Emir Olivares y Alma E. Muñoz
05 de noviembre de 2025 08:47
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no es opción regresar a la guerra contra el 'narco', porque no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México. Foto Cuartoscuro / Archivo
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que regresar a la guerra contra el narcotráfico “no es opción… es permiso para matar, es ir hacia el fascismo”.
Una vez más, la mandataria manifestó su rechazo a las voces de la oposición que han llamado a un mayor uso de la fuerza contra presuntos delincuentes, y planteó que se trata de dos proyectos distintos de nación: los que quieren el regreso al pasado, a los privilegios, a la corrupción; y quienes están en favor del pueblo, de los derechos y del combate a la pobreza que representa la 4T.
“Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca y de las palabras estado de derecho y defienden la guerra contra el narco, la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque es permiso para matar, sin ningún juicio. Y con eso en México muy poquitos están de acuerdo. Y segundo, no sirvió de nada mas que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia”, enfatizó.
En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo sostuvo que quienes desean el regreso de esa estrategia que lanzó Felipe Calderón, incurren en un llamado autoritario.
“Son autoritarios, es ir hacia el fascismo, donde no hay estado de derecho y donde todo es extrajudicial, y donde se impone, ahí sí, la violencia del Estado. ¡Ese es el verdadero autoritarismo, el regreso a la guerra contra el narco! Porque ellos dicen que somos autoritarios. ¡No! Nosotros defendemos la ley y el trabajo que se tienen que hacer para seguir pacificando el país y reducir los delitos de alto impacto”.
Sheimbaum Pardo dijo que eso es el fondo del debate, más allá de insultos entre políticos en el Congreso u otros espacios.
“Lo fundamental es que representamos dos proyectos de nación y que el pueblo de México está con la 4T, porque además ha dado resultado en todos los sentidos: nada más 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. ¡Nada más!”.
Más allá de las diferencias nacionales, el objetivo fundamental de estos discursos es común: deslegitimar el conocimiento crítico, reducir la autonomía académica y reconfigurar la educación superior para alinearla estrictamente con valores conservadores.
Buque petrolero Torm Agnes tras ser asegurado. Foto Semar Foto autor
“Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca y de las palabras estado de derecho y defienden la guerra contra el narco, la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque es permiso para matar, sin ningún juicio. Y con eso en México muy poquitos están de acuerdo. Y segundo, no sirvió de nada mas que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia”, enfatizó.
En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo sostuvo que quienes desean el regreso de esa estrategia que lanzó Felipe Calderón, incurren en un llamado autoritario.
“Son autoritarios, es ir hacia el fascismo, donde no hay estado de derecho y donde todo es extrajudicial, y donde se impone, ahí sí, la violencia del Estado. ¡Ese es el verdadero autoritarismo, el regreso a la guerra contra el narco! Porque ellos dicen que somos autoritarios. ¡No! Nosotros defendemos la ley y el trabajo que se tienen que hacer para seguir pacificando el país y reducir los delitos de alto impacto”.
Sheimbaum Pardo dijo que eso es el fondo del debate, más allá de insultos entre políticos en el Congreso u otros espacios.
“Lo fundamental es que representamos dos proyectos de nación y que el pueblo de México está con la 4T, porque además ha dado resultado en todos los sentidos: nada más 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. ¡Nada más!”.
Ultraderechas contra universidades públicas: un campo de batalla ideológico
Foto Alfredo Domínguez Foto autor
Imanol Ordorika*
06 de noviembre de 2025 00:03
Las universidades públicas, tradicionalmente concebidas como espacios de pensamiento crítico y formación ciudadana, se han convertido en blanco de ataques sistemáticos por parte de líderes de derecha en distintas partes del mundo. Lo que emerge, más allá de los recortes presupuestarios y las reformas estructurales, es una narrativa compartida: las universidades son vistas como bastiones de la izquierda y centros de adoctrinamiento progresista que deben ser disciplinados o transformados. De esta manera, las universidades se han convertido en un nuevo y decisivo campo de batalla ideológico para la derecha global.
