Joven pierde una mano por granada
A los estudiantes se unirán gremios nacionales y partidos políticos
▲ Con pancartas en contra de la represión y la unidad de clases, los jóvenes franceses esperan una respuesta favorable a sus demandas, por lo que saldrán de nuevo a las calles hoy.Foto Afp
Afp, The Independent y Sputnik
Periódico La Jornada Martes 6 de octubre de 2026, p. 22
París. Cientos de escuelas secundarias estaban parcial o totalmente bloqueadas ayer en Francia, en el marco de las protestas estudiantiles que se han extendido por todo el país para exigir más recursos y que denuncian la falta de profesores, horarios sobrecargados, deterioro de las aulas e infraestructura que consideran inadecuada frente al aumento de la temperatura.
El ministerio de Educación informó que 589 de 3 mil 700 liceos del país se vieron parcial o totalmente afectados por las protestas.
Las asociaciones estudiantiles convocaron a una tercera jornada nacional de movilización para hoy a escala nacional, luego de que sus conversaciones con el ministerio de Educación Nacional no prosperaron. A las manifestaciones se unirán los sindicatos nacionales de educación y varios partidos políticos, entre ellos La France Insoumise, el Partido Socialista y el Comunista Francés, reportó Le Figaro.
La gran jornada nacional de movilizaciones podría reunir entre 20 mil y 40 mil personas en la capital de Francia, indicaron las autoridades.
Artefacto de la policía hiere a muchacho de 15 años
Un estudiante de 15 años perdió una mano tras recoger una granada aturdidora utilizada por la policía durante una protesta en Lens, al norte de Francia, informaron las autoridades locales.
Una fuente sindical policiaca indicó que se trataba de una granada de dispersión lanzada por agentes antidisturbios y que el estudiante habría intentado devolverla antes de que explotara en su mano.
Por el momento, la fiscalía no ha podido determinar si el adolescente recogió el artefacto o si “habría caído sobre él”, lamentó el ministro de Educación, Édouard Geffray, quien señaló que el incidente es una situación “humanamente dramática”, al tiempo que pidió prudencia mientras se investigan las circunstancias exactas de los hechos.
“Desde el 28 de septiembre ha habido 6 mil 59 detenciones” durante las protestas de alumnos de secundaria, informó Le Figaro, que citó al ministerio del Interior francés.
Los actos violentos cerca de los institutos suman mil 15 personas lesionadas: 715 policías y gendarmes, 215 estudiantes y 85 trabajadores del sector educativo, de acuerdo con las autoridades.
En la región de París, un tercio de los 468 centros de secundaria estaban afectados por el movimiento.
Frente a varios establecimientos grupos de alumnos se reunieron para corear consignas de protesta, mientras automovilistas hacían sonar sus cláxones en señal de apoyo.
El movimiento empezó el 17 de septiembre en un liceo de Créteil, en la región de París, y ha ganado impulso hasta extenderse por toda Francia entre estudiantes, en su mayoría de 15 a 18 años.
El gobierno ha procurado responder sus demandas, al tiempo que acusa a activistas de extrema izquierda de haber atizado el movimiento.
España tendrá elecciones generales anticipadas el 29 de noviembre
Sindicatos convocan a huelga general ese mes, sin precisar fecha
Se escogerá la involución o que el país sea baluarte de justicia social: Sánchez
▲ Pedro Sánchez convocó ayer a elecciones anticipadas para el último domingo de noviembre después de que el Parlamento rechazara las medidas de alivio en materia de vivienda propuestas por su gobierno en minoría. Las protestas aumentaron para exigir mayor protección a los inquilinos.Foto Afp/La Moncloa
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Martes 6 de octubre de 2026, p. 20
Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció ayer la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre, en un maniobra que busca aumentar sus apoyos parlamentarios después de que un Congreso de los Diputados fragmentado rechazó la semana pasada, con los votos de la derecha y ultraderecha, dos importantes decretos para abordar una crisis de vivienda que ha generado protestas en todo el país.
