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Estefanía Ciro*
16 de enero de 2026 00:01
En 1986, Ronald Reagan redactó la directiva declarando al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Esta firma fue culminante de la primera metamorfosis de la guerra irregular, donde aparecía protagonizada por las agencias de inteligencia, en particular, la Administración de Control de Drogas defendida siempre por Joseph Biden. Para ese momento, era claro un tire y afloje de la Casa Blanca y el Congreso sobre el control de las aventuras imperiales desde décadas atrás.
Cuando el Congreso observó el desastre de la guerra de Vietnam intentó poner un freno con la War Act, pero el presidencialismo estadunidense inventó la “guerra contra las drogas” pudiendo abrir la posibilidad de usar ingentes recursos de los impuestos de los Estados Unidos para sus tareas intervencionistas. Así, la lucha antinarcóticos empezó a aparecer en el currículo de la Escuela de las Américas e inauguró un nuevo capítulo de la guerra irregular.
Su aplicación en nuestro continente fue en Colombia con la tozuda narrativa de las “narco-FARC”, de que el conflicto armado en ese país había acabado con la Constitución de 1991 y que, a partir de ahí, sólo quedaban actores armados sin ideología sedientos de dinero cuyo objetivo era acrecentar sus arcas en los mercados de la cocaína. Eso dividió las izquierdas armadas y no armadas. Con este discurso instalado, las élites colombianas y EU redactaron el Plan Colombia “para salvar a ese país de la amenaza narcotraficante”, convencieron al Congreso de los Estados Unidos y transfirieron una serie de recursos y poderes a agencias de inteligencia, empresas privadas del complejo militar y a la fiscalía general colombiana para apuntalar sus intereses geoestratégicos. Esta “guerra” fue un modo de ejercer el poder estatal, en Estados Unidos y en Colombia.
Loïc Wacquant, sociólogo estadunidense, ha insistido que el ala militar/penal y el ala asistencialista se puso con más evidencia en el día a día de la ciudadanía estadunidense. En América Latina, “la certificación” fue una forma de gobernanza iliberal como señaló Dominic Corva, a la que todos los dirigentes terminaron arrodillándose; entre más avanzó la “guerra contra las drogas”, más se deterioraron los derechos humanos, políticos y sociales de la población. Así conocíamos el mundo hasta Donald Trump.
La segunda etapa de la guerra irregular se gesta mientras las potencias mundiales apuntalan sus espacios vitales (hemisferio occidental, Euroasia, Asia) y terminan de resolver el dilema de Tucídides, si negocian o se confrontan. De las múltiples aristas de la doctrina Trump, un nuevo marco formal se está gestando. Desde el principio de su presidencia, el gobierno de EU ha intentado convertir a los cárteles en grupos terroristas, un problema de seguridad nacional.
Esta construcción jurídica y narrativa es la que le permitió el despliegue de las fuerzas navales al Caribe y adicionalmente, bombardear a los pescadores y tripulantes de lanchas con la excusa de ser narcotraficantes combatientes de grupos que amenazaban la seguridad nacional estadunidense.
Esta metamorfosis le dio –según sus cálculos– la posibilidad de 60 días de ejecución de hostilidades sin necesidad del permiso del Congreso estadunidense. Paradójicamente, secuestró a Nicolás Maduro y argumentó la legalidad de esa operación con una idea contraria: no necesitaba permiso del Congreso porque no era una operación sobre un delincuente, no un combatiente. Cada día sabemos algo nuevo, por ejemplo, que violó el principio de no perfidia al pintar un avión militar de civil para acercarse lo suficiente a los pescadores –considerados combatientes– y asesinarlos.
También se sabe que mató deliberadamente a varios sobrevivientes de los ataques a las lanchas en el Caribe, violando el principio de distinción. Esta percepción de total impunidad reflejado en este juego de brincar entre argumentos jurídicos, violándolos todos, está formalizando una nueva etapa de la guerra irregular. La prueba es que en septiembre de 2025 se publicó la nueva política de guerra irregular definida –en sus términos– como el uso indirecto, no atribuible o asimétrico llevado a cabo por estados o actores no estatales, para disputar la legitimidad e influencia del enemigo, y fortaleciendo la propia y la de sus aliados.
En este documento le otorgan el estatus formal dentro del marco de acción de las fuerzas conjuntas y se creó el Centro de Guerra Irregular donde se guiará la guerra no convencional, el contraterrorismo y la contrainsurgencia, la asistencia a fuerzas extranjeras de defensa y seguridad interna, las actividades de estabilización, la financiación de amenazas y de delincuencia organizada transnacional, las operaciones de asuntos civiles, operaciones de apoyo a la información militar y las operaciones en el entorno de la información.
