Foto Facebook @TrumpStore Foto autor
Bernardo Barranco V.
04 de noviembre de 2026 00:01
La ultraderecha religiosa en Estados Unidos puede caracterizarse como un movimiento teopolítico derivado de los evangélicos ultraconservadores estadunidenses, compuesto por pentecostales blancos y protestantes fundamentalistas, que conformaron gran parte de la base electoral de Donald Trump. Este movimiento político religioso, en su mayoría, se le denominó MAGA (Make America Great Again). Es una base social electoral evangélica, antaño muy activa, que se ha venido fragmentando de cara a los comicios actuales.
Sostienen que el final de los tiempos se acerca y que Cristo gobernará el mundo durante mil años antes del juicio final. Este poderoso movimiento evangélico defiende la creación del Estado moderno de Israel, no sólo como una iniciativa geopolítica, sino también como el cumplimiento de una profecía bíblica. Para ellos, el pueblo judío es un pueblo elegido, así como el propio creyente pueblo norteamericano es elegido por Dios para sostener el cristianismo sobre la Tierra.
Estamos hablando de alrededor de 15 millones de evangélicos conservadores estadunidenses. Donald Trump ha tenido la habilidad de integrar elementos religiosos en su estrategia política de manera cada vez más explícita, buscando consolidar el apoyo de sectores conservadores radicales y evangélicos mediante una narrativa de “nacionalismo cristiano”.
Sin embargo, en esta elección intermedia de 2026 hay claros signos de desgaste y de pactos erosionados. Los evangélicos hispanos son los primeros en mostrar su descontento. Según distintas encuestas, el apoyo hacia Trump ha sufrido una caída drástica de 51 por ciento en 2024 a 31 por ciento a fines de octubre de 2026. Los motivos son evidentes: se trata de la política drástica antinmigración, las deportaciones masivas, el destrozo de familias y los abusos a los derechos humanos.
El fenómeno se repite entre los evangélicos blancos. Según encuestas recientes y análisis políticos de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026, el apoyo al presidente Donald Trump y a la coalición republicana entre los cristianos evangélicos blancos muestra caídas y fricciones internas. Trump ha caído 12 puntos en los índices de aprobación entre quienes antes lo apoyaban desde el comienzo de su segundo mandato. Hay preocupación por las presiones económicas cotidianas; según investigaciones difundidas por CNN, factores como el elevado costo de la gasolina y los alimentos, la insatisfacción económica general y el conflicto con Irán están afectando a los votantes religiosos evangélicos al igual que al resto del electorado, lo que reduce su entusiasmo de cara a las elecciones de mitad de mandato.
Donald Trump prometió integrar elementos religiosos en su estrategia política, buscando consolidar el apoyo de sectores conservadores protestantes y evangélicos pentecostales mediante una narrativa de “nacionalismo cristiano”. Una serie de iniciativas de fe impulsadas por la Casa Blanca han derivado en un resurgimiento religioso sistemático dentro de las operaciones de la cultura y la política del gobierno. Con ello, Trump ilusionó a los ultraconservadores de ir por la erosión del histórico muro entre la Iglesia y el Estado.
Una de sus artífices fue la pastora y telepredicadora Paula White-Cain, quien dirige la Oficina de Fe de la Casa Blanca (la ventanilla de Asuntos Religiosos) desde febrero de 2025. Funciona como su asesora espiritual y es una figura clave para vincular a la administración con las bases evangélicas y conservadoras en Estados Unidos.
Durante este año, fue evidente el distanciamiento de importantes influencers y líderes cristianos ultraconservadores, quienes han tomado distancia crítica de Donald Trump por no considerarlo suficientemente radical en materia moral, criticar las políticas migratorias y mostrar descontento por el uso controvertido de símbolos religiosos. La controversia se agudizó con la intervención militar en Irán, porque contradijo su promesa de no abrir frentes bélicos.
Personajes influyentes como Tucker Carlson, su defensor a ultranza en redes, o Candace Owens (quien ahora lo tacha de “monstruo genocida”) han mostrado posturas críticas. Alex Jones ahora exige de manera abierta que se le aplique la Enmienda 25 de la Constitución para destituir e inhabilitar a Trump. Hay muchos otros no menos importantes que muestran el desgajamiento de los antiguos líderes de opinión evangélicos, como Joe Rogan, Theo Von o líderes del nacionalismo cristiano como Nick Fuentes. Trump los ha rechazado públicamente tachándolos de “perdedores de bajo coeficiente intelectual” y afirmando que ninguno de ellos forma parte del auténtico movimiento MAGA. Hay que hacer notar que muchos líderes ultraconservadores piden no votar por los republicanos, pero tampoco por los demócratas.
