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Washington, 3 de noviembre .-- Los patrocinadores estadounidenses que solicitan traer venezolanos a Estados Unidos bajo un nuevo programa están recibiendo aprobaciones en horas o pocos días, un ritmo vertiginoso que pronto podría llenar los espacios disponibles, según patrocinadores y defensores.
Algunos patrocinadores son familiares de venezolanos que viven en Estados Unidos y están ansiosos por huir de la crisis política y económica, pero otros, como la consultora de negocios del sur de la Florida María Antonietta Díaz, están dispuestos a ayudar a los extraños.
Díaz, una defensora venezolano-estadounidense que ha vivido en Estados Unidos por 25 años, se puso en contacto con venezolanos que buscaban patrocinio a través de las redes sociales. Desde que se lanzó el programa humanitario el 18 de octubre, ya recibió la aprobación para patrocinar a nueve venezolanos, seis de Maracaibo, en Venezuela, y tres que están en México en camino a Estados Unidos.
El programa no tiene requisitos de ingresos explícitos, pero Díaz y su esposo ganan 150.000 dólares al año, muy por encima de los aproximadamente 23.000 dólares que normalmente se requieren para patrocinar a alguien en Estados Unidos.
Alrededor de 7.000 venezolanos han recibido aprobación bajo el nuevo programa desde el lanzamiento del 18 de octubre, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el asunto, que no informó de cuántos lo habían solicitado.
"Es claro que esta forma ordenada y limitada de vivir y trabajar en Estados Unidos está dando incentivos a los venezolanos para que no pongan su vida en manos de los contrabandistas", agregó la fuente que pidió permanecer en el anonimato para compartir cifras internas.
La solicitud de Díaz para apadrinar a un venezolano en Cuernavaca fue aprobada en solo una hora, dijo. Presentó otro patrocinio a medianoche para dos mujeres que estaban en Ciudad de México y a las 7 de la mañana, cuando despertó, estaba aprobado. Otras organizaciones que siguen el programa también dijeron que las solicitudes se autorizan rápidamente.
"Es increíble", agregó Díaz, calificándolo de "enorme progreso" en comparación con el ritmo normal del procesamiento de inmigración en Estados Unidos, que puede llevar años en algunos casos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el mes pasado un enfoque doble para disuadir los cruces fronterizos ilegales. Los venezolanos atrapados cruzando ilegalmente ahora son expulsados de regreso a México bajo una orden de la era de la pandemia conocida como Título 42, mientras que hasta 24.000 venezolanos podrán ingresar legalmente a través del programa si lo solicitan mientras están en el extranjero.
Biden ha tenido problemas con un número récord de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México durante su mandato, incluidos 187.000 venezolanos en lo que va de 2022. Los republicanos han aumentado sus críticas en su intento de tomar el control del Congreso de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre.
El lunes, un video de Reuters mostró como una patrulla fronteriza disparó proyectiles contra migrantes venezolanos y centroamericanos que cruzaban el Río Grande durante una protesta que comenzó en el lado mexicano de la frontera.
UNA OPCIÓN MÁS SEGURA
Para Victoriana Loaiza, de 23 años, quien fue expulsada de Estados Unidos a México después de caminar durante más de un mes por Sudamérica y Centroamérica para llegar a la frontera, Díaz fue su salvavidas.
Loaiza administraba una tienda de accesorios en Maracaibo, pero dijo que sus ingresos mensuales de 180 dólares no eran suficientes para mantener a su hijo de 5 años, porque una canasta mensual de bienes cuesta alrededor de 375 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.
Después de ser enviada de regreso a México, rápidamente encontró a Díaz a través de un amigo. La contactó el 18 de octubre, solicitó el programa y fue aprobada el 27 de octubre. Voló a Orlando el lunes, donde conoció a su novio, quien había llegado antes, pero que no pudo tener un patrocinio porque ya estaba solicitando asilo en Estados Unidos. Ella espera traer a su hijo una vez que esté instalada.
Los venezolanos aprobados a través del programa, que se basa en una iniciativa similar lanzada a principios de este año para los ucranianos que huyen de la invasión rusa, reciben permiso para residir en Estados Unidos hasta por dos años y pueden solicitar permisos de trabajo.
Loaiza dijo que el programa ofrece una alternativa más segura para los venezolanos que aventurarse a través del Tapón del Darién, una selva que separa a Colombia y Panamá por la que ella viajó a pie. "Evita que muchas personas arriesguen su vida", dijo.
Con información de Reuters
¿Suspensión de concesiones?
