Enrique Dussel Peters
Hemos abordado en esta columna el tema de la confrontación sistémica entre Estados Unidos y China, así como la propuesta china –desde 2013– de un “proceso de globalización con características chinas”; es decir, en la actualidad sólo estos dos países aspiran a un orden global con instituciones e instrumentos propios. Temas como su fortaleza y características productivas, inversiones, comercio, sistema financiero y sus respectivas monedas son significativas. Al menos tan relevantes son sus propuestas puntuales de cómo fundamentan y prevén un nuevo orden global.
En el caso de China, existe desde 2013 la Iniciativa de una franja y una ruta (actualmente la Iniciativa de la Franja y la Ruta) que coordina cientas de instituciones e instrumentos, como el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, la Ruta de la Seda (marítima, digital, educativa y docenas de otras). Destacan también docenas de instituciones regionales, en el caso de América Latina y el Caribe particularmente el Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-China desde 2015 y tres Documentos sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe (de 2008, 2016 y 2025) con cientos de instrumentos de cooperación. Se trata de un amplísimo portafolios de cooperación voluntario y de largo plazo, adicional a los acuerdos binacionales y multilaterales con China.
Desde una perspectiva holística y conceptual, y no suficientemente reconocido, el presidente Xi Jinping ha ofrecido cuatro iniciativas globales, fundamento para sus aspiraciones globales: la Iniciativa para el Desarrollo Global (2021), la Iniciativa de Seguridad Global (2022), la Iniciativa para la Civilización Global (2023) y la Iniciativa para una Gobernanza Global (2025). ¿En qué consiste la Iniciativa para la Civilización Global (ICG)?, siendo que las otras tres iniciativas serán examinadas en futuras colaboraciones.
La ICG se presentó en 2023 en un diálogo del Partido Comunista de China (PCC) ante partidos políticos internacionales de alto nivel, destacando la experiencia china y de su PCC con base en la continua modernización de las naciones y la exigencia de poner a las personas y al pueblo primero. China no busca imponer su experiencia (cultural, económica y/o política) en terceros países y respeta “sus propias condiciones nacionales” y particularmente en el caso de los países del Sur Global. La ICG propone un trabajo conjunto con el Sur Global para “reformar y desarrollar el sistema global de gobernanza y hacer un orden internacional más justo y equitativo en los avances de la modernización de la humanidad”.
La ICG parte de la modernización constante de las naciones y de continuos procesos de “alta calidad” para lograr “un avance en el progreso de las civilizaciones humanas … Suscribimos el respeto por la diversidad de las civilizaciones” … “la humanidad vive en una comunidad con un futuro compartido donde prosperamos y fracasamos juntos. Para que cualquier país logre la modernización, debe buscar el desarrollo común mediante la solidaridad y la cooperación … Los pioneros deben apoyar sinceramente a otros países en su desarrollo”.
Es interesante subrayar que los aspectos internacionales han estado presentes desde los inicios del discurso del secretario general del PCC (en 2012) y presidente Xi Jinping (2013). En varias ocasiones desde 2013 enfatizó que “el desarrollo chino no puede separarse del mundo y la prosperidad del mundo necesita también a China” (2014) y la importancia de “un nuevo tipo de relaciones entre grandes países” (2014) y con el Sur Global. El tema de “una civilización global” (2023) y “la modernización basada en la coexistencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza” (2023) es significativo para la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la ICG. Con el concepto de “una comunidad de destino de la humanidad” Xi Jinping remata en 2021: “cada cultura, arraigada en su propio suelo vital, con cristalización de la extraordinaria sabiduría y la búsqueda espiritual de un país y un ente nacional, posee el merecimiento de su propia existencia … ¡Es estúpido en términos de entendimiento y desastroso en términos prácticos pensar que la propia raza y civilización es superior a las demás e insistir en transformar las otras civilizaciones o hasta desplazarlas! … Debemos mantener la igualdad y el respeto, abandonar la arrogancia y el prejuicio, profundizar en el conocimiento de las diferencias entre la propia civilización y las demás …”.
