Sólo Chevron puede exportar crudo
▲ Un dron militar permanece en el aeropuerto de Aguadilla, en Puerto Rico, como parte de la ofensiva desplegada por el gobierno de Trump en costas de Latinoamérica.Foto Afp
De la redacción
Periódico La Jornada Domingo 28 de diciembre de 2025, p. 20
Con el bloqueo de Estados Unidos a los buques petroleros venezolanos, la república bolivariana sólo puede suministrar crudo a la empresa Chevron, la única autorizada por el Departamento del Tesoro para explotar el crudo del país caribeño. Mientras tanto, 17.5 millones de barriles de crudo, que significan 900 millones de dólares, se encuentran paralizados flotando en el Caribe.
En medio de las tensiones entre Washington y Caracas, Chevron hace malabares para conservar el privilegio de ser la única empresa extranjera que puede explotar las reservas petroleras más grandes e importantes del mundo.
Según la Agencia Internacional de Energía, en 2023 el suelo venezolano contenía unos 303 mil millones de barriles, que representan 17 por ciento de las reservas globales.
El grupo extrae petróleo en cuatro campos y gas en un yacimiento marítimo, con una superficie total cercana a 30 mil hectáreas. Esto, en el marco de una asociación con la empresa pública Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales, que dan empleo a unas 3 mil personas.
Moneda de cambio
Chevron se convirtió en moneda de cambio este año durante negociaciones secretas entre Trump, Maduro y los legisladores cubano-estadunidenses que presionaron al magnate republicano para poner fin a la licencia de la empresa, emitida por la administración del ex presidente demócrata Joe Biden en 2022, reportó The New York Times.
El jefe de la Casa Blanca se negaba a perder la única presencia estadunidense en la industria petrolera venezolana debido a la influencia de China en la región, pero a finales de febrero, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, defensor de severas posturas contra Venezuela y Cuba, anunciaron que no renovarían la licencia de operación de la empresa petrolera, añadió el rotativo.
El director de Chevron, Mike Wirth, presionó al gobierno federal para obtener una extensión de la licencia y habló con el mandatario varias veces, pero los congresistas cubano-estadunidenses se enteraron de la posible medida y amenazaron con retener sus votos para el proyecto de ley insignia de la administración Trump, su “gran y hermosa ley” de presupuesto.
Trump no renovó la licencia de Chevron cuando expiró, el 27 de mayo; cinco semanas después, su presupuesto fue aprobado por el Congreso. A finales de julio, ordenó al Departamento del Tesoro emitir una nueva licencia con “términos revisados”, señaló el Times.
Chevron genera alrededor de 10 por ciento de la producción de Venezuela, aunque las fuentes difieren sobre la magnitud exacta. Esto representaría entre 150 mil y 200 mil barriles diarios, que en su totalidad se exportan a Estados Unidos.
El “bloqueo total” de los petroleros, que se sumó la semana pasada a las duras sanciones estadunidenses contra Caracas, volvió a poner a Chevron y su presencia en el país latinoamericano en la mira.
“Con base en nuestro análisis visual, tanto desde la costa como desde el espacio, estimamos que hay alrededor de 17.5 millones de barriles de petróleo crudo flotando a bordo de buques petroleros en Venezuela que no pueden zarpar debido al bloqueo estadunidense en curso. Eso equivale a alrededor de 900 millones de dólares en petróleo”, reportó Tanker Trackers, una empresa independiente de seguimiento y análisis del transporte marítimo de crudo, en su cuenta de X.
Apoyo de Honduras a las acciones del Pentágono
El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, consideró “sensatas” las acciones de Washington contra Caracas, durante una entrevista con CNN.
“Es sensato, es correcto porque cada país anda buscando cómo proteger su seguridad, su migración, sus fronteras, proteger a cada ciudadano. En este caso, el presidente Trump, esas son las actuaciones que están encaminadas a proteger sus fronteras”, afirmó Asfura.
(Con información de Afp)
Trump afirma que sus aranceles proporcionan “gran riqueza” para EU
Sputnik
27 de diciembre de 2025 19:35
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los aranceles impuestos por él proporcionan una “gran riqueza” y seguridad nacional.