En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez se dirigió a la ciudadanía para advertir: “ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidan qué futuro quieren” y saber “si desean sumarse a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o desean que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si quieren que nuestro país retroceda o continúe avanzando”.
Los demás partidos políticos activaron su maquinaria electoral para la cita con las urnas, mientras los sindicatos mayoritarios anunciaron la convocatoria de una huelga general en una fecha aún por determinar, pero que tendrá como principal reivindicación la exigencia de soluciones para el problema estructural de la vivienda.
Sánchez decidió disolver las Cortes Generales para convocar a las urnas y poner fin al gobierno de coalición que nació de las elecciones de julio de 2023, integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición Sumar.
En su mensaje, el mandatario explicó que durante esta legislatura han “tenido que trabajar con un Congreso muy bronco” y “con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática”. Y que aún así ha habido grandes logros, pero que todavía quedan muchas cosas por hacer. Por eso les pidió “renovar y ampliar el apoyo para reducir los niveles de desigualdad y doblegar a las élites”.
El reto, quitar el momento a la ultraderecha europea
Se trata de una apuesta de alto riesgo, ya que una derrota electoral significaría el fin de uno de los últimos gobiernos de izquierda de Europa, en un momento en el que la extrema derecha logra avances sin precedente en todo el continente.
Las encuestas dan ganador al bloque formado por el derechista Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox, que estarían por encima de 200 escaños, cuando la mayoría absoluta está en 175.
Sánchez decidió adelantar los comicios ante el estallido de indignación popular por el grave problema de la vivienda y que, en teoría, favorece a la izquierda en las urnas.
Sumar está en proceso de transformación con su nueva marca electoral que se llamará Frente Amplio, pero que aún no tiene candidato definido, ya que su anterior lideresa y actual vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, decidió no presentarse de nuevo. Hay varios nombres en lista: Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona; Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales; Mónica García, ministra de Sanidad, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura.
También está abierta la negociación para que el partido Podemos, liderado por la europarlamentaria Irene Montero, se sume a la coalición o, en caso contrario, acuda a los comicios en solitario.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien aspira a suceder a Sánchez en el cargo, celebró la decisión del adelanto electoral y aseguró que está en juego la “necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional”, y prometió que su administración construirá hasta 200 mil viviendas al año. Su primer acto de precampaña será en Ceuta, la ciudad autónoma que vive una crisis migratoria desde finales de julio.
Santiago Abascal, de Vox, adelantó sus condiciones ante una posible alianza con el PP: “prioridad nacional, desregulación y remigración”, es decir, expulsión de los extranjeros que no tengan sus papeles en regla.
Desde el País Vasco, el líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, confirmó que su formación hará todo lo que esté en sus manos para que “no gobierne el bloque reaccionario ni los fascistas”, al insistir en que “el partido todavía hay que jugarlo y se puede ganar”.
El gobierno español anunció que aprobará de nuevo los dos decretos de vivienda rechazados en el Parlamento el pasado viernes y que se someterá a votación de la Diputación Permanente –el órgano legislativo que suple al Congreso durante el periodo electoral– y en el que el bloque de la izquierda tiene mayoría, con lo que saldría adelante al menos uno de ellos, el que concitó más apoyos y cuenta con el visto bueno del Partido Nacionalista Vasco.
Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, anunciaron la convocatoria de una huelga general durante noviembre, en una fecha por determinar, tal y como pedía el Sindicato de Inquilinas, la plataforma ciudadana que inició las movilizaciones por la vivienda con acampadas en plazas públicas de varias ciudades, como la Puerta del Sol de Madrid. En un comunicado conjunto, los sindicatos señalaron que “los salarios no alcanzan a pagar la vivienda y hacer frente a la inflación”.
Y en Barcelona, unas 20 mil personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, y unas 120 mil, de acuerdo con los organizadores, se manifestaron en rechazo a la crisis de vivienda, luego de que el sábado se canceló la movilización ante la llegada de un temporal.
