La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem (derecha) fue interrumpida por manifestantes durante su intervención ante un comité de la Cámara de Representantes, a donde acudió a defender la política migratoria del gobierno federal .Foto Ap
Ap, Afp, Reuters y The Independent
Ap, Afp, Reuters y The Independent
Periódico La Jornada Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 26
Washington. El gobierno del presidente Donald Trump aseguró ayer que Estados Unidos tiene la frontera más segura de su historia y acusó, sin aportar pruebas, que millones de migrantes indocumentados “invadieron” el país durante la administración del ex mandatario Joe Biden.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “la frontera está totalmente segura y los mejores días de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. El presidente Trump sostuvo su palabra y ha cumplido con el pueblo estadunidense en tiempo récord; no dejará de luchar por ellos hasta que nuestro país sea más grande que nunca”.
“Creemos que entre 15 y 20 millones de personas entraron durante la invasión de la frontera sur durante la administración Biden”, declaró la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, durante una audiencia en un comité de la Cámara de Representantes.
“Lo que me quita el sueño es que no conocemos a todas las personas que están en este país, quiénes son y cuáles son sus intenciones”, apuntó la funcionaria.
Noem se mostró desafiante al defender las estrictas políticas migratorias. Recibió apoyo de los republicanos en el panel, pero enfrentó un intenso cuestionamiento por parte de los demócratas.
El representante Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en el órganos legislativo, denunció que Noem ha desviado vastos recursos de los contribuyentes a la agenda migratoria “extrema”. Le solicitó que renuncie, “haga un verdadero servicio al país”.
El testimonio de la secretaria fue interrumpido por manifestantes, los cuales le exigían a gritos que detenga las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y “ponga fin a las deportaciones”.
Los inconformes siguieron a la funcionaria por los pasillos cuando salió anticipadamente de la audiencia para acudir a otro compromiso, coreando: “¡Qué vergüenza!”
A pesar de la presión, Noem prometió que “no retrocederá”.
Por lo pronto, el DHS informó que más de 10 mil migrantes indocumentados fueron detenidos durante las redadas en Los Ángeles, que comenzaron en junio.
Añadió que las detenciones se produjeron a pesar de “la violencia de los alborotadores y la demonización por parte de los políticos de ciudades santuario”, así llamadas por tener normas que impiden a los efectivos policiales colaborar con las fuerzas federales en la captura de extranjeros en situación de indocumentados.
Millonario despliegue
El despliegue de tropas estadunidenses en ciudades lideradas por los demócratas ha costado más de 340 millones de dólares, informó la senadora Tammy Duckworth, importe que no incluye los miles de efectivos enviados a la frontera con México.
“Donald Trump está desplegando ilegalmente a miembros del servicio marcial de nuestra nación bajo pretextos engañosos, si no falsos”, resaltó Duckworth, veterana del ejército estadunidense.
La senadora destacó que la movilización interna de tropas suele realizarse para atender emergencias por grandes inundaciones y tornados, no para ayudar a los agentes de inmigración.
Ábrego, liberado
Por otra parte, ayer el migrante originario de El Salvador, Kilmar Ábrego García fue liberado tras meses de batalla judicial y luego de haber sido deportado por error a esa nación centroamericana y finalmente devuelto a Estados Unidos, donde la administración Trump intentó expulsarlo a naciones africanas.
La jueza federal de Maryland, Paula Xinis, concluyó que Ábrego García, cuyo caso se convirtió en símbolo de la oposición a la política de deportaciones masivas de inmigrantes, estaba detenido “sin justificación legal”.
En contraste, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló que “esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales”. En X acusó a la magistrada de “activismo judicial”.
El migrante salvadoreño llegó sin permiso a Estados Unidos a los 16 años en 2012. Está casado con una estadunidense y vivió en ese país bajo un estatuto legal protegido desde 2019.
Washington. El gobierno del presidente Donald Trump aseguró ayer que Estados Unidos tiene la frontera más segura de su historia y acusó, sin aportar pruebas, que millones de migrantes indocumentados “invadieron” el país durante la administración del ex mandatario Joe Biden.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “la frontera está totalmente segura y los mejores días de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. El presidente Trump sostuvo su palabra y ha cumplido con el pueblo estadunidense en tiempo récord; no dejará de luchar por ellos hasta que nuestro país sea más grande que nunca”.
“Creemos que entre 15 y 20 millones de personas entraron durante la invasión de la frontera sur durante la administración Biden”, declaró la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, durante una audiencia en un comité de la Cámara de Representantes.
“Lo que me quita el sueño es que no conocemos a todas las personas que están en este país, quiénes son y cuáles son sus intenciones”, apuntó la funcionaria.
Noem se mostró desafiante al defender las estrictas políticas migratorias. Recibió apoyo de los republicanos en el panel, pero enfrentó un intenso cuestionamiento por parte de los demócratas.
El representante Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en el órganos legislativo, denunció que Noem ha desviado vastos recursos de los contribuyentes a la agenda migratoria “extrema”. Le solicitó que renuncie, “haga un verdadero servicio al país”.
El testimonio de la secretaria fue interrumpido por manifestantes, los cuales le exigían a gritos que detenga las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y “ponga fin a las deportaciones”.
Los inconformes siguieron a la funcionaria por los pasillos cuando salió anticipadamente de la audiencia para acudir a otro compromiso, coreando: “¡Qué vergüenza!”
