Orlando Delgado Selley
En dos días iniciará su gestión un gobierno federal surgido desde la oposición a los gobiernos de los pasados 30 años. La elección de 1988, que enfrentó dos opciones de gobierno distintas, encarnadas en tres propuestas político-partidarias, se resolvió con un resultado muy discutido. Desde entonces, en cada elección presidencial las izquierdas presentaron una oferta electoral que proponía terminar con la contrarrevolución neoliberal que había empezado a imponerse en el país en 1982 con la administración federal de De la Madrid.
La elección de este año, que abrió las compuertas de la transformación del país, generó enormes expectativas entre amplios sectores. Las posibilidades de transformación no están garantizadas. Aunque haya la convicción de transformar el país, lograrlo no será posible sólo con firmeza y honestidad. Los obstáculos son mayúsculos y pueden descarrilar la propuesta. Es posible remover algunos de estos obstáculos pactando con grupos empresariales específicos. Pero debe reconocerse que si las contradicciones se agudizan esos pactos se violentarán, lo que complicará el manejo general del gobierno.
Para superar verdaderamente los obstáculos que subsistan para lograr la transformación del país es necesario un proceso de construcción de fortalezas sociales que debe iniciarse de inmediato. Estas fortalezas demandan que los diversos espacios de representación social sean recuperados por liderazgos auténticos. Las organizaciones sindicales, campesinas y urbanas serán decisivas para que se produzcan contrapesos sociales que contrarresten el poder de los mercados, es decir, de los empresarios que controlan los principales flujos de riqueza en el país. A los movimientos especulativos que golpeen el tipo de cambio y hagan que la bolsa de valores caiga, habrá que responder socialmente. Pero también y en primer lugar, política y económicamente.
Se trata de establecer los términos de la confrontación política que se presentará inevitablemente. Las incertidumbres basadas en declaraciones de algún miembro de Morena o de sus aliados en el Congreso son producidas para generar desazón. El tema de las comisiones bancarias es una magnífica ilustración de la manera en la que se expresarán las posiciones políticas. La iniciativa presentada en el Senado fue atacada de inmediato por organismos empresariales, no por los banqueros, que serían los principales afectados. Rápidamente se abrieron procesos de discusión en el Legislativo que eran necesarios.
Pudo demostrarse que las comisiones bancarias que se cobran en México podían efectivamente reducirse, lo que fue documentado por la Condusef y reconocido por Banamex. El asunto entre los dos principales actores: Legislativo y banqueros ha encontrado un cauce claramente adecuado para resolverse, lo que no ha permeado en voceros empresariales, ni en articulistas opuestos desde siempre a un cambio de modelo económico. Lo que ilustra la situación de confrontación derivada de las expectativas de los empresarios sobre la conducción económica. Ellos tienen expectativas y presionan para influir en las posibilidades del gobierno entrante.
La administración federal que encabezará AMLO establecerá una conducción política con sentido popular. En lo económico, sin embargo, hay menos claridad. La diferencia entre izquierdas y derechas se expresa en más o menos bienes y servicios públicos, lo que implica un Estado con mayores o menores capacidades de intervención económica. Indudablemente hay que separar el poder económico del poder político. Sin embargo se puede seguir haciendo política económica en favor del poder económico.
El manejo presupuestal será escrupuloso, lo que generará posibilidades que se aprovecharán para que los proyectos sociales emblemáticos sean financiados sustentablemente. Este es un cambio de importancia, pero hacen falta espacios presupuestales mayores para modificar la concentración del ingreso y de la riqueza que caracterizan a nuestro país y así responder a las expectativas sociales que existen. Estos espacios sólo pueden lograrse con modificaciones legislativas que construyan una fiscalidad progresiva. Un ejemplo de esta necesidad se expresa en la alta rentabilidad de los bancos que operan en México, que se explica en parte por tasas impositivas menores que las que prevalecen en Estados Unidos, Canadá, España y Gran Bretaña, donde se localizan las matrices.
El triunfo de AMLO ha permitido que haya grandes expectativas entre amplios sectores de la población de que el país puede cambiar para bien. Hay también fuertes opositores a este cambio. La posibilidad de que ese cambio se logre está en las decisiones políticas que tome el gobierno de Morena. Las compuertas se han abierto. Ahora es necesario que por ellas fluya la movilización social para respaldar las propuestas de transformación social y ampliar las posibilidades de éxito.
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Inai: cómo enturbiar una muerte.
El fallecimiento de Carlos Bonnin Erales, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ocurrido el lunes pasado, ha dado pie a especulaciones, sospechas y un manoseo mediático lamentable. Como se sabe, el 26 de noviembre el funcionario cayó del quinto piso de la sede de esa institución, ubicada en el sur de Ciudad de México y fue trasladado con lesiones graves a un hospital próximo, en donde falleció.
El pleno del Inai emitió varios comunicados en los que afirmó que el comisionado había fallecido a causa de un infarto cardiaco y el titular del organismo, Francisco Javier Acuña Llamas, alentó durante horas la difusión de esa versión en los medios informativos. En el curso del mismo lunes fue emergiendo la verdad y, aunque no ha sido legalmente establecida la razón por la cual Bonnin Erales se precipitó desde el quinto piso del edificio –en otros términos: si fue un acto voluntario o un accidente–, resultó evidente la intención del instituto de ocultar lo ocurrido.
En las horas y días siguientes la dirección del organismo ha buscado explicar en diversos espacios, y sin mucha fortuna, el motivo del anuncio distorsionado, ha entrado en una agria polémica con la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México por la filtración de fotografías del suceso y a la postre no ha logrado más que alimentar el escepticismo imperante.
Al margen de lo mucho que se ha escrito y especulado en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales sobre una presunta vinculación entre el fallecimiento de Bonnin Erales y los expedientes en los que trabajaba antes de morir, resulta escalofriante el hecho de que, enfrentada a un asunto trágico en su interior, la entidad del Estado encargada de garantizar la transparencia y de proteger los datos personales haya incurrido en semejante acto de opacidad, por un lado, y se haya visto involucrada, por otro, en la filtración de imágenes que nunca debieron hacerse del dominio público, tanto por respeto a la memoria del fallecido como por consideración a su familia. No está claro aún si la responsabilidad por esa exhibición lamentable se encuentra en la instancia procuradora o en el propio Inai, pero debe señalarse que en este punto medios e informadores que presumen profesionalismo incurrieron también en una grave falta de ética al prestarse a difundir tales fotografías sin más propósito visible que el sensacionalismo impulsor de circulación, impacto y tráfico.
El lamentable episodio ilustra, en todo caso, la inoperancia de un organismo que, en términos generales, ha fallado en su misión principal: transparentar el ejercicio gubernamental para disponer de elementos preventivos y correctivos de la vasta corrupción que afecta a las oficinas públicas y evitar el mal uso de datos personales; a este respecto, cabe recordar que, con frecuencia, bases de datos enteras, como el Listado Nominal del Instituto Nacional Electoral, han sido comercializadas de manera ilegal por varias vías, y que grandes sectores de la ciudadanía se encuentran expuestos al acoso publicitario o de cobranzas sin que nadie ponga freno a esa situación.
Ya sea por fallas de diseño institucional, por carencia de atribuciones legales, por falta de voluntad política de sus comisionados o por las tres razones, el Inai no funciona, pero consume, como ocurre con el resto de las entidades autónomas y organismos desconcentrados establecidos en el pasado reciente, desmesuradas porciones del presupuesto público.