Según los últimos datos disponibles proporcionados por el Departamento del Tesoro al 23 de diciembre, el volumen total de la deuda pública del país norteamericano superó 38.3 billones de dólares. Según cálculos extraoficiales, superó los 38.5 billones de dólares.
“Los aranceles están creciendo una gran riqueza y una seguridad nacional sin precedentes para Estados Unidos. El déficit comercial se ha reducido en 60 por ciento, algo totalmente inaudito. Un 4.3 por ciento del PIB, y subiendo mucho. ¡¡¡Sin inflación Nos vuelven a respetar como país”, afirmó el mandatario en su red social Truth Social.
Trump señaló con anterioridad que existe un desequilibrio comercial de Estados Unidos con sus socios extranjeros, el cual él eliminó mediante la imposición de aranceles adicionales.
La Corte Suprema de Estados Unidos está considerando si el presidente tiene suficiente autoridad para tomar tales decisiones eludiendo al Congreso; si el tribunal dictamina lo contrario, la Casa Blanca tendrá que devolver lo recaudado a los importadores.
La deuda pública del país norteamericano aumenta en 75 mil dólares por segundo, según estimaciones oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El servicio de la deuda consume un billón de dólares anuales. La necesidad de endeudamiento genera un déficit presupuestario, es decir, un exceso de gastos sobre ingresos. Trump prometió que este problema también sería resuelto por los aranceles.
Al alza, migrantes varados sin papeles en México: OIM
Pese al tiempo que llevan, carecen de documentos que legalicen su estancia
Jessica Xantomila
Periódico La Jornada Domingo 28 de diciembre de 2025, p. 3
▲ Muchos piden permisos oficiales para quedarse aquí. En la imagen, caravana migrante rumbo a la capital del país.Foto Édgar H. Clemente
El número de personas migrantes que se han visto obligadas a permanecer en México por periodos prolongados sigue en aumento, tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos. Sin embargo, en su mayoría esta población no cuenta con un documento que legalice su situación en territorio mexicano, de acuerdo con una encuesta levantada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
De un total de 548 extranjeros, 80 por ciento dijo que tenía más de medio año en el país, mientras entre abril y mayo este sector representaba 62 por ciento. Asimismo, en el último sondeo, 72 por ciento afirmó que no contaba con un permiso de estancia y 26 por ciento mencionó que había intentado regresar a su país, sin éxito.
Las personas migrantes encuestadas en Ciudad Juárez, Chihuahua; Mexicali y Tijuana, Baja California; Ciudad de México, y Tapachula, Chiapas, en su mayoría son originarias de Venezuela (26 por ciento), Honduras (17 por ciento), Cuba (12 por ciento), Haití (11 por ciento), Guatemala (7 por ciento) y Colombia (6 por ciento).
El 68 por ciento señaló que tiene intenciones de permanecer en México, 22 por ciento de regresar a su país, 3 por ciento de continuar su viaje a Estados Unidos y 6 por ciento de mudarse a otra nación.
En cuanto a quienes tienen intención de regresar a sus países, la encuesta mostró que el motivo es por reunificación familiar, por la falta de empleo en México o los ingresos insuficientes, la no regularización migratoria, la dificultad de adaptarse al país y la inseguridad.
La información de la OIM, con base en un trabajo realizado entre septiembre y octubre de 2025 en albergues, centros de asistencia, campamentos informales y puntos de entrada al país, arrojó que 77 por ciento de los viajeros inició su travesía migratoria desde su país de origen, mientras el resto lo hizo desde una tercera nación. Las principales razones para salir de sus hogares fueron las condiciones socioeconómicas (51 por ciento), la inseguridad y la violencia (39 por ciento) y razones políticas (22 por ciento).
También, los bajos salarios (11 por ciento), la falta de oportunidades laborales (10 por ciento), la reunificación familiar (8 por ciento) y el limitado acceso a servicios (5 por ciento).
Si bien 59 por ciento dijo que su destino al iniciar su viaje era Estados Unidos y 34 por ciento México, sus decisiones cambiaron por los trámites de entrada de migración, el cambio de políticas migratorias de Estados Unidos –tras la llegada del presidente Donald Trump en enero de 2025–, el miedo a la deportación, el costo del viaje, por el cuidado a la salud, el tiempo de viaje y la reunificación familiar.
