Sputnik
14 de abril de 2026 13:37
Río de Janeiro. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva respondió este martes con ironía al ser consultado sobre la posibilidad de que su homólogo estadunidense, Donald Trump, intervenga en las elecciones del país sudamericano, tal como sugirió recientemente el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha.
"Recelo no tengo, creo que (Trump) me ayudaría mucho si lo hiciese", declaró Lula en una entrevista con medios brasileños.
Lula hizo referencia al hecho de que los últimos candidatos apoyados por Trump por el mundo han sido derrotados, como el ultraderechista Viktor Orbán en Hungría el último domingo.
El mandatario criticó a los hijos del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por sus maniobras para que Trump redoble la presión contra Brasil.
"He visto a Trump opinando de las elecciones de Honduras, de Costa Rica… Es absurdo, una intromisión sin precedentes en la soberanía de un país", remarcó.
Lula recordó que hay un hijo de Bolsonaro (el exdiputado Eduardo Bolsonaro) residiendo en Estados Unidos y "pidiendo una intervención estadunidense en Brasil".
"Me parece un error de comportamiento, tanto de ellos pidiéndolo como de Trump haciéndolo", resaltó el líder progresista.
Protesta masiva de alcaldes en Argentina por deuda del gobierno
Farmacéuticas no entregarán medicinas a jubilados por falta de pagos
Stella Calloni Corresponsal
Periódico La Jornada Miércoles 15 de abril de 2026, p. 27
Buenos Aires. La extrema gravedad de la situación general en Argentina, en momentos en que el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) para jubilados y pensionados es arrasado por el total abandono del Estado, se refleja en la continuidad del paro nacional de los médicos de cabecera que entra en su tercer día en rechazo a la decisión de reducirles a la mitad el salario, ya insuficiente, y advierten sobre el colapso de esa institución a lo que se añade la advertencia de los farmacéuticos, que ya no pueden entregar medicamentos a jubilados debido a la deuda acumulada del gobierno.
El presidente Javier Milei no pudo encubrir el disparo de la inflación a 3.4 por ciento, pero sólo prometió más ajuste y mayor “motosierra”, en un encuentro de empresarios de la Cámara Argentina-Estados Unidos, en el que aseguró que su gobierno es exitoso, mintiendo abiertamente sobre la real situación que vive el país.
Por la mañana hubo una sorprendente movilización de cientos de alcaldes de distintos municipios para reclamar ante el Palacio de Hacienda, al ministro de Economía, Luis Caputo, por la deuda que el Estado acumula, lo que aumenta la situación de sobrevivencia de la mayoría de la población, que atraviesa uno de los momentos más difíciles sólo comparables con lo sucedido en 2001, cuando se produjo el gran estallido social, explicaron en documentos que entregaron en el lugar.
Los alcaldes se refirieron a las protestas de jubilados que se multiplican en todo el país por demoras y falta de medicamentos, y señalaron que la crisis del PAMI se produce “en un contexto de ajuste sobre el gasto público que impacta en áreas sensibles como la salud, con prestadores que denuncian atrasos en los pagos y provincias que advierten sobre el traslado de costos al sistema público”.
Los reclamos se hicieron en nombre de todos los partidos políticos, denunciando que el gobierno nacional recaudó 3.5 billones de pesos (unos 2 mil 600 millones de dólares) por el Impuesto a los Combustibles, que no utilizó ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en carreteras, a lo que se suma la emergencia alimentaria, la destrucción sistemática de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), la enorme pérdida de puestos de trabajo y la creciente precarización de los empleos que aún sobreviven.
“La realidad que vivimos en los municipios refleja con claridad el impacto de las actuales condiciones macroeconómicas sobre la vida cotidiana de nuestras comunidades. La caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad productiva y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiere una mirada federal y articulada”, expresaron desde la Federación Argentina de Municipios.
Los distintos referentes del peronismo regional reclaman desde hace tiempo por el caso de la provincia de Buenos Aires, a cuyo gobierno Milei niega la entrega de más de 25 mil billones de pesos (18 mil 300 millones de dólares) por la coparticipación que le corresponde, desde hace dos años tratando de asfixiar a ese estado, donde es más fuerte la oposición del partido Justicialista.