Antonio Gershenson
Los daños a la salud colectiva causados por la contaminación ambiental, característica intrínseca de la industria minera, han sido desmedidos. Pero, además, el perjuicio social y económico entre los obreros, debido al sometimiento a contratos colectivos de trabajo (CCT) amañados, regateados e incumplidos (en muchas ocasiones), han sido la historia de la impunidad. Una realidad difícil de soslayar.
La interminable lista de protestas en contra de las injusticias, supuestamente propias e inevitables del oficio minero ha pasado a ser algo natural en la vida de un trabajador. Esta es la historia de la explotación institucionalizada de los gobiernos anteriores.
Pese a todo el historial de abusos patronales, el gremio ha puesto el ejemplo de fuerza, integridad y solidaridad interna, sindicalizado o no. Es un trabajo peligroso, pero todavía no se cuenta con las suficientes fuentes de trabajo, por lo cual en el sector no hay otra opción que aceptar el trabajo de minero, pues la subsistencia es prioritaria.
A la población en busca de recursos para sobrevivir se le ha marginado de la posibilidad de desarrollar otras opciones, por tanto, tiene que aceptar las condiciones adversas que le han marginado del desarrollo democrático sindical, del progreso de la educación personal y también el de su familia. Por muy inicuo que sea el sueldo, es preferible aceptar las pésimas condiciones a no contar con un sustento económico.
Poco se ha tomado en consideración que, también la patronal ha propiciado la poca oportunidad para el desarrollo de su personal. Las deficiencias en la educación sindical, son también reflejo de la violación al artículo 123 de la Constitución y a otros más.
De tal forma, que las concesiones, como dice la propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia: “reducir la vigencia de concesiones mineras, de 50 a sólo 15 años, resultaría positiva si las empresas detuvieran la contaminación y la violación de los derechos…”
La reducción de tiempo concesionado no garantiza el éxito de la propuesta en la disminución de ilícitos. Tal vez resulte lo contrario. Esperemos que no sea así. La voracidad de las empresas, nacionales y extranjeras, podría acelerar la extracción y presionar aún más al personal operativo, sin que ello implique mejores condiciones de higiene en el trabajo y, además, sin un aumento significativo en su sueldo y prestaciones.
Todas las demandas y exigencias que han terminado en comunicados, mítines, marchas y, finalmente, huelgas, son precisamente nutridas por las evidencias de contaminación ambiental y violación a los derechos laborales.
La pregunta es, si las violaciones y la depredación ambiental han sido una constante como política empresarial ¿por qué se les condiciona a que, si no cumplen con las demandas laborales, se les cancelará la concesión, si lo que han hecho siempre es incumplir?
Disminuir los años, de 50 a 15, según la propuesta del senador Gómez Urrutia, no es garantía de que se cumpla con las demandas legítimas de los trabajadores, tampoco es una oportunidad para que las empresas hagan conciencia y respeten el artículo 123 constitucional, más todos los artículos de la Ley del Trabajo y los que vengan.
En todos los años de enfrentamientos con los sindicatos las modificaciones no han mejorado en lo sustancial y las protestas continúan. Con la reducción de años concesionados las pérdidas para la industria minera nacional no van a disminuir. Tampoco es creíble que en menos años de extracción minera, las empresas vayan a cumplir con lo que nunca han observado.
Comparando el tiempo de concesión entre 50 y 15 años, la disminución de siete quinquenios parecería justa. Sin embargo, no podemos soslayar que en esta reducción de tiempo se reproducirán, de igual forma, los riesgos para los obreros; continuarán expuestos al deterioro físico y a enfermedades propias del oficio.
Y, por otro lado, la extracción a lo largo de esos 15 años continuará beneficiando a las empresas más que a la hacienda pública del país.
Otorgar el beneficio de la duda, es también una forma de negociar, sobre todo, cuando se trata de un gremio plagado de conflictos. Por esa razón, la solicitud en cuanto a combatir la contaminación debe obligar a las empresas a que presenten un plan creíble, avanzado y aplicable, que disminuya su impacto ambiental. Y, por supuesto, otra propuesta para la rehabilitación de las áreas dañadas.
Al respecto, propone (Gómez Urrutia) que, de entrada, las concesiones se otorguen por tres años para la exploración y por 15 años para la explotación, y no hasta por 100 años, ya que la vida productiva de una mina en extracción es de 10 a 30 años. Aunado a ello, se prohíbe la transmisibilidad y entrega por herencia de las tierras, que la actual ley permite. Andrea Becerril, La Jornada, 3/11/22.
Twitter: @AntonioGershens
antonio.gershenson@gmail.com