Si bien temas fundamentales como el aborto, la defensa de la familia tradicional y la libertad religiosa siguen uniendo a muchos evangélicos conservadores, algunos feligreses y líderes señalan sentirse alienados por una retórica política agresiva o por divisiones en torno al nacionalismo cristiano. Otro caso emblemático lo tenemos en Marjorie Taylor Greene, quien renunció a su escaño en la Cámara de Representantes el 5 de enero de 2026 debido a un desacuerdo irreconciliable con el presidente Trump: ella exigió la divulgación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, un tema que generó divisiones dentro del movimiento MAGA. La negación de Trump para abrir los archivos generó la ruptura de la empresaria republicana, quien ahora llama no a votar por los republicanos, sino a la abstención.
Todo indica que Trump pierde en estas elecciones y los demócratas ganan ampliamente las elecciones, en un referéndum al mandato “horrendus” de Donald Trump. Queda en el aire y en duda, como en Brasil, la supuesta avalancha electoral evangélica ultraconservadora. Hay tiempo para analizar sus fracturas.
Sheinbaum no asistirá a la Cumbre Iberoamericana de Madrid
Presidencia / archivo Foto autor
Armando G. Tejeda, Corresponsal
03 de noviembre de 2026 06:46
Madrid. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no asistirá a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará los próximos días en Madrid, según lo confirmaron fuentes oficiales del ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español y de la embajada de México en España.
En representación del gobierno de México acudirá el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quien ya se encuentra en Madrid para participar en los encuentros multilaterales que iniciarán este miércoles por la mañana.
La trigésima edición de la Cumbre Iberoamericana, que este año se celebra en la capital española, tendrá ausencias de calado a pesar de la insistencia del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, de congregar al mayor número de jefes de Estado y de gobierno.
Además de la Presidenta Sheinbaum también se descartó la presencia en Madrid del recién reelecto presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y de la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez. Que son precisamente los tres países con gobiernos de izquierda y en teoría aliados naturales del presidente Sánchez, que afronta esta cita internacional como la última cumbre de calado antes de la cita electoral de próximo 29 de noviembre, en la que se juega la reelección frente al bloque de la derecha y la extrema derecha.
A la Cumbre Iberoamericana sí asistirán algunos de los dirigentes con los que el mandatario español mantiene hondas diferencias y en el caso del argentino Javier Milei un enfrentamiento abierto por los reiterados insultos del sudamericano, que en su última visita a Madrid calificó al presidente Sánchez de “corrupto” y “ladrón”.
También confirmaron su presencia los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; de Chile, José Antonio Kast; de Bolivia, Rodrigo Paz; y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, entre otros
España: desalojan durante la madrugada la acampada en la Puerta del Sol
Armando G. Tejeda, corresponsal
03 de noviembre de 2026 10:01
Madrid. La acampada de la Puerta del Sol, que inició el pasado 26 de septiembre para denunciar el encarecimiento de la vivienda y los desahucios de personas vulnerables, fue desmantelada durante esta madrugada en un operativo en el que participaron más de 400 agentes policiales, en cumplimiento a la orden girada por la delegación del gobierno en Madrid, que depende del ministerio del Interior español, presidido por el socialista, Fernando Grande-Marlaska.
Los manifestantes denunciaron en sus redes sociales que durante el desalojo y destrucción del asentamiento hubo “violencia policial” y se utilizó “gas pimienta”. Se informó de dos detenidos, acusados de resistencia a la autoridad.
Centenares de personas, la mayoría jóvenes vinculados al Sindicato de Inquilinas y a plataformas contra los desahucios, iniciaron una acampada en la Puerta del Sol a finales de septiembre pasado, en protesta por el violento desalojo de su casa de Maricarmen Abascal, una anciana de 83 años que un juez decidió lanzarla de la que había sido vivienda durante 70 años y donde vivía en régimen de alquiler.
Maricarmen, como se conocía popularmente, fue expulsada de su vivienda en una camilla de ambulancia, que la trasladó con un cuadro de estrés y ansiedad al hospital madrileño Gregoria Marañón. Y ahí estuvo ingresada hasta su muerte, el 7 de octubre, once días después de su desahucio y sin que pudiera haber cumplido su sueño de terminar sus días en su casa.
