La invitación que nuestro presidente López Obrador recién extendió a Lula a asistir a la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico del 25 de noviembre en Oaxaca es amable, pero soslaya contextos históricos. En la 4T no se ha entendido que la Alianza del Pacífico, como otros tratados de libre comercio, es una herencia del neoliberalismo impuesto bajo el Consenso de Washington. Queda claro, en la definición que hace la Alianza del Pacífico de sí misma, que es un proceso constituido por países con visiones afines de desarrollo y promotores del libre comercio como impulsor de crecimiento (https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/). Y más allá de sus fines comerciales y de negocios, es una alianza basada en intereses hegemónicos estadunidenses para frenar la integración latinoamericana, la cual estaba en pleno auge en la primera década de este siglo. La alianza fue fundada en junio de 2012, por los gobiernos ultraneoliberales y coludidos con el gran capital de Juan Manuel Santos, Sebastián Piñera, Felipe Calderón y Ollanta Humala. Eran entonces, justamente, y aun son, Colombia, Chile, México y Perú los países de la región plegados bajo asimétricos tratados de libre comercio con Estados Unidos.
Lula dijo hace nueve años en Telesur (https://bit.ly/3Wv6Z5o): Tenemos que tomar en cuenta que esta Alianza del Pacífico lleva por detrás un interés geopolítico de hacer más débil a la Alianza de América del Sur y de hacer más débil a la Celac. Evo Morales también advirtió, cuando era presidente de Bolivia, que EU está dividiendo a la Unasur. Los países que conforman la Alianza del Pacífico son parte de una conspiración que viene del norte para dividir y que Unasur no avance hacia la liberación definitiva (https://bit.ly/3U7VZJF).
La Alianza del Pacífico oxigena a la doctrina Monroe ante la menguante influencia estadunidense en la región y la competencia con China. Es también una respuesta al fracaso en 2005 de la pretendida Área de Libre Comercio de las Américas, concebida por el gobierno de Bush como una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “Este proyecto, impulsado en pleno auge del neoliberalismo, fue truncado por el cuestionamiento de un actor clave al cual se intentó relegar desde el principio –la sociedad civil organizada” (https://bit.ly/3UHI3WX). Y muchas organizaciones civiles y sociales brasileñas celebran el triunfo de Lula. Los amigos de la Tierra en Brasil dicen que han decidido matarnos, pero hemos decidido no morir y hacer parte de esa historia, que no termina aquí. En los 60 días que aún quedan del mandato del actual gobierno (de Bolsonaro), enfrentaremos una guerra simbólica y material. En la defensa de ese proyecto de reconstrucción del país, además de la esperanza, contamos con la capacidad de organización y articulación popular, de la unidad en la diversidad de los pueblos y de las fuerzas políticas que tienen un proyecto de amor, humanidad y de respeto a la vida (https://bit.ly/3FGUAFL).
Con esa visión, y para sacudir imposiciones imperialistas, Lula se ha pronunciado también por una renegociación del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea que se ha pactado ya con Bolsonaro. Lula apuesta a un acuerdo que respete el ambiente amazónico, la agenda climática y, a diferencia de acuerdos como la Alianza del Pacífico o el TLC modernizado entre México y la UE (Riesgos en la renegociación del TLC con la UE, La Jornada 2/8/21), no contenga obligaciones entreguistas, como dar apertura a empresas extranjeras a compras gubernamentales, que son motor de desarrollo endógeno y deben privilegiar a productores locales (https://bit.ly/3NBNtjM).
En lugar de libre comercio y ante los crecientes abusos de empresas extranjeras en América Latina, en particular de empresas extractivistas, los gobiernos progresistas, desde México hasta Colombia, Brasil, Argentina y Chile, se deben articular para concretar un tratado vinculante de las naciones unidas para empresas trasnacionales en materia de derechos humanos. En efecto: la participación continua de los miembros de las comunidades afectadas por las actividades de las trasnacionales, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los movimientos sociales lo convierte en uno de los procesos con más apoyo en la historia de las negociaciones de tratados de derechos humanos de la ONU (https://bit.ly/3UsYg1I).
A diferencia de las negociaciones de tratados comerciales en que las organizaciones sociales y civiles son excluidas, la Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Detener la Impunidad (campaña global), que representa a más de 260 millones de personas afectadas por las trasnacionales, tiene fuerte presencia e incidencia, tal como en la octava sesión de la ONU en Ginebra la semana pasada, contribuyendo en las negociaciones de dicho instrumento (https://bit.ly/3WxvYFu). La participación de países latinoamericanos es muy importante y Brasil será clave ante la oposición de EU y la UE a este tratado que sujetaría a sus trasnacionales.