Dice el documento que es fundamental la preparación de las operaciones de las fuerzas especiales con las ciencias sociales, los idiomas, y el conocimiento cultural y regional. El ejemplo de cómo operarán que publican es el siguiente: “en una nación costera aliada que se enfrenta a la coerción de una red criminal, un pequeño equipo de Fuerzas de Operaciones Especiales se despliega para trabajar con la policía marítima del país anfitrión.
Durante varios meses, el equipo ayuda a mapear los flujos financieros ilícitos, capacita a una unidad de abordaje seleccionada en el uso de equipos de bajo costo y fáciles de usar, y establece una sencilla célula de información que contrarresta la desinformación compartiendo resultados verificados de incautaciones y mensajes de seguridad para la comunidad.
Paralelamente, proyectos de asuntos civiles restauran un muelle dañado por una tormenta para reducir la dependencia de la comunidad de la economía del contrabando. La fuerza aliada lidera cada operación de interdicción, mientras que las Fuerzas de Operaciones Especiales mantienen un papel de asesoramiento. A medida que las detenciones perturban los ingresos de la red y el público recupera la confianza en las autoridades locales, la nación anfitriona mantiene las operaciones con una presencia mínima de Estados Unidos, un resultado ejemplar de la guerra irregular: erosionar la influencia del adversario, fortalecer la legitimidad del socio y negar la libertad de acción a los actores malintencionados”.
Estas serían las condiciones en su espacio vital (nuestro hemisferio), la vida cotidiana en el tecnofeudalismo militarizado con el riesgo de ser siervos de la nueva guerra sin los mínimos principios de proporción, distinción o no perfidia. Bajo estos criterios, a Renee Woods, la FBI la asesinó y justifica el actuar del ICE creándole un perfil post mortem de terrorista.
*Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva
Estefanía Ciro*
16 de enero de 2026 00:01
En 1986, Ronald Reagan redactó la directiva declarando al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Esta firma fue culminante de la primera metamorfosis de la guerra irregular, donde aparecía protagonizada por las agencias de inteligencia, en particular, la Administración de Control de Drogas defendida siempre por Joseph Biden. Para ese momento, era claro un tire y afloje de la Casa Blanca y el Congreso sobre el control de las aventuras imperiales desde décadas atrás.
Cuando el Congreso observó el desastre de la guerra de Vietnam intentó poner un freno con la War Act, pero el presidencialismo estadunidense inventó la “guerra contra las drogas” pudiendo abrir la posibilidad de usar ingentes recursos de los impuestos de los Estados Unidos para sus tareas intervencionistas. Así, la lucha antinarcóticos empezó a aparecer en el currículo de la Escuela de las Américas e inauguró un nuevo capítulo de la guerra irregular.
Su aplicación en nuestro continente fue en Colombia con la tozuda narrativa de las “narco-FARC”, de que el conflicto armado en ese país había acabado con la Constitución de 1991 y que, a partir de ahí, sólo quedaban actores armados sin ideología sedientos de dinero cuyo objetivo era acrecentar sus arcas en los mercados de la cocaína. Eso dividió las izquierdas armadas y no armadas. Con este discurso instalado, las élites colombianas y EU redactaron el Plan Colombia “para salvar a ese país de la amenaza narcotraficante”, convencieron al Congreso de los Estados Unidos y transfirieron una serie de recursos y poderes a agencias de inteligencia, empresas privadas del complejo militar y a la fiscalía general colombiana para apuntalar sus intereses geoestratégicos. Esta “guerra” fue un modo de ejercer el poder estatal, en Estados Unidos y en Colombia.
Loïc Wacquant, sociólogo estadunidense, ha insistido que el ala militar/penal y el ala asistencialista se puso con más evidencia en el día a día de la ciudadanía estadunidense. En América Latina, “la certificación” fue una forma de gobernanza iliberal como señaló Dominic Corva, a la que todos los dirigentes terminaron arrodillándose; entre más avanzó la “guerra contra las drogas”, más se deterioraron los derechos humanos, políticos y sociales de la población. Así conocíamos el mundo hasta Donald Trump.
La segunda etapa de la guerra irregular se gesta mientras las potencias mundiales apuntalan sus espacios vitales (hemisferio occidental, Euroasia, Asia) y terminan de resolver el dilema de Tucídides, si negocian o se confrontan. De las múltiples aristas de la doctrina Trump, un nuevo marco formal se está gestando. Desde el principio de su presidencia, el gobierno de EU ha intentado convertir a los cárteles en grupos terroristas, un problema de seguridad nacional.
Esta construcción jurídica y narrativa es la que le permitió el despliegue de las fuerzas navales al Caribe y adicionalmente, bombardear a los pescadores y tripulantes de lanchas con la excusa de ser narcotraficantes combatientes de grupos que amenazaban la seguridad nacional estadunidense.