A partir de su fallecimiento, el movimiento ciudadano contra la especulación en la vivienda, los fondos buitre y los desahucios se intensificó en todo el país, con acampadas en otras ciudades, como Barcelona, Valencia o Sevilla, entre otras, y con manifestaciones de protesta a las puertas del Congreso de los Diputados.
El asentamiento de la Puerta del Sol se convirtió en el símbolo de la movilización, desde donde reclamaron una huelga general, que se celebrará el próximo 11 de noviembre, con reivindicaciones específicas: la reducción de los alquiles en un 50 por ciento del valor actual, la expulsión del mercado inmobiliario a “los fondos buitres” y la paralización de cualquier desahucio de personas vulnerables.
En los últimos días, la acampada de la Puerta del Sol se fue desmantelando, de hecho los primeros en decidir levantar sus casas de campaña fueron los representantes del Sindicato de Inquilinas, que explicaron en su interés de dedicar todas sus energías en organizar la huelga general. Pero en el pequeño asentamiento de la plaza todavía había más de 300 personas, muchos de ellos personas sin hogar que se habían sumado a la protesta.
El desmantelamiento de la acampada se ordenó desde el ministerio del Interior español, en un operativo en el que participaron 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, además de unidades del Cuerpo de Bomberos, de los servicios de asistencia sanitaria de emergencia, de los Servicios Sociales y la unidad de limpieza municipal. En total se desmontaron 150 casas de campaña que estaban todavía desplegadas y abundantes residuos y utensilios que utilizaban habitualmente en la acampada, como platos, ollas, cubiertos, mantas, mesas y sillas, entre otras cosas.
Desde la cuenta oficial de los acampados en la Puerta del Sol se denuncio que se haya llevado a cabo un “desalojo de madrugada mediante una intervención policial violenta en el que hubo golpes y del uso de gas pimienta”. Además denunciaron la detención de dos personas, que fueron acusadas del delito de resistencia a la autoridad.
La respuesta de la delegación del Gobierno, presidida por Pilar Trinidad, fue a través de un comunicado en el que advirtieron que “el desalojo se ha desarrollado sin violencia” y que durante este tiempo “se protegió en un primer momento el derecho fundamental de reunión al concurrir una finalidad reivindicativa común. Sin embargo, dicho derecho no es ilimitado y tras más de un mes de protestas, se ha constatado un cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada”.
Armando G. Tejeda, corresponsal
03 de noviembre de 2026 15:58
Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, aprovechó la presencia de numerosos líderes internacionales por la celebración de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará los próximos días en la capital española para condecorar a algunos representantes de la extrema derecha latinoamericana, entre ellos a los presidentes de Chile, Juan Antonio Kast, y de Honduras, Nasry Juan Asfura. La política española decidió otorgarles la máxima distinción de la región, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.
En los últimos años, Díaz Ayuso ha entregado esta distinción a líderes políticos afines a su ideología política, como el argentino Javier Milei, el ucraniano Volodímir Zelenski, el opositor venezolano Edmundo González o cuando decidió otorgarle el reconocimiento a los Estados Unidos de América por el 250 aniversario de su independencia en el momento más álgido de las deportaciones masivas y las agresiones represivas de la administración de Donald Trump contra los migrantes latinoamericanos.
Díaz Ayuso entregó el pasado lunes la condecoración al chileno Kast, en una ceremonia oficial en la sede del gobierno en la que la mandataria madrileña aseguró en su discurso que “somos naciones libres y defendemos nuestros gobiernos y las democracias liberales y el Estado de derecho, que no van a ceder ante el autoritarismo” y citó como “ejemplos de los enemigos de la libertad” a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Kast, quien lleva 200 días en el poder, vive una de las peores crisis de credibilidad ante su propia ciudadanía tras la reducción de las penas a 56 personas condenadas por pedofilia. Su gestión al frente del país tiene la reprobación de más del 65 por ciento de la población, según las últimas encuentras publicadas. El reconocimiento por parte de Díaz Ayuso al hondureño Asfura se llevará a cabo este miércoles.
