En días pasados, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dio a conocer un documento anónimo en el que se denuncian una serie de prácticas ejercidas por el antiguo presidente del poder Arturo Zaldívar. La mayor parte de las impugnaciones se centran en una y la misma acusación: Zaldívar habría presionado a múltiples jueces para tomar resoluciones sobre las reformas e iniciativas enviadas por la Presidencia de la República o aprobadas por el Congreso, cuando la fracción de Morena lo dominaba con una mayoría constitucional. Redactada de manera farragosa, con una prosa incontinente, el documento que después entregó la ministra Piña a la prensa denuncia que Zaldívar presionó a magistrados para que cancelaran los amparos presentados por Claudio X. González contra el Tren Maya y el AIFA, o indujeran los juicios por fraude a Emilio Lozoya y otros ex funcionarios, o congelaran las cuentas de Genaro García Luna. Algunos prelados se habrían opuesto a Zaldívar; otros habrían estado de acuerdo. Y, sin embargo, la jueza Piña solicitó que la Judicatura iniciara una investigación. ¿Quién preside la Judicatura? La misma Norma Piña, por supuesto. Un caso único en que la fiscal y la juez coinciden en la misma persona. Un grotesco oxímoron jurídico.
Lejos de arredrarse, Zaldívar contratacó. Dos días después del escándalo orquestado por Piña, el ex presidente de la Corte presentó un extenso pliego de graves acusaciones contra la magistrada. Se trata de 10 acciones legales que los abogados de Zaldívar ya están promoviendo. En primer lugar, un juicio político contra Piña por utilizar su investidura (y, por ende, la de la SCJN) para intervenir en el actual proceso electoral en favor de la oposición. Zaldívar acusó a la actual presidenta de haberse reunido en privado con los responsables de la campaña de Xóchitl Gálvez para emprender una operación de desprestigio contra el gobierno de Morena. Si realmente se efectuó ese cónclave, resulta gravísimo.
La SCJN deja de ser un contrapeso en el equilibrio de los poderes de la Unión para transformarse en un ariete de la oposición de derecha. Mayor obstrucción de la justicia es impensable (uno de los delitos más penados en el texto constitucional de 1917). Los otros delitos que Zaldívar imputa a Piña son también de orden electoral. En suma, un sector del Poder Judicial contra otro ámbito del mismo poder.
La mayor parte de la opinión pública ha leído este conflicto interinstitucional en clave electoral. Ya que Zaldívar forma parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum (es el encargado de formular la propuesta de reforma judicial), Piña aprovechó la oportunidad con un doble disparo: exponer a quien fue hasta ahora un juez de orientación social y disciplinar en su derredor al conjunto de la Corte. Es preciso recordar que ningún juez se encuentra finalmente por encima de lo político: cada uno encarna en una orientación específica. Lo otro, la imparcialidad jurídica, es una mera fantasía o una retórica vacía. Algo a lo cual tenemos que acostumbrarnos.
Sin embargo, más que de una crisis electoral –es decir, pasajera– se trata acaso de un auténtico cisma, una profunda escisión en la cima del poder judicial. ¿Cuál es el origen de este cisma? Muchos lo atribuyen a la confrontación permanente entre la Presidencia de la República y la SCJN desde que Piña asumió su jefatura. No es la opinión de uno de sus antiguos y más consagrados miembros. En una entrevista con Letras Libres, José Ramón Cossío resumió así los saldos de esta confrontación: uno de los legados que deja AMLO a la vida pública nacional es, precisamente, la revitalización de la vida pública. En otras palabras: esa confrontación, aunque a veces rijosa, habría servido para situar en la mirada pública el funcionamiento de una auténtica división de poderes.
El cisma de la SCJN se debe, en principio, a tres razones. Una, de carácter contingente; las otras dos, de orden estructural.
En primer lugar, el intento de Piña para disciplinar a todo el Poder Judicial en el camino de un embate contra la Presidencia después de la contienda electoral, en caso de que gane la candidata de Morena. Una estrategia parecida a la que se siguió en Brasil o en Argentina para corroer gobiernos que disentían de los esquemas neoliberales. De ahí que Morena se vea obligado a conquistar una mayoría contundente en el Congreso para modificar la composición de esa Corte por la vía electoral y democrática.
En segundo lugar, la mayor parte de los jueces que componen el actual Poder Judicial se formaron en los 36 años de dominio de la tecnocracia y el ascenso del crimen organizado. Es, probablemente, el principal obstáculo para emprender una estrategia efectiva contra las organizaciones criminales.
En tercer lugar, el problema esencial: si la reforma de 1994 dio a la Corte los plenos poderes de un tribunal constitucional, la experiencia muestra que esa reforma fue contraproducente. Finalmente, se transformó en un tribunal que es juez y parte de sus propias acciones. Es preciso quitarle sus atributos constitucionales y crear, por separado, una Corte dedicada exclusivamente a resolver sobre asuntos de constitucionalidad. Un auténtico tribunal constitucional.
Amnistía y amparo: hacia la justicia
Con el voto favorable del oficialismo y la oposición del bloque de derechas, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Amparo que busca acotar la arbitrariedad y los abusos del Poder Judicial al conceder dicha protección a particulares. Hasta el cierre de esta edición no se habían votado los cambios a la Ley de Amnistía, avalados un día antes en comisiones de San Lázaro, pero se descuenta que tendrá un trámite semejante.
