Ap
22 de octubre de 2025 13:53
Baton Rouge. Las mujeres detenidas por agentes de migración estadunidenses mientras estaban embarazadas dicen que recibieron atención inadecuada en una carta publicada el miércoles que pide al gobierno de Trump que deje de retener a las futuras madres en centros de detención federales.
La carta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es parte de una campaña más amplia realizada en los últimos meses por demócratas y grupos de derechos de los inmigrantes para llamar la atención sobre lo que dicen es el maltrato de mujeres embarazadas que han sido detenidas en la ofensiva migratoria de Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió la atención brindada a las detenidas embarazadas, afirmando que reciben visitas prenatales regulares y apoyo nutricional. La agencia no proporcionó de inmediato cifras sobre el número de mujeres embarazadas detenidas, como exigieron los demócratas.
La carta enviada por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles incluye testimonios de mujeres embarazadas que dicen que fueron encadenadas mientras eran transportadas, puestas en confinamiento solitario durante varios días y no recibieron suficiente comida ni agua mientras estaban retenidas en centros de detención en Luisiana y Georgia.
EU, capital del crimen
La agencia de noticias Reuters reveló ayer que empresas petroleras estadunidenses ayudan al cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) a inundar México de combustible de contrabando con buques cisternas. Al contrario de lo que sugiere la equívoca expresión huachicol fiscal, estos hidrocarburos no provienen de robos a ductos en territorio mexicano, sino de Estados Unidos e incluso de Canadá, desde donde se exportan a México disfrazándolos en las declaraciones aduaneras como otros productos.
Este reporte refuerza la idea de que a ningún gobierno estadunidense, desde Richard Nixon (el primero en declarar la “guerra contra las drogas”) hasta la actualidad, le ha interesado realmente acabar con el crimen organizado. Asimismo, de la impunidad con la que muchas corporaciones del país vecino hacen negocios con cárteles de la droga puede inferirse que cuando Washington acusa a un país de no “colaborar” lo suficiente en su guerra y usa el narcotráfico como pretexto para el despliegue de sus tropas o agentes encubiertos, su verdadero objetivo es apoderarse de los recursos naturales o derrocar gobiernos celosos de la soberanía.
Un solo ejemplo: en diciembre de 2021, el ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) José Irizarry fue condenado a 12 años de prisión por el mayor escándalo de corrupción conocido en la historia del organismo: confesó haber robado 9 millones de dólares de la propia DEA, además de aceptar sobornos de las personas a las que supuestamente perseguía y participar en actividades de lavado de dinero para darse una vida de lujos alrededor del mundo. Irizarry denunció que estuvo acompañado por docenas de agentes federales, fiscales e informantes, e hizo una declaración demoledora para todo el discurso de “guerra contra las drogas” de Washington. Y aunque se puso a disposición de los investigadores para revelar todo lo que sabía sobre la deshonestidad de sus compañeros y superiores, la DEA hizo oídos sordos, hasta el punto de que sólo le dedicó un párrafo a su caso en un reporte de evaluación de sus operaciones en el extranjero publicado en marzo de 2023. En dicho informe, ni siquiera se menciona a Nicholas Palmeri, ex director regional de la DEA en México entre 2021 y 2022, quien vacacionó con abogados de Miami que defienden a capos latinoamericanos. Sólo dos meses después de que Palmeri dejó el organismo, un agente y un supervisor fueron imputados por filtrar información confidencial a abogados de esa ciudad a cambio de 70 mil dólares en efectivo.
Por su papel central en la farsa del combate al narcotráfico, la DEA es la agencia más expuesta a los escándalos de corrupción y connivencia con el crimen organizado, pero las mismas falencias corroen a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) o la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Cabe destacar, por ejemplo, que la propia DEA ha acusado a la CIA de facilitar el tráfico de drogas con tal de cumplir sus objetivos subversivos contra gobiernos insumisos a Washington.
Ante la innegable raigambre del narcotráfico en Estados Unidos, la clase política bipartidista de ese país carece de autoridad moral y de credibilidad para señalar reales o imaginarios problemas de delincuencia en México, Venezuela, Colombia o cualquier otra nación que reconoce la amenaza criminal y trabaja para controlarla de acuerdo con sus recursos, sus leyes y sus principios. En vez de dilapidar miles de millones de dólares en mantener flotas de guerra donde no son necesarias ni deseables, y de desplegar agentes corruptos en todos los continentes, Washington debería centrarse en modificar la legislación favorable a los ultrarricos que la convierte en la capital mundial de lavado de dinero; vigilar a su complejo militar industrial, el cual obliga a inventar o crear conflictos bélicos; romper la simbiosis entre la economía ilegal y su sistema bancario y financiero; poner un alto a las farmacéuticas que han creado, por lucro, la actual epidemia de adicciones, y ofrecer a sus víctimas tratamientos efectivos de desintoxicación y recuperación.