Esta metamorfosis le dio –según sus cálculos– la posibilidad de 60 días de ejecución de hostilidades sin necesidad del permiso del Congreso estadunidense. Paradójicamente, secuestró a Nicolás Maduro y argumentó la legalidad de esa operación con una idea contraria: no necesitaba permiso del Congreso porque no era una operación sobre un delincuente, no un combatiente. Cada día sabemos algo nuevo, por ejemplo, que violó el principio de no perfidia al pintar un avión militar de civil para acercarse lo suficiente a los pescadores –considerados combatientes– y asesinarlos.
También se sabe que mató deliberadamente a varios sobrevivientes de los ataques a las lanchas en el Caribe, violando el principio de distinción. Esta percepción de total impunidad reflejado en este juego de brincar entre argumentos jurídicos, violándolos todos, está formalizando una nueva etapa de la guerra irregular. La prueba es que en septiembre de 2025 se publicó la nueva política de guerra irregular definida –en sus términos– como el uso indirecto, no atribuible o asimétrico llevado a cabo por estados o actores no estatales, para disputar la legitimidad e influencia del enemigo, y fortaleciendo la propia y la de sus aliados.
En este documento le otorgan el estatus formal dentro del marco de acción de las fuerzas conjuntas y se creó el Centro de Guerra Irregular donde se guiará la guerra no convencional, el contraterrorismo y la contrainsurgencia, la asistencia a fuerzas extranjeras de defensa y seguridad interna, las actividades de estabilización, la financiación de amenazas y de delincuencia organizada transnacional, las operaciones de asuntos civiles, operaciones de apoyo a la información militar y las operaciones en el entorno de la información.
Dice el documento que es fundamental la preparación de las operaciones de las fuerzas especiales con las ciencias sociales, los idiomas, y el conocimiento cultural y regional. El ejemplo de cómo operarán que publican es el siguiente: “en una nación costera aliada que se enfrenta a la coerción de una red criminal, un pequeño equipo de Fuerzas de Operaciones Especiales se despliega para trabajar con la policía marítima del país anfitrión.
Durante varios meses, el equipo ayuda a mapear los flujos financieros ilícitos, capacita a una unidad de abordaje seleccionada en el uso de equipos de bajo costo y fáciles de usar, y establece una sencilla célula de información que contrarresta la desinformación compartiendo resultados verificados de incautaciones y mensajes de seguridad para la comunidad.
Paralelamente, proyectos de asuntos civiles restauran un muelle dañado por una tormenta para reducir la dependencia de la comunidad de la economía del contrabando. La fuerza aliada lidera cada operación de interdicción, mientras que las Fuerzas de Operaciones Especiales mantienen un papel de asesoramiento. A medida que las detenciones perturban los ingresos de la red y el público recupera la confianza en las autoridades locales, la nación anfitriona mantiene las operaciones con una presencia mínima de Estados Unidos, un resultado ejemplar de la guerra irregular: erosionar la influencia del adversario, fortalecer la legitimidad del socio y negar la libertad de acción a los actores malintencionados”.
Estas serían las condiciones en su espacio vital (nuestro hemisferio), la vida cotidiana en el tecnofeudalismo militarizado con el riesgo de ser siervos de la nueva guerra sin los mínimos principios de proporción, distinción o no perfidia. Bajo estos criterios, a Renee Woods, la FBI la asesinó y justifica el actuar del ICE creándole un perfil post mortem de terrorista.
*Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva
Estados Unidos minimiza despliegue de militares europeos en Groenlandia; “no afecta el objetivo del presidente”
Afp, Ap, Reuters y Sputnik
Periódico La Jornada Viernes 16 de enero de 2026, p. 19
Washington. Estados Unidos declaró ayer que el despliegue de una misión de militares europeos en Groenlandia no afecta al objetivo del presidente, Donald Trump, de tomar este territorio de Dinamarca en el Ártico.
Varios países europeos comenzaron a desplegar elementos militares en Groenlandia, tras una reunión en Washington entre autoridades de Dinamarca y de la isla ártica con el vicepresidente estadunidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.
En la cita, Dinamarca buscó apaciguar a Estados Unidos, luego de que Trump amenazó con anexionar ese territorio al alegar que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo lo ocuparían Rusia o China.
La Casa Blanca afirma que considera comprar la isla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.
Tras el encuentro, el vice primer ministro groenlandés, Mute Egede, anunció el despliegue de más tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el territorio desde el miércoles y varios países europeos enviaron a militares en una misión de exploración.
“No creo que (el despliegue de) tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni tampoco tiene ningún impacto en su objetivo de adquirir Groenlandia”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.
Desacuerdo fundamental
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, informó ayer que se está formando “un grupo de trabajo” para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.