En América Latina y el Caribe, por el momento, no se han comprendido suficientemente las arriba descritas iniciativas globales desde 2021 y menos como parte de un proyecto integral de globalización con características chinas donde la propuesta de una “civilización global” de 2023 juega un papel central.
Será imperativo y valioso que en el futuro los sectores público, privado y académico comprendamos y difundamos estas propuestas, ante sus profundas implicaciones globales y en la región en el corto, mediano y largo plazos. Las élites latinoamericanas y caribeñas, destacando sus partidos políticos, como se planteó en la ICG en 2023, juegan un papel significativo para comprender y responder a esta explícita propuesta. Es al menos tan significativo comparar la propuesta de la ICG con la reciente estrategia de seguridad nacional propuesta por Estados Unidos en noviembre de 2025, con base en una aparentemente actualizada versión de la doctrina Monroe (América para los americanos).
¿Será?
Profesor del Posgrado en Economía y Coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM
http://dusselpeters.com
La Intifagua recorre México
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Víctor M. Quintana S.
29 de julio de 2026 00:03
La Intifada por el Agua es convocada por diversas organizaciones sociales de Chihuahua para el 1º de agosto. Aquí y en muchas localidades del país hay efervescencia de movilizaciones populares en torno a la problemática del agua. Hay una verdadera Intifada (rebelión popular) demandando el cumplimiento cabal de este derecho por parte de las autoridades.
En la base de estas protestas, llamémoslas Intifagua, está lo que se expresó con toda claridad y contundencia en la jornada inaugural del Semillero “Guerra contra la Humanidad: las poblaciones y la naturaleza bajo asedio” donde especialistas y la Comisión Sexta del EZLN denunciaron la acumulación por despojo en la que el agua es vista como una mercancía, objeto de compraventa. Denunciaron, entre otras cosas que sólo 6 mil 461 usuarios acaparan casi 60 por ciento de las aguas concesionadas para uso consuntivo y que ocho de cada diez acuíferos del país presentan una disminución neta. Señalan que las reformas a la legislación sobre el agua de diciembre de 2025 no cambiaron un ápice la estructura institucional que propicia el despojo, el acaparamiento y el abuso.
El sábado 25, en Guadalajara hubo una copiosa manifestación de habitantes de toda la zona metropolitana para demandar agua limpia y suficiente para todos los hogares y que no se privatice el SIAPA (Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado). Hace varias semanas las y los tapatíos vienen realizando marchas, plantones fuera de la casa de gobierno de Jalisco, mostrando botellas de agua puerca, tal como sale de las llaves, reclamando este derecho fundamental. A pesar de que año con año sube el precio del suministro del vital líquido con la eterna promesa de mejorarlo, la contaminación es tal que se recomienda no bañarse con el agua de la red, mucho menos utilizarla en la preparación de alimentos o la higiene bucal. La amplia coalición de usuarios de todos los sectores sociales, activistas, académicos advierte que el deterioro continuo de la calidad del agua y del servicio que proporciona el SIAPA puede ser una coyuntura que el gobierno aproveche para la privatización del sistema.
En la Comarca Lagunera centenares de jóvenes se siguen manifestando para que no se eche para atrás el logro de varios años de lucha: la sentencia 543 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena a Conagua, al organismo Cuencas Centrales del Norte y a Semarnat, paren de dar concesiones prórrogas de nuevos pozos y hagan programas que reparen el nivel del Acuífero Principal Región Lagunera. Sin embargo, las tres dependencias dieron largas al cumplimiento del acuerdo hasta que en 2025 por presión de las organizaciones ciudadanas laguneras se firmó el Acuerdo para iniciar la Recuperación del mencionado acuífero, entre Conagua y las tres asociaciones civiles promoventes del juicio de amparo.
Ni esto ha sido suficiente para poner fin a la sobrexplotación del acuífero: recientemente 29 concesionarios del agua subterránea para uso agrícola, sobre todo lecheros, interpusieron un recurso legal para anular la sentencia 543 de la SCJN, que fue desechada por el tribunal colegiado luego que se manifestaron las organizaciones ciudadanas laguneras.
