Desde 2002, fecha del golpe de Estado de 47 horas contra Hugo Chávez, Washington ha auspiciado o apoyado infructuosamente, una y otra vez, el cambio de régimen en Venezuela. En nombre de los derechos humanos, la libertad y la democracia, se han suscitado o combinado ininterrumpidamente sanciones económicas, revoluciones de colores, paros petroleros, reconocimiento a mandatarios espurios, robo de divisas e infraestructuras, intentos de magnicidio, ofensivas mediáticas, asonadas militares y amenazas de invasión terrestre.
Muchas de estas agresiones, que buscan apropiarse de las reservas de oro negro más grandes del planeta, son actos de piratería internacional. Han causado gran daño al país y un enorme sufrimiento a su población. Han provocado multimillonarias pérdidas de ingresos petroleros. Multitud de venezolanos han debido migrar a otras naciones para subsistir. Mientras tanto, una parte de la vieja oligarquía escuálida se da la gran vida en sus palazuelos en Miami y Madrid.
Sin embargo, a pesar de la letalidad de los castigos y la inclemencia del cerco, la Revolución bolivariana sigue adelante. Ciertamente, algunos dirigentes políticos chavistas han traicionado. Unos pocos militares y oficiales de los servicios de inteligencia se han pasado a las filas enemigas. Intelectuales han sucumbido al canto de las sirenas metropolitanas. Pero, contra viento y marea, la mayoría de la población pinta su raya a la democracia de las cañoneras; se mantiene fiel a un proyecto que les permitió recuperar dignidad y avanzar en el poder popular.
Desde hace 27 años, el bolivarianismo ha ganado casi todas las elecciones en juego. Desesperado, ante el descalabro, el imperio ha ensayado otras fórmulas para el cambio de régimen. En diciembre de 2007, Enrique Krauze puso las cartas sobre la mesa. “Si Hugo Chávez ha pensado en convertir Venezuela en una Cuba con petróleo, los venezolanos que se oponen han descubierto el antídoto. Es el movimiento estudiantil”, escribió. Así que la ultraderecha se montó en este movimiento y ensayó un esquema insurreccional. Sin embargo, los cachorros de la reacción chocaron con una realidad que no estaba en sus manuales. Así que se marcharon a hacer fortuna al extranjero.
Todas las apuestas imperiales de cambio de régimen han topado con lo que, hasta ahora, parece infranqueable: la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). No hay un solo indicador que muestre alguna fisura a su interior.
Parte de la clave de esta unidad es el desarrollo de una nueva doctrina militar conocida como Defensa Integral de la Nación. En ella, se trata de enfrentar la amenaza bélica estadunidense sobre la base de un conjunto de acciones que disuadan a un enemigo tecnológica y numéricamente superior. Esta estrategia tiene tres elementos centrales: el fortalecimiento del poder militar, la profundización de la unión cívico-militar (pueblo y soldados), y el robustecimiento de la participación popular en las tareas de la defensa nacional.
Las fuerzas armadas de antes estaban fragmentadas en divisiones, brigadas. El comandante Chávez organizó el país en regiones, y en cada región hay una estructura militar con todos los componentes: Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional, milicias y pueblo. Si alguien ataca una región, esa región tiene capacidad para defenderse sola. No necesita mover unidades de otro lugar.
El 23 febrero de 2019, con el pretexto de introducir ayuda humanitaria desde Colombia, la contra y Washington intentaron establecer en Táchira una cabeza de playa que le diera al espurio Juan Guaidó control de una franja de territorio venezolano para establecer una “sede de gobierno”. Durante 17 horas se suscitaron fuertes enfrentamientos entre chavistas y paramilitares y guarimberos venezolanos, que operaban mayoritariamente desde el lado colombiano. La refriega terminó con la derrota escuálida. Allí, al calor de los hechos, en las instalaciones militares a un lado del puente Simón Bolívar, conversé con Diosdado Cabello, en aquel entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Estuvieron presentes también la mayoría de los jefes de la FANB, a los que me presentó como sus amigos, y como viejos colaboradores de Hugo Chávez.
