▲ Efectivos que resguardaban oficinas de migración lanzaron gas lacrimógeno y proyectiles de pimienta con polvos químicos irritantes a un grupo de personas que repudiaba las redadas en Chicago.Foto Xinhua
Ap y Reuters
Periódico La Jornada Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 24
Broadview, Illinois., Agentes federales dispararon ayer proyectiles de pimienta y gas lacrimógeno a un grupo de personas que se manifestaron cerca del edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en Chicago.
Los elementos de seguridad dispararon productos químicos contra un grupo de más de 100 personazs después de que algunos de ellos intentaron bloquear el paso de un automóvil que se dirigía hacia el edificio de los agentes de inmigración.
Los manifestantes cayeron al suelo y corrieron mientras los efectivos disparaban repetidamente para dispersar a la mayoría. Las personas que protestaban se ayudaron unos a otros a levantarse del suelo y se echaron agua en los ojos al salir del estacionamiento de la instalación.
El conflicto, que duró varias horas, es el enfrentamiento más reciente entre las autoridades federales y manifestantes en el edificio del ICE de Broadview, a unos 19 kilómetros al oeste de Chicago, en medio de la intensificación de la ofensiva antimigrante del presidente Donald Trump.
Asimismo, una inmigrante ecuatoriana fue lanzada al piso con violencia por un agente federal el jueves, mientras asistía con su familia a una cita con una jueza en la corte de inmigración de Manhattan, Nueva York.
El altercado, captado en videos que se difundieron rápidamente en las redes sociales, ocurrió después de que el esposo de la mujer fuera arrestado en ese tribunal.
Las imágenes mostraron a la mujer acercándose al agente tras el arresto de su esposo, suplicándole en español y, en un momento dado, reclamándole que a él no le importaba nada, antes de que el elemento la empujara contra una pared y luego al suelo en un pasillo abarrotado.
El agente federal “fue relevado de sus funciones actuales”, informó ayer el Departamento de Seguridad Interior (DHS), en una inusual reprimenda a uno de sus elementos.
Por otra parte, Rafie Ollah Shouhed, un hombre de 79 años del sur de California, presentó una demanda contra el gobierno federal por 50 millones de dólares en daños y perjuicios, al alegar que los agentes federales violaron sus derechos civiles cuando lo derribaron durante una redada de inmigración el 9 de septiembre en su negocio.
Shouhed, propietario de un lavado de autos en Los Ángeles, sufrió la fractura de varias costillas y traumatismo en el pecho, así como lesiones en el codo, además de presentar síntomas de una lesión cerebral traumática, detalló la demanda. El hombre es un ciudadano estadunidense naturalizado de origen iraní.
Un portavoz del DHS declaró que las autoridades arrestaron a cinco personas originarias de Guatemala y México “que violaron las leyes de inmigración de nuestra nación” en el auto lavado, y que Shouhed “obstruyó la operación y fue arrestado por agredir y entorpecer a un agente federal”.
El jueves, durante una conferencia de prensa, Shouhed y su abogado V. James DeSimone negaron la acusación.
En tanto, activistas civiles de Los Ángeles pidieron a la Organización de Naciones Unidas investigar los abusos cometidos por ICE a partir del 6 de junio pasado, cuando se intensificaron los operativos contra inmigrantes.
Los colectivos presentaron una petición ante la organización internacional para que investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos perpetradas por los agentes de inmigración en el marco de la ofensiva de Trump.
Falleció Pantera Negra en Cuba
Periódico La Jornada Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 23
Assata Shakur, activista por la liberación de los negros que recibió asilo político en Cuba tras su fuga en 1979 de una prisión en Estados Unidos, donde cumplía cadena perpetua por matar a un policía, falleció a los 78 años el jueves, en La Habana, por padecimientos de salud, informaron su hija y el gobierno cubano. Shakur fue integrante del Partido Pantera Negra y del Ejército de Liberación Negra, y se encontraba en la lista de la “terroristas más buscados” de la FBI.
Sheinbaum: la ley no se negocia
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de forma tajante los ruegos del empresario Ricardo Salinas Pliego para negociar sus deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estimadas en 74 mil millones de pesos, al considerar actualizaciones y recargos de los montos originales. La mandataria llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a revisar los varios expedientes del multimillonario, pero sin los acuerdos “en lo oscurito” y los conflictos de intereses que caracterizaron al Poder Judicial en su anterior conformación, diseñada por y para las élites políticas y los dueños de grandes capitales.
La petición del hombre que ostenta la quinta mayor fortuna del país contrasta con la actitud que ha mantenido por años, caracterizada por ataques personales –incluso soeces– contra sus detractores, uso de su músculo financiero para amedrentar a quienes denuncian sus presuntas malas prácticas, jactancias públicas de su negativa a cumplir con sus obligaciones fiscales, amenazas y hasta la idea de encabezar un movimiento político a fin de hacerse con el gobierno.
Es probable que el radical giro en su estilo pendenciero responda a la firmeza con que la Presidenta le ha exigido ponerse al día con sus impuestos, así como a los reveses recientes en varios de los muchos frentes que mantiene abiertos. Ayer mismo, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que la SCJN está por resolver como exigible el pago de nueve créditos de Grupo Salinas por 48 mil 382 millones de pesos. También esta semana se dio a conocer que el magnate pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser detenido en Estados Unidos, pues un tribunal de ese país lo encontró culpable de desacato por negarse a pagar a la empresa de telecomunicaciones AT&T una indemnización por haberle vendido un negocio sin informarle de que tenía adeudos fiscales.
Por si no fuera suficiente, enfrenta los reclamos de dos fondos de inversión estadunidenses que demandan el pago de 500 millones de dólares que le prestaron para Tv Azteca. En este caso, Salinas Pliego arrastró al Estado mexicano a un litigio con el que no tiene ninguna relación, pues sus acreedores acusan al Poder Judicial de protegerlo indebidamente.
Más allá de las peculiaridades financieras y personales que han hecho del multimillonario la cara más visible de los litigios por evasión fiscal, sus enfrentamientos con el SAT son ejemplares de la gran fiesta de enriquecimiento a expensas del erario que tuvo lugar bajo el neoliberalismo.
Además de establecer un sistema tributario regresivo que se ensañaba con las clases medias y bajas mientras mimaba a la oligarquía, los gobernantes de ese periodo dieron toda suerte de facilidades para diferir y condonar impuestos, sin importarles el daño infligido a la hacienda pública.
Es imposible soslayar el papel del Poder Judicial en ese saqueo tolerado e incluso institucionalizado: con la anuencia de los tribunales, los grandes corporativos convirtieron la controversia jurídica de adeudos en un modus operandi para la evasión, pues los litigios pueden extenderse por décadas hasta ser ganados, lograr un acuerdo o simplemente dejar que la inflación consuma la deuda.
El caso de Salinas Pliego es ilustrativo: sus pleitos se remontan a 2009 y, aunque nunca se ha dictado sentencia a su favor, ha logrado postergar su resolución mediante apelaciones interminables y el favor de togados como el ex ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, quien atrajo sus expedientes sólo para mantenerlos congelados.
En este contexto, cabe saludar que la titular del Ejecutivo siente un precedente acerca de la aplicación de la ley y el repudio al tráfico de influencias, y es de esperarse que la Judicatura sepa estar a la altura de los tiempos con fallos apegados tanto a la ley como al interés nacional.
Por último, lo expuesto deja clara la necesidad de reformar las normas a fin de que corporaciones e individuos pudientes dejen de ver los juicios como una estrategia para evadir o diferir el pago de sus contribuciones.