La sincronía de los ataques y la uniformidad de la retórica son alarmantes. En Estados Unidos, Donald Trump ha acusado a las universidades de estar “dominadas por maniacos marxistas” y de ser “patéticas”. Este año se relanzó el Proyecto 2025, que busca eliminar el Departamento de Educación, privatizar los préstamos estudiantiles y cancelar programas de diversidad. La intención es clara: “Las universidades estadunidenses están bajo asedio. Harvard es un foco de liberalismo que debe rendirse a nuestras exigencias políticas e ideológicas”. La hostilidad apunta directamente al personal académico; su vicepresidente, JD Vance, ha declarado categóricamente que “Los profesores son el enemigo. Debemos atacar de forma honesta y agresiva a las universidades”. Estas declaraciones se tradujeron en castigos financieros concretos: en abril de 2025 se congelaron 2 mil 200 millones de dólares en fondos federales destinados a Harvard, y en mayo Columbia perdió 400 millones en subvenciones. Además, estudiantes internacionales fueron arrestados y deportados por participar en protestas propalestinas.
El caso de Hungría ilustra una transformación institucional radical impulsada por el primer ministro Viktor Orbán desde 2010. En 2017, Orbán aprobó la Ley CEU para expulsar a la Central European University (CEU), fundada por George Soros, bajo la acusación de promover valores liberales contrarios a la soberanía nacional. Orbán justificó la medida afirmando que “La CEU representa una amenaza para nuestra soberanía cultural”. Esta estrategia de control se consolidó en 2021, cuando el Parlamento húngaro transfirió 21 universidades públicas a fundaciones privadas controladas por aliados del partido Fidesz. Para 2023, la mayoría del sistema (sólo seis universidades permanecían bajo control estatal) había sido reconfigurado. Orbán justificó estas reformas con una visión ideológica clara: “El orden mundial liberal ha llegado a su fin. Los ganadores de la nueva era serán aquellos que desarrollen plenamente su potencial nacional”.
En Argentina, la estrategia se centró en la deslegitimación económica y social. El presidente Javier Milei ha cuestionado abiertamente el valor de la universidad pública, afirmando que ésta “no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos”. Además, calificó el concepto de gratuidad como un “subsidio de los pobres hacia los ricos”. Esta narrativa facilitó acciones concretas, como el veto a la ley de financiamiento universitario en 2024 y la promoción de la apertura de universidades privadas con orientación libertaria en 2025.
De igual manera, en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dirigido sus críticas específicamente a la Universidad Complutense, acusándola de estar “colonizada por la izquierda” y afirmando que esta institución otorga “títulos como churros”. La deslegitimación retórica se acompaña de acciones que impiden el fortalecimiento financiero de la educación superior; en octubre pasado, su gobierno rechazó participar en la comisión nacional destinada a incrementar el financiamiento universitario hasta alcanzar uno por ciento del PIB, calificando la propuesta de “ajena a la realidad financiera”.
La cronología de reformas revela un patrón indiscutible de ofensiva coordinada. El discurso que se repite en medios conservadores y plataformas políticas es uniforme: las universidades son espacios dominados por el pensamiento progresista, especialmente en las facultades de ciencias sociales y humanidades. Más allá de las diferencias nacionales, el objetivo fundamental de estos discursos es común: deslegitimar el conocimiento crítico, reducir la autonomía académica y reconfigurar la educación superior para alinearla estrictamente con valores conservadores.
En este contexto global de ofensiva ideológica, la defensa de los principios fundamentales de la educación superior pública –la autonomía, la laicidad, la pluralidad y la libertad académica– se convierte en una tarea urgente e inaplazable. La lucha por el financiamiento y la estructura de las universidades públicas es, en esencia, la defensa de los espacios donde las sociedades aprenden sobre sí mismas y sobre la naturaleza, cuestionan su propio funcionamiento y a forman una ciudadanías libres, informadas y reflexivas.
*Especialista en sociología política de la educación superior y de los movimientos sociales
La flota fantasma
Ilán Semo
06 de noviembre de 2025 00:01
8 de marzo por la tarde. Un buque petrolero –el Torm Agnes– ingresó al puerto de Ensenada con una carga de 120 mil barriles de diésel. Es raro ver este tipo de embarcaciones en un muelle que sólo puede alojar cruceros, yates y modestos transportes de contenedores. ¿La razón? No cuenta con las instalaciones ni las medidas de seguridad para descargar materiales inflamables. En cuestión de minutos, una larga fila de pipas se formó para llevarse la preciada carga.
Decenas de hombres iniciaron la operación con seis mangueras conectadas a una toma central en el barco; trabajaron ardua y calladamente, incluso hasta altas horas de la noche.
