Se han enviado 13 notas diplomáticas en protesta por el trato a connacionales, apunta la cancillería
▲ Ayer se realizó una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas frente a una de sus instalaciones en Broadview, Illinois. Trump ordenó el envío de cientos de efectivos de la Guardia Nacional a Chicago, capital de ese estado.Foto Afp
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada Sábado 25 de octubre de 2025, p. 5
En lo que va del presente año, un total de 10 migrantes mexicanos han perdido la vida en Estados Unidos, en incidentes en los cuales estaban “bajo la custodia” del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y el más reciente de ellos ocurrió ayer en la madrugada, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En conferencia de prensa, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, informó que del pasado 20 de enero –día de la toma de posesión de Donald Trump– a la fecha, una decena de mexicanos han fallecido en el contexto de operativos migratorios.
De acuerdo con el funcionario, el más reciente de dichos casos tuvo lugar ayer en la madrugada en San Bernardino, California, y la cancillería ya se comunicó con la hija de la víctima. En estos casos, dijo, existe un protocolo para dar acompañamiento legal a las familias de las víctimas y manifestarles tanto el pésame de las autoridades mexicanas como su “respaldo enérgico”.
Al pedírsele más detalles sobre la causa de la muerte de los 10 connacionales, Velasco indicó que “cada caso es distinto”, pues mientras en algunos se trató de enfermedades que se complicaron, en otros –como el ocurrido en Dallas, Texas– el mexicano fallecido recibió un disparo de un tirador que después fue abatido, a su vez, por el ICE.
En Chicago, por otra parte, fueron elementos de dicho organismo los que abrieron fuego contra el migrante, y se presume que en otros casos los mexicanos detenidos pudieron haberse quitado la vida.
Velasco enfatizó que hay que ser “cuidadosos con las palabras” y no afirmar que los mexicanos “murieron a manos de ICE”, sino “bajo su custodia”, aunque ello de todas maneras implica una responsabilidad de los agentes migratorios estadunidenses en lo ocurrido, por lo que México exige una investigación exhaustiva sobre todos los casos.
Más de 116 mil repatriados
Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente detalló que el gobierno de México ha enviado 13 notas diplomáticas al de Estados Unidos, sobre todo a través de la embajada en Washington, para expresar su desacuerdo con el trato a los migrantes, y se ha solicitado el esclarecimiento de los hechos, como parte de una “labor intensa” del organismo a su cargo.
Asimismo, añadió que del 20 de enero al 23 de octubre de este año, se han repatriado desde Estados Unidos un total de 116 mil 320 mexicanos, de los cuales 93 mil 153 han recibido asistencia consular. Velasco añadió que en ese mismo periodo se han realizado 169 operativos del ICE, en los cuales se ha detenido a 2 mil 382 mexicanos.
De la Fuente indicó, por otro lado, que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promueve un nuevo modelo de atención a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, basado principalmente en impulsar la obtención de citas por vía digital para la realización de diversos trámites.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ En los tiempos de Fox, Peña Nieto y Calderón se detectaron sobreprecios hasta de 375 por ciento en el ejercicio del Fondo de Desastres Naturales, dijo Raquel Buenrostro, la secretaria Anticorrupción, en la conferencia del pueblo.Foto Presidencia
Para los histéricos “defensores” del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los mismos que en tiempos prianistas guardaron sepulcral silencio ante nulos resultados y el exceso de negocios turbios a costillas del erario, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, resumió el funcionamiento de esa fachada que sólo fue útil para que políticos y amigos se sirvieran con la cuchara grande: “completamente inoperante, inhábil y oscuro; no había apoyos a la población” y corrupción desbordada.
Buenrostro detalló el lastre burocrático que era el Fonden: “el periodo más corto que estaba marcando el procedimiento nos llevaría 42 días hábiles, hábiles, en llegar a la aprobación. Lo que seguía era un plan de ejecución y después se empezaba a gastar el dinero. Entonces, lo más rápido, si bien iba, tres meses, y mientras la ayuda no llegaba. Entonces, esto era completamente inoperante, inhábil y, además, oscuro. ¿Qué pasó con el tiempo? Todo el mundo dijo: no funciona, no llegan los tiempos”.
