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22 de noviembre de 2024 12:48
Nueva York. El juez del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels decidió aplazar indefinidamente el anuncio de su sentencia, lo que constituye una victoria legal para el presidente electo que regresará a la Casa Blanca en enero.
En su decisión, el juez de origen colombiano Juan Merchan aplazó la sentencia, prevista para el 26 de noviembre, mientras sopesa la petición de la defensa del magnate de sobreseer el caso por completo basándose en que ahora es presidente electo.
Trump fue declarado culpable en mayo pasado de 34 cargos por "falsificación contable agravada" en el pago de 130 mil dólares a la ex actriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate siempre ha negado.
Los fiscales arguyeron que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña a la presidencia en 2016 que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton.
La defensa de Trump ha tratado por todos los medios de evitar cualquier sentencia contra el magnate republicano antes de retornar a la Casa Blanca el 20 de enero.
Su victoria en las elecciones del 5 de noviembre ha llevado a la justicia a una situación inédita.
"Se ordena estimar la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia en la medida en que se aplaza la fecha del 26 de noviembre de 2024", dictaminó Merchan en un auto.
Antes de las elecciones, los abogados de Trump habían pedido el sobreseimiento del caso a la luz de un fallo del Tribunal Supremo, que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad durante el ejercicio de la presidencia en sus actos oficiales.
Pero los fiscales de Manhattan arguyeron que cuando se cometieron los actos del caso Stormy Daniels, Trump no era presidente.
El juez autorizó también a los abogados de Trump a presentar antes del 2 de diciembre un recurso para el sobreseimiento definitivo del caso.
A la baja, ocupación de albergues para migrantes en Ciudad Juárez
Rubén Villalpando Corresponsal
Periódico La Jornada Sábado 23 de noviembre de 2024, p. 4
Ciudad Juárez, Chih., Santiago González, titular de la Dirección de Derechos Humanos, informó que continúa a la baja la ocupación en albergues municipales habilitados para migrantes.
Explicó que el refugio Enrique Kiki Romero está a 20 por ciento de su capacidad, mientras que el Felipe Ángeles a 25 por ciento.
Señaló que el refugio Kiki Romero se ha mantenido con un cupo promedio de 40 personas en situación de movilidad de diferentes nacionalidades. Mientras, el Felipe Ángeles, ubicado en la colonia del mismo nombre, puede albergar a 300 extranjeros.
El funcionario mencionó que la mayoría de las personas que llegan a los refugios provienen de diversas regiones de México, Venezuela y Honduras
Por otro lado, y con la imagen de la jirafa Benito como mascota y representante de los migrantes en Ciudad Juárez, diversos grupos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizan El Migratón 2024.
Kevin Morales, consejero universitario e integrante del comité organizador, mencionó que recibirán donaciones del 20 al 29 de noviembre, las cuales serán entregadas a las personas en tránsito en tres refugios de la ciudad.
Estamos solicitando a la comunidad ropa interior nueva de todas las tallas, juguetes no bélicos y que no utilicen pilas, productos de aseo personal y artículos de limpieza, dijo.
El líder universitario precisó que se apoyará los albergues México, Mi Hogar, donde hay menores y adolescentes, Leona Vicario, y otro más que está también bajo la jurisdicción del DIF.
Morales indicó que el objetivo es que los niños obtengan un regalo esta Navidad, ya que no tienen padres y están solos en Juárez.
Detalló que Benito es considerada la jirafa migrante por su corta estadía en el estado y su traslado a Puebla, por lo que representa a todas estas personas en los eventos a realizar en su beneficio.
25 de noviembre: una realidad pendiente
Mariana Bermúdez*
Durante las últimas décadas, las mujeres (en su sentido más amplio) hemos promovido cambios legislativos, sociales y culturales, los cuales han permitido transformar algunas condiciones estructurales e históricas de desigualdad y opresión. Sin embargo, esta realidad no ha sido posible para todas las mujeres en el mundo, ni siquiera en nuestro país y localidad, pues la violencia de género sigue permeando en nuestras relaciones personales y colectivas. Derivado del asesinato de las hermanas Mirabal, la organización de las mujeres por la reivindicación de sus problemáticas y para exigir a los estados-nación su responsabilidad en ello, se estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Ahora en México, esta conmemoración se enmarca en una época de cambios simbólicos y significativos sobre el papel de las mujeres en la política y el ámbito público, donde han tomado una mayor representación en cargos públicos, en lugares de toma de decisiones y en el espacio cívico. A pesar de ello, la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia continúa siendo un obs-táculo para una vida digna, principalmente, cuando las corporalidades femeninas siguen considerándose como territorios de disputa para el crimen organizado. En ese sentido, es importante reflexionar: ¿cuántos cambios más son necesarios para proteger y garantizar los derechos de las mujeres? ¿De qué manera se tienen que reconfigurar las políticas públicas con enfoque de género para que generen impactos positivos y sustantivos en la vida de las mujeres? ¿Hasta cuándo las leyes serán acciones que abonen a una vida digna y libre de violencia para las mujeres diversas?
