Miguel Tinker Salas y Victor Silverman*
01 de noviembre de 2025 00:04
La posibilidad de una acción militar contra Venezuela por parte de Estados Unidos aumenta día tras día. Mientras tanto, el presidente Donald Trump sigue obsesionado con ganar el Premio Nobel de la Paz, insistiendo en que ha negociado el cese de hostilidades entre varios países, incluso algunos conflictos que nunca existieron. ¿Son estas las acciones de un presidente cada vez más incapacitado o son parte de una estrategia que busca la derrota de la izquierda en América Latina? Quizás ambas cosas sean posibles. Parafraseando a Carlos Marx y Federico Engels, un fantasma recorre Estados Unidos: el fantasma del narcoterrorismo.
Washington ha declarado que el propósito de su despliegue masivo en el Caribe es interceptar el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos. Pretenden hacernos creer que para destruir 13 lanchas y matar a 57 personas que supuestamente traficaban cocaína y fentanilo se requiere la presencia de 15 por ciento de la fuerza naval de Estados Unidos, incluyendo el portaviones más grande del mundo, el Gerald R. Ford, varios destructores, una embarcación de combate litoral y un submarino nuclear.
La fuerza naval está respaldada por un equipo de helicópteros en Panamá, y en Puerto Rico han concentrado un escuadrón de cazadores F-35B. Estados Unidos también tiene bases militares en Cuba, El Salvador y Aruba, y cuenta con la ayuda explícita del gobierno de Trinidad. Como si fuera poco, el Comando Sur también ha despachado bombarderos B-52 capaces de cargar armas nucleares para sobrevolar la costa de Venezuela. El presidente Trump también autorizó las acciones de la CIA en territorio venezolano.
El pretexto para destruir las embarcaciones y matar a sus tripulantes es que su destino final era el territorio de Estados Unidos, una distancia de 2 mil 600 kilómetros, lo cual sería imposible sin surtirse de combustible innumerables veces. La realidad es que el gobierno de Trump no ofrece la más mínima prueba que indique que estas lanchas intentaban llegar a Estados Unidos.
Lo más probable es que algunas pertenecen a redes de pescadores, y sin duda algunos serían contrabandistas, que siempre han operado en el Caribe traficando bienes, gasolina o inmigrantes. Como señaló un pescador trinitario: “ningún narcotraficante va a cargar 11 personas en una lancha, si de lo que se trata es de traficar drogas”.
Según Trump, los tripulantes son miembros del Tren de Aragua, una banda criminal que opera en Venezuela y supuestamente representan una fuerza invasora bajo las órdenes del gobierno de Venezuela, cuya intención es matar a estadunidenses. Al igual que hizo con la Mara Salvatrucha durante su primer gobierno, Trump ha satanizado a los inmigrantes venezolanos asociándolos con el Tren de Aragua. En el contexto internacional, el país y su población son también satanizados, vistos como el principal enemigo de Estados Unidos en América Latina. Esta postura de crear monstruos ahora se convierte en una justificación para atacar embarcaciones en el Caribe.
El presidente Trump, su principal asesor, Stephen Miller, y el secretario de Estado, Marco Rubio, afirman que los llamados narcoterroristas amenazan la seguridad de Estados Unidos. Al igual que en Irak, donde Estados Unidos falsamente promovió la existencia de “armas de destrucción masiva” para iniciar una guerra, en el Caribe usan el narcotráfico para justificar sus acciones militares y presionar a Venezuela y a Colombia.
Según Trump, las naves y su cargamento representan una amenaza existencial para Estados Unidos. Trump manipula esta posición para no tener que pedir al Congreso una declaración de guerra, y de tal forma, Trump y su gobierno se convierte en juez, jurado y verdugo de las personas en las lanchas.
Sin mucho éxito, un puñado de congresistas demócratas han criticado las acciones de su gobierno. Trump también ha recibido críticas de sectores inesperados. Abogados militares jubilados han declarado que la ejecución de los tripulantes no sólo viola el derecho internacional, sino también la ley de Estados Unidos. El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur encargado del despliegue en el Caribe, renunció a su cargo a mediados de octubre al no estar de acuerdo con las acciones letales del gobierno.
En abril, el Concilio Nacional de Inteligencia y otros servicios de inteligencia en Estados Unidos refutaron la posición de Trump, indicando que Venezuela no produce ni cocaína ni fentanilo y que el gobierno no controla al crimen organizado. Sobre todo, confirmaba que las principales rutas del narcotráfico operan en el Pacífico, no en el Caribe. Posteriormente, el presidente y vicepresidente del Concilio fueron despedidos, y la Casa Blanca produjo un reporte de la FBI que justificaba sus acciones.