Amigos y el presupuesto
Foto consulmex.sre.gob.mx Foto autor
Fabiola Mancilla Castillo
04 de noviembre de 2026 00:01
“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez”. Fueron las palabras que dijo Félix Contreras, mejor conocido como el Tío Félix, un conductor de origen latino de National Public Radio, durante la apertura del Tiny Desk que realizaron Los Tigres del Norte, en el marco del Mes de la Hispanidad en Estados Unidos. Estas palabras hicieron que más de una persona derramara algunas lágrimas, al recordar lo que hemos vivido desde enero de 2025 hasta la fecha con las políticas del gobierno de Trump. Durante este tiempo, la comunidad migrante ha sido perseguida sin piedad. Estos 21 meses han estado marcados por el miedo y el terror, pero también por mucha esperanza y resistencia, lo que ha hecho nacer varios movimientos sociales a lo largo y ancho del país.
Los estragos son muchos. Algunos de ellos han sido las más de 980 mil deportaciones de personas, muchas de ellas enviadas a terceros países de América Latina e, inclusive, de África; las más de 60 muertes de personas bajo custodia del ICE, 18 de ellas mexicanas; las familias separadas; y las detenciones de niños y niñas, de las cuales hemos sido testigos, incluso en tiempo real. Lo más preocupante es la xenofobia que ha crecido dentro del pueblo norteamericano, cuyos integrantes incluso han celebrado las detenciones en comentarios en redes sociales. Esto deja huella dentro de nuestra comunidad.
Por fortuna, algunos gobiernos de los países de origen han implementado apoyos para sus connacionales, estableciendo programas que ayudan a mitigar las consecuencias de las políticas de odio. Un ejemplo de esto es el gobierno de México, que echó a andar una estrategia de asesoría legal durante las detenciones; interpuso 20 litigios jurídicos ante fiscalías en Estados Unidos por la mala actuación de las autoridades migratorias, y se ha unido a la demanda colectiva contra el centro de detención en Adelanto, California. Inclusive, la Presidenta ha dejado ver que existe la intención de llevar al gobierno estadunidense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacerlo responder por la persecución y el asesinato de mexicanos.
Si bien no existe mucha claridad sobre los alcances de estas acciones, es positivo que los gobiernos alcen la voz y defiendan a sus ciudadanos. La situación se vuelve compleja cuando este apoyo, en lugar de incrementarse, se estanca o incluso disminuye, afectando directamente la vida de las personas migrantes. Esto es lo que está pasando con la propuesta del Paquete Económico 2027 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante el Congreso de la Unión, en la que se contempla una reducción de 23 millones de pesos al rubro de protección consular. Esta disminución presupuestal afectará directamente a los 74 consulados de México en el mundo, 53 de ellos en Estados Unidos, y dejará desamparados a más de 12 millones de connacionales. Lo alarmante es que el principal golpe lo recibirán las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad, como las personas indocumentadas, la niñez, las mujeres y los pueblos indígenas.
En medio de un clima global hostil hacia las y los migrantes, el apoyo de nuestro gobierno es una cuestión de vida o muerte. Esta disminución de recursos estrangulará los servicios consulares esenciales, provocando una menor asesoría legal para las personas en detención, la disminución y saturación de las citas consulares disponibles y recortes a programas en general, sobre todo en temas de salud mental. Asimismo, se tiene contemplado un aumento de los costos de los pasaportes, las matrículas consulares y las actas de nacimiento. Estos documentos de identidad, en muchas ocasiones, son el único escudo legal que tienen nuestros paisanos para acceder a procesos judiciales en el extranjero. Por esto, es momento de exigir coherencia.
El gobierno de México no puede seguir llamando “héroes y heroínas” a la comunidad migrante en sus discursos mientras, en la realidad, le recorta la ayuda cuando más la necesita. En estos tiempos inciertos, el respaldo del Estado debe ser incondicional. Es imperativo que el gobierno federal mantenga y respete el presupuesto asignado para las y los mexicanos en el exterior o, en la medida de lo posible, lo aumente. Esto daría el espaldarazo que las personas migrantes necesitan.
Más allá de los discursos de apoyo, ahora más que nunca se necesitan acciones concretas. Si es verdad lo que dice el viejo refrán –que las amistades se conocen en el presupuesto–, el gobierno de México no es amigo de las y los migrantes. Es duro verlo así, pero pareciera que esa es la realidad. Es momento de conservar lo ganado y evitar retrocesos. Como ya lo mencionó el Tío Félix en su discurso, nuestra comunidad sigue y seguirá bajo ataque, por lo que es necesario reforzar el apoyo y, sobre todo, resguardarnos como mexicanos dentro y fuera del país.
*Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
