De La Redacción
Periódico La Jornada Domingo 26 de octubre de 2025, p. 16
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró sus acusaciones ayer contra su homólogo estadunidense, Donald Trump, de intentar perpetrar un acto de “imperialismo y colonia” apoyado por elementos de “extrema derecha” colombianos que residen en Florida, al proseguir su condena rotunda a las sanciones impuestas por Washington; mientras, el jefe de la Casa Blanca volvió a calificar al mandatario sudamericano de “narcotraficante”.
Tras su inclusión en la lista negra antinarcóticos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadunidense, el mandatario reprochó a Trump por convertir un “instrumento contra la mafia, en herramienta política y electoral” con el fin de “apoyar a sus amigos en Colombia”, a quienes Petro acusa de estar vinculados a grupos criminales con miras a las elecciones generales de 2026, en una acción que definió como “un golpe a la democracia global” gestada desde Florida, estado del secretario de Estado, Marco Rubio.
Petro se lanzó contra el ex senador Juan Manuel Galán, quien celebró su inclusión en la llamada lista Clinton.
“Lo que significa el hecho de la Ofac, Juan Manuel, es que los amigos de quién mató a tu padre (Luis Carlos Galán, candidato presidencial abatido en 1989 por órdenes del narcotráfico) tienen tanto poder que logran poner entre mafiosos a quien investigó a los asesinos de tu padre Galán”, aseveró el presidente colombiano.
Agregó que Washington “violó su estado de derecho al sancionarme como si fuera un mafioso, cuando dediqué mi vida a luchar en contra de los cárteles. Su desespero llevará a armarme trampas, estoy listo para luchar. Por mí y por mi pueblo”.
Tras las sanciones del Departamento del Tesoro y de ser nuevamente calificado de “narcotraficante” por el magnate republicano, Petro respondió con una extensa publicación en su cuenta de X en la que defendió su política antidrogas, y acusó a sectores nacionales e internacionales de distorsionar las cifras sobre los cultivos de hoja de coca en el país latinoamericano.
Recordó que el aumento de los cultivos, a diferencia de las acusaciones que le adjudica la administración Trump, comenzó en 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, pero que la tendencia se mantuvo estable tras el Acuerdo de Paz alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en conjunto con un programa de sustitución voluntaria, avalado por Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La declaración de Petro detalló que la llegada de Iván Duque al poder, con apoyo de Washington, destruyó ese programa y regresó la “erradicación forzada”, lo que provocó violencia, corrupción y un nuevo auge de siembras. El mandatario de izquierda ha sido un duro crítico de las políticas prohibicionistas en materia de drogas.
Calificó la sanción de un acto “arbitrario e injusto”, y afirmó que su política pone en evidencia que la erradicación forzada fracasa, mientras la sustitución voluntaria logra resultados sostenibles y pacíficos.
Aseguró que al recibir el país en 2022, encontró 230 mil hectáreas de coca, pero que su gobierno logró una reducción en la tasa de crecimiento de 13 a 3 por ciento en 2024. Citó datos de la ONU según los cuales 80 mil hectáreas están abandonadas y 22 mil son sustituidas voluntariamente.
Van argentinos hoy a elección legislativa con evidente injerencia estadunidense
La prevista derrota del partido del presidente Milei terminaría con el apoyo financiero de Washington
Stella Calloni Corresponsal
Periódico La Jornada Domingo 26 de octubre de 2025, p. 17
Buenos Aires., Aunque las elecciones de este domingo no son presidenciales, el apoyo expresado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo y aliado argentino, Javier Milei, al condicionar –de manera inédita–que la ayuda por 20 mil millones de dólares, prometida al gobierno amigo en situación crítica, quedaría inmediatamente suspendida si pierde estos comicios legislativos, ha despertado un interés desaforado, aquí y en un mundo apremiado por un dinamismo caótico y cargado de incertidumbres.
Aunque todo parece calmado, el dinero invertido por Estados Unidos en el salvamento, el que prometió, así como los acuerdos que realizan las autoridades en pleno proceso electoral con bancos privados y sectores financieros extranjeros, en su mayoría estadunidenses, producen mucha desconfianza.
