“El Centro Nacional de Inteligencia ahora también está enfocado en la seguridad pública”
▲ Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reforma que reconoció a la extorsión como un delito federal.Foto Marco Peláez
Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 3
Ante gobernadores y su gabinete de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que, más allá de las diferencias en otros ámbitos, la coordinación entre Federación y estados ha permitido reducir 37 por ciento los índices de homicidios y otros delitos de alto impacto. Llamó a cerrar filas y combatir la extorsión en el país, uno de los ilícitos más sensibles por su impacto social y de los pocos que han mantenido una tendencia al alza, comenzando con la homologación de las legislaciones locales con la reforma federal.
Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, Sheinbaum consideró que “uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país. Por eso esta modificación que hubo en la Constitución, en las leyes ¿Cuál es la idea? La extorsión estaba asociada a un delito estatal principalmente, y dependía de la denuncia de un ciudadano. La modificación lo que hace es involucrarlo también como un delito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República”.
En la sesión, Sheinbaum recibió el respaldo de todos los gobernadores (de extracción morenista, panista, priísta y de Movimiento Ciudadano) a la Estrategia Nacional de Seguridad emprendida por el gobierno federal, lo que ha permitido reducir la incidencia de los delitos de alto impacto. En respuesta, la mandataria resaltó los cuatro ejes de esta política: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, mayor inteligencia e investigación, subrayando el viraje que ha tenido el Centro Nacional de Inteligencia.
“Estamos fortaleciendo un sistema nacional. Pocas veces hablamos de esto, pero el Centro Nacional de Inteligencia estaba diseñado para la seguridad nacional y hoy lo estamos orientando de manera muy importante a la seguridad pública, en coordinación con la inteligencia naval, militar y las de los distintos estados con sus características, y hacerlo un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor.”
Durante la sesión habló un gobernador por cada uno de los partidos, entre los cuales, el morenista, Alfredo Ramírez Bedolla subrayó la relevancia de que en el combate a la extorsión es necesario dar y brindar mejores garantías y protección a las víctimas y a los denunciantes. Es necesario ampliar e implementar la figura de identidad reservada.
Ramírez Bedolla sostuvo que la actual situación de seguridad demanda la revisión de las normas que garantizan el debido proceso, pero, además, procuran que el delito no quede impune.
Propuso ampliar e implementar la figura de identidad reservada, no sólo al momento de la denuncia, sino durante todo el proceso legal, incluyendo el juicio, para garantizar el debido proceso y que el delito no quede impune.
Por su parte, la panista y gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, afirmó que “la violencia y la delincuencia no distinguen colores ni partidos, y la ciudadanía paga nuestros salarios para que les demos resultados, lo cual sólo se alcanza cuando hay un objetivo común y un trabajo coordinado y en equipo”.
El gobernador priísta de Coahuila, Manolo Jiménez, reconoció al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República por la aprehensión de Esteban Rodríguez, El Limones, uno de los más peligrosos extorsionadores en la región de La Laguna.
Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, subrayó la importancia de la coordinación entre Federación y estados, pero criticó que en su entidad el Congreso ha obstaculizado todas sus iniciativas en la materia, incluidas las relacionadas con la extorsión. Por ello, pidió que se hiciera un llamado a los congresos y partidos a no politizar las estrategias de seguridad.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Venezuela denunció el 3 de diciembre que un tribunal de Estados Unidos autorizó la venta de CITGO, filial de PDVSA en ese país, en un proceso de remate. Washington tomó el control de la petrolera en 2019 tras desconocer al presidente Nicolás Maduro.Foto Afp
En su afán de “revitalizar” la Doctrina Monroe (la cual nunca dejó de estar activa), Donald Trump ya había dado un aperitivo: su intención de apropiarse de Groenlandia, convertir a Canadá en el estado número 51, retomar el control del Canal de Panamá y ahí restablecer sus bases castrenses, renombrar el Golfo de México, aumentar la extensión del muro fronterizo entre su país y el vecino del sur, poner en marcha una cacería de inmigrantes (sin incluir a los blancos, desde luego), amenazar permanentemente a México, Cuba, Colombia y Venezuela, ofrecer sus “servicios militares” para combatir a los cárteles de la droga, asesinar a pescadores en aguas internacionales, reforzar el ilegal bloqueo contra la mayor de las Antillas, intervenir en los procesos electorales, etcétera, etcétera. Todo, según él, con el fin de “promover la seguridad y la estabilidad” de América Latina y el Caribe, y “reforzar el atractivo de Estados Unidos como el socio económico preferido del hemisferio occidental”.
Pero ya divulgado el “relanzamiento” y lo que implica, el inquilino de la Casa Blanca metió el acelerador y de ofrecer (en el discurso) convertirse en el “socio preferido” de los latinoamericanos, se quitó la careta (que de por sí ya no ocultaba mucho) y pasó a ser un descarado pirata al asaltar un barco petrolero que transportaba crudo venezolano en el mar territorial de esa nación sudamericana, acto violatorio del derecho internacional y de la soberanía de este país. Y sin más, lo trasladará a territorio estadunidense. Hurto consumado.
