El mandatario y su esposa se declararon no culpables de los cuatro cargos que enfrentan en EU // La próxima audiencia se realizará el 17 de marzo
▲ Nicolás Maduro al comparecer ayer ante el juez en un tribunal federal de Nueva York.Foto Ilustración Jane Rosenberg/Court Art
David Brooks y Jim Cason Corresponsales
Periódico La Jornada Martes 6 de enero de 2026, p. 2
Nueva York y Washington., Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron presentados ante un tribunal federal en Nueva York donde escucharon los cargos en su contra, se declararon “no culpables” y el presidente venezolano acusó que fue secuestrado y afirmó que se considera “un prisionero de guerra”.
En su primera aparición en público desde que fue secuestrado por fuerzas armadas estadunidenses el sábado, hecho que críticos dentro y fuera de Estados Unidos califican de una acción que viola las leyes nacionales e internacionales, Maduro y su esposa escucharon la acusación por narcotráfico en su contra.
El juez federal Alvin Hellerstein –elevado a su puesto por el entonces presidente Bill Clinton, fue quien hace unos meses emitió un fallo contra el uso de una vieja ley por el gobierno de Trump para deportar a inmigrantes venezolanos y anteriormente ha presidido casos relacionados con el actual presidente estadunidense– leyó los cuatro cargos en la acusación e informó a la pareja de sus derechos ante la ley.
El juez solicitó a la pareja declararse sobre su culpabilidad ante los cargos, ante lo cual cada uno se declaró “no culpable”. Pero Maduro también usó su primera oportunidad de hablar en público para afirmar que es el “presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela” y “fui secuestrado”.
Agregó: “me considero prisionero de guerra”, y por lo tanto solicitó la aplicación de sus derechos bajo la Convención de Ginebra. Repitió: “soy inocente, no culpable de nada de lo que se dice aquí”, y aseguró que aún es presidente de su país.
El juez lo interrumpió para informarle que habrá otra oportunidad para todo eso y que por ahora la sesión estaba limitada a la lectura de cargos y su declaración de culpabilidad o no.
El abogado de Maduro por ahora es Barry Pollack, quien comentó al juez que ya que su cliente es mandatario de otro país, existen interrogantes sobre la legalidad del “secuestro militar” de Maduro que estarán pendientes al proceder con este caso. También pidió que se atendieran algunos problemas médicos de su cliente.
Pollack es un abogado reconocido sobre todo por su trabajo en defensa de Julian Assange; de hecho, fue quien negoció el acuerdo extraordinario con el gobierno estadunidense que llevó a la liberación de su cliente y puso fin a su odisea legal de 15 años.
Flores, quien se identificó como “primera dama” de Venezuela en su turno de declararse ante los cargos, también afirmó que era “completamente inocente”. Su abogado Mark Donnelly informó al juez que su cliente había sufrido “heridas significativas”, indicando una venda en la cabeza de Flores, también golpes en sus costillas y una posible fractura. El juez dio instrucciones para atender la salud de ambos.
Los acusados también solicitaron que se cumpla con su derecho a una visita consular por ser detenidos extranjeros, lo cual también ordenó el juez.
Ambos, en uniforme de reos de camisa azul sobre una camiseta anaranjada y pantalones kaki, fueron sentados junto a sus abogados, detrás del equipo de fiscales federales en la sala ante el juez de 92 años de edad, quien dirigió el procedimiento afirmando que cumplirá con su deber de asegurar un proceso imparcial.
La acusación criminal fue elaborada, en principio, en 2020 durante el primer periodo presidencial de Trump y recientemente fue actualizada por el Departamento de Justicia. La imputación afirma que Maduro encabeza “un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha empleado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales incluyendo el narcotráfico”.
La acusación incluye cuatro cargos criminales: “conspiración de narcoterrorismo”, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y otros “instrumentos destructivos”, todo lo cual ocurrió entre 1999 y 2025.
Afirma que Maduro fue socio de “narcoterroristas”, incluyendo el cártel de Sinaloa, Los Zetas, Tren de Aragua, las FARC y el ELN (la acusación criminal se puede consultar en https://www.justice.gov/opa/media/1422326/dl).
Frente al edificio de los tribunales federales, unos 150 manifestantes protestaron por el secuestro de Maduro y su esposa, y la intervención estadunidense en Venezuela. Un grupo menos numeroso de venezolanos festejó el “arresto” del presidente.