Al final de la concentración, los Mossos d’Escuadra (policía catalana) se enfrentaron a jóvenes que quemaron contenedores y les lanzaron botellas y sillas de la terraza de un bar con saldo de varios detenidos y heridos, ninguno de gravedad.
La vivienda en España, una mercancía para especular
"A diferencia de la crisis hipotecaria de 2008, que dejó sin vivienda a propietarios, hoy son inquilinos quienes sufren la especulación. Se les expulsa para transformar las casas en pisos turísticos, trocear el espacio en habitaciones o venderlos a fondos buitres".
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Marcos Roitman Rosenmann
06 de octubre de 2026 00:01
Se ha pateado el tablero. En España, habrá elecciones generales el 29 de noviembre. No fue Ceuta, la inmigración, la corrupción o la guerra judicial, ni siquiera la derecha. Ha sido la movilización del sindicato de inquilinas e inquilinos contra uno de tantos desahucios, el de Maricarmen Abascal, mujer de 87 años, reivindicando regular los alquileres, el punto de inflexión. La presión social logró revertir el proceso y Maricarmen volverá a su vivienda, pagando un alquiler proporcional a su pensión.
Los cárteles de la vivienda, integrados por fondos de inversión, capitales especulativos y promotoras inmobiliarias, se han sentido amenazados. A diferencia de la crisis hipotecaria de 2008, que dejó sin vivienda a propietarios, hoy son inquilinos quienes sufren la especulación. Se les expulsa para transformar las casas en pisos turísticos, trocear el espacio en habitaciones o venderlos a fondos buitres.
Quienes son inquilinos desean estabilidad, contratos renovables y seguridad de no verse en la calle al albur del propietario, sea persona física o jurídica. Se pide respeto. Pero no se les respeta. Se les aplica la ley del especulador, sean grandes, medianos o pequeños propietarios. No les importa causar dolor ni la violencia empleada a la hora de llevar a cabo el desahucio.
Silvia Bardelás, en Una conciencia nueva, apunta el motivo de semejante sicopatía: se trata de “…hacer daño cuando el otro nos es ajeno. Si el otro es un ser humano como nosotros, si somos capaces de sentirlo verdaderamente como diferente en cuanto humanidad, entonces es difícil que vayamos a hacerle daño”. Tres son los derechos de ciudadanía que han dejado de serlo para transformarse en mercancía: salud, educación y vivienda.
En España, la negativa de la derecha y sus representantes políticos, Vox, Partido Popular, UPN y Junts per Cat, a legislar una ley de mínimos que proteja a los inquilinos lo corrobora. Otro tanto sucede con la educación y la salud. Se han convertido en negocio. Son, dirán, “derechos del capital” en una economía de mercado. Los capitales financieros, los fondos de inversión inmobiliarios, tienen sus representantes en el Congreso y cumplen órdenes, rechazar dos decretos de ley para poner freno momentáneo a los desahucios, al menos durante dos años, limitar el precio de los alquileres y hacer contratos renovables.
Pero no nos engañemos, votar a favor no era la panacea. Sólo un parche para lavar la cara a la socialdemocracia, corresponsable de estar donde estamos, sobrepasada por las movilizaciones populares y las acampadas. Justicia poética. La convocatoria de elecciones y la disolución de las cortes abre la puerta a una aprobación de urgencia. Ahora será la comisión permanente quien decida y Junts per Cat resulta irrelevante. Si nadie cambia su voto, se aprobará un decreto que evite los desahucios en el corto plazo y mantenga estable los contratos de alquiler.
En España, la vivienda desde los gobiernos de Felipe Gónzalez forma parte del botín generado en décadas de políticas de liberalización de alquileres y venta de suelo público a inmobiliarias para edificar. Ha sido el mantra para solucionar el problema de la demanda de viviendas: construir, construir y construir. Pero, según el Banco de España, en su informe anual de 2025, existe casi un millón de viviendas que han sido sustraídas del mercado del alquiler, para fines rentistas.