Incluso, recordó, en 2017 la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que “el Fonden es ineficaz, ineficiente; tiene altos costos; es más reactivo que preventivo; tiene un exceso de burocracia y una falta de coordinación; es opaco y tiene múltiples actos de corrupción; y no se garantiza una atención al ciudadano; también hay que decir que en esa época los apoyos, todos, eran para liberar lo que son servicios y bienes públicos; no había apoyos a la población. Prácticamente el recurso se destinaba a puros bienes y servicios públicos y la ayuda directa a las personas era nula”.
Hasta su extinción, el Fonden fue un barril sin fondo en el que descaradamente “abrevaban” gobernantes, políticos y amigos del régimen sin beneficio alguno para la población afectada, pero ahora resulta que ante los embates de la madre naturaleza (como el más reciente que afectó a cinco estados de la República) en automático se activa el coro de jilgueros que, con un enorme plato de lengua y mala leche, denuncia, según dice, que por “la ausencia” de ese fondo la ayuda y los recursos “no llegan a quienes más los necesitan”.
La funcionaria hizo hincapié en caso “atípico” del Fonden, que casualmente coincidió con el proceso electoral de 2018. Con gobierno priísta: “fue en la época de Enrique Peña Nieto; hubo un exceso que está muy fuera de todo el rango histórico. Hubo declaratorias de desastre ordinarias y extraordinarias: éstas son aquellas en las que el gobierno federal soltaba dinero sin necesidad de que estados y municipios lo solicitaran. Ese año se asignaron 427 millones de pesos a olas de calor; o sea, uno de los gastos más grandes es por olas de calor”.
Otros ejemplos citados por Buenrostro: en cada administración gubernamental durante la existencia del Fonden, cada que había un evento (desastre natural) había faltantes casi siempre por lo menos de 500 millones de pesos, o sea, no bajaba de ese monto y uno de ellos tenía problemas de acreditación de recursos. “En la época de Vicente Fox es muy reconocido –y nada más para hacer memoria– que la coordinadora de Protección Civil estuvo involucrada en muchos casos de corrupción que la llevaron, incluso, a la renuncia. La Auditoría Superior presentó observaciones acreditadas de 182 millones de pesos; fue inhabilitada 10 años. También hubo reportes del Órgano Interno de Control, que ahí encubrieron a la coordinadora porque dejaron sin efectos algunas cuestiones”.
Lo que está documentado en todas las cuentas públicas, abundó la secretaria, es que en esa época, y a partir de que empieza el Fonden se empiezan a observar sobreprecios de hasta 375 por ciento en las compras. “En la época de Felipe Calderón tenemos el caso de las inundaciones en Veracruz con los huracanes Karl y Mathew. En ese entonces el gobernador era Javier Duarte. Fue muchísimo dinero y todo desapareció”.
Y en el gobierno de Peña Nieto, los huracanes Ingrid y Manuel. “Esto fue patético, porque fue muy burocrático. Bueno, este sexenio fue muy burocrático. Para ‘resolver’ la situación, se instalaron 29 Comités de Daños y 29 Declaratorias para atender 361 municipios. Se la pasaban más tiempo haciendo los comités, y tardaron hasta 120 días para atender nada más el inicio de las obras”.
Pero los lacrimosos jilgueros ahora trinan todos los días: “se roban el dinero para los damnificados”.
Las rebanadas del pastel
Otra raya al tigre: Norma Piña, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, dejó un “boquete” de 272 millones de pesos, por incumplir la ley y pagar a proveedores “sin documentación que acreditara la prestación de diversos servicios”.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Gobierno establece acciones para garantizar exportación sustentable de aguacate
la redacción
24 de octubre de 2025 23:02
Ciudad de México. El gobierno federal publicó este viernes un acuerdo en el que se establecen las acciones para garantizar que los productos y subproductos agrícolas de exportación del aguacate se lleven a cabo en terrenos libres de deforestación, se cumpla con los requisitos fitosanitarios, y que los trabajadores laboren en condiciones dignas, excluyendo totalmente el trabajo infantil.
En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se señala que debe instalarse una Comisión Técnica, la cual coordinará las acciones antes mencionadas, entre las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, del Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dicha instancia estará integrada por los titulares de las dependencias, quienes podrán designar a un suplente para que participe en las sesiones en su ausencia. Además, tendrá que ser instalada en los próximos 30 días hábiles.
