El petrolero ruso 'Anatoly Kolodkin' llega al puerto de Matanzas, Cuba, el 31 de marzo de 2026, con 730 mil barriles de crudo, el primer envío a la isla desde enero. Rusia anunció este jueves el envío de un segundo barco. Foto: AFP Foto autor
Juan Pablo Duch, corresponsal
02 de abril de 2026 10:26
Moscú. Rusia se prepara para enviar un segundo petrolero a Cuba, informó este jueves el ministro de Energía ruso, Serguei Tsiviliov, sin precisar todavía cuándo zarpará el buque cisterna ni cuánto crudo llevará.
“Ayer (miércoles) tuvo lugar una reunión importante aquí en San Petersburgo, vinieron representantes cubanos. Cuba está bloqueada por completo, están cerradas todas las vías de acceso. ¿Quién suministró petróleo? Un barco de Rusia rompió el bloqueo”, declaró Tsiviliov a Interfax, agencia noticiosa rusa, en los pasillos del foro EnergoProm-26 (Industria Energética-2026).
Y agregó: “Ahora se está cargando el segundo (buque). No vamos a dejar solos a los cubanos en este difícil momento”.
El ministro no aclaró si Rusia ya negoció con la Casa Blanca la autorización para este nuevo cargamento de ayuda humanitaria, toda vez que la vocera de la presidencia estadunidense, Karoline Leavitt, aclaró –un día después de la llegada a Cuba del Anatoly Kolodkin–, que el bloqueo se mantiene intacto, se concedió permiso sólo para la entrada de ese buque ruso y que se decidirá en cada caso por separado si se deja o no pasar a las embarcaciones.
El anuncio de Tsiviliov se produjo cuando el primer petrolero ruso aún no termina de descargar las 100 mil toneladas métricas de crudo, equivalentes a 730 mil barriles, que llevó al puerto cubano de Matanzas, las cuales podrán abastecer el sistema eléctrico de la isla, colapsado por el criminal bloqueo estadunidense, durante cerca de diez días.
De acuerdo con Irelaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo, la empresa del gobierno cubano que se encargará de refinar el crudo, en un lapso de 96 horas, tiempo pactado para las cantidades que llevó el barco ruso, debe terminar la descarga y comenzará el “cabotaje interno”, previo a la refinación y distribución de derivados.
Pérez Cardoso explicó al Canal Caribe, televisora cubana de noticias, (http://bit.ly/4tphcjA) que de ese crudo deberán obtenerse gas licuado de petróleo para instalaciones críticas como hospitales y centros educativos; gasolina para aliviar la escasez; diésel para la generación distribuida y otras actividades de la economía; y combustible para plantas de generación eléctrica.
El proceso completo de refinación y distribución interna tardará entre 25 y 35 días, según estimación de la cancillería cubana.
La vocera de la cancillería rusa, Maria Zajarova, en su briefing semanal, preguntó ayer (miércoles) a los reporteros si sabían quién era Anatoli Kolodkin, cuyo nombre lleva el buque que atracó en Matanzas.
Ella misma respondió: “No sé si se trató de una simple casualidad, pero es muy significativo: Kolodkin fue un gran experto en derecho internacional y, sobre todo, en derecho del mar. Cuando se están desmoronando, y no por sí solos, sino porque los están destruyendo, los cimientos del derecho internacional del mar, Rusia decidió mandar a Cuba un buque que lleva el nombre de quien no sólo defendió ese mismo derecho, sino en realidad fue uno de sus fundadores. Gran coincidencia”.
Preguntada sobre qué va a hacer Rusia respecto del bloqueo de Cuba, Zajarova remitió a los periodistas a las palabras del vicecanciller Serguei Ryabkov, que sintetizó así: “Cuba es nuestro amigo y socio más cercano en el Caribe, no tenemos derecho a abandonarlo a su suerte, la ayuda continuará”.
La Segunda Declaración de La Habana hoy
Fidel Castro durante la Segunda Declaración de La Habana, el 4 de febrero de 1962.
Foto Cubadebate Foto autor
Ángel Chávez Mancilla*
03 de abril de 2026 00:04
Frente a más de un millón de personas congregadas en la Plaza de la Revolución, el 4 de febrero de 1962 el comandante Fidel Castro Ruz presentó la Segunda Declaración de La Habana, documento trascendental de la Revolución Cubana que, con la sentencia: “el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”, y la idea central de que la revolución es posible en otros países de Latinoamérica, inspiró en las siguientes décadas la acción de miles de jóvenes insatisfechos con la vida que les ofrecía el mundo capitalista.
