Periódico La Jornada Sábado 14 de mayo de 2022, p. 14
Madrid. Los tiempos de la política en la Unión Europea (UE) son lentos, a veces demasiado lentos. España y Portugal, que hace ya más de mes y medio anunciaron un plan de emergencia para paliar los efectos del incremento del precio de la gasolina, siguen a la espera de que las instituciones europeas den su visto bueno a la propuesta de la llamada excepcionalidad ibérica. Para ganar tiempo, el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó en el Consejo de Ministros el mecanismo que entrará en vigor una vez que la UE lo admita y que pretende fijar unos límites al precio del gas para la generación eléctrica, que en este caso será de un máximo de 50 euros.
El 29 de marzo pasado, en una reunión de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, los representantes de España y Portugal anunciaron un pacto histórico que pondría límite a los estragos que está causando el precio del gas y la gasolina, en cotas inéditas, y que está provocando a su vez una espiral de inflación insoportable para la economía familiar. El dichoso pacto sigue pendiente de que los técnicos de ambos países y de la UE fijen las condiciones para que no se vulneren sobre todo los preceptos fijados en la legislación de competencia, que es precisamente donde las principales multinacionales de la energía, con Iberdrola y Enel a la cabeza, fijaron su interés para detener o al menos minimizar el alcance del plan de rescate. De hecho, sus maniobras, siempre tras bambalinas, están detrás de los retrasos, dudas y hasta cuestionamientos europeos de los planes trazados por los gobiernos de España y Portugal, los dos países de la región con la mayor tasa de desempleo y que actualmente están registrando las peores cifras de inflación, por encima de 8 por ciento en lo que va del año.
El presidente Sánchez, en su afán por allanar el terreno y calmar la cada vez más encendida crispación social, decidió adelantar la aprobación del plan de rescate que, eso sí, está supeditado a los tiempos de la UE, con lo que no entrará en vigor mientras las instituciones comunitarias no aprueben la propuesta. Y quizá también tendrá que ser modificado, en caso de que las condiciones impuestas por Bruselas no coincidan totalmente con las propuestas de Lisboa y Madrid, como previsiblemente será.
“Nosotros pensamos que se podrá publicar en el Boletín Oficial del Estado de mañana, si hubiera cualquier retraso el lunes, pero la aprobación total queda supeditada a la aprobación formal de la Unión Europea (UE) y sus procedimientos internos podrían llevar incluso dos semanas”, reconoció la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Entre las medidas más importantes del plan está finalmente claro uno de los aspectos más polémicos y es el de aclarar quiénes tendrán la obligación de pagar la diferencia entre el tope máximo fijado y el precio de mercado, que en ocasiones puede superar en seis y hasta siete veces 50 euros. En un primer borrador se admitió que serían los propios consumidores, pero después de la polémica que provocó esta idea inicial finalmente el gobierno optó por fijar por ley que sean las propias empresas energéticas las que cubran esa diferencia, bajo el argumento de que también han sido beneficiarias de ganancias inesperadas por la crisis energética.
El mecanismo durará unos 12 meses y permitirá fijar el precio medio del gas en torno a esos 50 euros el megavatio hora (MWh) –comenzando por 40 euros para ir luego subiendo hasta 48.8 euros–, frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros MWh.
Revalorar el trabajo humano
Napoleón Gómez Urrutia
Hace unos días se celebró la cuadragésima segunda Convención General Ordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Un evento al que asistieron más de mil delegados, de todos los estados y en el cual se hizo patente, con gran fuerza, pasión y energía, la capacidad y el poder de un sector fundamental para la economía del país y para la generación de empleos.
Los mineros tenemos una larga historia en las luchas sociales y revolucionarias no sólo en México, sino en todo el mundo. La naturaleza de las actividades y las exigencias del crecimiento industrial, siendo una operación de muy alto riesgo, forman un carácter y una personalidad amable, pero dura y recia cuando se trata de defender sus derechos. No hay minero que se someta a los caprichos de un patrón o de un gobierno cuando amenazan con pisotear sus intereses y explotarlos de manera irracional, absurda o abyecta.