Casi la mitad de la población, sin un trabajo formal
Mientras, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) estableció ayer que el trabajo no registrado en Argentina alcanzó a 43 por ciento de la población ocupada durante el cuarto trimestre de 2025, lo que evidencia un contexto de alta precarización laboral.
“Los datos demuestran que una inmensa proporción de los trabajadores del país ejerce sus tareas al margen de los derechos laborales y sin aportes al sistema de seguridad social; además, las mayores complicaciones para la inserción formal recaen sobre los extremos de la pirámide poblacional. Casi seis de cada 10 personas de hasta 29 años y mayores de 65 con al menos una ocupación padecen esta condición de inestabilidad y la brecha de género profundiza los obstáculos dentro del segmento de menor edad.”
Esto se refleja también en las encuestas que señalan la caída de la imagen de Milei en más de 60 por ciento en todo el país.
También organizaciones del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad llegaron ante la sede del ministerio de Economía con el fin de demandar inmediata transferencia de recursos del Programa Federal Incluir Salud, indispensables para garantizar el pago de prestaciones a beneficiarios de pensiones no contributivas y afiliados del PAMI.
Delcy Rodríguez le insiste a Trump que levante todas las sanciones a Venezuela
Ángel González/ Especial para La Jornada
14 de abril de 2026 17:24
Caracas. Durante una reunión con el subsecretario Kyle Hausveit y una delegación del Departamento de Energía de Estados Unidos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez insistió este martes en la necesidad de que Washington levante todas las sanciones que mantiene sobre el país.
“Nosotros le insistimos al presidente Trump que ya deben cesar las sanciones contra Venezuela para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente”, expresó Rodríguez dirigiéndose a Hausveit y a Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas.
Tal como ya lo había mencionado el lunes durante el acto de firma de un convenio de intercambio de activos entre Petróleos de Venezuela y Chevron, la presidenta encargada señaló que las licencias que de alguna manera suavizan bajo ciertas condiciones las sanciones que pesan sobre la economía no permiten al país ofrecer la seguridad jurídica que los inversionistas necesitan.
“Una licencia, y lo voy a decir aquí y en todos los espacios, no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque está sujeta a temporalidad”, puntualizó.
Además, aseguró que Estados Unidos y Venezuela están “con la madurez suficiente” para establecer relaciones energéticas, económicas y de cooperación “en el marco de las legislaciones de ambos países”.
Como parte de su argumentación, Delcy Rodríguez se refirió al escenario energético actual, marcado por la guerra desatada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. “La realidad del mercado energético internacional está muy complicada y una Venezuela sin sanciones sin duda alguna hubiese podido tener mejor cooperación e intervención”, afirmó para luego invitar al gobierno de Donald Trump a “pensar en el futuro, en cómo construir una relación energética a largo plazo”.
Luego se dirigió a los empresarios presentes en la reunión, que formaban parte de la delegación estadunidense que visitó Caracas junto al subsecretario Hausveit, para darles la bienvenida “a esa relación a largo plazo”, de manera que “dentro de cinco, 10, 20, 30 años se pueda ver el resultado de lo que estamos haciendo hoy, escribiendo una página importante en la historia de nuestras relaciones”.
Las palabras de Delcy Rodríguez tienen lugar el mismo día que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro publicó las licencias 56 y 57 con las que, respectivamente, permite a empresas de Estados Unidos participar en actividades comerciales con el gobierno de Venezuela, bajo un estricto proceso de supervisión de los contratos, y autoriza transacciones con el Banco Central de Venezuela y algunas entidades de la banca pública, esto es: Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro.
De acuerdo con las especificaciones de la licencia número 57, se permite hacer operaciones de cambio de divisas; servicios bancarios, de pago y de cuentas corresponsales denominados en dólares estadounidenses; servicios relacionados con el cobro, envío, procesamiento o recepción de fondos o remesas. También incluye el mantenimiento, la operación o el cierre de cuentas; préstamos; transferencias; transferencias de fondos y servicios bancarios, entre muchas otras operaciones financieras.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Indígenas de México y América Latina continúan en la base de la pirámide de la concentración de la riqueza, sin perspectivas de movilidad social.Foto La Jornada
En el cuento de nunca acabar, sin importar de qué país se trate ni qué tipo de gobierno o régimen prevalezca, informes van y vienen –sin que la fecha de emisión altere el balance ascendente– y el resultado siempre es el mismo: la concentración del ingreso va viento en popa, no hay quien la frene e irremediablemente sale fortalecida sin importar si es temporada de huracanes, de vacas famélicas o de vientos de guerra que a todos destrozan, menos a los ricos que cada día son más ricos, dejando para la masa, si bien va, unas cuantas migajas.