Esta declaración fue la respuesta al embate imperialista que buscaba aislar a Cuba en el ámbito internacional, pues a partir de la VIII Reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en Punta del Este a finales de enero de 1962, se decidió expulsar a Cuba de la OEA e impulsar la ruptura de relaciones de los países con la naciente revolución. La respuesta de Fidel, redactor de la Segunda Declaración, fue la afirmación del carácter socialista de la revolución, señalando que, en la reunión de Punta del Este, Uruguay: “Cuba habló por el socialismo y Estados Unidos por el capitalismo”, y además sentenció que en otros países de América Latina también era posible desarrollar una revolución con ese carácter.
De esta forma Fidel daba la enseñanza de que, ante la agresión imperialista, la respuesta era la ofensiva. Tal lección la retrató didáctica al hablar de su experiencia con una picúa, pez barracuda que lo persiguió mientras nadaba, y que cuanto más se replegaba Fidel, más se envalentonaba el pez, y sólo hasta que decidió dar la vuelta y enfrentar a la alimaña, ésta salió en desbandada. Pero ¿qué implica hoy la ofensiva? La afirmación del carácter socialista de la Revolución Cubana, reconociendo que la solidaridad con Cuba no es solamente una causa humanitaria, sino también la defensa del proyecto de sociedad antagónica al capitalismo.
El carácter socialista de la Revolución Cubana, públicamente afirmado en el mitin del 16 de abril de 1961, pero previamente anunciado en la condena de “la explotación del hombre por el hombre” en la Primera Declaración de La Habana el 2 de septiembre de 1960, fue el motivo que llevó al imperialismo a desatar el virulento ataque contra el pueblo de Cuba. La afirmación del socialismo llevó al imperialismo a ejercer el embargo económico y comercial contra Cuba, la invasión militar en Bahía de Cochinos, las acciones terroristas y los cientos de atentados contra Fidel Castro; y es lo que hoy lleva a la orden ejecutiva de Donald Trump para restringir el suministro de petróleo a Cuba.
Aunque los propagandistas del capital cuestionan la posibilidad de una revolución socialista hoy, ésta sigue siendo tan posible como en 1962, pues como se explica en la Segunda Declaración de La Habana, la revolución es producto de condiciones objetivas de la época de crisis del imperialismo, y aún hoy vivimos “el choque del mundo que nace y el mundo que muere”. Con la agresión contra Cuba el imperialismo busca blindarse de que nuevas revoluciones surjan una vez que se abra la caja de Pandora que es la guerra de dimensión global que está por venir. En el pasado y hoy, lo que buscan los monopolios al agredir a Cuba es “disipar el miedo que los atormenta y el fantasma de la revolución”.
En el contexto del creciente antagonismo entre las economías de Estados Unidos y China, y sus respectivas alianzas imperialistas, la pervivencia de la Revolución Cubana implica dos problemas para el imperialismo rumbo a su futura conflagración mundial. Por una parte, para el imperialismo en general, Cuba significa el ejemplo latente de que la alternativa a la guerra y barbarie imperialista es el socialismo. Por otra parte, para los intereses de los monopolios estadunidenses en particular, la pervivencia de Cuba implica un obstáculo para la alineación omnímoda de los países de la región, a la alianza con Estados Unidos en su confrontación contra China, que es el camino que dicta la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Sin embargo, el imperialismo olvida que también son vigentes las líneas de la Segunda Declaración que afirman que las revoluciones no se exportan, y que Cuba da el ejemplo de que “la revolución es posible, que los pueblos pueden hacerla”. Esta lección dada al mundo es ya irreversible, pero el pacífico pueblo de Martí aún puede dar otra lección al mundo en su confrontación con el imperialismo, cumpliendo la advertencia que el poeta chileno Pablo Neruda escribió para los monopolios estadunidenses en su Canto General: “No entres a Cuba, que del fulgor marino/ de los cañaverales sudorosos,/ hay una sola oscura mirada que te espera,/ un solo grito hasta morir o matar”.
Ante el recrudecimiento de la agresión contra Cuba se requiere la hermandad de los trabajadores del mundo. La solidaridad de los pueblos del mundo con el pueblo de Cuba y su revolución, debe implicar ahora el impulso de acciones para romper el cerco energético impuesto contra Cuba. En el caso del pueblo de México, la afirmación de la soberanía nacional, para que no se permita el amedrentamiento de otros gobiernos y se restablezca el comercio de petróleo mexicano para el pueblo cubano.
Exigir el envío de petróleo a Cuba es un paso con el que el pueblo trabajador de México afirma su independencia de las decisiones del imperialismo, tanto el que tiene asiento en Estados Unidos como el que anida en nuestra propia nación. Es el primer paso para afirmar la vigencia de la sentencia final de la Segunda Revolución de La Habana, que la humanidad ha dicho ¡basta! Y ha echado a andar, y que su marcha no se detendrá.