Los trabajadores de las minas han actuado y combatido del lado de las causas justas de la historia y de los acontecimientos más relevantes, independientemente de su contribución al desarrollo económico, político y social. Siempre son un referente que ha marcado el rumbo de los cambios y transformaciones históricas de nuestro país. Fueron los protagonistas de la primera huelga del continente americano en Pachuca, Hidalgo, el 15 de agosto de 1766 en plena época de la Colonia. Después en Cananea, Sonora, se convirtieron en uno de los precursores de la Revolución Mexicana, el 1° de junio de 1906. Luego con los Mártires de Guanajuato, el 22 de abril de 1937, y la caravana del hambre en Nueva Rosita, Coahuila, a la Ciudad de México, en 1950. Ya no se diga la valiente y digna lucha que se inició el 19 de febrero de 2006 en la mina de Pasta de Conchos, San Juan de Sabinas, Coahuila, y que de alguna manera continúa hoy.
Así es que la organización nacional minera, su fuerza, su poder y su conciencia no pueden ni deben olvidarse o ignorarse. Sería un grave error político, de falta de sensibilidad y de visión. La inconformidad existe, particularmente porque los agravios y agresiones de los gobiernos anteriores y de algunas empresas, quisieron detener y destruir a esta gran organización que integramos los trabajadores mineros en lucha permanente por la justicia, el respeto y la dignidad de la clase trabajadora. Pero también porque hoy todavía permanecen vigentes desde hace 15 años tres huelgas contra Grupo México, de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, además del abandono por parte de esa misma empresa de 63 trabajadores mineros, que aún permanecen sepultados en el fondo de la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila.
Esos conflictos no pueden quedar sin una resolución apegada al derecho y a la justicia. Son 15 años que los mineros no han percibido un salario por la arrogancia, irresponsabilidad y negligencia de Larrea y
Grupo México, mientras en estos dos últimos años de pandemia, esa compañía obtuvo 20 mil millones de dólares de utilidades, adicionales a sus ganancias habituales. Tampoco puede ser que todavía no exista autoridad o mecanismo capaz de obligarla a cubrir sus adeudos, a respetar la ley y presionarlos para cumplir con su responsabilidad social y obligaciones constitucionales. Al Estado mexicano le sobran elementos y argumentos para hacer justicia.
Hay que revalorar más a la clase trabajadora, atender sus problemas y respetarla, de una manera más clara, activa y contundente, y no sólo cuando se le necesita. La reforma integral a la ley minera qué aún está pendiente debe tener presente y tomar en cuenta los conceptos anteriores, tal y como se expresó durante la cuadragésima segunda Convención Nacional del Sindicato de Mineros. Ahí también se dijo claramente: hay que corregir los vicios, el libertinaje y el acaparamiento por parte de las empresas nacionales y extranjeras de los recursos naturales no renovables de México. La reciente reforma en materia de la nacionalización del litio es un paso muy importante, pero es necesario ir más allá y evitar que surjan nuevos barones de la minería. No más concentración de tierras o de reyes del oro, la plata o del cobre. En el caso del litio el único rey será el pueblo de México, tal como se aprobó en el Senado en la iniciativa de ley respectiva.
Las conclusiones de la Convención Nacional Minera fueron, entre otras, que nunca los sindicatos habían afrontado los retos y problemas tan complejos como los que se están viviendo hoy día. Pero los trabajadores y los dirigentes no están dormidos. Por el contrario, se están preparando para continuar evolucionando, modernizando y fortaleciendo para construir un futuro mejor.
Es momento de que los gobiernos, las empresas y las organizaciones académicas y sociales revaloren el trabajo humano y devolverle su reconocimiento y dignidad que tanto merece.