Para el caso nacional, La Jornada (Dora Villanueva) lo resume así: “Los mexicanos con riquezas superiores a 100 millones de dólares en conjunto acumulan 503 mil millones de dólares, prácticamente lo mismo que el producto interno bruto (PIB) combinado de Chile y Uruguay. Esto lleva a una desigualdad de tal dimensión que menos de mil personas acaparan una cuarta parte de la riqueza del país, mientras la mitad más pobre se reparte 2 por ciento, destaca el Observatorio Fiscal Internacional (ITO, por sus siglas en inglés), que dirige el economista Gabriel Zucman, en una nota para México”.
Algo más: “mientras en los recientes 26 años la fortuna de los milmillonarios mexicanos ha aumentado más de 400 por ciento, la riqueza de la mitad de la población con menos recursos se quedó prácticamente estancada y ello se debe a que ‘México presenta una distribución del ingreso extremadamente desigual’: el uno por ciento más rico concentra 23 por ciento del ingreso nacional, mientras la mitad más pobre recibe 7 por ciento. Esa disparidad en los flujos de ingreso agudiza la desigualdad cuando se mide la riqueza. Mientras el 50 por ciento más pobre de la población en México concentra 2 por ciento del patrimonio total, el 10 por ciento más rico acapara 70 por ciento, y esta brecha es la parte menos aguda de la desigualdad”.
Ello, porque el uno por ciento más rico del país posee 43 por ciento del patrimonio nacional “y, si se quiere hacer un acercamiento mayor, menos de mil personas acaparan cerca de 25 por ciento de la fortuna total del país, detalla en el informe. Tan sólo Carlos Slim Helú y familia tienen el control de 125 mil millones de dólares; Germán Larrea y familia, de 67 mil 100 millones, y Alejandro Baillères y familia, de 19 mil 500 millones”.
El informe de referencia sólo actualiza cifras, porque ese lacerante resultado prácticamente es el mismo desde que, de una u otra forma, se divulga información sobre la brutal concentración del ingreso en México, algo tampoco novedoso porque el esquema se repite a lo largo y ancho del planeta. Lo único que se modifica, siempre al alza, es la riqueza acumulada.
En el caso de México, fue Carlos Salinas de Gortari quien “modernizó” la cúpula oligopólica del país (mandó a retiro a algunos personajes, incorporó a otros que resultaron más que beneficiados con su política económica) por medio de la privatización a ultranza, los “acuerdos” entre las partes (arreglos en lo oscurito, porque gratis no fue), el reparto de las zonas de influencia (al estilo de las cinco familias de Nueva York) y el tamaño de los contratos de obra pública, siempre asociados a grandes proyectos de infraestructura, finanzas, telecomunicaciones, petróleo, electricidad y demás, que al final de cuentas resultaron onerosísimas para la nación, incluidos interminables “rescates” (deuda privada convertida en deuda pública) con dineros de la nación (el Fobaproa no fue el único) que más tres décadas después los mexicanos siguen pagando, y lo seguirán haciendo.
Los sucesores de Salinas de Gortari mantuvieron la ruta, y sexenio tras sexenio los mismos de siempre acumularon más y más –siempre a costillas de la nación– y sus respectivas fortunas parecían surgidas de un cuento de hadas. Treinta y seis años al hilo, y ya que no había mayor cosa que privatizar y los anaqueles del Estado estaban prácticamente vacíos, por fin se dio un cambio que prometía un giro de 180 grados en la política económica. Pero algo falló: siete años después, a los de siempre no les han tocado un pelo; siguen gozando las mieles de los grandes contratos de obra pública y explotando sin consideración alguna las “zonas de influencia” asignadas desde el salinato, en particular, y en el régimen neoliberal, en general.
Así, el balance de la brutal concentración del ingreso en el país no tiene de dónde obtener un resultado distinto, porque a los de siempre nadie osa tocarles un pelo, y mientras no le metan el diente a esta tenebrosa realidad nacional no existirá justicia ni equilibrio social, ni siquiera en el discurso.
