En este panorama, debe reconocerse que México es uno de los países que han salido mejor librados de esta crisis múltiple, y a pesar de esas circunstancias adversas la situación de la clase trabajadora del país ha experimentado palpables mejorías, particularmente en lo relativo a los salarios, los derechos laborales y sindicales y la creación de fuentes de trabajo, además de los beneficios derivados de los programas sociales, que son para el conjunto de la población.
No son datos menores que en los dos primeros meses de este año el número de afiliados al Instituto Mexicano de Seguridad Social haya tenido un crecimiento anual sin precedente (5 por ciento); que según cifras del Inegi en enero haya habido 3 millones 700 mil trabajadores empleados más que en el mismo periodo del año pasado o que durante 2021, a pesar de las restricciones derivadas de la lucha contra la pandemia, se hayan generado un millón de puestos de trabajo.
Con el aumento de 22 por ciento al salario mínimo, el poder adquisitivo de éste acumuló, de 2018 a la fecha, una recuperación de 71 por ciento, otro hecho inédito, aunque aún queda mucho camino por delante para alcanzar el poder de compra que llegó a tener a finales del llamado desarrollo estabilizador. En efecto, apenas se ha logrado recuperar el nivel que tenía en 1984, un dato que ilustra crudamente el pavoroso deterioro de los salarios durante el ciclo de los gobiernos neoliberales. Dicho sea de paso, el impulso al alza de los ingresos de los trabajadores no ha tenido un efecto relevante en la tasa inflacionaria, la cual tiene más bien raíces exógenas como el frenazo económico debido a la pandemia y la guerra en Ucrania. Se desmonta, con ello, uno de los dogmas favoritos de la tecnocracia neoliberal que por décadas mantuvo los salarios congelados con el falso argumento de que ello podría causar un incremento generalizado de precios.
En el ámbito sindical, la reforma laboral que entró en vigor en el primer semestre de 2019 estableció las condiciones para que los obreros pudieran manejar sus organizaciones gremiales en forma democrática y sin injerencias del poder público ni del capital. Esta reforma ha tenido resultados contrastados que pueden ejemplificarse con los casos del sindicato petrolero, por un lado –que sigue controlado por el grupo charro vinculado a Carlos Romero Deschamps– y, por el otro, la desincorporación de la Central de Trabajadores de México de los obreros de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, quienes en una asamblea democrática decidieron por abrumadora mayoría abandonar esa central y conformar un sindicato independiente.
Otro logro fundamental de la clase trabajadora es el conjunto de reformas realizadas en abril de 2021 a las leyes del Seguro Social en sus dos vertientes, Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado y del Código Fiscal de la Federación, y que prohíbe la subcontratación o outsourcing, práctica inicua que por décadas fue utilizada por los empleadores para reducir o anular las prestaciones de sus trabajadores e impedirles el derecho a la sindicalización.
Finalmente, y aunque los programas de bienestar no están directamente asociados al ámbito laboral –salvo en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, que capacita e introduce a los jóvenes al ámbito del trabajo–, es claro que millones de hogares de asalariados se han visto beneficiados por la inclusión de uno o varios de sus integrantes en al menos uno de esos programas, lo que trae aparejada una mejoría en el ingreso familiar.
Como se dijo anteriormente, es mucho lo que falta por hacer para lograr la dignificación plena de las condiciones laborales y salariales en el país, pero no hay duda que en los últimos tres años se ha empezado a remontar a buen paso la ofensiva gubernamental y empresarial de las cuatro décadas previas en contra de los trabajadores.
México SA
AL: riqueza y miseria extremas// Concentración y subdesarrollo// Biden-Unión Europea: ladrones
Carlos Fernández-Vega
La buena: en 2022, todas las economía latinoamericanas crecerán; la mala: el beneficio se queda en la cada vez más compacta cúpula y la proporción de avance no es suficiente para cubrir el hoyo abierto por la pandemia; la peor: la patria grande se mantiene como la más desigual del planeta, de tal suerte que mientras no se atienda y resuelve el gravísimo problema de la concentración del ingreso y la riqueza nuestras naciones no saldrán del subdesarrollo ni abatirán los terroríficos índices de pobreza.