Pero “eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadunidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta”, indicó a la Afp la jefa del Ejecutivo de Dinamarca, un tradicional aliado de Estados Unidos e integrante de la OTAN.
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que “el diálogo y la diplomacia son el camino correcto a seguir” y celebró que las conversaciones estén “en marcha”.
El miércoles, dos aviones daneses con tropas aterrizaron en Groenlandia, y Dinamarca consiguió que Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia desplieguen militares para una operación de reconocimiento, que se inscribe en el marco del ejercicio danés Arctic Endurance.
Ante este hecho, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que un primer equipo de militares franceses “ya está sobre el terreno”, y señaló que su país enviará más “medios terrestres, aéreos y marítimos” en los próximos días.
La primera ministra danesa aseveró que “existe un consenso dentro de la OTAN en que una presencia reforzada en el Ártico es crucial para la seguridad de Europa y Estados Unidos”.
Dinamarca destacó que invirtió casi 14 mil millones de dólares en la seguridad del Ártico, aunque Trump se mofó al decir “¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, Ya! ¡Dos trineos de perros no bastan!”
Por su parte, Rusia calificó ayer de “mito” las acusaciones de que su país supone una “amenaza” para Groenlandia.
Presidenta pide reforma petrolera en Venezuela para atraer inversión
El capital foráneo, a nuevos campos // Si un día voy a EU lo haré de pie, no arrastrada, afirma
▲ Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo venezolano, anunció ante el Parlamento que el capital extranjero que llegue al país irá a fondos para atender problemas sociales.Foto Afp
Ángel González Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Viernes 16 de enero de 2026, p. 17
Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este jueves a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permitirá aumentar y diversificar la inversión extranjera en la industria petrolera nacional.
Durante la presentación de la memoria y cuenta del año 2025 ante el Parlamento, Rodríguez resaltó que la propuesta apunta a la incorporación en la ley de hidrocarburos de los modelos productivos que están en la norma antibloqueo, “como el ‘modelo Chevron’, que permitió inversiones cercanas a 900 millones de dólares mediante capitales mixtos y reinversión de dividendos”.
La mandataria agregó que la intención es que los flujos de capital sean incorporados “a nuevos campos, donde nunca se ha hecho inversión ni hay infraestructura”.
La ley antibloqueo, aprobada en 2019, permite la “inaplicación” de ciertas leyes y normas en casos específicos cuando éstas sean “imposibles o contraproducentes” (artículo 19) por efecto de las sanciones extranjeras y, de esta manera, asegurar y atraer inversiones extranjeras.
También establece “mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios” con el fin de “contrarrestar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales y otras acciones restrictivas o punitivas” (artículo 21).
Este anuncio se produce a menos de una semana de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió en la Casa Blanca a las principales empresas petroleras estadunidenses e internacionales para tratar sobre inversiones en la industria petrolera venezolana.
Llama a preservar la paz
Ante ese panorama, la presidenta encargada hizo este anuncio junto a una reflexión relativa a la amenaza que sufre el país actualmente. Invitó a todas las facciones políticas a contribuir para preservar la paz de Venezuela.
“No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada, no; ¡Venezuela toda está amenazada!”, expresó.
Rodríguez anunció que las divisas que ingresen al país por concepto de venta de petróleo irán a dos fondos que ordenó crear: uno de protección social, destinado a mejorar el ingreso de los trabajadores, así como a presupuestos de educación, vivienda y alimentación; y una cartera para proyectos de infraestructura y servicios. También aseguró que se creará una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos.
Sin miedo al diálogo
Delcy Rodríguez también se refirió a la relación política con el gobierno de Estados Unidos, luego de la intervención militar y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
Enmarcó la situación actual en lo que llamó una “contradicción histórica entre Estados Unidos y Venezuela”, al citar ejemplos de los diferentes momentos en que el libertador Simón Bolívar se enfrentó al poder estadunidense. Expresó que con este ejemplo abordará la relación con Washington por la vía diplomática.
“No le tengamos miedo a la contradicción histórica. Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela.
“Y dijimos, lo juramos, que la íbamos a dirimir diplomáticamente, cara a cara, como nos enseñó Bolívar, a no tenerle miedo. No le tengamos temor a la diplomacia”, expuso.
Reiteró el llamado a todos los partidos políticos a defender juntos la soberanía, la independencia, la integridad territorial y también la dignidad y el honor.
“Entiendan lo que quiero decir. Sabemos que son muy poderosos, que son una potencia mundial letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente, a través del diálogo político, como corresponde, y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica”.
Rodríguez no descartó acudir a Washington para reunirse con Trump. Durante su discurso ante el Parlamento aseguró que lo haría con dignidad.
“Yo les digo, si algún día me toca como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada… es lo que corresponde”.