El día empezó con el traslado de la pareja venezolana por helicóptero de la cárcel federal en Brooklyn bajo guardia de agentes de la agencia antinarcóticos federal DEA al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, adonde llegaron poco después de las 7 de la mañana para esperar su primera cita judicial a las 12 horas. Al concluir esta primera audiencia judicial, fueron trasladados de regreso a la misma cárcel.
El juez programó la próxima sesión judicial para el 17 de marzo.
América no pertenece a una potencia o doctrina: Sheinbaum
La autodeterminación no es negociable, afirma
Advierte que las intervenciones nunca han traído democracia en la región
▲ La Presidenta resaltó que no ve riesgos en la relación con Estados Unidos, pero reconoció que se vive una situación especial desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.Foto María Luisa Severiano
Alonso Urrutia y Néstor Jiménez
Periódico La Jornada Martes 6 de enero de 2026, p. 5
México rechaza “categóricamente” la acción armada de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, ya que la historia de América Latina demuestra que la intervención nunca ha traído democracia, jamás ha generado bienestar, ni estabilidad duradera.
“México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
En una conferencia de prensa, la mandataria presentó un posicionamiento del gobierno mexicano ante la situación que prevalece en Venezuela, en el cual subrayó que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos –que están establecidos en la Constitución y que rigen la política exterior del país– no son opcionales ni negociables, son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre sin excepciones. “La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, no conducen ni a la paz, ni al desarrollo.”
Destacó que la relación entre México y Estados Unidos incluye la coordinación y colaboración bilaterales en diversos ámbitos sobre la base de la responsabilidad compartida, en especial en materia de seguridad, pero sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía de ambos países.
Destacó que México coopera con Estados Unidos en este ámbito incluso por razones humanitarias con el fin de que el fentanilo no llegue a los jóvenes estadunidenses.
“Sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde el territorio estadunidense, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”. Por ello, instó al gobierno de Washington a combatir con firmeza a los grupos que distribuyen estupefacientes y lavan dinero en las dos naciones.
–Más allá de la forma de comunicar del presidente Donald Trump, a la que usted siempre se ha manifestado, ¿no ve un riesgo, por más mínimo, en estas declaraciones para México?
– No… Si no hubiera comunicación de ningún tipo, si no tuviéramos colaboración, si no se hubiera referido el secretario de Estado Marco Rubio, la vocera del gobierno de Estados Unidos, el propio presidente Trump a la buena relación que tenemos y a la coordinación que hay, pues a lo mejor si estaríamos preocupados, ¿no?
Destacó que eso no significa que su gobierno esté cruzado de brazos. Desestimó la posibilidad de una eventual invasión a México: “No creo en una intervención, ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”.
Pocos apoyan una acción extranjera
La Presidenta aseveró que cualquier intervención no resolvería nada, postura que han comunicado al gobierno estadunidense, en paralelo a la reivindicación de los principios que rigen en México relativos a la defensa de la soberanía y del territorio nacional.
Afirmó que es una postura que comparte la enorme mayoría en el país, porque son muy pocos los que están de acuerdo con una intervención, ya que “no solamente no ayuda, no tenemos ni idea de ¿a quién van a bombardear o qué?; además, lo que eso implicaría”.
En el posicionamiento que presentó aseveró que es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación, sí; subordinación e intervención, no, reiteró.
Si bien enfatizó en que no ve riesgos en la relación con Estados Unidos, reconoció que “sí hay una situación especial que se vive desde que llegó el presidente Trump, pero vamos a buscar siempre el entendimiento manteniendo nuestros principios firmes”.
Comentó que este fin de semana conversó telefónicamente con los presidentes de España, Pedro Sánchez, y de Colombia, Gustavo Petro –quien encabeza la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños–, sobre la invasión a Venezuela, antes de que se emitiera el comunicado conjunto, que incluyó además a Chile, Brasil y Uruguay.
Celebró el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que consideró fue muy contundente, como siempre ha sido él, porque no es menor la intervención estadunidense en Venezuela.
Fortalecimiento del multilateralismo
La mandataria consideró que la salida a esta coyuntura radica en fortalecer el multilateralismo internacional que haga posible reivindicar el orden mundial, basado en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional aún vigentes.