Según información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Oxfam, el 10 por ciento más ricos de América Latina y el Caribe concentra 71 por ciento de la riqueza regional, mientras el 90 por ciento restante se queda (también de forma por demás desigual) con el 29 por ciento restante. Gobiernos van, gobiernos vienen (de todos colores y sabores), y el panorama empeora.
Por ejemplo, se estima que menos de nueve decenas de oligarcas latinoamericanos concentran algo más de 10 por ciento del producto interno bruto regional. En el caso mexicano, 15 barones acaparan alrededor de 13 por ciento del PIB nacional, sin olvidar que la mitad de esa proporción es acaparada por un oligarca: Carlos Slim, quien en los dos años de covid-19 incrementó sus de por sí abultados haberes en cerca de 60 por ciento; el tóxico Germán Larrea lo hizo en 55 por ciento.
Mientras la pandemia hundió –aún más– a miles de millones de seres humanos, los oligarcas nacionales e internacionales no dejaron de acumular y concentrar riqueza, de tal suerte que si no se modifican las reglas del juego esta espeluznante historia será perenne con o sin crecimiento económico.
En vía de mientras, la Cepal considera que el panorama para la patria grande no es muy grato, aunque, con todo, se mantienen las cifras positivas (insuficientes a todas luces) en materia de crecimiento. Dice el organismo que la región enfrenta una coyuntura compleja en 2022 debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, una nueva fuente de incertidumbre para la economía mundial que afectan negativamente el crecimiento global, estimado en 3.3 por ciento, un punto porcentual menos de lo proyectado antes del inicio de las hostilidade. Para Latinoamérica el menor crecimiento va junto con una mayor inflación y una lenta recuperación del empleo; para ella se prevé un avance promedio de 1.8 por ciento; Sudamérica crecerá 1.5, Centroamérica más México, 2.3, y el Caribe, 4.7.
En las nuevas proyecciones de la Cepal des-taca el crecimiento estimado para la economía venezolana, la cual acumuló varios años en caí-das libre. Para 2022 se espera avance de 5 por ciento, el tercero de mayor magnitud en la región, sólo superado por Panamá (6.3 por ciento), y República Dominicana, con 5.3 por ciento. En el tablero, las tres mayores economías regionales registrarían un crecimiento de 1.7 por ciento, en el caso mexicano; 0.4 por ciento, en el brasileño, y 3 por ciento, en el argentino.
La Cepal advierte que si bien los mercados del trabajo dan señales de recuperación, ésta ha sido lenta e incompleta. Para 2022, en concordancia con la desaceleración que se espera en materia de crecimiento regional, se prevé que el ritmo de creación de empleo se reduzca. La acción conjunta de una mayor participación laboral y un bajo ritmo de creación de plazas im-pulsará un alza en la tasa de desocupación du-rante este año. Previamente, el organismo advirtió que la desaceleración esperada en 2022, junto con los problemas estructurales de baja inversión y productividad, pobreza y desigualdad, requieren reforzar el crecimiento como un elemento central de las políticas, al tiempo que se atienden las presiones inflacionarias y riesgos macrofinancieros.
Pues bien, a ese ritmo y con creciente concentración del ingreso y la riqueza América Latina corre el riesgo de ser perpetuamente la campeona de la desigualdad mundial.
Las rebanadas del pastel
Si de bandoleros se trata, ahí está la de-nuncia del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov: los pagos por nuestros recursos energéticos se hacían por medio de bancos occidentales; tras la imposición de sanciones, las reservas acumuladas por nuestra nación fueron congeladas por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que supone un robo de más 300 mil millones de dólares; simplemente los tomaron y robaron; no tenemos el derecho ante nuestro propio pueblo de permitir que Occidente siga con sus hábitos de ladrón.
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