Sin embargo, el 24 de marzo del presente año, la Consejera Jurídica de la Presidencia remitió un oficio al presidente de la SCJN, donde le indica cómo debe resolver un recurso judicial presentado por Conagua para que no se paralice la actuación de esta dependencia y se den directrices para que los concesionarios puedan reanudar el trámite de prórrogas suspendido por mandato judicial. Ante este nuevo recurso que favorecería a unos pocos concesionarios y perjudicaría a más de un millón de laguneros, se han intensificado las movilizaciones, sobre todo de mujeres y jóvenes, quienes exigen siga firme y se opere lo que establece la sentencia 543 y se oponen también al establecimiento de una planta de fertilizantes al lado del principal humedal de la cuenca.
En este contexto de movilización popular se ubica la Intifada por el Agua convocada por diversos colectivos y colectivas para este 1º de agosto en Chihuahua capital, para rechazar el convenio suscrito por la Junta Central de Aguas, JCAS, del gobierno del estado y la MASHAD, Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, con todo lo que el acuerdo implica. Exigen, además, transparencia en el estado de los acuíferos y prioridad efectiva al consumo humano sobre el riego para nogaleras.
El director general de la JCAS, arguye que la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobó el convenio y que sólo incluye cooperación técnica e intercambio de experiencias. Pero las organizaciones convocantes a la Intifada señalan que la cancillería sólo tomó nota del acuerdo y que el genocida Estado de Israel no sólo aporta técnica sino un modelo de gestión del agua que implica no sólo la privatización y mercantilización sino también el férreo control y discriminación en el acceso al recurso como se hace contra la población de Gaza.
Otros muchos movimientos por el agua están cundiendo, como la de los pueblos de las huastecas contra el fracking. No el poder político, sino la defensa y acceso a los comunes es el semillero de las nuevas e incontestables rebeliones.
Migrantes de Centro y Sudamérica desplazan a los mexicanos en EU
Llegan principalmente indocumentados de Ecuador, Colombia y Venezuela
Son expulsados por violencia pandillera, represión política o inseguridad: indica reporte
Jim Cason y David Brooks Corresponsales
Periódico La Jornada Miércoles 29 de julio de 2026, p. 21
Washington y Nueva York. La población migrante indocumentada en Estados Unidos se incrementó sustancialmente con el ex presidente Joe Biden hasta alcanzar un total de 15.8 millones en 2024, pero se proyecta una reducción como resultado de las políticas severas del mandatario Donald Trump, según un nuevo informe elaborado por el Migration Policy Institute (MPI) sobre la demografía del universo de los extranjeros sin residencia.
Sin embargo, el crecimiento de esta población no fue generado principalmente por connacionales como en décadas anteriores.
“Aunque México continúa como el principal país de origen, el análisis de MPI revela que la parte nacional de la población no autorizada se ha reducido de manera dramática: de ser por mucho la más grande en los 80 y 90, bajó a 62 por ciento en 2010 y a 35 a partir de 2024”, según los autores del informe, Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Jennifer Van Hook.
“La cantidad de inmigrantes de Centro y Sudamérica se ha disparado mientras la cifra mexicana se redujo de manera significativa”. En particular, señalan incrementos importantes en el ingreso reciente de ecuatorianos, colombianos y venezolanos.
Tras analizar una variedad de fuentes oficiales estadunidenses, los autores calculan que la población inmigrante indocumentada en este país permaneció relativamente estable con aproximadamente 11 millones de personas desde 2010 a 2019. En ese periodo, aunque 6.1 millones cruzaron la frontera sin documentos o permanecieron en el país después de caducar sus visas, casi ese mismo número emigraron, fallecieron y en algunos casos obtuvieron algún tipo de documento de residencia.
En los cinco años posteriores a 2019 hubo un incremento neto de 5 millones de indocumentados, principalmente en 2022 y 2023. Entre ese total están 2.3 millones de inmigrantes centroamericanos y 1.3 millones de sudamericanos. En ese mismo periodo, el tamaño de la población indocumentada mexicana sólo creció 266 mil que se integraron a los 5.52 millones de connacionales que ya residen allá.