Trump no tiene una estrategia sistemática, la mayoría de sus ideas surgen de la última emisión de Fox News o de su interacción con algún asesor o empresario. Sin embargo, sus asesores, especialmente el secretario de Estado, Rubio, sí pretenden tener planes con los cuales aspiran “rescatar” América Latina de la izquierda. Rubio y sus socios no sólo intentan derrocar al gobierno de Venezuela: también buscan influir en las elecciones en Colombia, y a largo plazo su objetivo es transformar los gobiernos de Cuba, Nicaragua e incluso México y Brasil.
La visión de los asesores de Trump es una doctrina Monroe II. Los asesinatos ilegales en alta mar proporcionan imágenes espectaculares para Trump, que está obsesionado con la televisión, ya que le permite ocultar la realidad. La administración combate fantasmas, mientras tanto, hoy como antes, las víctimas son personas reales cuando el Caribe se convierte en el laboratorio de pruebas para el imperialismo estadunidense.
*Profesores eméritos, departamento de Historia, Pomona College
Por masacre que dejó 121 muertos, exigen renuncia del gobernador bolsonarista en Río
Ap
31 de octubre de 2025 19:07
Río de Janeiro. Cientos de manifestantes marcharon el viernes en una de las favelas donde se efectuó la redada policial más letal en la historia de Río de Janeiro, la cual dejó más de 100 muertos, exigiendo la renuncia del gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, en medio de persistente indignación por el operativo.
Residentes locales, políticos, activistas, madres afligidas que perdieron a sus hijos en operaciones anteriores, y personas de otros barrios de Río de Janeiro se reunieron para expresar su furia en Vila Cruzeiro, parte del complejo de favelas Penha, donde días antes los residentes colocaron en el piso decenas de cuerpos que habían recogido de un área verde cercana tras la redada.
Al menos 121 personas murieron en el operativo del martes, incluidos cuatro policías, según la policía. La oficina del defensor público de Río dice que 132 personas perdieron la vida.
“¡Cobarde, terrorista, asesino! Sus manos están manchadas de sangre”, denunció Anne Caroline Dos Santos, de 30 años, refiriéndose a Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro y opositor del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Castro ha acusado al gobierno federal de abandonar a Río en su lucha contra el crimen organizado, una afirmación que el gobierno de Lula ha refutado.
Dos Santos acudió desde la favela más grande de Brasil, Rocinha, en la zona sur de Río, para expresar su indignación. Al igual que muchos otros manifestantes, acusó a las fuerzas policiales de cometer tortura y ejecuciones extrajudiciales.
"Ahora las madres están luchando para recuperar los cuerpos de sus hijos y enterrarlos", manifestó, y añadió que había perdido a un amigo en la operación.
Muchas tiendas han reabierto desde que cerraron esta semana, pero todavía había señales en las calles de los eventos recientes, incluidos autos quemados que fueron utilizados como barricadas contra el ingreso de la policía al barrio de bajos ingresos.
"Basta de masacres"
Muchos vestían de blanco, lo que un manifestante dijo simbolizaba su deseo de paz, y algunas camisetas tenían manos rojas impresas. Otros sostenían carteles que decían: "dejen de matarnos", o llevaban calcomanías que rezaban: "basta de masacres".
“Esto es una desgracia para Brasil”, lamentó Leandro Santiago, de 44 años, quien vive en Vila Cruzeiro y se gana la vida con su motocicleta, proporcionando paseos y haciendo entregas. "Nada justifica esto".
La redada del martes, llevada a cabo por unos 2 mil 500 policías y soldados, estaba enfocada en la notoria banda Comando Rojo en las favelas Complexo de Alemão y Complexo da Penha.
Los objetivos declarados de la operación eran capturar a sus líderes y limitar la expansión territorial del Comando Rojo, que ha aumentado su control sobre las favelas en los últimos años, pero también se ha extendido por Brasil, incluso en la selva amazónica.Los miembros de la banda recibieron a los policías con disparos y otras represalias, lo cual desató escenas de caos en toda la ciudad.
Protesta contra el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, tras el operativo policial en las favelas de la ciudad, que dejó más de 100 muertos. Foto Afp
Castro indicó el martes que Río está en guerra contra el "narcoterrorismo", un término que evoca el usado por el gobierno del presidente estadunidense Donald Trump en su campaña contra el contrabando de drogas en América Latina. Dijo que la operación había sido un éxito.
