecnologías de última generación, más sostenibles. Por ejemplo, en vez de masificar la refrigeración mecánica, buena parte de los esfuerzos deben destinarse a crear sistemas para aislar los edificios del calor y aumentar zonas de sombra.
La Comisión Europea agrega que el aire acondicionado debe formar parte de la respuesta frente a las olas de calor cada vez más frecuentes. Pero debe combinarse con soluciones paralelas, como el aislamiento, la protección solar o la creación de zonas verdes.
Los responsables de la integridad del mobiliario urbano parisino se oponen a la masificación de los aires acondicionados en los edificios históricos. Especialmente en los que datan de la segunda mitad del siglo XIX, fruto de la radical transformación urbana que realizó el entonces prefecto de la urbe, Georges-Eugene Haussmann, el cual arrasó con el París antiguo y lo convirtió en la Ciudad Luz.
En lo que sí coinciden políticos y funcionarios es en instalar urgentemente aire acondicionado en los lugares donde más se necesita: los centros de salud, y, prioritariamente, en los hospitales, residencias de ancianos, el sistema educativo y el transporte público.
El calor extremo es más grave en las periferias de París y demás urbes europeas, donde vive la población de menos ingresos y constituye la fuerza laboral básica. Allí, las torres de departamentos, ocupadas por familias numerosas, están construidas con materiales no aptos para combatir la canícula. A lo que se suma el costo y el desigual acceso a los equipos de aire acondicionado.
Por las altas temperaturas, cierran la Torre Eiffel y acortan su horario grandes museos; se cancelan numerosos actos por la Fiesta Nacional, que se celebra mañana. Miles de familias salen de París de vacaciones; muchas van a lugares con temperaturas extremas. En tanto, la ciudad sigue en plena actividad. Residentes y turistas colman restaurantes, bares, museos, cines y lugares relevantes. Así, escapan de la inmensa mayoría de las viviendas y hoteles que no cuentan con aire acondicionado, apenas ventiladores.
Y, en el olvido por las instancias oficiales, los partidos políticos y la mayoría de la población, la urgencia de remplazar el actual modelo energético basado en los hidrocarburos, causante clave del cambio climático y de las olas de calor.
Cifra de muertos por sismos en Venezuela subió a 4 mil 900; suman casi 18 mil sin vivienda
Reuters
12 de julio de 2026 13:18
Caracas. El número de muertos por los dos terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4 mil 490, indicó este domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su cuenta de Telegram.
En el conteo oficial se mantuvo en 16 mil 740 la cantidad de heridos y 6 mil 462 personas rescatadas. Las personas sin vivienda suman 17 mil 907, según los datos.