Estos incrementos, de acuerdo con los autores, fueron impulsados por el crecimiento de la economía estadunidense después de la pandemia de covid-19, como también por “el desplazamiento a gran escala de países de la América Latina nutrido por la violencia pandillera, represión política y desafíos económicos”.
Pero el cambio de jefe del Ejecutivo en Estados Unidos también contribuyó al incremento de llegadas a la frontera con México. Las políticas del gobierno de Biden que permitieron el ingreso de una mayoría de los migrantes que lograban llegar a tierra de la potencia del norte para esperar el resultado de procedimientos judiciales para su remoción y la creación de nuevos programas de “parole (ingreso) humanitario”, que permitían la entrada legal y estancia temporal a migrantes procedentes de Afganistán, Ucrania, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, trajó a cientos de miles adicionales.
Además, en un intento para disuadir a los extranjeros de cruzar la frontera sin documentos, el gobierno estableció lo que llamó la aplicación CBP One para hacer citas formales de entrevistas de asilo en los cruces fronterizos oficiales. Todos estos cambios sirvieron en parte como un imán para migrantes y cambiaron el perfil de la población sin residencia en Estados Unidos, según el informe.
“Como resultado de estos otorgamientos de paroles y otras medidas del gobierno de Biden, MPI calcula que a partir de mediados de 2024 hasta 40 por ciento de los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos contaban con un estado liminal que les ofrecía protección temporal de la deportación, como el Estatus Protegido Temporario (TPS, por sus siglas en inglés), Acción Diferida para Llegadas de Menores (DACA, por sus siglas en inglés), el humanitario o una solicitud pendiente de asilo”, escriben los autores.
Debido a una reacción política adversa, en parte nutrida por Trump, el gobierno de Biden decidió limitar el acceso de solicitudes de asilo en la frontera en 2024. Cuando el republicano regresó a la Casa Blanca instó al gobierno mexicano a ayudarle a frenar los cruces fronterizos de inmigrantes, puso fin al programa de parole humanitario, inició el ocaso del programa TPS y empezó a deportar a decenas de miles de indocumentados, muchos de los cuales habían vivido en Estados Unidos durante décadas.
Aunque los autores se muestran algo escépticos sobre la capacidad del gobierno de Trump de cumplir su meta de deportar un millón de personas cada año, reconocen que la población indocumentadas podría empezar a reducirse en 2026 como resultado de estas medidas. De hecho, como La Jornada ha reportado, el gobierno del presidente Trump arrestó a un número récord de inmigrantes en junio pasado y todo apunta a que ese total será superado a finales de julio.
Para acelerar este proceso, el gobierno del republicano anunció la semana pasada un nuevo reglamento que esencialmente negará a cientos de miles de solicitantes de asilo la oportunidad de una audiencia ante un oficial antes de ser deportados.
El martes, The New York Times reportó que las autoridades de inmigración también revirtieron una práctica previa de permitir a esposos de ciudadanos estadunidenses o aquellos esperando recibir su residencia permanente (green cards) permanecer en el país.
“Agentes federales están arrestando a esposos de estadunidenses, trabajadores de tecnología y a otros cuyas visas han caducado, incluyendo a muchos que tienen solicitudes activas, y se les niega permanecer en el país”, reportó el rotativo.
Oposición de empresarios
Sin embargo, estos esfuerzos ampliados de deportación están generando oposición de algunos líderes empresariales e incluso republicanos que señalan que hoy día hay más de un millón de personas que viven en este país bajo varios tipos de autorizaciones de trabajo temporal, y que si de pronto ya no se les permite laborar habrá consecuencias económicas severas para varios sectores.
Políticos y funcionarios republicanos en Ohio y Florida han expresado su alarma ante el anuncio de que a partir del lunes 350 mil haitianos perdieron su TPS y por lo tanto su autorización para trabajar de manera legal. Entre 150 mil y 200 mil salvadoreños podrían perder sus permisos de empleo en septiembre.