El gobierno estatal señaló que los muertos eran criminales que se resistieron a la policía.
Pero el número de fallecidos, el más alto jamás registrado en una operación policial en Río, provocó condenas de grupos defensores de los derechos humanos y de Naciones Unidas, al igual que un intenso escrutinio por parte de las autoridades. El Supremo Tribunal Federal, fiscales y legisladores le ordenaron a Castro proporcionar información detallada sobre el operativo.
Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, programó una audiencia con el gobernador del estado y los jefes de la policía militar y civil en Río para el 3 de noviembre.
Gran parte de la furia en Vila Cruzeiro el viernes era contra Castro. Algunos manifestantes lo llamaron "asesino" y exigieron su renuncia, o incluso que sea enviado a prisión.
“El gobernador dijo que estaba haciendo esta operación para combatir el narcotráfico. Pero necesitamos asfixiar a quienes lo financian. Necesitamos políticas que busquen abordar la corrupción”, declaró Mónica Benício, concejala local y viuda de la concejala asesinada Marielle Franco.
"El asesinato de jóvenes en las favelas no es una política pública, es una masacre", añadió.
Entre elogios y cuestionamientos
Mientras que algunos en Brasil —particularmente votantes y políticos de derecha— elogiaron la operación contra la banda fuertemente armada, otros cuestionaron si lograría resultados duraderos, y argumentaron que muchos de los muertos eran de bajo rango y fácilmente reemplazables.
El gobierno estatal indicó el viernes que, de los 99 sospechosos identificados hasta ahora, 42 tenían órdenes de arresto pendientes y al menos 78 tenían antecedentes penales extensos.
Pero el periódico local O Globo señaló que ninguno de los 99 nombres fue acusado formalmente por la fiscalía pública de Río de Janeiro en la investigación que respaldó la operación principal.
En la protesta muchos condenaron el estado en que se encontraron los cuerpos, de los cuales al menos uno estaba decapitado, mientras que otros fueron hallados con heridas de arma blanca o atados.
Adriana Miranda, una abogada de 48 años presente en la manifestación del viernes, dijo que incluso si los jóvenes asesinados eran sospechosos de participar en el crimen organizado, de todas formas tenían derechos.
"Las sospechas deben ser investigadas. Hay todo un procedimiento establecido en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal que debe seguirse", expresó. "La Constitución garantiza los derechos de todos".
Conquista trajo dolor e injusticia a pueblos originarios, admite España
Justo es reconocerlo y lamentarlo; es parte de nuestra historia compartida: ministro de Asuntos Exteriores
▲ José Manuel Albares reconoció el apoyo de México al exilio español durante el franquismo.Foto Europa Press
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 4
Madrid. No fue un “perdón”, pero casi. Y no lo dijo el rey de España, Felipe VI, a través de una carta abierta o un discurso público, pero sí el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, el socialista José Manuel Albares, quien por primera vez reconoció a nombre de España “el dolor” y “las injusticias” que sufrieron los pueblos originarios de México a lo largo de la historia, en concreto durante la Conquista y el periodo colonial. “La historia compartida entre México y España, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, aseguró Albares en el acto oficial de inauguración de las cuatro exposiciones de arte precolombino en Madrid, “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”.
Las palabras de Albares fueron un mensaje claro hacia el gobierno de México, con el que intentan desde hace años recuperar el diálogo y la normalidad diplomática alteradas desde 2019, cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a las autoridades españolas en la que reclamaba un perdón público por parte del rey de España, en su calidad de jefe de Estado, por los excesos durante la Conquista y la Colonia. La respuesta por parte de España fue el silencio, tanto desde la Casa Real como del Ejecutivo, que ya era presidido por el socialista Pedro Sánchez, quien tiene la facultad de decidir la política exterior.
El ministro español habló por primera vez de “injusticia”, de “dolor” y hasta pronunció la palabra “lamentamos”, casi como un preámbulo del “perdón” que se reclama desde México.“España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles que encontraron en aquella otra orilla del océano que nos une, la libertad que aquí les negaba la dictadura. Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles libres, como los españoles libres de hoy en día, damos las gracias.
“Esos españoles enriquecieron con su arte, con su cultura y con su ciencia nuestro patrimonio compartido. Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones, en nuestra historia. Una historia muy humana. Y como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios, a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy. Y justo es lamentarlo. Porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.”