Las rebanadas del pastel
Y el barril mexicano a 88.87 dólares.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Estímulos fiscales a combustibles son factor de riesgo para las entidades federativas: Fitch
Foto autor
Jessika Becerra
14 de abril de 2026 19:25
Ciudad de México. Las entidades federativas enfrentarán presiones en sus ingresos, debido a los estímulos fiscales que activó el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, informó hoy la calificadora Fitch.
Explicó que la guerra junto con el bloqueo del estrecho de Ormuz impulsaron el aumento del precio de la mezcla mexicana por encima de 100 dólares por barril, casi el doble de los 54.9 dólares presupuestados para 2026.
Este aumento activó estímulos fiscales al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicable a los combustibles.
“En opinión de Fitch Ratings, el efecto neto sobre la Recaudación Federal Participable (RFP) sería neutralizado por el costo de los subsidios en el escenario base de un conflicto de corta duración; no obstante, dado el componente tributario con peso relativo importante del IEPS sobre la RFP, las participaciones federales podrían erosionarse y presionar los márgenes operativos de las entidades federativas”, aseguró la firma.
“Un conflicto prolongado que impulse el precio del crudo por encima de 120 dólares por barril podría amplificar los costos del IEPS más allá de los niveles de 2022, con implicaciones crediticias negativas mayores para las entidades federativas”, advirtió la institución financiera.
El IEPS a combustibles aporta aproximadamente 13 por ciento de la RFP cuando se recauda sin estímulos, como ocurrió entre 2015 y 2025, con excepción de 2022.
Para 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima una menor recaudación de 15 mil 800 millones de pesos (0.3 por ciento de la RFP) por concepto de IEPS a combustibles.
“Fitch considera que esta cifra podría subestimar el impacto probable dada la duración incierta del conflicto y la trayectoria ascendente de los subsidios. En 2022, cuando el conflicto Rusia-Ucrania elevó los precios energéticos, el costo por estímulos fiscales ascendió a 387 mil 500 millones de pesos, neutralizando casi en su totalidad los excedentes petroleros del sector público por 394 mil 100 millones de pesos.
Fitch apuntó que las condiciones macroeconómicas de 2026 son significativamente más débiles que las observadas en 2022.
Ese año, la RFP registró un crecimiento real de 6.4 por ciento pese a la caída del IEPS, impulsado por la fortaleza del impuesto sobre la renta (ISR) en un contexto de recuperación pospandemia y crecimiento económico de 3.7 por ciento.
Para 2026, Fitch estima un incremento del PIB de 1.7 por ciento en el escenario base conforme a su Global Economic Outlook de marzo de 2026.
No obstante, en un escenario adverso, estima un crecimiento de 1.0 por ciento.
Asimismo, el componente petrolero de la RFP se redujo de 44 por ciento en 2008 a 4 por ciento en 2025, lo que limita estructuralmente la capacidad de estos ingresos para compensar caídas en la recaudación tributaria.
“Fitch anticipa que los excedentes petroleros serán absorbidos por el costo de los estímulos fiscales, los cuales ascienden a aproximadamente 5 mil millones semanales, eliminando los remanentes que capitalizan el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo al FEIEF mantienen una tendencia decreciente, mientras el fondo enfrenta obligaciones financieras derivadas de las potenciaciones de 2020 y 2023.
Al cierre de 2025, su saldo ascendía a 12 mil 833 millones, equivalente a 0.9 por ciento de las participaciones federales, nivel insuficiente ante una caída significativa de la RFP.
Fitch no descarta una nueva potenciación durante 2026, lo que incrementaría las obligaciones del fondo y reduciría su capacidad como amortiguador fiscal.
Pese a los estímulos fiscales, Fitch espera presiones inflacionarias transitorias derivadas del encarecimiento energético, que mantendrá la inflación por encima de 4 por ciento (4.6 por ciento anual en marzo), las cuales comprimirían los márgenes operativos si no se controla el gasto público, las participaciones caen por debajo de lo presupuestado y los recursos del FEIEF resultan insuficientes.
“Las entidades federativas con mayor recaudación propia y menor apalancamiento están mejor posicionadas para absorber este doble choque. En contraste, aquellas cuyas participaciones representan una proporción elevada de sus ingresos totales y mantienen estructuras de gasto rígidas enfrentan una mayor exposición al deterioro del balance operativo, así como presiones sobre la cobertura del servicio de la deuda”, dijo Fitch.