Con el cinismo que lo caracteriza, Trump dijo: “acabamos de incautar (léase robo descarado y acto de piratería internacional, como lo calificó el presidente Nicolás Maduro) un barco petrolero en la costa de Venezuela, un gran buque, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho” y, según él, lo hizo por “una muy buena razón” (que no explicó cuál sería, aunque miles de barriles de crudo es el motivo real) y “asumo que nos quedaremos con él”.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “el buque petrolero incautado (robado) por Estados Unidos y vinculado a Venezuela navegaría hacia un puerto estadunidense (con todo y rehenes), donde el gobierno federal tiene la intención de confiscar su cargamento a través de un proceso legal formal (lo ilegal se “legaliza” en Washington); el Departamento de Justicia aprobó una orden que autorizaba la incautación del barco; hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso será llevado a cabo”, dijo la susodicha sin sonrojarse, y en el descaro total aseguró que Trump “ha adoptado un nuevo enfoque que no ha sido tomado por ninguna administración desde hace bastante tiempo”. Claro, sólo a lo largo de los últimos 202 años. Pero el magnate naranja dice que los únicos piratas son de Somalia.
Eufemismos aparte, no es más que un atraco en despoblado (lo que no es novedad tratándose de un gobierno gringo) ante la pasividad de la mayoría de las “autoridades” de la región y el aplauso de focas políticas como Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Paz (Bolivia), el golpista José Jerí (Perú), José Raúl Mulino (Panamá), Christine Kangaloo (Trinidad y Tobago), todos lacayos de Trump dispuestos a abrir las piernas, “equipo” que puede crecer si el próximo domingo en Chile gana el fascista José Antonio Kast.
La agresión del magnate naranja obliga, restando a ese grupo de cipayos, a unir la Latinoamérica en una sola fuerza para enfrentar la enloquecida embestida de Trump. Caso contrario, este despreciable ser irá comiendo una tras otra a las naciones regionales hasta quedarse con el último gramo de los recursos naturales de la región, en el entendido de que una América Latina dividida sólo conlleva a la derrota, traducida ésta en pérdida de soberanía, riquezas naturales, territorio y dignidad, producto de la inacción y el neocolonialismo gringo.
Sobre este asunto, la presidenta Sheinbaum dijo que México se pronuncia a favor de la no intervención, el diálogo para resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos. “Siempre será esa nuestra posición; estamos de acuerdo con el respeto de los tratados internacionales y México debe velar por ello. Además está en la Constitución”.
Las rebanadas del pastel
Y mientras presume su devaluada corcholata de la “paz”, la esperpéntica María Corina Machado, una suerte de Lilly Téllez venezolana, reafirma su deseo de que Estados Unidos invada y destroce su país natal para que ella sea presidenta. ¡Claro! No cabe duda: es “pacifista”.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
La 4T acelera
Pedro Miguel
Una revolución pacífica y democrática tiene la virtud inconmensurable de evitar la pérdida de vidas y la destrucción material, pero conlleva también el desafío de desarrollarse y progresar en un andamiaje legal y burocrático creado por el régimen al que derrocó: un conjunto asfixiante de reglas e instituciones diseñadas para la preservación del viejo orden y dotadas de un personal formado en sus hábitos mentales. Ningún proyecto político llega al poder con los cuadros suficientes para gobernar un país ni con la capacidad de mantener una mínima estabilidad si prescinde de los equipos administrativos heredados.
Existe, en esa circunstancia, el peligro real de que el aparato del Estado acabe por neutralizar el intento transformador, por asimilarlo y dejarlo en un manojo de buenas intenciones inocuas. En contraparte, el afán de forzar la marcha en la renovación de la administración pública y las prácticas de gobierno puede llevar a una ruptura y un desbarajuste que desemboque en la parálisis, en un choque entre poderes y en una crisis institucional que más temprano que tarde se volverá económica y social.
Como presidente, Andrés Manuel López Obrador actuó desde un profundo entendimiento de esta disyuntiva y llevó a cabo todos los cambios de fondo que le fue posible realizar, considerando que no se podía proceder a una transformación profunda de los órganos de procuración e impartición de justicia, y que las mayorías legislativas alineadas con la Cuarta Transformación eran insuficientes –porque no reunían los dos tercios– para emprender reformas constitucionales; debían limitarse a reformar leyes, con el riesgo de que las reformas respectivas terminaran, como ocurrió muchas veces, siendo anuladas por una Suprema Corte de Justicia entregada a los intereses oligárquicos, o incluso por simples jueces corruptos. Se tenía, además, a un organismo electoral comprometido con los designios mafiosos de la vieja clase política y a un enjambre de organismos autónomos dotados de facultades constitucionales para obstaculizar y torpedear decisiones del Ejecutivo federal. Todo ello, sin contar que la gran mayoría de las gubernaturas estaban en manos de la oposición, que los poderes fácticos de corporativos empresariales eran reacios a la transformación y que los consorcios mediáticos empeñaron toda su virulencia, su sensacionalismo y su capacidad de intoxicación de la opinión pública para tratar de inducir una animadversión mayoritaria de la sociedad hacia el gobierno.