Edificar no es la solución, es mantener el problema si previamente no hay una ley que regule los arrendamientos. Hoy se trata de recuperar viviendas. Pero se va en sentido contrario. La venta de vivienda protegida y social en favor de los nuevos amos de las ciudades por ayuntamientos se ha generalizado. Basta recordar las mil 860 viviendas de protección social construidas con dinero público, con mil 797 garajes y mil 569 trasteros que el Partido Popular, siendo alcaldesa Ana Botella, entregó a precio de saldo al fondo de inversión Blackstone.
De esta manera, cuando se menciona la necesidad de recuperar las viviendas, la derecha pone el grito en el cielo y exclama ¡Comunismo! Azuzan el miedo, ¡quieren expropiar la propiedad privada! Cuando se busca restablecer la función social de la propiedad privada, en este caso de la vivienda. Tal vez, el triunfo electoral de Die Linke, la izquierda en Berlín, dé pautas. Su programa captó que el principal problema de los berlineses era el acceso a la vivienda de alquiler.
El sociólogo belga, diputado y concejal del ayuntamiento de Amberes, Peter Mertens, en su artículo “¿El elector o el capital: ¿Quién gobierna Berlín?” sentencia de qué va el debate: “se trata de la lucha de clases en su forma más material. Trasladar el poder de los grandes propietarios inmobiliarios a los inquilinos y a la propiedad pública. El sector inmobiliario quiere mantener el reinado de la propiedad privada, las rentas de alquiler y la rentabilidad de las inversiones. Lo que está en juego no puede ser más concreto.
¿A quién pertenecen las viviendas, quién cobra los alquileres, adónde va el dinero público y quiénes tienen derecho a decidir al respecto?” Sin duda, sus conclusiones se pueden extrapolar a cualquier ciudad de España. ¡Y sí! la lucha de clases existe. No por negarla desaparece, como la ley de gravedad. Salte de un edificio y verá como cae.
Sheinbaum ordena indagar eventual pacto en seguridad Querétaro-EU
“El hecho no puede pasar desapercibido”
Insta a ambas partes a aclarar los términos de la supuesta coordinación
Alonso Urrutia y Emir Olivares
Periódico La Jornada Martes 6 de octubre de 2026, p. 3
Después de expresar su extrañeza por la participación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en la colocación de la primera piedra del edificio que albergará oficinas para capacitación en materia de seguridad a personal de Querétaro –invitado por el gobernador Mauricio Kuri–, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al canciller Roberto Velasco solicitar a ambas partes una explicación de los términos de esa coordinación.
Aunque comentó que, hasta el momento, no puede asegurarse que en la convocatoria de Kuri a Johnson haya una violación a la legalidad, no puede pasar desapercibido. “No creo que incurra en un delito, pero sí, es muy importante exhibirlo y decirlo porque si no se hace algo normal y no es normal”.
A pregunta sobre las críticas que externó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador contra Johnson en el libro Pueblo, Sheinbaum consideró que es una postura de su antecesor, pero que ella, en su calidad de Presidenta, debe “tener una opinión diplomática siempre”. Recordó que, cuando ha habido diferencias en las posturas, ha externado su inconformidad o denunciado la injerencia.
“Hasta ahora hemos tenido buena relación con el embajador y ha ayudado a resolver temas diversos que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, pero sí hay temas en los que nos preguntamos: ¿por qué no es por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debe ser, como está la ley planteada?”
Fue entonces cuando, sin mediar pregunta, aludió al embajador estadunidense, quien definió su participación, en sus redes sociales, como parte de la colaboración entre su gobierno y el de Querétaro.
Sheinbaum subrayó que cualquier gobierno estatal puede recibir capacitación o incluso equipo de otro país, siempre y cuando los canales sean por conducto de la cancillería.
Esto es, para el caso, “llama la atención y tiene que dar explicaciones el gobernador, pues no puede poner un academia internacional sin la autorización del gobierno de México. Y particularmente la Secretaría de Relaciones Exterior”, apuntó.