Lo que se ve como una extorsión e injerencia evidente de Estados Unidos en las elecciones, ha producido una fuerte indignación en grandes sectores de la sociedad en todo el país y de diversos signos ideológicos. Por otra parte, algunos grupos menos informados son inducidos por cierta prensa de fuerte presencia en medios televisivos, a tener miedo a la amenaza de que el país quede a la deriva.
El posible triunfo del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires marca, indudablemente, estas elecciones.
Oficialismo en desventaja
Los últimos sondeos no resultan favorables para el oficialismo, que enfrenta un panorama social difícil.
Las cifras de encuestadoras como Escenario registran que más de 53 por ciento de las familias argentinas no llegan a fin de mes con recursos económicos y que un alto porcentaje están endeudadas con los bancos porque compran alimentos con tarjetas de crédito, que no pueden pagar por el aumento sostenido de las tasas de interés.
Los escándalos de corrupción hacen que de cada 10 argentinos, entre seis y siete rechazan las políticas gubernamentales. Entre 55 y 60 por ciento de la población cree que la situación económica empeorará en el próximo año.
La empresa Zulan, de Córdoba, registró que 64.7 por ciento de-saprobó la gestión de Milei y 56.7 por ciento de los encuestados cree que La Libertad Avanza (LLA), que lidera el presidente, perderá los comicios legislativos.
En este contexto, 36 millones 478 mil 320 de personas están habilitadas para elegir hoy a diputados y senadores nacionales en 24 provincias, incluida la capital.
La disputa mayor es entre el Partido Justicialista (PJ) y la gobernante ultraderechista LLA, un partido supuestamente conformado por “libertarios” aún en formación, sostenido por su mayor aliado, el ex presidente Mauricio Macri, quien preside Propuesta Republicana (PRO), debilitado por divisiones internas.
En la provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza lleva como principal candidato a Diego Santilli, del PRO, que remplazó ilegalmente a José Luis Espert, quien renunció acusado de alianzas con narcotráfico y corrupción. Mientras el PJ (peronismo) logró unirse con Fuerza Patria, siendo el sector más importante “el kirchnerismo”: militantes peronistas organizados, centrales sindicales e importantes figuras del arte, ciencias, intelectuales y movimientos sociales. Sólo en las provincias Entre Ríos, Chubut, Salta y San Luis, el PJ va dividido.
En tercer lugar en la contienda se ubica la alianza Provincias Unidas con el impulso de seis gobernadores y candidatos en 16 distritos; se presenta como una alternativa entre la LLA y Fuerza Patria, tratan de conformar una organización federal de acuerdo con los resultados de este experimento y tienen “experiencia en gestión” y esperan lograr entre 17 y 20 diputados en la renovación de la cámara y armar un bloque de entre 25 y 30, al sumar otros legisladores para tener fuerza de negociación en el Congreso.
En cuarto lugar se ubica el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), que tuvo en los pasados episodios en el Congreso importantes intervenciones y ha acompañado las leyes más justas que se lograron, así como una presencia muy activa en las manifestaciones.
Provincia de Buenos Aires, definitiva
La provincia de Buenos Aires, con 13 millones 510 mil 544 empadronados, reúne casi a 40 por ciento de los votantes y es clave en los resultados, seguida por Córdoba (8.65 por ciento), Santa Fe (7.89) y la Ciudad de Buenos Aires (7.3).
Los comicios transcurren en un ambiente sacudido por los daños causados por tormentas en los pasados dos días, que afectaron barrios de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y varias provincias.
Nota completa en: https://bit.ly/3JseCrA
¿Por qué Lula quiere otro mandato?
Emir Sader
Finalmente, en la reunión de Malasia, Lula declaró abiertamente que se siente muy bien y que se presentará a un cuarto mandato.
¿Por qué Lula busca otro mandato?
En primer lugar, como él mismo ha reiterado, para evitar que la derecha vuelva a gobernar Brasil. El hecho de haber derrotado a todos los posibles candidatos rivales refuerza la idea de que su candidatura tiene cada vez más posibilidades de ganar y obtener un cuarto mandato.