El pasado 15 de noviembre, la representante del Poder Ejecutivo firmó un decreto constitucional sobre la igualdad sustantiva para las mujeres con el objetivo de avanzar en el acceso y protección de sus derechos. Si bien, este acuerdo implica una ratificación del reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, es necesario recordar que esta acción ya se encuentra establecida en los artículos primero y cuarto constitucional. Aunado a ello, hay una gran normatividad que atiende estas obligaciones del Estado, tal como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Programa de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva o los mecanismos interinstitucionales como la Alerta de Violencia de Género, por lo que este decreto constitucional se suma a una lista de pendientes locales, nacionales, regionales e internacionales que el Estado mexicano no ha logrado solventar ni transformar estructuralmente para garantizar los derechos de las mujeres.
Por tanto, el asunto no radica en cuántos acuerdos específicos y connombres distintos se crean, sino en cómo garantizar de forma sustantiva esos documentos, pues ya hay un entramado social, político e institucional que tiene las facultades y las obligaciones de atender las problemáticas de violencia de género, las desigualdades estructurales y las brechas que existen en los distintos ámbitos de la vida.
Esto involucra generar condiciones institucionales e interinstitucionales que vayan desde la persona de primer contacto para las víctimas, hasta la resolución integral de procesos de verdad y justicia para aquellas niñas y mujeres que nos han sido arrebatadas de la lucha y el camino. Se podrían firmar miles de documentos con los titulares más simbólicos, pero eso no servirá de mucho si no se vuelve una realidad tangible para las víctimas de violencia de género, sus familiares y las generaciones futuras de cada una de las mujeres que habitamos y habitarán en este país.
Y de ese tamaño es el reto del Estado mexicano ante las negligencias, la corrupción y los encubrimientos, tanto institucionales como de familiares, que obstaculizan una vida digna y libre de violencia para las mujeres. Por ello, la Presiden-ta de este país tiene una responsabilidad enorme, por un lado, abonar a que las mujeres podamos vivir libres y sin miedo en nuestras calles, comunidades y espacios de dispersión para llegar a cumplir nuestros sueños, y, por otro lado, que la transformación de México sea hacia un mundo donde la justicia, la verdad, la dignidad humana y la libertad sean una realidad.
* Directora del Centro Vitoria
Argumentará México ante corte de EU en demanda a fabricantes de armas
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Arturo Sánchez Jiménez
22 de noviembre de 2024 16:24
Ciudad de México. El 5 de marzo de 2025 México presentará a la Suprema Corte de Estados Unidos sus argumentos para que el tribunal permita que continúe adelante la demanda que interpuso contra los fabricantes de armas estadunidenses, a los que acusa de incurrir en prácticas negligentes que facilitan que el armamento cruce de manera ilícita la frontera y llegue al crimen organizado en nuestro país.
El máximo tribunal estadunidense dio a conocer este viernes que en esa fecha se realizará una audiencia luego de que en abril Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett pidieron a la Suprema Corte que intervenga y desestime la demanda del gobierno mexicano interpuso en su contra en 2021 y con la cual les reclama 10 mil millones de dólares.
En aquel año, el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a las empresas ante una corte federal en Massachusetts. El caso fue desestimado en 2022 por un juez que argumentó que los fabricantes de armas estaban protegidos antes las reclamaciones de México por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que los exime de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
En enero pasado, un tribunal de apelación revocó el fallo y dio entrada a la demanda mexicana.
Fue ante esta última decisión judicial que las productores de armas pidieron la intervención de la Suprema Corte.
En este nuevo juicio, los fabricantes son los demandantes y solicitan que la Suprema Corte resuelva si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos es la causa de los daños supuestamente sufridos por el gobierno de México por la violencia cometida por las organizaciones criminales en suelo mexicano.
También han pedido que el máximo tribunal decida si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos puede considerarse como “ayudar e instigar” a traficantes de armas porque las empresas demandadas supuestamente saben que algunos de sus productos han sido traficados ilícitamente.
El gobierno de López Obrador argumentó en su momento que cada año ingresan de manera ilegal a México entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas en Estados Unidos y que las empresas productoras saben de ello y de los daños que causan en nuestro país.