–¿El gobernador Kuri estaría incurriendo en la misma situación que la gobernadora Maru Campos, de Chihuahua? ¿Violó la ley?
–No, pues hasta ahora no, pero hay que nombrarlo y hay que decirlo y hay que hablar con él para que cumpla todos los requisitos para poder tener esta colaboración.
Sheinbaum expresó su extrañeza porque hay una buena relación del gobierno federal con el gobernador. Él tiene un buen vínculo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
–¿Es posible que agencias de Estados Unidos participen en la capacitación de quienes van a estar formándose…?
–Eso no puede ser, no debe ser. Cualquier agencia, cualquier institución de Estados Unidos que quiera capacitar en México por razones de seguridad, porque, obviamente, hay otros, culturales, de otro tipo, que se realizan en México; pero en el caso de motivaciones de seguridad tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional.
El embajador de EU se porta como un entrometido y excitado policía: AMLO
Critica en Pueblo el actuar del vecino país hacia México // Denuncia injerencismo con el pretexto del narcotráfico // Narra la forma en que consolidó su movimiento
▲ El ex mandatario habla en su obra de los gobiernos de Salinas, De la Madrid, Calderón y Peña Nieto.Foto tomada de video en X
Alexia Villaseñor y Alonso Urrutia
Periódico La Jornada Martes 6 de octubre de 2026, p. 11
Ya sin la responsabilidad de la investidura presidencial, en su libro Pueblo, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona los términos de la relación bilateral que ha pretendido imponer Estados Unidos a México en estos dos años. Particularmente duro en la valoración del desempeño del nuevo embajador, Ronald Johnson, en esta primera etapa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, señala que este funcionario “no es diplomático ni tampoco político; más bien actúa como un excitado y entrometido policía. Debería ser más ecuánime y menos prepotente, buscar parecerse más a Josephus Daniels y menos al siniestro Henry Lane Wilson. En política exterior no se debe pontificar en territorio ajeno”.
El ex mandatario acusa a Johnson de que cuando se descubrió la ilegal participación de la CIA en Chihuahua, lo que contraviene cualquier relación de respeto bilateral, aquel reaccionó en un “tono desafiante, no diplomático ni mucho menos político”. Incluso, el diplomático amagó con que el gobierno de Estados Unidos procedería a presentar denuncias en tribunales de su país contra presuntos lavadores de dinero o políticos corruptos mexicanos vinculados al narcotráfico.
Retiro de visa a su hijo, “dogmática y canallesca”
En el capítulo de “Política exterior y defensa de la soberanía”, López Obrador también condena la actuación del secretario de Estado, Marco Rubio, al considerar que la decisión del retiro de la visa –única mención sobre el tema– “a mi hijo Andrés Manuel sin ningún motivo o razón” se da en un tenor “dogmático y canallesco”.
López Obrador escribe que ni al embajador Johnson ni a sus superiores les gustaría que México actuara en los mismos términos en que ellos lo han hecho, es decir, que cualquier ciudadano mexicano “presentara denuncias en nuestro país con bombo y platillo contra funcionarios de Estados Unidos de alto nivel que reciben dinero para sus campañas electorales de fabricantes de armas que les quitan la vida a nuestros conciudadanos”.El ex presidente lanza en Pueblo un conjunto de cuestionamientos a la actuación estadunidense. Se pregunta si estarían de acuerdo los gobernantes de ese país con que se iniciaran juicios en México contra personal de sus agencias vinculados con los narcotraficantes o por hacer espionaje en nuestro país.
También se pregunta si estaría de acuerdo en permitir que entren armas de contrabando para asesinar a mexicanos y estadunidenses, como ocurrió en la operación Rápido y Furioso. Y si Estados Unidos avalaría que mexicanos trajeran a personas secuestradas en su territorio acusadas de distribución de droga. O bien, si les gustaría que se detenga aquí a empresarios estadunidenses que han entregado sobornos a funcionarios mexicanos o son dueños o directivos de empresas que evaden impuestos.