Le pregunté por la firmeza de sus tropas. De buen humor, me explicó: “El presidente Maduro ha ido a todos los cuarteles. Se presenta en la madrugada. Llega, corre con ellos, comparte, hace ejercicios militares con ellos. Nosotros tenemos un contacto total con ellos. Somos como hermanos. Muchos estamos en este movimiento desde que éramos niños. Nos acompañamos y nos seguimos. Somos una familia. No van a lograr quebrarnos...”
Sobre el papel de las milicias, me dijo: “Para los amigos del Estado, son un diamante. Para los enemigos del Estado, son la peor noticia” (https://shorturl.at/FXYRe).
Una intervención militar de un país extranjero en Venezuela es muy complicada, y no sólo por la unión cívico-militar. Caracas ha modernizado su armamento adquiriéndolo de Rusia, China e Irán, con quienes además tiene una alianza. Pero además, tiene una superficie de casi un millón de kilómetros cuadrados. Su orografía es muy diversa: sistemas montañosos de Andes, la Cordillera de la Costa y el Macizo Guayanés, junto con la extensa cuenca del río Orinoco. Tiene 4 mil 208 kilómetros de costas y densas selvas. Los barrios populares de ciudades como Caracas son una ratonera. Comparte una frontera con Colombia de 2 mil 341 kilómetros, otra con Brasil de 2 mil 199 kilómetros, y una más con Guyana de 789 kilómetros. Ningún país vecino desea un conflicto bélico en sus linderos.
Venezuela dispone de hombres, armas, determinación y territorio capaces de sostener una resistencia popular prolongada, convirtiendo un intento de ocupación del país en un pantano para quien la ensaye. Independientemente de lo que podría suceder el día de la ocupación, el verdadero reto militar para una fuerza invasora consiste en qué hacer los días después. Sin embargo, más allá de lo que pueda suceder en el futuro, en Venezuela es hoy la hora de la paz.
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Arrecia disputa entre la comunista Jara y el derechista Kast por presidencia chilena
Aldo Anfossi Corresponsal
Periódico La Jornada Martes 9 de diciembre de 2025, p. 26
Santiago. Chile entró en la recta final de la carrera presidencial cuyo desenlace ocurrirá el domingo 14, cuando en segunda vuelta se enfrenten la militante comunista y abanderada de la centro izquierda, Jeannette Jara, y el republicano José Antonio Kast, un fanático religioso partidario de la dictadura de Augusto Pinochet (1973/90) que llega como favorito.
La oficialista, quien hace un mes venció en primera vuelta con 26.85 por ciento, tiene un panorama muy difícil porque la suma de votos que obtuvo Kast (23.92 por ciento) más las otras dos candidatos derechistas, le dieron al sector casi 51 por ciento de las preferencias.
Es probable que pocos electores conservadores opten por migrar a la candidatura de Jara.
Sabedora de eso, la aspirante –de 51 años, administradora pública y ex ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric– se volcó a una campaña dura con ataques a Kast como un riesgo para los derechos sociales de los que fue gestora: reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales –una conquista muy valorada– y la reforma previsional, cuyo sello solidario agrietó el modelo de ahorro individual, permitiendo el incremento a la pensión básica de 2 millones de personas.
La semana pasada, en un debate radial que tuvo 4.5 millones de oyentes, Jara cargó fuerte contra el equipo de Kast y denunció a su potencial ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al recordar que fue sancionado porque ideó la “colusión del pollo”, un acuerdo ilegal entre empresas avícolas y supermercados entre 2008 y 2011 para fijar precios.
“Tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente. Tú te jodes a la gente. El punto es que los amparas en tu equipo”, le espetó ella.
Quiroz figura además en la “colusión de las farmacias”, cuando acordaron el precio de 200 medicamentos esenciales en 2007 y 2008.
Jara tendrá oportunidad de mantener su ofensiva este martes, en un debate televisivo.
Kast, de 59 años, abogado, padre de nueve hijos, es postulado por tercera vez, antes en 2017 y 2021. Su campaña, además de culpar al actual mandatario de cuanto mal padece el país y de asociarlo a su rival –“Jara es Boric y Boric es Jara”, afirmó este domingo– se basa en un discurso antimigrante, con la promesa de sacar a 330 mil en situación irregular.