Ante la magnitud del contrabando de combustibles hacia México, es inevitable suponer que hay muchas más compañías estadunidenses involucradas en ese negocio delictivo, además de la que señala la investigación de la agencia informativa británica. Si el gobierno de la nación vecina quisiera mostrar con hechos voluntad de enfrentar el narcotráfico, en lugar de asesinar a pescadores inermes en el Caribe, bien haría en identificar y sancionar a tales empresas, facilitadoras y cómplices del trasiego de drogas.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Manifestantes encaran a oficiales del ICE durante una protesta en Chicago.Foto Ap
Una de las tantas muestras del primitivismo de Donald Trump es su política migratoria, la cual, si bien no se aleja mucho del tradicional comportamiento de gobiernos anteriores en esta materia, se basa en la cacería, represión, humillación, encarcelamiento y sistemática violación de los derechos humanos de toda aquella persona indocumentada cuyo único “delito” es la búsqueda de oportunidades y la mejoría de sus niveles de bienestar. Si el magnate tuviera un ápice de inteligencia (algo por demás imposible), en lugar de la vía punitiva debía optar por la solución real, mediante un tratado migratorio, de una realidad innegable e inocultable que involucra a millones de seres humanos que viven, laboran y contribuyen al crecimiento de Estados Unidos. Pero tratándose de un tipo tan grotesco, eso es mucho pedir.
Días atrás, la presidenta Sheinbaum informó que a lo largo de los nueve meses del segundo periodo presidencial de Trump han sido detenidos 2 mil 382 mexicanos indocumentados, mientras en Estados Unidos se incrementan las muestras de repudio a la cacería de migrantes (morenos, la mayoría de ellos, lo que revela el carácter profundamente racista de la persecución), vilmente puesta en marcha por el magnate, él mismo descendiente de migrantes alemanes y escoceses.
Pero, dada la magnitud de una realidad que se niega a reconocer y, sobre todo, a solucionar, a Trump le faltará tiempo para completar su ignominiosa campaña con fines de limpieza étnica, porque a estas alturas alrededor de 20 por ciento de la población total en Estados Unidos es de origen “latino”, como allá la califican, es decir, constituye la primera minoría en aquel país.
El más reciente informe del Pew Research Center, con sede en Washington, revela lo siguiente: “los latinos se encuentran entre los grupos raciales o étnicos de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Entre 2000 y 2024, la población latina casi se duplicó, pasando de 35.3 a 68 millones, representando más de la mitad del crecimiento poblacional total de Estados Unidos durante ese periodo (la mayoría, por mucho, es de origen mexicano). Hoy, los latinos constituyen el segundo grupo racial o étnico más grande del país, representando a uno de cada cinco estadunidenses. También son sorprendentemente diversos, relativamente jóvenes, mayoritariamente nacidos en Estados Unidos y cada vez más dispersos por todo el país”.
De acuerdo con dicho informe, el arribo a Estados Unidos de un gran número de inmigrantes procedentes de América Latina en 2023 y 2024 “provocó aumentos de la población latina de casi 2 millones al año, el mayor incremento anual registrado. Los latinos o hispanos han desempeñado un papel importante en el crecimiento general de la población de Estados Unidos desde el año 2000. La población del país creció 58.7 millones de personas entre 2000 y 2024 y los hispanos representaron 56 por ciento de este aumento, una proporción mayor que la de cualquier otro grupo étnico. Los grupos más cercanos fueron las personas no hispanas que se identifican como asiáticas”.
Algo más: la inmigración fue el principal impulsor del crecimiento de la población “hispana” en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, aunque los nacimientos “latinos” también hicieron una contribución significativa. “Esto cambió drásticamente después del año 2000. Los nacimientos se convirtieron en la principal fuente de crecimiento de la población hispana, especialmente cuando la inmigración disminuyó después de la gran recesión de 2008 y durante la pandemia de covid-19 en 2020 y 2021. Más recientemente, la inmigración ha vuelto a desempeñar un papel fundamental en el crecimiento de la población latina. Entre 2021 y 2024, la inmigración, tanto legal como indocumentada, aumentó considerablemente, con más de un millón de latinoamericanos llegando anualmente”.
