Pedro Miguel
En el proceso electoral de 2006, cuando tenían el casi total control del aparato mediático nacional, idearon, financiaron y ejecutaron una campaña masiva de descalificaciones personales, calumnias y terror en contra de uno de los aspirantes presidenciales. En 2012 se coaligaron para impulsar activamente la candidatura del que ha resultado ser, con números en mano, el peor presidente del régimen que aún dice apoyarse en la Constitución de 1917.
En este 2018 intentaron, mediante intrigas palaciegas orientadas a construir una coalición de todos contra AMLO, impedir de nueva cuenta un triunfo electoral del tabasqueño, pero fueron identificados y exhibidos en esa tentativa, que buscaba, ni más ni menos, suplantar la soberanía del pueblo por un conciliábulo de potentados. Para colmo, su plan, que pasaba por la desactivación de la campaña de José Antonio Meade para dar impulso a la de Ricardo Anaya –los candidatos relevantes del régimen neoliberal, que por razones que no vienen al caso llegó dividido a este proceso electoral– tuvo una pésima recepción en Los Pinos.
Se pusieron furiosos y respondieron con virulencia. Pero ya el dominio oligárquico no es lo que era, las fracturas en sus componentes están a la orden del día, la porción mayoritaria de la sociedad está harta del saqueo sistemático al que la connivencia político-empresarial ha sometido al país durante tres décadas, de la extendida miseria que rodea las islas de opulencia y de la violencia incontrolada (no necesariamente incontrolable) desatada por la torpeza, la perversidad y la mezquindad de los gobernantes del ciclo neoliberal.
En el curso de la confrontación con AMLO quedaron claras, entre otras cosas, que el poder del dinero ya no garantiza la hegemonía en la fabricación de la opinión pública y que las cúpulas de los magnates han perdido representatividad entre los propios empresarios, porque los privilegios de la corrupción, el influyentismo y el contratismo han favorecido a unos cuantos pero han dejado a la mayoría en una situación incierta, si no es que de naufragio.
Uno de los saldos de la escaramuza fue, pues, el desconocimiento de las cúpulas empresariales por parte de los micro, pequeños y medianos empresarios –97 por ciento de la planta productiva, generadores de 70 por ciento de los empleos–, los cuales asentaron con toda claridad que los organismos sectoriales no los representan. Más aún: manifestaron su voluntad de aportar al Proyecto de Nación 2018-2024 que es, en resumidas cuentas, la plataforma de gobierno de López Obrador. Aunque conserve un considerable poder de afiliación y sin llegar todavía a los grados de vacuidad de la CTM, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Mexicano de Negocios van camino a convertirse en cascarones de sí mismos.
Así las cosas, el grupito ahora trata de salir del paso protestando su disposición a construir con los gobiernos legítimamente electos y llamando a un debate constructivo; afirma que somos parte de la solución, no causantes del problema y juran estar del lado de la legalidad y la democracia. Lo cierto es que aun cuando censura los “ataques personales y (las) calificaciones infundadas, el texto apadrinado por el CCE y titulado Trabajamos por México, incurre en ambas prácticas. Así, desliza que AMLO responsabiliza a las empresas de ser las causantes de la mayoría de los males que aquejan al país, algo que el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia jamás ha dicho, escrito ni insinuado. En cambio, el empresariado honesto ocupa un lugar de suma importancia en las propuestas lopezobradoristas y está bien representado tanto en el equipo que elaboró el Proyecto de Nación como en el equipo de gobierno propuesto por el tabasqueño.
López Obrador no ha planteado minimizar y menos eliminar a la iniciativa privada sino separar el poder económico del poder político, una propuesta necesaria y urgente para la viabilidad misma del país y que, de acuerdo con todas las encuestas, goza de la simpatía y el apoyo mayoritario de la población.
El grupito debe renunciar a los privilegios extralegales que han llevado a una concentración obscena de la riqueza, resignarse a actuar en los cauces de la transparencia, la libre competencia y la honestidad, y comprender que todos los votos valen lo mismo, independientemente de que los emita un trabajador de salario mínimo, una enfermera, un indígena, una joven desempleada o un integrante de la lista de Forbes.
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