Eso explica la necesidad inicial de escoger entre el menor de los males; por ejemplo, abandonar la idea de juzgar a los ex presidentes (cosa irrealizable sin la colaboración del Poder Judicial y de una fiscalía dispuesta) y adoptar una política de alianzas que permitiera romper la unidad de la reacción y una estrategia de negociación y diálogo con los poderes económicos y sindicales tradicionales que hiciera posible dar pasos decisivos en la política social y laboral, como los programas sociales y la política de fortalecimiento salarial. En el curso del sexenio pasado, tales opciones se revelaron como virtudes democráticas en una praxis gubernamental guiada por la lógica del convencimiento y no por la del aplastamiento, y permitieron mantener una economía estable (con todo y la pandemia) y orientada a la redistribución antes que al dogma del crecimiento.
En la elección de junio de 2024, la Cuarta Transformación puso sobre la mesa dos propuestas fundamentales: seguir la aplicación de su proyecto de nación desde el gobierno federal, con Claudia Sheinbaum como abanderada, y conquistar la plena capacidad de operar reformas constitucionales mediante una mayoría legislativa calificada, con la mira puesta, en primer lugar, en la reforma judicial. La sociedad dio un amplio respaldo a esas propuestas y con ello pudieron conformarse poderes Ejecutivo y Legislativo mucho más sólidos y robustos que los del primer periodo transformador. Las alianzas tan criticadas por algunos impacientes y puristas del movimiento han hecho posible la plena transformación democrática de la Suprema Corte y demás organismos judiciales, la supresión de organismos autónomos que eran reductos del neoliberalismo y, vía el Senado, el inicio de una renovación y actualización de la Fiscalía General de la República.
Desde la frustración y la amargura se inventa y propala una pretendida supeditación de órganos legislativos y judiciales a Morena, cosa que es falsa; se trata, en cambio, de una alineación de los poderes públicos en un proyecto de nación y en el pacto social en construcción, algo perfectamente válido y legítimo.
Hoy, la presidenta Sheinbaum posee un margen de acción mucho mayor que el que tuvo su antecesor y mejores condiciones para, entre otras cosas, combatir la corrupción, hacer frente a la violencia delictiva y limpiar las oficinas públicas de vicios inveterados. A lo que puede verse, en los próximos años la transformación va a apretar el paso.
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Menos de 1% de la humanidad tiene garantizada dieta sana y sustentable
Dos mil millones, desnutridos y con hambre: EAT Lancet
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 14
Sólo 115 millones de personas en el mundo (menos de uno por ciento) tienen garantizada una dieta saludable con producción agrícola y pecuaria que protege el ambiente. En cambio, la mitad de la población carece de alimentos y 2 mil millones de personas están desnutridas y pasan hambre, asegura el informe EAT Lancet 2025, elaborado por expertos en salud, agricultura y clima y presentado ayer en la Academia Nacional de Medicina.
Transitar a un mayor consumo de vegetales, frutas y granos, así como mejorar los sistemas de producción con respeto a los ecosistemas evitaría 15 millones de muertes prematuras al año, afirmaron los autores.
Juan Rivera Dommarco, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) presentó la propuesta de una dieta de salud planetaria, la cual aumenta el consumo de verduras, pescados y mariscos y reduce el de carne roja. Plantea que la ingesta de azúcares, grasas, sal y embutidos sea muy poca o nula.
También indica el consumo de granos enteros que, en el caso de México, es el maíz. Se recomienda la alimentación con productos frescos, no procesados y cocinados en casa.
Fabrice DeClerk, experto en ciencias agrícolas y ambientales, advirtió que a escala global se han rebasado los límites de siete indicadores de protección del ambiente, como la emisión de gases de efecto invernadero, no destinar más de 40 por ciento de la superficie de la Tierra a uso agrícola, la excesiva contaminación por nitrógeno y fósforo y la sobrexplotación del agua. Esto puede cambiar con sistemas de producción eficientes, la sustitución de plaguicidas y fertilizantes y otras medidas.
En la elaboración del informe EAT Lancet 2025 participaron 24 investigadores y 35 países.
Después de la presentación, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, señaló que en México el desafío es “¿cómo transformar y por dónde empezamos?”. Si en el sur, donde hay pobreza, las personas se dedican a la ganadería y la propuesta es disminuir el consumo de carne roja, “¿cómo compensamos a esos productores?”.
El secretario de Salud, David Kershenobich, comentó algunas acciones que ya se realizan para cambiar hábitos alimentarios, como el etiquetado frontal de productos ultraprocesados, los impuestos a refrescos y los lineamientos para la venta de alimentos en las escuelas.