Insistió en que hay que fortalecer a la Organización de Naciones Unidas, pero es imperioso que este organismo se salga de este letargo burocrático y realmente se convierta en un espacio de construcción de la paz en el mundo.
Al cuestionar la viabilidad de la ruta seguida por Estados Unidos en Venezuela, la Presidenta reivindicó la importancia de buscar el diálogo regional sobre la base del respeto a la soberanía para enfrentar, entre otros aspectos, la creciente competencia económica de Asia y, en especial, de China.
Se requiere promover una integración económica regional basada en cadenas productivas compartidas, comercio justo y beneficio para todos los países del continente que nos permita ser autosuficientes, como región, a la par de competir con el crecimiento de Asia.
Esto implica concebir al bienestar social como eje central del desarrollo. El crecimiento económico que no reduce desigualdades ni la pobreza, no puede considerarse verdadero progreso. Para ello “se requiere del diálogo permanente entre iguales. La estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo”.
México exige a la ONU acción decisiva y sin doble estándar
Condenan Brasil, Colombia y los No Alineados la acción militar estadunidense // Concluye sesión de emergencia sin resolución
▲ Mientras la Asamblea Nacional venezolana se instalaba, afuera de la sede parlamentaria se congregaron decenas de personas para reiterar su respaldo al presidente Nicolás Maduro.Foto Afp
▲ El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió con carácter de urgente para analizar la situación en Venezuela.Foto Afp
Jim Cason y David Brooks Corresponsales
Periódico La Jornada Martes 6 de enero de 2026, p. 4
Sin embargo, después de un desfile de discursos de representantes de diversos países, la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, convocada a solicitud de Colombia, concluyó sin ninguna acción o resolutivo.
Impotencia ante acciones unilaterales
Así, la cita de este lunes ilustró tanto la importancia de este foro mundial, único donde todos los países miembros tienen derecho a la palabra, pero a la vez la impotencia de esta misma organización ante acciones de los países más poderosos, como Estados Unidos, que se atreven a emprender acciones militares unilaterales en clara violación a la Carta de la ONU.
“El gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en el territorio de Venezuela en clara violación del artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas”, declaró el representante permanente de nuestro país ante la ONU, Héctor Vasconcelos, en su intervención.
“Estas acciones no deben permitirse, ya que constituyen un severo golpe a la Carta de Naciones Unidas y al multilateralismo”, advirtió.
Vasconcelos habló después de los 15 miembros actuales del Consejo de Seguridad, al afirmar que “hemos expuesto con claridad las graves e impredecibles consecuencias de la conducta irresponsable del gobierno de Estados Unidos para la estabilidad política, social y económica de América Latina y el Caribe, y en sentido general, para la paz y estabilidad internacionales”.
El veterano diplomático concluyó que “el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad y, sobre todo, la obligación de actuar de manera decisiva y sin dobles estándares ante violaciones graves a la carta y para restablecer la paz y la seguridad internacionales”.
Pero la estructura anacrónica del Consejo de Seguridad –la cual otorga a Estados Unidos y otros cuatro miembros permanentes el poder del veto sobre toda acción– garantiza que no actuará en este caso.
Estadunidenses, obligados a escuchar las críticas
No obstante, los representantes de Estados Unidos fueron obligados a escuchar la oposición y condena internacional a su acción bélica y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa expresadas por Venezuela, México, Brasil, Colombia, Cuba, China, Rusia y el representante en turno del Movimiento no Alineado con sus 120 países miembros (entre los cuales no está nuestra nación).
“El 3 de enero de 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no sólo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto”, explicó Samuel Moncada, el representante de Venezuela ante la ONU. “Ese día, la República Bolivariana fue objeto de un ataque armado e ilegítimo, carente de toda justificación jurídica por parte del gobierno de Estados Unidos”.
El embajador aseguró a la comunidad internacional que a pesar de estos ataques las instituciones del gobierno venezolano funcionan, el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio.
El diplomático venezolano expresó que “hoy no está en juego únicamente la soberanía del país bolivariano; también la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización mundial y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial”.
En calma, pero con fuerza, el embajador solicitó que la ONU “exija al gobierno de Estados Unidos el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela”. Esto, mientras ambos se encontraban unas 60 cuadras al sur de la sede de la ONU en un tribunal federal.