Antes de las palabras de Albares, y de su propia llegada al acto de inauguración en la sede central del Instituto Cervantes, a la que arribó con casi una hora de retraso, había hablado, en nombre del gobierno de México, el antropólogo Diego Prieto, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura federal, quien leyó una carta enviada ex profeso por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que decía que “México es tierra de raíces profundas. Su grandeza cultural no se explica sin las civilizaciones originarias que florecieron mucho antes de la llegada de los europeos y sin las mujeres que dieron forma a esas culturas… Pero esta historia también tiene heridas, la Conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no sólo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida. Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate, fueron silenciadas, desplazadas, violentadas. Sin embargo resistieron en silencio y en acción, en lo individual y en lo colectivo, en el telar y en la palabra, en el rito y en la comunidad. Hoy, esas voces resurgen con fuerza, las mujeres indígenas de México siguen creando, luchando y enseñando”.
Y el propio director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, quien además acababa de regresar de México de un breve viaje de trabajo, entró de lleno en el asunto que estaba en el fondo y en la superficie de la inauguración: la búsqueda de la normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países. “El ser humano, desde el asesinato de Caín a las bombas de Hiroshima; desde las violencias coloniales a las cámaras de gas; desde las represiones autoritarias a la explotación social, tienen muchos motivos para pedirse disculpas a sí mismos. Y la cultura es la mejor respuesta en defensa de la dignidad humana, que nos debe unir hacia el futuro. Por eso esta exposición centrada en la mujer indígena adquiere una resonancia internacional. Nos recuerda que toda civilización se sostiene sobre la memoria”.
Hasta ahora, el gobierno español no había tenido ni el más mínimo gesto de contrición de los abusos durante la Conquista y el periodo colonial. Ni siquiera cuando Sheinbaum decidió no invitar a su toma de posesión al rey de España, dada su negativa a responder a la carta de petición de perdón. Y así fue, nadie de la Casa Real ni del gobierno español acudieron a la sesión solemne en la Cámara de los Diputados, a la que desde España sólo acudió un grupo reducido de diputados de partidos de la izquierda española y de las fuerzas independentistas vascas y catalanas, pero ninguno del gobernante Partido Socialista Obrero Español.
Es notoria la preocupación que persiste en la diplomacia española por la deriva que ha tomado la crisis, que ha provocado que en los últimos siete años ningún mandatario mexicano haya visitado España en gira oficial. De hecho, el último presidente en funciones que viajó a Madrid fue Enrique Peña Nieto, poco antes de ceder el bastón de mando a López Obrador.
El próximo gran acto público entre México y España será durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en enero del 2026 en Madrid, en la que México será “país socio” y en la que se prevé la presencia de la mayoría de los gobernadores de las entidades federativas, numerosos presidentes municipales y representantes del gobierno federal, como la secretaria de Turismo. Veremos si esa lista aumenta hasta la cúspide, como esperan con ansias los diplomáticos españoles.
La democracia totalitaria
Fabrizio Mejía Madrid
Dos palabras juntas que tienen un significado opuesto se han convertido en la crítica a la mano de quienes no ven con buenos ojos la mayor participación popular. El nuevo régimen mexicano que se instauró con dos elecciones abrumadoras, la de 2018 y la de 2024, que amplió las elecciones democráticas al Poder Judicial y que cambiará la forma en que se representa a los ciudadanos de tal manera que no haya voto inútil aunque su opción haya perdido, se le llama “autoritarismo”. Esta crítica, más morónica que oximorónica, se cura en salud: “los autócratas” –dicen– “usaron las reglas de la democracia para subvertirla desde adentro”. Así, tal parece que la democracia se aniquila a sí misma cuando comienza con un mandato abrumadoramente mayoritario y se ejerce con legtimidad. El veneno para la democracia es la propia democracia, vaya, vaya. El argumento sigue: y si está en riesgo, la democracia necesita que alguien la salve. Y, entonces, aparecen como vengadores los adalides del antiguo régimen que ordenaron fraudes electorales, censuraron a la prensa, masacraron a movimientos de protesta, disolvieron por decreto a toda la Suprema Corte, y praticaron la intriga más que la política. Como Zedillo o Calderón que, en nombre de una supuesta necesidad histórica, hicieron que la gente se sacrificara por un supuesto beneficio posterior que sólo consistía en la fe que le tuvieron a sus planes: “Ya mero salimos de la crisis”; “ya mero de la violencia”. Ahora tachan al pueblo de “ignorante” porque no tuvo su misma fe.