*Historiador de la ENAH
Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó
Migrantes deportados de EU en imagen de archivo. Foto redes sociales Foto autor
Gabriela Rodríguez
03 de abril de 2026 00:02
En Viernes Santo es imperativo referirse a la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo, un día de luto, reflexión y ayuno para quienes viven la fe cristiana y representan la tercera parte de la población mundial (incluye católica, protestante y ortodoxa); en tanto que 77 por ciento de la población mexicana se asume católica y 11.2, cristiana (protestantes, cristianos y evangélicos, Censo 2020).
La compasión y el acercamiento a las personas con discapacidad está en las raíces de la cultura occidental, entre otras razones por los milagros de Cristo hacia personas con discapacidad en los Evangelios: “Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó (Evangelio San Mateo 21: 14-16)”. Sin embargo, estudiar y atender las necesidades de las personas con discapacidad apenas en años recientes cobra importancia.
En este espacio presento un estudio sobre las condiciones de doble vulnerabilidad de las personas mexicanas migrantes retornadas desde Estados Unidos que al menos tienen una condición de discapacidad, realizado por Marisol Luna y Valentina Rabasa, investigadoras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Falcso, México). Tal como las autoras refieren, el número de las deportaciones de nuestros paisanos ha venido en descenso. En comparación con sus antecesores y sucesores, el mayor número de deportaciones de personas de nacionalidad mexicana lo mantiene la administración de Barack Obama (2009-2016), durante sus dos periodos presidenciales, ascendieron a un millón 844 mil 573 y un millón 3 mil 364, respectivamente. En contraste, en la primera etapa presidencial de Donald Trump (2017-2020) se registraron 766 mil 376 deportaciones (con un promedio anual de 191 mil 594 eventos) y un total de 839 mil 760 en la de Joe Biden (2021-2024).
Con el freno a la emigración hacia el norte en el primer año del segundo periodo de Trump, el descenso superó todo pronóstico, los eventos de devolución de personas mexicanas desde Estados Unidos fue de 206 mil 232 en 2024 y durante 2025 descendió 22.3 por ciento, situándose en 160 mil 192 (la mayoría hombres mayores de 18 años); las personas mexicanas en situación migratoria irregular en la frontera suroeste de Estados Unidos pasó de 407 mil 932 en 2024 a 64 mil 795 durante 2025 (estimaciones del Consejo Nacional de Población, Conapo).
El estudio de Luna y Rabasa identifica en situación de discapacidad un volumen de 19 mil 926 personas mexicanas migrantes retornadas desde Estados Unidos (Censo 2020), además analizan la diversidad de sus perfiles, los tipos y causas de discapacidad, la afiliación a servicios de salud, el grado de dificultad para realizar actividades, padecimientos o algún problema mental, y la causa de origen de cada dificultad reportada. Clasifican el tipo de discapacidad en cinco categorías: 1) motriz: agrupa tanto a las personas que tienen mucha dificultad o no pueden caminar, subir o bajar, como a los que manifestaron esos grados de dificultad para bañarse, vestirse o comer; 2) auditiva: personas que aun usando algún aparato auditivo no podían oír o lo hacían con mucha dificultad; 3) visual: personas que aun usando lentes no podían ver o lo hacían con mucha dificultad; 4) del habla: personas que no pueden hablar o comunicarse o se les dificulta mucho, y 5) cognitiva: personas que no pueden recordar o concentrarse, o lo hacen con mucha dificultad.
Los hallazgos del estudio revelan una alta prevalencia de discapacidades visuales y motrices que se concentran en edades avanzadas, así como padecimientos relacionados con las actividades y condiciones laborales en Estados Unidos. Y se concluye que esta población vive una forma de exclusión estructural, se recomienda fortalecer su atención con mecanismos de evaluación participativa, enfoque interseccional y coordinación institucional, para garantizar una recepción digna y sin discriminación. Hay que reconocer que estas personas, aunque mexicanas, regresan a un país que muchas veces les resulta ajeno, y señalan que el programa gubernamental México te Abraza supo reaccionar al ofrecer apoyos sociales a personas retornadas, pero hace falta precisar una estrategia operativa clara y diferenciada.
La publicación se puede consultar en: https://www.gob.mx/cms/ uploads/attachment/file/1050838/ MYS_2025__21012026_.pdf
Desde enero de 2025 el programa México te Abraza instaló un Centro de Mando en la Secretaría de Gobernación para monitorear módulos de atención situados en puntos fronterizos, se han brindado apoyos a más de 189 mil mexicanos repatriados desde Estados Unidos, con atención médica, sicológica, orientación jurídica, alojamiento, emisión de documentos, alimentos, tarjetas bienestar (de 2 mil pesos) y empleo para facilitar su reintegración digna y ordenada, quienes viven con alguna discapacidad podrán recibir la pensión especial que ya alcanza a un millón 600 mil compatriotas en tal condición.