Moncada subrayó que se debe condenar el uso de la fuerza contra Venezuela, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza y que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.
Confirma Washington su único interés: el petróleo
En su turno, el representante estadunidense ante la ONU, Mike Waltz, insistió en que su país no está en guerra contra Venezuela y no perpetró una ocupación de ese país. Caracterizó los ataques militares de su gobierno –los cuales dejaron a decenas de venezolanos y cubanos muertos– como “una operación quirúrgica de aplicación de la ley facilitada por militares estadunidenses contra dos fugitivos acusados por la justicia estadunidense”.
Sin embargo, Waltz hizo eco de las palabras de su jefe máximo, el presidente Donald Trump, y dejó en claro los objetivos más importantes de la acción de su país. “No se debe continuar teniendo las reservas de energía más grandes del mundo bajo el control de adversarios de Estados Unidos”.
Por su parte, el representante del gobierno argentino ofreció el respaldo incondicional a la acción estadunidense, mientras otros emplearon sus talentos “diplomáticos” para expresar su apoyo de la Carta de la ONU y sus principios mientras evitaron criticar de manera frontal a Estados Unidos.
Además de México, Rusia, China, Brasil, Cuba, Chile y Colombia estuvieron los que se atrevieron a criticar directamente las acciones de Estados Unidos como una amenaza a la paz y al sistema de la ONU.
“Cuba condena en los términos más enérgicos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la vez que reitera de forma categórica su absoluto respaldo y solidaridad con el pueblo y gobiernos venezolanos”, declaró Ernesto Soberón Guzmán, representante de La Habana.
“En el criminal ataque perpetrado por Estados Unidos perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país”, detalló el diplomático.
Guterres, ausente
En un informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres –quien no asistió a la sesión por razones aún no explicadas–, expresó “profunda preocupación” por la inestabilidad en Venezuela y el precedente sentado por la acción estadunidense en torno a “cómo las relaciones entre estados son conducidas”.
En su reporte también expresó preocupación particular sobre el secuestro de Maduro y aseguró que da “la bienvenida y estoy dispuesto a apoyar todos los esfuerzos destinados a ayudar a los venezolanos a encontrar una salida pacífica”.
Sin embargo, todo indica que la ONU está optando por no tener un papel significativo ante una crisis en que tal vez una mayoría de sus miembros consideran violación a los principios básicos de esta organización mundial.
El reto de hoy para el Consejo de Seguridad
Ataque sobre Caracas
Jeffrey D Sachs*
El tema que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene hoy ante sí no es el carácter del gobierno de Venezuela. El tema es si cualquier Estado miembro tiene el derecho de determinar por la fuerza, coerción o estrangulamiento económico el futuro político de Venezuela o de ejercer control sobre sus asuntos.
La cuestión remite directamente al artículo 2, sección 4 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El Consejo debe decidir si esa prohibición se sostiene o se abandona. Abandonarla acarrearía las más graves consecuencias.
Permítaseme ofrecer algunos antecedentes. Desde 1947, la política exterior de Estados Unidos ha empleado en repetidas ocasiones la fuerza, la acción encubierta y la manipulación política para producir un cambio de régimen en otros países. Existe un registro histórico cuidadosamente documentado de este asunto. En su libro Covert Regime Change ( Cambio encubierto de régimen), la politóloga Lindsay O’Rourke documenta 70 operaciones encubiertas de intento de cambio de régimen sólo entre 1947 y 1989.
Estas prácticas no concluyeron con la guerra fría. Desde 1989, entre las operaciones de cambio de régimen realizadas por Estados Unidos, sin autorización del Consejo de Seguridad, y que han tenido las mayores consecuencias, han estado: Irak en 2003, Libia a partir de 2011, Honduras en 2009, Ucrania en 2014 y Venezuela de 2002 en adelante.
Los métodos empleados están bien establecidos y documentados. Incluyen guerra abierta, operaciones encubiertas de inteligencia, instigación y manipulación de disturbios, apoyo a grupos armados, manipulación de medios masivos y redes sociales, soborno a funcionarios militares y civiles, asesinatos selectivos, operaciones bajo banderas falsas y guerra económica.
