En cuanto a la desigualdad, es 14 por ciento menor que hace 10 años. Sin embargo, el 10 por ciento más rico de la población acapara 33.5 por ciento de los ingresos, mientras el 10 por ciento más pobre percibe apenas 2 por ciento de la riqueza generada. La inequidad extrema se refleja en fenómenos como el poco honroso título de tercer país con más jets privados del mundo, con casi 2 mil de estos aparatos, los cuales no sólo simbolizan el contraste entre la miseria y la opulencia, sino que muestran el carácter intrínsecamente nocivo de la acumulación de grandes fortunas. Como denuncia la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF), el 0.1 por ciento de la población más rica en México contamina prácticamente lo mismo que el 40 por ciento más pobre y los negocios de los tres hombres más ricos del país ensucian el medio ambiente más que 17 millones de personas. El enfoque ecológico dista de ser una mirada romántica o nostálgica, pues el desequilibrio ambiental produce eventos meteorológicos que dejan millones de damnificados; principalmente, entre los más pobres.
De los datos anteriores pueden extraerse dos grandes conclusiones. Por una parte, queda claro que el producto interno bruto (PIB) es un indicador poco fiable para comprender la realidad económica: México ha tenido un crecimiento muy modesto en su PIB, lo cual no le ha impedido impulsar el bienestar de sus sectores más vulnerables en mucha mayor medida que países con aumentos del PIB que parecerían envidiables. Esta aparente incongruencia es resultado de un modelo económico diseñado no para crear, sino para acaparar la riqueza: entre 2020 y 2022, 63 por ciento de todo el nuevo capital generado en el planeta fue capturado por el 1 por ciento más rico de la población. La organización Oxfam ilustra de manera elocuente lo que significa esa disparidad: por cada dólar de nueva riqueza global que ganó una persona del 90 por ciento más pobre de la humanidad, un multimillonario ganó 1.7 millones de dólares. Así, de poco sirve una enorme aceleración del PIB si no se instrumenta un marco fiscal e institucional que evite la hiperconcentración de la riqueza.
En esta verdad radica la segunda conclusión: para sostener y reforzar el combate a la pobreza es ineludible gravar las grandes fortunas y el consumo suntuario de tal modo que la prosperidad no se traduzca únicamente en lujos, sino también en bienestar general. La AJF aporta algunas sugerencias de dónde iniciar la implementación de la justicia fiscal al señalar que en México los yates y los jets privados se encuentran subvencionados de facto por tarifas portuarias y aeroportuarias excepcionalmente bajas, hasta el punto de que el dueño de un avión paga la misma tarifa de uso de aeropuerto (TUA) que el pasajero de un vuelo comercial en clase turista, en tanto que quien posee una embarcación de millones o decenas de millones de dólares eroga por atracarla menos de lo que cuesta un estacionamiento en la Ciudad de México. Del lado de los ingresos, el gran pendiente es la progresividad fiscal, pues en la actualidad una microempresa paga el mismo impuesto sobre la renta que corporaciones trasnacionales.
Es necesario llevar a la arena pública el debate sobre una reforma fiscal que deje atrás el esquema hacendario heredado del neoliberalismo. Para hacerlo sin graves fricciones, el gobierno debe emprender un esfuerzo político y hasta pedagógico para explicar al empresariado que la desigualdad extrema, además de éticamente indefendible, supone un lastre al crecimiento. Las personas de negocios han de comprender que la existencia de una clase media amplia y pujante es incompatible con la captura de la riqueza en unas pocas manos.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Transportistas participaron en el paro nacional de agricultores del lunes pasado, en el puente internacional Zaragoza-Ysleta en Ciudad Juárez, Chihuahua.Foto Afp
La buena, que México es el país de América Latina y el Caribe en el que más se redujeron pobreza y pobreza extrema durante la última década; la mala, que 10 por ciento de la población con mayores ingresos concentra una tercera parte del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento más pobre a duras penas se queda con 2 por ciento (a 40 por ciento de la población de menores ingresos le corresponde 15.3 por ciento), aunque la desigualdad podría ser mayor “si se toman en cuenta registros tributarios y cuentas nacionales” ( La Jornada, Dora Villanueva), de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El organismo especializado de la ONU divulgó ayer su Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, del que se toman los siguientes pasajes: Colombia (con 43.9 por ciento para el decil más rico y 0.9 por ciento para el más pobre) es el país regional con mayor concentración del ingreso. México ocupa el peldaño número 9 entre las 16 naciones analizadas y Uruguay el último, aunque en ninguno de los casos dicha concentración es menor a 30 por ciento para la población más pudiente.
