Aunque todo indica que la conversación discurrió en un tono cordial, de respeto mutuo y que de momento se encuentra apaciguado el afán del magnate por trasladar a nuestro país sus delirios bélicos, es evidente que la amenaza permanece latente. Así lo mostró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, al hablar de una “excelente conversación con la Presidenta de México”, para a continuación añadir que el principal objetivo de Trump “es frenar el flagelo del narcoterrorismo que está destruyendo comunidades en todo el país y está dispuesto a usar cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadunidenses”. Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó al canciller Juan Ramón de la Fuente a fortalecer la cooperación contra “violentas redes narcoterroristas”.
Dicho lenguaje no habla de cooperación, sino de coerción: debe recordarse que en la legislación estadunidense calificar a una persona u organización de “terrorista” abre la puerta a acciones armadas por encima de las leyes locales e internacionales. De este modo, la errónea clasificación de las organizaciones criminales como terroristas no es una estrategia de combate al delito, sino un pretexto para el abuso de la fuerza, como se ha demostrado en el bloqueo homicida contra Cuba, la prolongada ocupación colonial de Afganistán e Irak, las ejecuciones extrajudiciales contra tripulantes de embarcaciones en el Caribe y el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.
Mientras la Casa Blanca porfíe en la confusión del fenómeno delictivo y el terrorismo, y en tanto Trump ubique su “propia moralidad” como único freno a sus acciones, sin ninguna consideración por las leyes o los derechos humanos, ni México ni ningún otro país puede dar por sentado que se encuentra a salvo de agresiones por parte de Estados Unidos, un hecho que las autoridades deben tener presente en cualquier interacción con sus contrapartes de Washington. La cabeza fría y la habilidad para esquivar las provocaciones del magnate no pueden confundirse con ingenuidad respecto a las intenciones del republicano.
Por último, quienes justifican cualquier exceso en el nombre del combate al narcotráfico y las adicciones harían bien en recordar que Trump y sus antecesores no han usado “cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadunidenses”: no han articulado una política medianamente coherente de prevención, no han actuado contra las farmacéuticas que provocaron la epidemia de dependencia a los opioides, no hacen nada para sacar a la luz y desmantelar a los grandes grupos criminales que operan en su propio territorio, toleran abiertamente el consumo de estupefacientes entre las clases medias y altas y, ante todo, promueven un sistema financiero y un entorno empresarial que han hecho de su país el mayor centro de lavado de dinero del planeta. En vez de “ofrecer su ayuda” para exportar una estrategia de violencia que nunca ha dado resultados en la reducción del narcotráfico, el trumpismo tendría que enfocarse en arreglar el desastre doméstico; por ejemplo, destinando al tratamiento de las adicciones las decenas de miles de millones de dólares que derrocha en cacerías humanas contra migrantes cuya única falta ha sido creer en el mito del sueño americano.
Poder sin límites: con Trump todo puede suceder
Magdalena Gómez
13 de enero de 2026 00:05
El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, fue ilegal e inconstitucional. Se trató de una intervención militar, sin el conocimiento del Congreso ni su aprobación, y además, el presidente Donald Trump violó el derecho internacional. Entre otros, el artículo 2, sección 4, de la Carta de Naciones Unidas, que a la letra dice: “Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de Naciones Unidas”.
La ONU eludió una mínima postura de condena para dar cuenta de esta grave violación. La geopolítica en acción, los intereses en juego en los otros conflictos abiertos y vigentes determinan el no involucramiento, una suerte de dejar hacer, dejar pasar. Ni siquiera llamaron a consulta a sus embajadores en Estados Unidos.
A 10 días del secuestro, podemos anotar algunos de los elementos que es importante considerar. En primer lugar, no se conoce un informe detallado del operativo militar desplegado ni de las víctimas, incluidas las del país invasor, que trató de negar que tuviera bajas. La noticia asumida por el propio gobierno de Cuba fue la de la muerte de 30 guardias de su país asignados a la custodia y defensa del presidente Maduro; lo demás se mantiene en completa oscuridad.
Sabemos que la incursión tuvo como objetivo presentar ante la corte de Nueva York a las víctimas del secuestro, quienes en la primera audiencia se declararon no culpables y el presidente Maduro señaló que sigue siendo presidente de Venezuela.
La acusación versa sobre involucramiento en narcotráfico. Esta bandera, con muy frágiles evidencias, ha sido abandonada por Trump para reconocer que de lo que se trata es del control sobre el petróleo de Venezuela.
El presidente Trump, desde el anuncio del secuestro, se asumió materialmente al mando de la República de Venezuela, y al margen de las decisiones internas del país, anunció que había conversado con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y había llegado a acuerdos amenazando que si no cumplía, le iría peor que al presidente Maduro. Con ello colocó una estela de duda frente a su nombramiento constitucional como presidenta encargada en ausencia del presidente.
En adición a esta postura, públicamente negó el aval a la Nobel de la Paz Corina Machado para colocarse al frente del país. Junto a la prioridad por el control y comercio directo del petróleo, públicamente señaló que Venezuela debe romper relaciones con Cuba, China y Rusia, y anunció el 7 de enero que las “autoridades interinas de Venezuela entregarán a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad”.