Esto significaría continuar con los programas que ha estado desarrollando, incluso sin mayoría en el Congreso, y que han caracterizado a todos los gobiernos del PT. Sobre todo, las políticas sociales son una prioridad, como forma de resistencia y para combatir el neoliberalismo.
En lugar de ajustes fiscales, las políticas sociales son una prioridad. Con ellas, el gobierno de Lula ha logrado aliviar relativamente el problema más grave de Brasil: ser el país más desigual del continente más desigual del mundo. Desigualdades sociales, sobre todo, pero también desigualdades regionales.
Este es, sin duda, el gobierno de Lula que implementa más políticas sociales, con nuevas modalidades, no sólo de carácter social, sino también de género, regionales y otros aspectos.
Pero lo que aún persiste como un fuerte elemento del neoliberalismo es la presencia del capital financiero en su forma especulativa. Este capital no produce bienes ni empleos, y se nutre de altas tasas de interés.
Este ha sido un problema que el propio Lula ha abordado, como lo hizo recientemente. No tiene sentido, con la inflación bajo control este año y pronósticos favorables para el próximo, mantener la tasa de interés del 15 por ciento.
Es cierto que el mandato de Galípolo continuará durante algún tiempo. Y que los gobiernos anteriores del PT combinaron una política de desarrollo económico con un presidente del Banco Central más centrado en controlar la inflación.
Pero esta diferencia nunca se ha convertido en una contradicción, en la que la economía podría –y debería– crecer a tasas más altas, pero no lo hace, frenada por las altas tasas de interés.
Es probable que este problema persista durante la primera parte del probable cuarto mandato de Lula. Pero es necesario abordarlo para lograr una solución positiva.
Lula comprendió hace tiempo que los gobiernos del Partido de los Trabajadores deben asumir la responsabilidad de controlar la inflación. Por un lado, porque la inflación grava los salarios de los trabajadores, quienes tienen menos poder adquisitivo a mediados de mes si la inflación erosiona sus salarios.
Pero también porque comprendió que la inflación tiene una dimensión sicológica ampliamente explotada por los medios de comunicación para generar incertidumbre en el entorno económico, incluso cuando está bajo control, como ocurre ahora.
Un cuarto gobierno de Lula debería tener como uno de sus objetivos eliminar esta posición que aún ocupa el capital especulativo, desestabilizarlo y llevar a Brasil de la fase actual de antineoliberalismo a una fase posneoliberal que permita retomar el crecimiento económico a niveles más altos, expandir aún más el empleo y promover la transformación democrática del Estado brasileño.
Otro tema que Lula podría abordar en su probable nuevo mandato sería convertir a Brasil en un territorio libre de analfabetismo, que aún afecta a decenas de millones de trabajadores. El objetivo del gobierno del Partido de los Trabajadores de transformar a todas las personas en ciudadanos –sujetos de derecho– presupone que tengan la capacidad de leer y acceder al conocimiento.
Más aún porque, además de los analfabetos tradicionales, existen los analfabetos funcionales: aquellos que aprendieron a leer pero, al no practicar la lectura, perdieron la capacidad de leer, comprender un texto y escribir. En el país de Paulo Freire, responsable del método de alfabetización más importante, esto se vuelve aún más inaceptable.
Es un objetivo complejo, también porque hoy en día la mayoría de las personas analfabetas son personas mayores, a quienes es necesario convencer de que aprender a leer vale la pena e implica adaptar los métodos tradicionales a un mundo único.
Este objetivo –que se espera que un cuarto gobierno de Lula emprenda– requiere una campaña nacional, y una movilización de estudiantes y docentes de escuelas públicas para que participen activamente en la labor comunitaria nacional. Esto es para que el cuarto gobierno de Lula lleve a Brasil a ser un país libre de analfabetismo, digno de ser el país de Paulo Freire.
Las elecciones aún están por llegar. Ojalá la nueva campaña electoral también sirva para promover un amplio debate nacional sobre los problemas actuales y el futuro del país, así como para impulsar amplios procesos de movilización popular, que Lula ya ha demostrado su capacidad para implementar. Además, un Congreso menos deficiente que el actual será necesario para que el cuarto mandato de Lula sea el mejor.