La desigualdad del ingreso en América Latina y el Caribe es una de las brechas estructurales más persistentes. Se trata de un fenómeno que refleja no sólo diferencias en la capacidad de generación de ingresos de las personas, sino también la histórica concentración del capital y de las oportunidades de desarrollo en manos de una minoría. En esencia, la desigualdad del ingreso se refiere a la magnitud de la diferencia entre los ingresos que perciben los segmentos más pobres de la población y los que se concentran en los estratos más ricos. No cabe duda de que la magnitud de la desigualdad en la región es particularmente alta: América Latina y el Caribe tiene un índice de Gini promedio que es inferior sólo al de los países de África Subsahariana, y algunos de sus países presentan los índices de desigualdad más altos a escala mundial.
Las sociedades con altos niveles de desigualdad tienden a desaprovechar el potencial productivo de grandes segmentos de la población, lo que se traduce en economías menos dinámicas e innovadoras. A su vez, la desigualdad excesiva debilita la cohesión social y la estabilidad, al percibirse como una situación injusta; reduce la eficiencia económica, al impedir que personas con potencial accedan a recursos para invertir, y deteriora las instituciones políticas, al facilitar su captura por élites que promueven políticas contrarias al interés general. La desigualdad del ingreso se vincula estrechamente con la concentración de los activos productivos, como la tierra y el capital físico y financiero, lo que limita aún más las posibilidades de movilidad social.
De acuerdo con los resultados de las encuestas de hogares de América Latina, la brecha del ingreso entre el decil superior (más rico) y el inferior (más pobre) supera las 20 veces. Este patrón de concentración extrema es característico de una forma de desarrollo que se asienta en profundas desigualdades estructurales, que difícilmente pueden reducirse sin políticas redistributivas más intensas y sostenidas.
En lo que respecta al componente de los ingresos por ocupado, los salarios de las personas dependientes contribuyeron, en casi todos los países, a una mejora distributiva. Destacan los casos de México, donde el ingreso asalariado tuvo efecto claro en la mejora distributiva.
En síntesis, el índice de Gini presenta una tendencia descendente en varios países, pero la reducción ha sido modesta y no refleja cambios profundos en los patrones de concentración de la riqueza. La marcada disparidad entre los deciles más ricos y los más pobres pone de manifiesto que el modelo de desarrollo vigente continúa reproduciendo brechas históricas que limitan tanto el crecimiento económico y la cohesión social como el avance hacia el desarrollo social inclusivo.
Las rebanadas del pastel
Resulta que entre los “apartidistas” prianistas dedicados, según dicen, a “rescatar el campo” también hay quienes se dedican al huachicoleo de agua. Detalla la presidenta Sheinbaum: “Hay distritos que tienen concesionada agua para riego y no pagan por el uso porque es para la producción de alimentos –como dice la ley, tratándose de distritos de riesgo–. Bueno, resulta que no la usan y la venden a los municipios y entonces los ves en sus carrazos, camionetotas a los agricultores de algunos distritos de riego porque ganan al año 300 millones de pesos por venderle agua a un municipio. Pues eso no, no puede ser”.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Productores venden agua a municipios y ganan 300 millones de pesos anuales
No a los privilegios: Sheinbaum
Industrias, campos de golf y constructoras se benefician del acaparamiento promovido en el sexenio de Calderón
Alma E. Muñoz y Emir Olivares
Periódico La Jornada Jueves 27 de noviembre de 2025, p. 4
Hay productores que tienen concesionada agua para riego y la venden a municipios con una ganancia al año de 300 millones de pesos, lo que “no puede ser… No a los privilegios, sí a la ley y al estado de derecho”, remarcó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ante las movilizaciones en contra de la Ley General de Aguas, en la mañanera del pueblo criticó que quienes buscan seguir acaparando el líquido pretendan generar la idea de que hay caos, por lo cual se explicará que en el sexenio del panista Felipe Calderón “se dieron un montón de concesiones, y quienes estaban al frente de la Conagua (Comisión Nacional de Agua) en los estados ahora se están manifestando”.