A pesar de la presión, Noem prometió que “no retrocederá”.
Por lo pronto, el DHS informó que más de 10 mil migrantes indocumentados fueron detenidos durante las redadas en Los Ángeles, que comenzaron en junio.
Añadió que las detenciones se produjeron a pesar de “la violencia de los alborotadores y la demonización por parte de los políticos de ciudades santuario”, así llamadas por tener normas que impiden a los efectivos policiales colaborar con las fuerzas federales en la captura de extranjeros en situación de indocumentados.
Millonario despliegue
El despliegue de tropas estadunidenses en ciudades lideradas por los demócratas ha costado más de 340 millones de dólares, informó la senadora Tammy Duckworth, importe que no incluye los miles de efectivos enviados a la frontera con México.
“Donald Trump está desplegando ilegalmente a miembros del servicio marcial de nuestra nación bajo pretextos engañosos, si no falsos”, resaltó Duckworth, veterana del ejército estadunidense.
La senadora destacó que la movilización interna de tropas suele realizarse para atender emergencias por grandes inundaciones y tornados, no para ayudar a los agentes de inmigración.
Ábrego, liberado
Por otra parte, ayer el migrante originario de El Salvador, Kilmar Ábrego García fue liberado tras meses de batalla judicial y luego de haber sido deportado por error a esa nación centroamericana y finalmente devuelto a Estados Unidos, donde la administración Trump intentó expulsarlo a naciones africanas.
La jueza federal de Maryland, Paula Xinis, concluyó que Ábrego García, cuyo caso se convirtió en símbolo de la oposición a la política de deportaciones masivas de inmigrantes, estaba detenido “sin justificación legal”.
En contraste, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló que “esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales”. En X acusó a la magistrada de “activismo judicial”.
El migrante salvadoreño llegó sin permiso a Estados Unidos a los 16 años en 2012. Está casado con una estadunidense y vivió en ese país bajo un estatuto legal protegido desde 2019.
Japón emite aviso de tsunami tras sismo de 6.7 en el noreste del país
Ap
11 de diciembre de 2025 22:08
Tokio. Japón emitió el viernes (hora local) una advertencia de tsunami después de que un sismo de magnitud 6.7 sacudió el noreste del país, informó la Agencia Meteorológica.
Por el momento se desconoce si hubo daños o personas heridas.
El lunes, otro temblor de magnitud 7.5 en el norte dejó al menos 34 heridos, daños leves y un tsunami en las comunidades costeras del Pacífico. Ese terremoto fue frente a la costa de Aomori, la prefectura más al norte de la isla Honshu.
Detienen en España a empresario cercano a ex líder del PSOE por presunto caso de corrupción
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 26
Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró ayer 19 sedes de empresas y viviendas, y llevó a cabo dos nuevas detenciones, entre ellas, la de Antxon Alonso, el empresario vasco y amigo del ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, que actualmente está en libertad bajo fianza y es procesado por varios presuntos delitos de corrupción.
Además, el Tribunal Supremo confirmo la apertura de juicio oral contra el otro ex secretario de organización del PSOE con problemas con la justicia, José Luis Ábalos, y a su asesor y hombre de confianza, Koldo García, por una trama de presunto cohecho en la compra venta de mascarillas durante la pandemia del covid-19.
Los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo español marcan la actualidad política en el país, sobre todo a raíz de las recientes operaciones policiales, en las que fueron detenidas varias personas que han estado muy próximas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el ex titular de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, la ex militante socialista Leire Díez, además de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García, así como el procesamiento a Santos Cerdán.
En el marco de una de esas supuestas tramas fueron registradas las sedes de varias de las compañías que pertenecen a la SEPI, como Forestalia en Zaragoza, Sepides, Enusa y Mercasa, y en varios domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra, bajo una operación que ordenó el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.
La detención del empresario vasco Antxon Alonso fue la más destacada, no sólo por su larga amistad con Cerdán, sino porque es el responsable ejecutor de una empresa, Servinabar, que está en el centro de las pesquisas policiales y a la que también están vinculados tanto el propio Cerdán como Leire Díaz, y el ex presidente de la Sepi, que trabajó para la firma entre mayo de 2021 y febrero de 2023.
En otro operativo, la Policía Nacional allanó la aerolínea Plus Ultra y detuvo a su presidente y consejero delegado, Julio Martínez y Roberto Roselli, respectivamente, en una investigación declarada secreta, pero que pretende aclarar las acusaciones de presunto delito de blanqueo de capitales, tras haber sido rescatada después de la pandemia por el gobierno español, que le inyectó 50 millones de euros después de la intervención personal de Ábalos, cuando era ministro de Fomento.
En torno a las investigaciones abiertas contra Ábalos, una nueva investigación de la OCU aportó pruebas en las que concluyeron que la trama le habría pagado al ex líder socialista hasta un millón de euros para que autorizara una licencia para comercializar hidrocarburos.
Al cierre de esta edición, el senador Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas del PSOE, renunció a su cargo partidista y a su escaño, tras conocerse una denuncia en su contra por acoso sexual.
El caso de Izquierdo se trata de la cuarta acusación de este tipo que afecta a altos dirigentes del partido después de Francisco Salazar, asesor y directivo de la dirigencia del gobierno; el ex presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el líder socialista en Torremolinos, Antonio Navarro. Todos renunciaron ya a sus cargos y a las filas del partido.