Estas medidas son ilegales conforme a la Carta de la ONU, y típicamente han provocado violencia continua, conflicto letal, inestabilidad política y profundo sufrimiento de la población civil. El registro reciente de Washington con respecto a Venezuela es claro también. En abril de 2002, Estados Unidos conoció y aprobó un intento de golpe contra el gobierno. En la década de 2010, financió a grupos de la sociedad que participaban en protestas contra el gobierno. Cuando el gobierno enfrentó las protestas, Washington respondió con una serie de sanciones.
En 2015, el presidente Barack Obama declaró que Venezuela era, y cito: una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En 2017, en una cena con líderes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente Trump abordó abiertamente la opción de que Estados Unidos invadiera Venezuela para derrocar al gobierno. De 2017 a 2020, Estados Unidos impuso sanciones de gran alcance a la compañía petrolera estatal PDVSA. La producción petrolera cayó 75 por ciento de 2016 a 2020, y el PIB real per cápita descendió 62 por ciento.
En repetidas ocasiones, la Asamblea General de la ONU ha votado abrumadoramente contra esas medidas coercitivas unilaterales. El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció unilateralmente a Juan Guaidó como presidente interino, y pocos días después congeló alrededor de 7 mil millones de dólares de activos soberanos de Venezuela en el extranjero y concedió a la autoridad designada poder sobre algunos de esos activos.
Esas acciones forman parte de un continuo esfuerzo estadunidense para un cambio de régimen, que se extiende por más de dos décadas. El año pasado, Washington ha realizado operaciones de bombardeo en siete países, ninguna de las cuales fue autorizada por el Consejo de Seguridad, y ninguna por legítima defensa conforme a la Carta. Entre los países atacados están Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y ahora Venezuela. El mes pasado, el presidente Trump ha formulado amenazas directas contra seis Estados miembros de la ONU, entre ellos Colombia, Dinamarca, Irán, México y, por supuesto, Venezuela.
No se convoca a los miembros del Consejo para juzgar a Nicolás Maduro. No se les convoca para evaluar si el reciente ataque estadunidense y las actuales acciones de cuarentena naval darán resultados en términos de libertad o subyugación. Se convoca a los miembros del Consejo para defender el derecho internacional y, específicamente, la Carta de la ONU.
La Organización de Naciones Unidas surgió como el segundo gran esfuerzo de la humanidad para colocar el derecho internacional por encima de la anarquía internacional. En palabras de la Carta, la ONU fue creada para “salvar a las generaciones subsecuentes del flagelo de la guerra, que dos veces en nuestro tiempo ha ocasionado indecible sufrimiento a la humanidad. Dado que estamos en la era nuclear, el fracaso no puede repetirse. La humanidad perecería. No habría una tercera oportunidad”.
Para cumplir sus responsabilidades conforme a la Carta, el Consejo de Seguridad debe afirmar de inmediato las siguientes acciones. Estados Unidos debe cesar de inmediato y desistir de cualquier amenaza explícita e implícita o de usar la fuerza contra Venezuela. Debe poner fin a su cuarentena naval y a todas las medidas militares coercitivas relacionadas, emprendidas en ausencia de autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Debe retirar de inmediato sus fuerzas militares del interior y los alrededores de Venezuela, con inclusión de inteligencia, navales y otros efectivos emplazados con propósitos coercitivos. Venezuela debe adherirse a la Carta de la ONU y a los derechos humanos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Recomiendo que el secretario general designe de inmediato a un enviado especial, con el mandato de comprometer a actores venezolanos e internacionales de importancia, y reportarse al secretario general en el curso de los 14 días siguientes con recomendaciones consistentes con la Carta. Y el Consejo de Seguridad debe mantener con urgencia el control sobre este asunto. Todos los estados miembros deben abstenerse de amenazas unilaterales, medidas coercitivas o acciones armadas fuera de la autoridad del Consejo de Seguridad. En conclusión, señor presidente y distinguidos miembros del Consejo, la paz y la supervivencia de la humanidad dependen de si la Carta de Naciones Unidas sigue siendo un instrumento vigente de derecho internacional o se permite que se vuelva irrelevante. Esa es la opción que se presenta al Consejo este día.
*Profesor y director del Centro para el Desarrollo Sustentable en la Universidad Columbia
Traducción: Jorge Anaya
Comentarios de Sachs ante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.
Publicado con la autorización del autor