Estructuró un discurso que apela al miedo a la delincuencia, caracterizada por la violencia de los crímenes a menudo a cargo de sicarios venezolanos y colombianos.
Kast evita responder sobre aborto, matrimonio igualitario, eutanasia, control de la natalidad, sexualidad en la educación, y menciona “ideología de género” para referirse al feminismo.
Visitó a condenados por delitos de lesa humanidad, la mayoría militares y es partidario de enviarlos a sus casas.
Según la socióloga Silvia Lamadrid, que Kast evite la retórica contra feministas y diversidades sexuales, no implica que varió convicciones, “que ha practicado consecuentemente en su propia familia. Su visión de las relaciones de género es patriarcal y en ella el papel de las mujeres es la crianza y el cuidado de otros, renunciando a su proyecto de vida”.
El economista Eugenio Rivera, director de la Fundación Casa Común, plantea que “con Kast llegaría al gobierno un partido que se ha negado a acuerdos. Se vio en el segundo proceso constitucional (2023), cuando republicanos quisieron imponer una Constitución que representaba un retroceso en las libertades y derechos de la gente para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones”.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, publicó que Kast es “una defensa del orden, la autoridad vertical y la homogeneidad cultural”, un conservadurismo que “suele ocultar privilegios, justificar jerarquías y minimizar la diversidad como un problema más que como una riqueza democrática”.
Si Kast gana, la izquierda chilena deberá encontrar respuesta a qué erró para que tras seis gobiernos progresistas, desde 1990, y a 52 años del golpe militar de 1973, la antípoda de todo aquello se convirtió en mayoría.
Se vuelve a cerrar la elección en Honduras al reanudarse el conteo
Denuncian 892 casos de coacción del voto por mafias
Reuters
Periódico La Jornada Martes 9 de diciembre de 2025, p. 25
Tegucigalpa. La ventaja que el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía frente al contendiente del centrista Liberal, Salvador Nasralla, se acortó ayer en la tarde tras reanudarse el escrutinio en las elecciones presidenciales de Honduras, después de tres días de que el sistema estuvo detenido.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que con 91.62 por ciento de las actas escrutadas, Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien es respaldado abiertamente por Donald Trump, tenía 40.10 por ciento de los votos, frente a 39.72 del presentador de televisión Nasralla.
La diferencia de sufragio entre ambos se redujo a poco más de 11 mil 200 votos, en comparación con los 20 mil que los separaban al reanudarse el escrutinio por la mañana.
Más atrás figura la candidata del oficialista Libre, la ex ministra izquierdista Rixi Moncada, con 19.16 por ciento de las preferencias y la mitad de votos que obtuvieron sus contrincantes.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció en un comentario en X la reanudación del conteo tras “realizarse las acciones técnicas necesarias (acompañadas de auditoría externa)” y que los datos estaban actualizándose en la “divulgación de resultados”.
“Candidatos y candidatas deben estar pendientes y, en su caso, presentar las impugnaciones que correspondan de acuerdo con la ley", agregó. El viernes, cuando se detuvo el conteo de votos, el porcentaje de actas escrutadas era de 88.02, ligeramente superior al del lunes por la mañana. El CNE seguía sin explicar cómo había sucedido esto.
La comisionada presidenta del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911), Miroslava Cerpas, afirmó que el crimen organizado alteró las elecciones, de acuerdo con cientos de denuncias hechas por la población a ese servicio de auxilio.
“Son 892 audios de llamadas recibidas al Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se denuncia intimidación, coacción del crimen organizado, compra y venta de votos, alteración al proceso electoral, secuestro de material comicial, decomiso de documentos de identificación para votar”, aseguró Cerpas.
La fiscalía giró una orden de aprehensión contra el ex mandatario Juan Orlando Hernández, por “lavado de dinero y fraude”.
Hernández purgaba una sentencia de 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, pero fue indultado por el presidente de ese país, Donald Trump, hace una semana.