El director del organismo, Efraín Morales, advirtió que quienes se oponen a los cambios legislativos “defienden sus intereses, porque son los que durante muchos años, al amparo del poder político y económico, han acaparado grandes cantidades de agua”.
Están “muy preocupados” y generan campañas de desinformación, pero la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales “se discutirá en los próximos días en la Cámara de Diputados y se está trabajando para enriquecer la propuesta”, mencionó.
Recordó que concesiones para uso agrícola terminaron “utilizadas en parques industriales, en campos de golf o incluso se llevan a desarrollos inmobiliarios sin que exista control del Estado; esto ha generado un gran desorden y afectaciones”.
La Presidenta precisó que la reforma no afecta la herencia de concesiones. “Ahora están queriendo decir que un ejidatario no va a poder ceder esa agua a sus hijos si tiene un pozo en su parcela. Falso. Claro que se puede hacer, pero ese acaparamiento ya no”.
Cuestionó que los dueños de concesiones para riego, las cuales no pagan, como estipula la ley, no usen el agua. “La venden a los municipios y entonces ves en sus carrazos y camionetotas a los agricultores de algunos distritos de riego porque ganan al año 300 millones de pesos por venderle agua a un municipio. Eso no puede ser.
“Claro que hay algunos que se manifiestan ahora (porque) quieren seguir manteniendo ese privilegio. Pues no. Nosotros llegamos a transformar la vida pública para todas y todos los mexicanos, en particular para el que menos tiene.”
Sheinbaum Pardo afirmó que hay “agricultores grandes, de los grandotes, que tienen concesiones de agua” y con la reforma ya no podrán vender líquido a un tercero, ni la podrán transmitir “así nomás”, por ejemplo, a desarrolladores inmobiliarios. Ahora tendrán que ir a la Conagua.
Indicó que si hay errores en la iniciativa de ley, “para eso hay una mesa de trabajo en el Congreso. Que se corrija”.
También consideró “ridículo” el argumento del diputado priísta Rubén Moreira, de que pozos de agua particulares no se podrán explotar. “Cada quien encabeza la lucha que quiere. Nosotros sostenemos que el agua es un derecho humano y un recurso de la nación que debe ordenarse”.
Ayer también se informó que se inició la construcción de un acueducto de alrededor de 21 kilómetros para dotar de agua a la ciudad de Colima durante aproximadamente 30 años, con una inversión de mil 780 millones de pesos.
Parlamento Europeo plantea edad mínima de 16 años para usar redes sociales e IA
Reuters
26 de noviembre de 2025 20:00
Brucelas. El Parlamento Europeo aprobó el miércoles una resolución que recomienda un mínimo de 16 años para poder acceder a las redes sociales y a los chatbots de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de garantizar “una participación en línea adecuada a la edad”.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) del bloque deja en manos de cada país la decisión sobre los requisitos de edad mínima.
Según una declaración publicada en el sitio en internet del Parlamento Europeo, la legislación recomienda a los países miembros establecer una edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales, a las plataformas para compartir videos y a “compañía” de IA, pero les da acceso en caso de que haya consentimiento de los padres.
También pide que se establezca un límite de edad digital europeo armonizado de 13 años, por debajo del cual ningún menor pueda acceder a los mismos servicios digitales.
La resolución no tiene peso legal, pero expresa la posición del Parlamento sobre el asunto. Cualquier legislación vinculante requeriría propuestas formales de la Comisión Europea, seguidas de negociaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Parlamento en un proceso que suele tardar años en completarse.
También propone más medidas, como la prohibición de elementos de diseño adictivos que mantengan a los niños enganchados a las pantallas y de publicidad manipuladora y elementos similares a los juegos de azar.
El texto también pide el bloqueo total de los sitios web que no cumplan las normas de la UE y que se aborden las herramientas de IA que pueden crear contenidos falsos o inapropiados.
Tanto X, de Elon Musk, como TikTok se han enfrentado en el pasado a investigaciones formales por incumplir las normas de la DSA.