Dos meses después se sabrá, por la declaración oficial del Departamento del Tesoro estadunidense, que los laboriosos hombres que bajaban de las pipas pertenecían al cártel Jalisco Nueva generación y estaban coludidos con Ikron Meadstream, una empresa domiciliada en Houston (que fletó el barco danés). Una operación multimillonaria de contrabando destinada a surtir combustible a gasolineras y empresas mexicanas a un precio por debajo de las tarifas establecidas por Pemex.
En el registro oficial de aduanas, la carga del Tom Agnes aparecería como “material de deshecho”.
Desde principios del siglo XXI, el crimen organizado en México inició su incursión en el mercado ilegal de los combustóleos. Primero fueron desvíos directos de Pemex; después las tomas clandestinas en sus ductos (el año pasado ascendieron a la estratosférica cifra de 18 mil) y, por último, ya recientemente, el contrabando masivo provisto por una flota fantasma. Hoy se calcula que dominan, por lo menos, la quinta parte de ese mercado. Se trata acaso del negocio más redituable de los cárteles mexicanos; sobre todo, del más predecible y sistemático.
Si los estados de Puebla y Guanajuato se debaten hoy en el peor grado de criminalidad y violencia de su historia, esto se debe, en parte, a que los grupos criminales necesitan controlar los territorios de una industria ilegal que trabaja sin reposo.
El negocio resulta prácticamente redondo. El CJNG, las gasolineras y las empresas se benefician de la evasión de impuestos. El costo de la quinta parte de los combustibles robados que consumen cada día 44 millones de vehículos automotores en toda la República aparece como “deuda” en la contabilidad de Pemex. El déficit de Pemex eleva las utilidades de los bancos de Wall Street, que son los acreedores de la compañía.
La del Torm Agnes es algo más que la historia de un barco cargado con diésel robado. Es la microanatomía de un nuevo poder híbrido. Un poder que reside en una alianza fluida entre la violencia criminal y la racionalidad financiera. Así, entre el crimen organizado en México y Wall Street se ha establecido un sólido complejo narcofinanciero, que desangra al país día con día. El crimen organizado ha aprendido a no desafiar al poder soberano, sino a infectar sus sistemas, a mimetizarse en sus procedimientos y a utilizar sus herramientas (la empresa offshore, la deuda, la banca) para crear una máquina de extracción de riqueza que es, al mismo tiempo, enormemente violenta y burocráticamente impecable. Mientras tanto, la deuda de la empresa petrolera mexicana nunca se reduce. Y quienes pagan los costos de este histórico atraco son los contribuyentes que día con día entregan sus impuestos al fisco.
Meses después del affaire de Ensenada, la respuesta de la administración de Morena fue inculpar y detener al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a siete empresarios y funcionarios públicos (acusados por huachicol fiscal en los puertos de Tamaulipas). Un acto en sí sorprendente. Con ello se derribaban dos mitos (fomentados por el sexenio anterior): el de la supuesta “incorruptibilidad” de las fuerzas armadas, así como el de su “absoluta impunidad”. Por primera vez, un alto rango militar era acusado de delitos del fuero común.
La pregunta es bastante sencilla: ¿por qué el Departamento del Tesoro no procedió de la misma manera contra Ikron Meadstream? ¿Acaso la redefinición del CJNG como “organización terrorista” no implica que cualquier empresa que facilite sus actividades es sujeto de un delito equivalente? Hasta la fecha no se ha escuchado ni una palabra al respecto.
Y, sin embargo, si el asunto llegó hasta las alturas del Departamento del Tesoro es porque alguien ejerció una presión correspondiente en Estados Unidos. Ese alguien fueron las empresas que exportan legalmente combustible a México y que han visto sus ventas mermadas.
Al parecer, la múltiple figura del CJNG (como ejército del narcotráfico y, ahora, corsario del petróleo ilegal) crea dilemas en la retórica oficial de Washington en torno al combate contra los cárteles. Se trata de un nuevo dilema del prisionero.
La parte formal de la economía estadunidense ya no puede soslayar a su parte ominosa. De lo contrario, el complejo narcofinanciero, que actúa silenciosamente, quedaría desnudo a la intemperie.
Y cuando algo que debe quedar oculto sale a la luz, aparece el rostro de lo insoportable.