La Comisión sesionará de forma ordinaria, cuando menos cuatro veces al año, y de forma extraordinaria, en caso de ser necesario.
En el acuerdo, que entra en vigor mañana, menciona que dentro de los 60 días siguientes las dependencias y el IMSS emitirán disposiciones de carácter administrativo para establecer la mecánica operativa y procedimientos conforme a sus atribuciones, con el objeto que aquellas que correspondan, inicien su aplicación a partir del 1 de abril de 2026.
El gobierno exige a Philips resarcir daños por ventiladores defectuosos
Las autoridades mantienen disputa legal contra dos firmas // Demanda a Viva Enterprise pago de 41.1 mdd
Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez
Periódico La Jornada Sábado 25 de octubre de 2025, p. 4
El gobierno federal mantiene una batalla legal contra dos empresas por ventiladores adquiridos durante la emergencia de covid-19. En el primer caso, demanda a Viva Enterprise Limited el pago de 41.1 millones de dólares por no haberle entregado 650 aparatos; en el segundo, exige a Philips resarcir daños y perjuicios por darle equipos defectuosos.
Al detallar la disputa con la firma inglesa Viva Enterprise, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, aseguró: “nosotros no desviamos el recurso, hubo un incumplimiento, hay un engaño por parte del vendedor” y el responsable de llevar el juicio es el IMSS-Bienestar (antes Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi)”, tanto en Londres como en México, donde se presentaron denuncias.
No descartó que conforme avancen las investigaciones haya sanciones administrativas.
En el caso de Philips, indicó que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) abrió una investigación porque sigue vendiendo los ventiladores que durante la pandemia recibieron registro especial sanitario, a pesar de la alerta que sobre ellos hizo desde 2021 la estadunidense Administración de Alimentos y Medicamentos.
La espuma en los modelos E30, V60, V680, Trilogy y EV300 podía liberar partículas o gases potencialmente dañinos para los pacientes, advertencia que fue replicada por agencias sanitarias alrededor del mundo, además de Cofepris.
La funcionaria recordó que durante la emergencia, la Fundación Mexicana para la Salud donó 2 mil ventiladores a diferentes instituciones públicas y privadas, además de que el gobierno también adquirió.
Con el fin de la pandemia se acabó el permiso especial para todos los respiradores Philips y por ley “todo mundo debió retirarlos”, pero la empresa siguió comercializándolos, “incluso usando plataformas”, lo que derivó en una investigación de la Cofepris.
Buenrostro señaló que realizaron una reverificación nacional para garantizar que todos esos ventiladores se hallan retirado de hospitales públicos, “algunos incluso ya se devolvieron”. Manifestó que el sector salud analiza la estrategia jurídica integral para este caso, además de que “estamos en colaboración con otros países para ver cómo están atendiendo el tema”.
La funcionaria también explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el incumplimiento de contrato y engaño de Viva Enterprise Limited, porque no entregó 650 ventiladores AEON VG70, de mil que se le compraron durante la pandemia.
Ello, pese a que en el contrato se estableció el pago de 100 por ciento de manera anticipada –mil 416 millones de pesos–, y que “en una semana se tendrían los ventiladores”.
La firma inglesa argumentó retrasos, y el 8 de mayo de 2020 el Insabi exigió la devolución del dinero más los intereses generados. Al siguiente mes, la empresa regresó el equivalente a 300 ventiladores y en julio envió sólo 50 aparatos.
En 2021, el Insabi presentó la denuncia penal ante la FGR, que aún se encuentra en proceso de investigación, y como el contrato fue firmado bajo jurisdicción inglesa, hay un juicio pendiente en Londres, a través del despacho Peters & Peters, “por engaño”.
Añadió que “en noviembre concluye el periodo de aportación de pruebas” y en diciembre se llevará a cabo una audiencia previa al juicio, el cual se iniciará en la segunda quincena de enero de 2026, con una duración de 14 días.
“Por la información que tenemos del despacho, es muy probable que ganemos el juicio, porque la materialidad del engaño se da en la no entrega” del equipo, concluyó.
