Miguel Pineda
Si por algo se recordará este sexenio, es por la corrupción e impunidad de políticos y empresarios ligados al poder.
El caso más emblemático no es el de la Casa Blanca del Presidente y la casa de Malinalco de Luis Videgaray, vinculados a Juan Armando Hinojosa, sino el del conglomerado brasileño Odebrecht, que corrompió a presidentes, secretarios de Estado y directores de paraestatales de toda América Latina.
El gran negocio de Odebrecht consistía en ligarse con políticos de primer nivel (no por su ética, sino por su cargo), con quienes firmaba contratos para hacer grandes obras públicas. El político en turno recibía a cambio del contrato una buena comisión en efectivo o mediante sofisticados mecanismos financieros ligados con paraísos fiscales.
Prácticamente por toda Latinoamérica se dieron a conocer los casos de corrupción, cosa que también sucedió en México. Pero mientras en el extranjero los implicados terminaron en la cárcel, en nuestro país son intocables.
El Presidente de México, por algún interés inconfesable, tomó la decisión de no investigar a los políticos involucrados en los hechos delictivos, entre los que se menciona de manera reiterada a Emilio Lozoya a su paso por Petróleos Mexicanos (Pemex); en cambio, a Odebrecht se le inhabilitó para que no participe en licitaciones públicas.
Lo incongruente del caso es que de un lado se dan pelos y señales del mal manejo que hizo Odebrecht, pero del lado del gobierno no hay involucrado alguno e incluso se reserva o se esconde la información, porque puede entorpecer las investigaciones.
En este encubrimiento participan instituciones como la Secretaría de la Función Pública, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el SAT, el INAI y Pemex.
En contraparte, las instituciones mencionadas no dudan en buscar afanosamente información sobre los candidatos de la oposición y cuando encuentran algo, aunque no haya delito alguno que perseguir, como compra o venta de terrenos, bodegas o departamentos, son motivo de escándalo para favorecer la campaña de Meade.
¿Quién es el peligro para México en estas condiciones? ¿Quién acaba con la credibilidad de las instituciones públicas? ¿Qué país entregará Peña Nieto al próximo presidente? El uso faccioso de las instituciones y la gran impunidad dejan serias dudas sobre el futuro de la democracia.
miguelpineda.ice@hotmail.com