Con apoyo decidido de México se lograría enfrentar el neoliberalismo fundamentado en tratados de libre comercio y de protección de inversiones, como la Alianza del Pacífico, que responden a los grandes capitales nacionales y al predominio geopolítico de EU. Y también para la reactivación de la Celac, propuesta por AMLO, es necesario desactivar la divisoria y mercantilista Alianza del Pacífico, no ampliarla. Sería sorprendente si Lula asistiera a la cumbre en Oaxaca.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org
Retos y promesas ambientales de Lula
Iván Restrepo
Antes de que el 2 de e octubre pasado se celebrara la primera vuelta de la elección presidencial en Brasil, los líderes indígenas de la Amazonia advirtieron que, de ganar Jair Bolsonaro, sería lo peor que le podría pasar a dicho país y al tesoro más importante y necesario para regular el clima del planeta. Y es que todas las proyecciones de los especialistas advierten que una pérdida de 20 a 25 por ciento de la cubierta forestal del pulmón verde de la Tierra sería fatal. Desde que Bolsonaro llegó al poder en 2019, las tasas de deforestación aumentaron luego de años de reducción gracias al Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación y a otras medidas establecias durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Buena parte de la deforestación se debe a los incendios, la mayoría causados intencionalmente por quienes desean plantar sus intereses en la selva. Nada hizo Bolsonaro para detenerlos. Él no cree en el cambio climático y considera a la Amazonia como fuente de recursos económicos que deben explotarse en bien de Brasil. Por eso sus iniciativas y su tolerancia para establecer en ella actividades agropecuarias, madereras y mineras. Esa expansión se ha dado vía la invasión de las tierras de las comunidades indígenas, que saben convivir con la naturaleza y conservarla. Y además, asesinando a los líderes que han encabezado las protestas por la invasión del hombre blanco, el cual con bandas criminales a su servicio impone su ley.
A lo anterior se suman autoridades ambientales y de control menguadas por falta de fondos, el incumplimiento del Plan de Acción para Prevenir y Controlar la Deforestación en la Amazonia y los cambios en el consejo ambiental para dicha región.
Es lo que le pasa a las 153 mil hectáreas pertenecientes desde siempre, y legalmente desde 1998, al pueblo karipuna. Se localizan en el estado de Rondonia. Pero figuran entre los ocho territorios indígenas más deforestados ilegalmente. Cabe advertir que la Constitución brasileña garantiza la integridad de los pueblos originarios y su derecho a la tierra.
Para fortuna de Brasil y el medio ambiente del planeta, el 30 de octubre pasado Lula da Silva fue elegido nuevo presidente. Durante su campaña electoral prometió acabar con la minería ilegal, una de las principales causas de la deforestación de la Amazonia. Consideró también que no era necesario derribar allí un árbol para plantar soya o maíz, o para criar ganado, actividades fomentadas por Bolsonaro.
Otras medidas que promoverá Lula da Silva para proteger la selva son : 1) recuperar todas las instituciones o instrumentos que se establecieron para combatir la deforestación y que fueron desmontados por el gobierno de Bolsonaro, defensor de la explotación de los recursos naturales de la Amazonia incluso en reservas indígenas, donde es prohibido por ley; 2) promover el desarrollo sustentable de las comunidades que allí viven desde hace muchos siglos; 3) para proteger esa inmensa selva, colaborará con los países vecinos y construirá asociaciones internacionales, en pro de la gran Amazonia, si bien Brasil es soberano en la parte que está en su territorio, y 4) que funcione cabalmente el nuevo ministerio de asuntos indígenas, encabezado por un indígena.
Para cumplir las promesas anteriores, Lula da Silva tendrá que mejorar la aplicación de las leyes de protección al ambiente, enfrentar a un Congreso hostil, donde el sector agroindustrial (afín a Bolsonaro y partidario de relajar las leyes en pro del ambiente), representa casi la mitad de la bancada. Negociar con seis de los nueve gobernadores de la Amazonia con vínculos estrechos con el ultraderechista mandatario. Además, reconstruir la agencia de protección al ambiente y la de los indígenas. Ahora las dirigen personas cercanas a la agroindustria, que desde hace tiempo presiona para que se legalice el despojo de tierras y se opone a la creación de áreas protegidas, como son los territorios indígenas.
Lula da Silva, presidente del país más extenso y poblado de América Latina, tendrá que luchar contra quienes ostentan el poder económico, militar, religioso y de comunicación. Los vencerá si con sus políticas logra el apoyo mayoritario de los brasileños.