“Con millones de empleos disponibles en casi todos los sectores y un ducto reducido de trabajadores para tomarlos, la economía estadunidense requiere de un sistema de inmigración modernizado que pueda atender las necesidades para una fuerza de trabajo y para sostener el crecimiento”, explicó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en una carta enviada al liderazgo del Senado.
Unas 300 empresas han firmado una demanda para que el Congreso “promulgue una reforma migratoria sensata, tan pronto sea posible, para atender las necesidades de la economía actual”.
Al menos 13 muertos tras sismo de magnitud 7.1 en suroeste de Japón
Un terremoto de magnitud 7.1 golpeó la zona de Kumamoto, en la isla de Kyushu, la tarde del martes. Foto Afp Foto autor
Ap
28 de julio de 2026 21:25
Tokio. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, manifestó que se han encontrado a 13 personas muertas después de que un potente terremoto sacudiera la víspera parte del suroeste de Japón, y que las labores de rescate continuarían el miércoles por la mañana para localizar a los desaparecidos.
Un terremoto de magnitud 7.1 golpeó la zona de Kumamoto, en la isla de Kyushu, la tarde del martes.
“Hay personas que todavía están esperando ser rescatadas, y es una carrera contra el tiempo", manifestó Takaichi. "Haremos todo lo posible para encontrar y rescatar a tantas personas como podamos”.
Takaichi ofreció sus condolencias a las víctimas y su solidaridad a sus familiares, al tiempo que instó a los afectados por el sismo a cuidarse del calor.
Las Fuerzas de Autodefensa de Japón se sumaron a los rescatistas en las operaciones de búsqueda y rescate en un centro comercial que fue gravemente dañado, y ayudaron a entregar agua y trasladar a los pacientes. El gobierno también se está preparando para enviar alimentos y otras necesidades a las zonas más afectadas, indicó la mandataria.
El terremoto derrumbó el segundo piso del Aeon Mall en Kashima Town, dejando a personas atrapadas, según el departamento de bomberos de la ciudad de Kumamoto, capital de la prefectura homónima. Funcionarios de la prefectura señalaron que están investigando una explosión que, según reportes, habría sido causada por una fuga de gas.
Una chimenea se desplomó en la fábrica de Yatsushiro de Nippon Paper Industries Co., dejando a personas atrapadas bajo los escombros, informó el equipo de emergencias de Kumamoto. Hasta el miércoles, se temía que siete personas siguieran atrapadas. Las autoridades informaron que se rescató a dos sobrevivientes y se recuperaron dos cuerpos.
La zona afectada está a unos 900 kilómetros al suroeste de Tokio.
La Autoridad de Regulación Nuclear indicó que no se encontraron anomalías en tres nucleoeléctricas cercanas.
Kyodo News informó que un hospital en la ciudad de Yatsushiro recibió a unas 40 personas con lesiones y que otras 50 fueron trasladadas a un hospital en la ciudad de Kumamoto.
Muchos grandes fabricantes en Kyushu suspendieron operaciones el martes, pero no encontraron daños importantes y planeaban reanudar el trabajo el miércoles.
La pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, sin información inmediata sobre cuándo reanudaría operaciones.
Un tren se descarriló y cayó de costado en la estación de Yatsushiro, y muros de piedra resultaron dañados en el Castillo de Kumamoto, un importante destino turístico que sufrió graves daños en el terremoto de 2016 y aún está siendo reparado, informó Kyodo.
“El temblor me recordó al terremoto de Kumamoto (de hace 10 años) y me asusté”, comentó Hiroki Shimoda, un funcionario del ayuntamiento de Mifune, tras ver cómo tejas de los techos de viviendas cercanas caían al suelo. Kumamoto fue golpeada por un terremoto en 2016 que dejó al menos 50 muertos.
Shinji Kiyomoto, de la Agencia Meteorológica de Japón, instó a los residentes a ser cautelosos durante los próximos dos o tres días debido a la posiblidad de réplicas.