Un año atrás, la edad promedio de los “hispanos” era de 31.2 años, en comparación con los 43.2 de la población blanca, es decir, “los latinos representan una proporción mayor en los grupos de edad más jóvenes”, pero Trump, salvaje que es, opta por reprimir, humillar y encarcelar. Sólo como ejemplo, a estas alturas en Nuevo México, 49 por ciento de la población es “latina”; en California, 41 por ciento y en Texas, 40 por ciento. Pero el magnate pretende “corregir” esa realidad con cárcel.
Las rebanadas del pastel
El cavernícola de la Casa Blanca está verde de coraje: ayer, el Supremo Tribunal de Brasil publicó la sentencia contra el ex presidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado: 27 años y tres meses de prisión.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
La firma de EU Ikon Midstream, eje de la red mafiosa del huachicol fiscal
Reportaje de Reuters
Los cárteles mexicanos ha encontrado en ese ilícito su segunda fuente de ingresos
Reuters
Periódico La Jornada Jueves 23 de octubre de 2025, p. 4
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey, y que se cree es fachada del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ingresara combustible de contrabando a México.
La importación ilegal de combustible y el crudo robado se han convertido en la mayor fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para los carteles mexicanos, que aprovechan las lagunas legales y gozan de apoyos de empresas de Estados Unidos y funcionarios de México, con el empleo de entidades fantasmas, documentación falsa y sobornos.
A continuación, parte de un reportaje especial de Reuters, que documenta que el CJNG es la única organización criminal que saltó del uso de camiones y trenes a embarcaciones. El texto completo se puede leer en https://shorturl.at/kD2s2
En la tarde del 8 de marzo, un buque petrolero llamado Torm Agnes ingresó al puerto de Ensenada, en la costa del Pacífico de México, transportando casi 120 mil barriles de diésel.
Un buque así era poco común en ese muelle, que acoge principalmente cruceros, yates de lujo y portacontenedores. Ensenada carece de la infraestructura necesaria para descargar hidrocarburos inflamables de forma segura, lo que lo hacía aún más extraño el acontecimiento.
Intempestivamente, oleadas de camiones llegaron al muelle para llevarse gran parte de la carga del Torm Agnes. Los trabajadores se apresuraron a llenar las enormes pipas, hasta seis a la vez, usando mangueras que salían de una más grande fijada al buque.
La audaz maniobra fue orquestada por contrabandistas vinculados con un cártel, parte de una ola de criminales que revolucionaron el mercado de combustibles de México. La estrategia consiste en inundar el mercado local con energéticos a bajo precio obtenidos principalmente de Estados Unidos y que se disfrazan en las declaraciones aduaneras como otra cosa.
Los delincuentes mexicanos no actuaron solos. Una empresa de Houston llamada Ikon Midstream jugó un papel clave en la operación multimillonaria.
La firma estadunidense compró el diésel en Canadá, declaró en la documentación que se trataba de lubricantes y alquiló el buque para entregarlo a un cliente que, según las autoridades mexicanas, es una fachada de uno de los cárteles más grandes y violentos del país.
Ikon Midstream y su director ejecutivo, Rhett Kenagy, no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios realizados por Reuters. El abogado Joseph O. Slovacek, quien representa a la compañía y a Kenagy, indicó en un correo electrónico fechado el 18 de octubre que esta agencia “dejara de contactar a sus clientes. ¡Nadie hablará con su reportero!”, escribió Slovacek.
La firma Torm, con sede en Dinamarca y gestora de una de las flotas de petroleros más grandes del mundo, tiene entre sus propiedades el Torm Agnes. Señaló que dejó de operar con Ikon Midstream semanas después del incidente de Ensenada.
Diversificación
Las drogas siguen siendo la principal fuente de ingresos de los cárteles mexicanos. Sin embargo, el combustible ilegal y el petróleo crudo robado se han convertido en su mayor fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Algunos funcionarios estadunidenses han empezado a denominar a los buques que transportan combustible ilegal “flota oscura”, término que se asocia con mayor frecuencia al transporte ilícito de petróleo crudo ruso o iraní diseñado para evadir sanciones.
El contrabando de combustible ha crecido tan rápido que las importaciones ilegales representan ahora hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, apropiándose de las ganancias de algunas de las empresas petroleras más importantes.
El combustible que ingresa cada año al país de forma irregular está valorado en más de 20 mil millones de dólares.
En México, ese contrabando ha desatado un escándalo que sacude a la Secretaría de Marina, entidad que gestiona los puertos.