Ambas iniciativas responden a la necesidad de acotar la dictadura de los togados que hoy por hoy es el mayor obstáculo al desarrollo nacional y al anhelo de justicia de la sociedad. Con las modificaciones a la Ley de Amparo, se podrá mitigar el abuso del amparo por parte de poderosos grupos políticos y empresariales que recurren a esta figura para evadir impuestos, mantener impunes sus violaciones a derechos laborales y ambientales, sabotear obras públicas y programas de gobierno, así como para perpetuar privilegios ilegales (como los salarios inconstitucionales que se siguen otorgando a sí mismos ministros de la Suprema Corte, jueces, magistrados y la burocracia dorada de los organismos falsamente autónomos). Con ello, se cortará también una de las principales fuentes de podredumbre en la judicatura, que es justamente el tráfico de influencias generado en torno a la concesión injustificada de suspensiones legales.
Por su parte, la nueva Ley de Amnistía dotará al Ejecutivo de una herramienta para agilizar indagatorias paralizadas y destrabar casos empantanados en fiscalías y tribunales. Al contar con la facultad de indultar a personas imputadas que cuenten con información comprobable y fidedigna sobre asuntos de relevancia nacional (el primero que acude a la mente es, por supuesto, el de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014), el gobierno federal podrá coadyuvar en el esclarecimiento de sucesos que se han mantenido en las sombras por demasiado tiempo.
Sin embargo, como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, existe la posibilidad de que los togados porfíen en su sistemática interferencia en la función legislativa y anulen los cambios aprobados por los representantes populares. Tal escenario confirma la urgencia de reformar a la judicatura misma para evitar que la facción mafiosa que controla el Poder Judicial sabotee estas iniciativas, como ha hecho con tantos cambios legales promovidos en pro del país: en la medida en que esa rama del Estado continúe capturada por un grupo de togados corrompidos, desdeñosos de la voluntad popular y marcados por sus conflictos de intereses, será imposible concretar los profundos cambios que México requiere para cumplir a cabalidad los derechos de sus ciudadanos.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ La reforma aprobada en la Cámara de Diputados es muy buena, por tratarse de un asunto que beneficia a millones de trabajadores, aseguró el Ejecutivo.Foto Presidencia
El Fondo de Pensiones para el Bienestar pasó la primera aduana legislativa (Cámara de Diputados, aprobado con 251 votos en favor, 199 en contra y cuatro abstenciones) y se puede adelantar que sucederá lo mismo en la segunda (Senado de la República, que ya recibió la minuta), de tal suerte que, a pesar de los propagandísticos gritos y sombrerazos de la oposición, esa reforma promovida por el presidente López Obrador corrige un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal (él mismo dixit), toda vez que fueron Ernesto Zedillo (Ley del IMSS) y Felipe Calderón (Ley del Issste) quienes condenaron a los aún jóvenes mexicanos a recibir, si bien les iba y en el mejor de los casos, una pensión miserable.
Su aprobación en primera instancia también es un recordatorio, por decirlo suave, a los dueños de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) que sí o sí deben entregar al gobierno mexicano más de 41 mil millones de pesos que ilegalmente jinetean desde 2020 (por cuentas inactivas no reclamadas.
Días atrás, el director general del IMSS, Zoé robledo, lo explicó así: el número de cuentas no reclamadas (luego de 10 años) que deben entregar a esa institución suma 259 mil 945, mismas que acumulan un monto de 41 mil 541 millones de pesos. Esta es la cantidad que los dueños de las 10 Afore en operación están obligados a depositar en el Seguro Social, pero en los hechos de ese total solo han entregado 946 millones 176 mil 804 pesos, es decir, apenas 2 por ciento de lo que la ley los obliga. Lo demás lo jinetean a su favor.
Algo más: las cuentas ya son imprescriptibles y eso hay que señalarlo de manera muy clara. La reforma de 2020 estableció que una persona que no reclama, por cualquier razón, después de 10 años su cuenta ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla, que las Afore tenían que regresar ese dinero al Seguro Social y el Seguro Social tenerlo justo para que cuando llegara una persona se le pudiera devolver.
Pero los barones de las Afore (entre ellos Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank Rhon, Caros Slim y la familia Bailleres) desde 2020 se han negado a depositar ese dinero en el IMSS, para lo cual han utilizado a sus respectivos ejércitos de abogados. Sin embargo, con la aprobación (en primera instancia) del Fondo de Pensiones para el Bienestar no habrá pretexto que valga ni leguleyos que lo impidan.
Tras la votación en San Lázaro, el mandatario dijo que es muy bueno, por tratarse de un asunto que beneficia a millones de trabajadores. ¿A quién no le gusta la ley? Pues a los que en ese entonces aprobaron lo de Zedillo y Calderón. ¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Se los vuelvo a explicar, esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y que no se dejen engañar, porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones. Y los conservadores, opositores corruptos están queriendo manipular.
Algo más dijo el mandatario: es un derecho que tienen porque trabajaron muchos años, y que era una pensión raquítica por esas modificaciones a la ley de pensiones que hicieron Zedillo y Calderón, y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores. Y que, además, también reciban este apoyo, se junten las dos, y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal, quien ganaba 10 mil pesos se jubilaba con 10 mil. Por las reformas de Zedillo y de Calderón, el que ganaba 10 se iba a jubilar con 2 mil 700.
Esas reformas permitieron “la privatización del manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno y aquí dijeron ‘vamos a privatizarlas todo’, porque esa era la moda en el mundo, privatizar todo”. Pero se acabó, y no hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, sólo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que nosotros representamos.
Las rebanadas del pastel
Desde 1977, el Departamento de Estado publica su Informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo, aunque el único país que nunca aparece en la evaluación (una herramienta de presión y chantaje, en realidad) es… Estados Unidos, violador serial de aquellos (sea interna o externamente). Sobre el particular, el presidente López Obrador dijo: nosotros no emitimos una carta de buena conducta, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la Doctrina Monroe.
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