México SA
Germán Larrea, otra vez // Derrame tóxico en Naco // Una raya más al tigre
Carlos Fernández-Vega
▲ Desde que se privatizó Ferrocarriles Nacionales de México, en 1997, son recurrentes los descarrilamientos de trenes propiedad de Germán Larrea (imagen de 2019).Foto Cuartoscuro
En el cuento de nunca acabar y como parte de su interminable historial de impunidad, el tóxico Germán Larrea y su Grupo México (ahora por medio de su sector ferroviario, el mayor del país por cortesía de Ernesto Zedillo) lo vuelve a hacer. Desde Hermosillo, Sonora, llega la “novedad”: “el descarrilamiento de varios vagones de un tren de carga de Ferromex provocó el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio –compuesto químico corrosivo y altamente dañino, utilizado en procesos industriales– en el municipio fronterizo de Naco, ubicado en el citado estado, el cual analiza emprender acciones legales” contra dicho corporativo (La Jornada, Cristina Gómez Lima).
Este nuevo capítulo (para Grupo México siempre se trata de “accidentes” –como en Pasta de Conchos, Coahuila, en el que murieron 65 mineros– que promete “remediar”, aunque tradicionalmente ese “compromiso” no trasciende el discurso) se suma al rosario de derrames tóxicos acumulado a lo largo de los años por ese grupo empresarial, sean ellos derivados de su división minera (como Cananea, también en Sonora) o la de transporte (como Ferromex, con más de 10 mil kilómetros de vías, y Ferrosur).
Desde que Ernesto Zedillo privatizó Ferrocarriles Nacionales de México, en 1997, son recurrentes los descarrilamientos de trenes propiedad de Larrea, los cuales cuentan con jugosos seguros que el grupo empresarial cobra de inmediato. Se puede decir que se trata de “accidentes” con una jugosa cobertura de la aseguradora que le lleva la póliza.
Sin embargo, en esta ocasión de trata de un derrame tóxico que, una vez más, pone en riesgo a la población, aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se adelantó a negar esa posibilidad (algo similar sostuvo, en agosto de 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, contaminando 270 kilómetros cuadrados de territorio y afectando a ocho municipios sonorenses con alrededor de 25 mil pobladores, en lo que se calificó como “el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México”).
De acuerdo con el reporte de Cristina Gómez Lima, la Profepa informó que “el percance ocurrió en la madrugada del pasado domingo en las inmediaciones del rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, donde realiza acciones de inspección y evaluación para determinar las afectaciones al medio ambiente. Indicó que tras el reporte, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió al sitio donde ya se encontraban cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas. Durante la inspección inicial se confirmó que no hubo personas lesionadas a causa del descarrilamiento”.
Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua realiza monitoreos y muestreos en agua y suelo “para identificar posible impacto ambiental, mientras autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen la coordinación de las acciones de atención e investigación. La Profepa aseguró que, preliminarmente, el derrame no representa un riesgo inmediato para la población, pero personal de esa dependencia federal continuará con las diligencias de inspección para determinar la magnitud de los daños ambientales y, en su caso, ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente”.
En el caso del derrame de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, en 2014, debió transcurrir alrededor de una década para que el gobierno en turno (el de López Obrador, que denunció penalmente a Grupo México por “incumplimiento en la remediación ambiental”) desenmascarara al tóxico empresario y a su corporativo, quien en contubernio con el gobierno priísta creó un fideicomiso de ficción que “remediaría” los daños causados, algo que ni lejanamente sucedió y a estas alturas la zona afectada aún registra altos índices de contaminación. Entonces, ¿sucederá lo mismo con el enésimo derrame de Grupo México, ahora responsabilidad de Ferromex, propiedad del mismo dueño y uno de los brazos de su imperio empresarial?
En vía de mientras, la presidenta Sheinbaum se limitó a decir que en el lugar del derrame “está ahí la Profepa y la Semarnat, que ven los impactos y se van a tomar las medidas que esto signifique”.
Y así, en espera del siguiente “accidente” de Grupo México, que en castellano simple quiere decir ecocidio.
Las rebanadas del pastel
El rector Leonardo Lomelí ya no siente lo duro, sino lo tupido tras el ridículo por él protagonizado en el proceso de ingreso a licenciaturas 2026. Ya no sabe ni por dónde.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