Según ellos, han desaparecido “los contrapesos” porque, ahora, los tres poderes de la república son electos por una mayoría. A lo que se refiere “contrapeso” es al uso faccioso de los juzgadores como un poder que declaraba “inconstitucionales” todas las leyes aprobadas en el Congreso que amenazaban las ganancias privadas, nacionales y extranjeras, es decir, un poder que saboteaba al interés general y que se erigió por encima de los otros dos.Según este argumento, “independencia” judicial no era seguir los propios criterios, sino estar en contra de todo lo que aprobaran los representantes electos. Los críticos de la democracia también se refieren a la reasignación de las funciones de los organismos autónomos que ocultaron en la “técnica” decisiones que sólo beneficiaban a las empresas. Y, por último, siguen usando el término “clientelismo” para los derechos sociales que están en la Constitución y que son para todos, opositores y no. Sin embargo, no son las instituciones o derechos lo que les escandaliza, sino su origen popular: el voto universal.
En el fondo, estos críticos odian la democracia. Odian, como dice Jacques Rancière, la ruptura que significa con todos los criterios que habilitan supuestamente a alguien para ser gobernante: la herencia familiar, la riqueza y el saber certificado con diplomas. Los tres pueden ser indispensables en otros espacios –la familia, la empresa, la escuela– pero no en la política. Escribe el mismo Rancière: “El poder del pueblo no es el de la población reunida, de su mayoría, o de las clases trabajadoras. Es simplemente el poder propio a los que no tienen más título para gobernar que para ser gobernados. No es posible desembarazarse de este poder denunciando la tiranía de las mayorías, porque haría falta también desembarazarse de la política”.
A menudo, cuando estos críticos lo han leído aunque sea en Wikipedia o Google, citan como autoridad a Alexis de Tocqueville, cuyos sentimientos aristócratas se erizaron cuando vio que, en el Estados Unidos de 1835, se elegían a todas las autoridades, incluyendo jueces. Se les olvida mencionar, además de su contradictoria “tiranía de la mayoría”, que la solución que Tocqueville propone es el regreso a alguna forma de aristocracia: que se relijan perpetuamente los diputados y senadores, que se eternice la administración, que no cambien las leyes con respecto a la dinámica social, que la opinión pública no “tiranice el espíritu libre”.
Como con los críticos mexicanos de hoy, Tocqueville nunca vio la “tiranía de las mayorías”, pero la olfateó desde lejos. Quién sabe qué hubiera pensado el francés del voto de las mujeres o del movimiento de los derechos civiles que detuvo la guerra en Vietnam y trajo el reconocimiento de que la democracia estadunidense oprimía a los no-blancos o, en su propio país, del mayo de 1968. Acaso hubiera reconocido que la democracia son las luchas por ampliarla, de lo privado a lo público y de lo elitista a lo plebeyo: que los que dominan con su riqueza en la sociedad no lo hagan, también, en el gobierno. La democracia es esa ampliación cuando alguien que cumple con un papel en la sociedad irrumpe para ejercer su derecho a la ciudadanía: mujeres, negros, indígenas, gays y un numeroso etcétera. Lo político es cuando lo social se niega a continuar siendo. La mayoría a la que tanto le temió Tocqueville se iba a hacer cada vez más grande, compleja, y con múltiples “espíritus”. No se comportó con las reglas que idearon los abogados o los economistas.
Los que odian la democracia son los que sienten la impureza que habita la política: lo que hace a la élite dominante en la sociedad –sus antecedentes familiares y sus propiedades– no cuenta como criterio principal de la política, sino cosas que no son propias de ellos: legitimidad, visión de destino compartido, sentimientos de empatía sin que medie cálculo personal alguno, orgullo de pertenencia, una superioridad fundada en que no reconoce ninguna superioridad porque en una ruptura democrática lo que se borra son los rangos que con tanto esmero había repartido la élite entre cuerpos, lenguaje, gustos, y reconocimientos. La élite se exaspera porque el insaciable apetito por acumular ahora debe contenerse –sólo un poco– ante la soberanía popular y los derechos sociales. La élite se escandaliza de que la gente haya optado por algo más que la cadena de los sustituíbles burócratas de la oligarquía. La élite se escanzaliza de que haya ahora que gobernar con pueblo –o como ellos decían: “sin divisiones”– y que haya que hacer política. ¿Por qué el pueblo no se conforma como los modelos de la teoría de juegos? ¿Por qué no tiene siempre la lógica del provecho personal o de la preclaridad de las ciencias? ¿Por qué los ciudadanos plebeyos eligen vivir en la indistinción entre gobernantes y gobernados? ¿Qué saben ellos de nada? ¿Y de qué se ríen?