IA en México: desafíos regulatorios
La Comisión de análisis, seguimiento y evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) del Senado anunció que se encuentra en la recta final del proceso de elaboración de una iniciativa de ley que fomente un uso responsable de esta nueva tecnología. De acuerdo con el presidente de dicha instancia, el priísta Rolando Rodrigo Zapata Bello, se busca una norma flexible, capaz de responder a un fenómeno sumamente dinámico, para que México pase de ser un país adoptante de esta tecnología a uno desarrollador. Según declaró, se contemplarán los factores de riesgo y establecerán estándares técnicos para que exista transparencia sobre los datos con que se entrena un modelo y cómo funcionan los algoritmos, a fin de proteger a la ciudadanía al mismo tiempo que se incentiva la innovación.
No se puede dudar sobre la pertinencia de regular la IA e impulsar su desarrollo local, y queda claro que el éxito del Congreso en diseñar un marco normativo virtuoso será decisivo para la inserción del país en la economía global en las siguientes décadas. Vale la pena detenerse en algunos de los aspectos centrales que han de contemplar los legisladores al redactar la iniciativa.
Como ha mostrado el crecimiento exponencial de esta industria, no sólo es necesario regular la IA en sí misma, sino la forma en que las empresas la comercializan y adoptan. Desde el auge de la IA generativa, instituciones privadas con o sin fines de lucro se han apresurado a implementar herramientas de IA a fin de recortar costos salariales; muchas veces, sin evaluar de forma adecuada las consecuencias de sustituir personas por máquinas. Este patrón de conducta causa particular preocupación cuando tiene lugar en organismos de quienes dependen vidas humanas, desde aseguradoras, hospitales o centros de diagnóstico hasta líneas de atención a personas con desórdenes alimentarios o pensamientos suicidas. Es innegable que los modelos de IA son más capaces cada día, pero ello no necesariamente se traduce en que sean más éticos ni menos riesgosos. Lo cierto quizá es lo contrario: entre más poderosos se vuelven y más se acercan a imitar el pensamiento humano, más difícil resulta prever su impacto y evitar efectos nocivos.
En su carrera por conseguir la supremacía en inteligencia artificial y monopolizar ese mercado –como en las últimas décadas monopolizaron las búsquedas por Internet, el comercio electrónico, las redes sociales, los servicios de almacenamiento en nube y otros componentes esenciales de la vida digital–, los titanes tecnológicos no reparan en la destrucción ambiental y humana que dejan a su paso. A mediados de 2024, los centros de datos necesarios para entrenar a los distintos modelos de IA ya consumían más energía eléctrica que Francia (el octavo consumidor global), y se estima que en 2030 requiera tanta electricidad como las tres mayores economías europeas (Alemania, la citada Francia y Reino Unido); es decir, 8 por ciento del consumo total a nivel mundial. Si México se inserta en la economía de la IA bajo la misma lógica capitalista de competencia irracional, quizá logre pingües ganancias para un puñado de millonarios, pero será a expensas de los recursos naturales, la seguridad y la privacidad de la mayoría.
En suma, una regulación eficaz de la IA debe abarcar todos los aspectos e implicaciones de la tecnología que en estos momentos parece llamada a definir el siglo XXI: la recopilación, procesamiento y almacenamiento de los datos; la transparencia de los algoritmos; las pruebas previas a su implementación en contextos delicados; la armonía entre la libertad de expresión y el combate a los discursos de odio; la determinación democrática en torno a si un instrumento tan poderoso puede dejarse en manos de agentes privados carentes de escrúpulos; el equilibrio entre progreso tecnológico y derechos humanos (como el derecho al trabajo); la protección de la soberanía y el medioambiente; la salud mental; el posible deterioro de las facultades intelectivas humanas debido al abuso de la inteligencia artificial en la resolución de problemas cotidianos; por mencionar sólo algunos de los más evidentes. Cabe esperar que los legisladores tengan la altura de miras para dictar normas pertinentes, con base en la información más precisa y actual disponible, y guiados por la búsqueda del interés nacional y social.