Para desentrañar los entresijos del contrabando de combustible a México –conocido localmente como huachicol fiscal–, Reuters entrevistó a más de 50 personas con conocimiento del asunto, entre ellas, cinco personas con experiencia en cargamentos ilícitos, agentes del orden mexicanos y estadunidenses, ejecutivos y ex ejecutivos de la industria petrolera en ambos países, así como comercializadores de productos petroleros y especialistas en cumplimiento normativo.
Reuters es la primera agencia en publicar un relato completo del viaje del Torm Agnes, desde su embarque en Canadá hasta su descarga en Ensenada y luego en Guaymas, de donde se retiró apresuradamente.
Según las autoridades, los cárteles cuentan con la ayuda de actores estadunidenses que facilitan la adquisición y el transporte de los productos, algunos sin saberlo, otros participando activamente. El senador estatal de Texas Juan Hinojosa aseguró que “los carteles se han infiltrado en muchos negocios legítimos en la frontera y más al norte”.
El esquema de contrabando de combustibles se reduce en gran medida a una lucrativa evasión fiscal. México aplica un impuesto conocido como IEPS a varios productos, incluyendo el diésel y la gasolina importados.
México es un importante productor de petróleo crudo, pero importa estos combustibles porque sus antiguas refinerías no pueden satisfacer la demanda local. Los delincuentes evaden el impuesto, que se cobra por litro y que a menudo es de más de 50 por ciento del valor de la carga, declarando que el combustible extranjero es otro tipo de producto petrolífero exento del impuesto.
Funcionarios estadunidenses y mexicanos coinciden en que los contrabandistas generalmente usan empresas fantasmas y documentos de carga falsificados para cubrir sus huellas, y pagan sobornos a funcionarios portuarios y aduaneros corruptos para que sus cargas pasen.
El diésel de contrabando se vende con descuento en el mercado mexicano a miles de gasolineras.
Los cárteles también roban combustible y crudo directamente de Pemex y venden una parte en Estados Unidos, con la ayuda de importadores corruptos que comercializan la mercancía a precios más bajos que los productores estadunidenses, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Otras compañías petroleras también están sufriendo las consecuencias. En mayo, la multinacional británica Shell confirmó la venta de su negocio minorista de combustibles en México. Esta salida se debió en parte a las dificultades para competir con el combustible narco, más económico, informaron a Reuters cinco fuentes de Shell.
El Torm Agnes, con bandera danesa, fue uno de varios petroleros que en los años recientes transportaron combustible, pero declararon su carga como lubricantes para evadir impuestos y controles aduaneros.
En el centro de ese acuerdo se encontraba una empresa estadunidense: Ikon Midstream, comercializadora de combustibles con sede en Houston. La compañía compró el diésel canadiense y contrató la nave Torm Agnes para que lo transportara a México.
Aquí, una empresa con sede en Monterrey llamada Intanza fue la receptora del cargamento del Torm Agnes, según registros portuarios mexicanos, así como una factura del envío de la empresa vista por la agencia de noticias Reuters.
Las autoridades mexicanas sospechan que Intanza es una empresa fachada del CJNG.
Intanza no tiene sitio web ni presencia en las redes sociales que Reuters haya podido identificar.
El nombre de Intanza volvió a surgir después de que las autoridades mexicanas detuvieron a otro buque, el Challenge Procyon, el 21 de marzo en Tampico, Tamaulipas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, declaró el 31 de marzo que se encontraron 10 millones de litros (unos 63 mil barriles) de diésel a bordo de Challenge Procyon.
Durante décadas, pequeños ladrones conocidos como huachicoleros han hurtado gasolina, diésel y petróleo crudo de Pemex.
El CJNG ha llevado la trama a un nuevo nivel y es el líder del contrabando de combustible y petróleo crudo, según fuentes de seguridad mexicanas y estadunidenses.
Las autoridades afirman que el CJNG ha establecido una formidable red de contrabando en Tamaulipas, justo al otro lado de la frontera con Texas.
Desde allí, dicen, envía a Estados Unidos petróleo crudo robado a Pemex, a la vez que importa del vecino del norte productos refinados. En esa tarea ilícita emplea camiones, trenes y buques. Añadieron que el CJNG es el único cártel que actualmente emplea buques.
El salto de camiones y trenes a buques refleja un grado de conocimiento de los negocios y un poder de inversión que está en una liga diferente a lo que había antes, subrayó Marisol Ochoa, experta en crimen organizado de la Universidad Iberoamericana en México.
“Tienes que tener una alta sofisticación y demasiadas redes y conexiones de operación logística” para ejecutar esa operación criminal.
Nota completa en @lajornadaonline; https://shorturl.at/kD2s2