A diferencia de los términos diplomáticos con los que se refería durante su gestión al gobierno de Donald Trump, en Pueblo, López Obrador reprocha que se ha hecho mucho más evidente e ilegal la intromisión de la embajada de Estados Unidos y de las agencias (CIA, DEA y FBI) con la excusa de combatir el narcotráfico, cuando en realidad es un asunto de carácter político. En el libro reproduce la carta que escribió en su finca La Chingada, en la que advirtió del “sorprendente cambio de Trump”; mencionó que “sus falsos amigos y consejeros internos” lo han estado embarcando “en viles y siniestras aventuras”.
El ex mandatario atribuye estas acciones a la molestia de que en México haya un gobierno popular y progresista, porque prefieren uno autoritario, desordenado y corrupto que sea vulnerable y dócil ante su pretensión de dominar al país, dice, o tal vez influye que a ciertos políticos los hermana la ideología conservadora y están empeñados en crear una asociación internacional derechista.
“Sucio proceder”
Para López Obrador, este “sucio proceder” del gobierno estadunidense tiene por origen un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a sus ciudadanos con la acusación de que México es el causante de la drogadicción en el vecino país. Y que ellos, los del partido gobernante, están acabando con la migración de gente mala y de narcotraficantes que envenenan a sus jóvenes.
Mencionó la “fabricación de expedientes con pruebas hechizas” en su empeño de acusar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a ocho funcionarios más de vínculos con el narcotráfico.
En ese contexto, reivindica la respuesta de Sheinbaum, quien advirtió que de presentarse las pruebas correspondientes, no habría impunidad, pero en caso de que fuera una denuncia con carácter propagandístico, se denunciaría “el chantaje, la represalia y la intromisión del gobierno de Estados Unidos”.
Después de mencionar las acciones estadunidenses contra el gobernador de Sinaloa, en abril, López Obrador descalifica la actuación del gobierno de Estados Unidos: han aplicado “el modus operandi de casi siempre, es decir, el uso de testigos protegidos, su manejo publicitario, filtraciones y calumnias, así como el uso de guiones a modo que entregan sus abogados a los acusados, es decir, la fabricación de expedientes con pruebas hechizas, premio o castigo o muchos otros viejos trucos”.
A diferencia de las alusiones del pasado al “licenciado Peña Nieto” cuando era presidente, López Obrador plantea que éste “no hizo nada para cambiar la política neoliberal ni detener la corrupción, por el contrario, la profundizó. Con él, la decadencia se precipitó porque en vez de rectificar, profundizó el modelo neoliberal. En tan sólo dos años, Peña Nieto logró imponer de manera burda el acatamiento servil de la agenda dictada desde el extranjero con el contubernio de los grupos de poder en México –las llamadas reformas laboral, educativa, fiscal y energética–”.
Y aunque le concede que la corrupción en su gobierno fue menor que con Carlos Salinas, en el sexenio de Peña Nieto fue “más ostentosa y descontrolada”. López Obrador considera que el “fracaso del gobierno de Peña” favoreció sus amplias posibilidades de triunfar en 2018, aunque no fue fácil la travesía porque los oligarcas mantenían su empeño de no dejarlo pasar.
En Pueblo, con más de 700 páginas distribuidas en 10 capítulos, hace un apretado resumen de las condiciones en que se fue consolidando su movimiento, sustentado en su oposición a las políticas neoliberales que prevalecieron desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. A cada uno de ellos dedicó el capítulo “Neoporfirismo prianista”, con apartados específicos para cada uno de ellos.
Pone particular énfasis en el “gobierno espurio de Felipe Calderón”, cuya administración significó más de lo mismo, con el agravante de que se desató la guerra contra el narcotráfico, lo que aumentó la violencia y homicidios durante lo que denomina sexenio funeral.
Sobre Salinas, el tabasqueño narra que en una conversación con un multimillonario le preguntó quién era el ex presidente más rico: “ni siquiera parpadeó y me contestó de inmediato: Salinas”.