El petróleo, dijo, se venderá a precios de mercado y “el dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos”. Para ello se ha entrevistado con las empresas petroleras de su país y está en proceso el retiro de sanciones que había impuesto a Venezuela como limitantes a su política petrolera.
En paralelo, tiene abiertos frentes contra Cuba y Colombia, y mantiene su intención de apoderarse de Groenlandia. Esta política imperialista tiene un historial de antecedentes de agresiones del gobierno estadunidense: Irak, Libia, Siria, Honduras, Panamá, Venezuela, Irán, Cuba y ahora de nuevo Venezuela.
En este contexto, el reformador de la Doctrina Monroe ha reactivado su amenaza contra México al considerar que está gobernado por los cárteles. En Estados Unidos, la sociedad está dividida, y en el Congreso se han promovido dos iniciativas. El Senado aprobó la decisión de prohibir una nueva agresión militar a Venezuela sin autorización explícita del Congreso, que aún debe ser aprobada por la Cámara baja y promulgada por el presidente.
Por otra parte, para el caso de México, un grupo de legisladores envió una misiva aludiendo a la acción militar de Estados Unidos dentro de México sin consentimiento de México y sin autorización del Congreso. Se razonó sobre los impactos negativos que tendría en los planos comercial y social, además de ponderar la entrega de México de capos a Estados Unidos.
Dentro de nuestro país encontramos que se han expresado posiciones críticas a la defensa y solidaridad con Venezuela; hablan, por ejemplo, de “nacionalismo trasnochado” o de que se deben evitar consignas radicales, y enfatizan más la crítica al presidente Maduro que la condena a la política de intervención. A riesgo de que me acusen de nepotismo editorial, debo señalar que el periódico La Jornada ha cubierto de manera destacada el análisis y la información, así como las implicaciones regionales y mundiales. Lo evidente es que no se perfila el desenlace del conflicto.
El presidente Trump declaró que “mi propia moralidad. Mi propia conciencia. Es lo único que puede detenerme”. ¿A qué moral se referirá?
Minesota e Illinois denuncian al ICE por uso peligroso de la fuerza
▲ Represión cometida ayer por agentes migratorios contra residentes de Mineápolis.Foto Ap
Ap y Reuters
Periódico La Jornada Martes 13 de enero de 2026, p. 19
Minéapolis. El estado de Minesota interpuso una demanda ayer contra el gobierno federal para frenar la invasión de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego de que la administración del presidente Donald Trump desplegó más efectivos en Mineápolis para enfrentar las protestas contra las redadas, mientras el estado de Illinois presentó otra denuncia por el “uso peligroso de la fuerza” por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Minesota y las ciudades gemelas de Mineápolis y St. Paul presentaron la demanda en un tribunal federal, junto con la solicitud de una orden de restricción temporal para detener o limitar la operación del ICE, tras el asesinato de la ciudadana estadunidense Renee Nicole Good a manos de un agente de esa corporación.
El DHS informó que pretende enviar más de 2 mil agentes de inmigración a Minesota y se jactó que ha realizado más de 2 mil arrestos en la ciudad desde que comenzó la operación el mes pasado. El ICE aseguró que se trata de su mayor operación hasta la fecha.
Asimismo, agentes lanzaron ayer gas lacrimógeno para dispersar a personas que se juntaron para observar las secuelas el impacto de un vehículo del ICE contra el automóvil de un civil en Mineápolis, a pocas cuadras de donde Good murió baleada la semana pasada.
La multitud se reunió para atestiguar cómo un hombre era interrogado por agentes que chocaron su vehículo. Los uniformados usaron gas para ahuyentar al grupo, luego se marcharon mientras la gente les gritaba: “¡Cobardes!”
“Me alegra que no me dispararon”, declaró Christian Molina, la víctima del interrogatorio, a los periodistas. De pie cerca de su auto dañado, preguntó en voz alta: “¿quién va a pagar por mi coche?”
Se trató de otra escena tensa tras la muerte de Good el 7 de enero.
Cientos de estudiantes salieron de la escuela secundaria Roosevelt, en Mineápolis, con pancartas con leyendas como: “Fuera ICE” y “Bienvenidos a Panem”, una referencia a la sociedad distópica de la serie de libros Los juegos del hambre.
En tanto, Illinois demandó a la administración Trump. El gobernador demócrata del estado JB Pritzker indicó que se presentó una querella por el “uso peligroso de la fuerza” por parte del DHS.
“Aunque los acusados describen este asalto como ‘control migratorio’, la realidad es que personal uniformado y con entrenamiento militar, que porta armas de fuego semiautomáticas y de uso castrense, ha arrasado durante meses Chicago y sus alrededores, al detener, interrogar y arrestar ilegalmente a residentes y atacándolos con químicos”, detalló el gobernante en la demanda.
En tanto, desde su regreso al poder, Trump también revocó más de 100 mil visados, incluidos unos 8 mil de estudiantes y 2 mil 500 especiales de personas con historial delictivo, en una estricta política de control migratorio, informó el Departamento de Estado.