Porque la compasión y la inclusión de personas con discapacidad es también una convicción del Estado Mexicano.
*Secretaria técnica del Conapo X: @Gabrielarodr108
Tendencioso y superficial, el informe de la ONU sobre desapariciones: SG y SRE
Desde 2018 se avanza contra ese flagelo heredado, precisan
Premisas que no reflejan la realidad actual provocaron que el organismo vea “indicios” de que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad
de la Redacción
Periódico La Jornada Viernes 3 de abril de 2026, p. 2
▲ Desde 2018 y en especial en 2025 se han logrado importantes avances institucionales para atender y resolver los casos de desapariciones que sufren desde hace años miles de familias mexicanas.Foto Yazmín Ortega Cortés y Germán Canseco
El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, al calificarlo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”.
Subrayó que esa instancia omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan, a la vez que “excede” su mandato al presentar un documento en el que amplió indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada.
Esa respuesta oficial se da ante la decisión del comité de solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
“El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, refutó la administración federal, al tiempo que puntualizó que el país “está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.
La administración mexicana expresó su postura en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en el que se objeta el documento difundido ayer por el CDF por “no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales logrados desde 2019 y, en particular, desde 2025”.
Transformación estructural
Destacó que el marco utilizado por el comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”.
Señaló que el informe abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017 –correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), en los que se ejecutó la llamada guerra contra el narcotráfico– y se circunscribe a cuatro entidades del país (Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco).
“La decisión del comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales (en la materia) presentados el 27 de marzo –durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum–, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
En la posición del gobierno mexicano se sostuvo que en los párrafos 117 y 118 de su informe, el propio CDF reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Señalamientos que “reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”.
Consideró que existe una “ligereza” en las premisas presentadas por el comité, la cual se agrava por conflictos de intereses que, acusó, tendrían algunos de sus integrantes. “Existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.
Las dependencias remarcaron que el gobierno mexicano “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, a la par que recordaron que durante la administración federal actual se impulsó y aprobó una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.
Puntualizaron que las modificaciones a la ley en la materia incluyen herramientas y obligaciones para la autoridad, las cuales “no consideró debidamente” el comité de la ONU en su resolución.
Gobernación y Relaciones Exteriores enlistaron algunas de esas consideraciones: la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad, la obligación de crear fiscalías especializadas estatales, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Agregaron que la ley establece la obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación; la coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
La administración de Sheinbaum apuntó que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ha reconocido que México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, valorado así por diversas agencias”.
Expresó que, si bien México está dispuesto a recibir cooperación técnica externa, esto no se puede aceptar a partir de premisas que no reflejan la actual realidad.
“Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”, concluyó el gobierno mexicano en su respuesta al CDF.
Al dar a conocer las conclusiones de su informe, el comité enfatizó que “existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del país”.
Por esa situación, solicitó que el secretario general de la ONU remita la situación a la Asamblea General, para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este delito.
No obstante, precisó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas –ya sea mediante acción u omisión deliberada– en el sentido del Estatuto de Roma, aunque subrayó que ni éste ni la convención internacional en la materia exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país o que se originen en los más altos niveles del gobierno para que se consideren como ese tipo de crímenes.
Sostuvo que también tomó nota de que la llamada guerra contra las drogas –declarada por Calderón– ha contribuido a las condiciones en las que se han producido ataques a nivel local, y de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como forzadas conforme al artículo 2 de la convención.
El CDF destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
Subrayó que, a la luz del artículo 5 de la convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma –del que México es parte–, las desapariciones forzadas también pueden ser cometidas por una “organización”, incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando “formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra civiles”.
Puntualizó que el procedimiento para llevar el asunto a la Asamblea General, que se basa en el artículo 34 de la convención, es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, “mas no de establecer la responsabilidad penal individual”.
El comité argumentó que conformó su resolución a partir de la información que ha recibido de la sociedad civil, de la respuesta del Estado en septiembre de 2025 y de solicitudes de acción urgente, así como de los elementos que sus miembros recopilaron desde 2012, por medio de exámenes periódicos y su visita al país en 2021.
Esa instancia advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación “no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles”.
ONG respaldan a Naciones Unidas
Las instituciones del sistema universitario jesuita respaldaron la determinación del comité y llamaron al Estado mexicano a colaborar en este mecanismo, así como al diálogo con las instancias internacionales.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó de “histórica” la decisión del comité de la ONU, luego de que éste solicitó a Guterres remitir “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país.
