El secretario de Seguridad Nacional elogió los resultados en el combate al crimen organizado // “Hemos visto cifras récord en captura de capos”
De la Redacción
Periódico La Jornada Jueves 4 de junio de 2026, p. 4
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, declaró que quedó “muy impresionado” con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su gabinete por la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, durante una audiencia en la Cámara de Representantes.
“Recientemente regresé de la Ciudad de México, donde me reuní con la presidenta Sheinbaum y miembros de su gabinete para hablar sobre la cooperación bilateral. Debo decir que hemos quedado impresionados”, afirmó Mullin.
“Han sido muy cooperativos, mucho más que la administración anterior. Sin embargo, también creen firmemente en la defensa de su soberanía, y debemos respetar eso”, resaltó el funcionario estadunidense.
Mullin también destacó que, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional y de la colaboración con el gobierno de México, se han obtenido resultados relevantes en el combate al crimen organizado.
“Hemos visto cifras récord en incautaciones de drogas, dinero y armas, además de la captura de líderes de cárteles”, aseguró.
En este contexto, el Comando Sur de Estados Unidos destacó un operativo en el que fueron decomisados mil 788 kilos de cocaína en una operación coordinada con los gobiernos de Colombia, México y Guatemala.
En una publicación realizada en su cuenta de la red social X, esa división calificó la misión como “otro ejemplo de su compromiso” de colaboración con países latinoamericanos para “desarticular cárteles y narcoterroristas”.
Ante acciones de EU, está en juego quién decide aquí, advierte Sheinbaum
Destaca que el escándalo de los agentes extranjeros en Chihuahua detonó crisis
Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada Jueves 4 de junio de 2026, p. 4
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las recientes acciones de autoridades estadunidenses contra políticos mexicanos deben analizarse con visión de largo plazo, pues advirtió que está en juego “quién decide en México”. Al señalar que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal deben aclarar los señalamientos sobre sus visas, sostuvo que la relación bilateral se desarrollaba favorablemente “hasta que se presenta el caso de Chihuahua.
“No queremos conflicto con Estados Unidos. Nosotros queremos que haya tratado comercial y todo lo mejor para México y la relación conjunta”, manifestó.
La jefa del Ejecutivo sostuvo que México ha mantenido una amplia coordinación con la administración del presidente Donald Trump en materia de seguridad y migración, al grado de que funcionarios estadunidenses han reconocido públicamente la colaboración.
Tras haber reprochado el martes al embajador Ronald Johnson emitir opiniones sobre asuntos ajenos a sus funciones, Sheinbaum aclaró que existe comunicación permanente con el representante estadunidense.
“Todo va muy bien. Colaboramos. Hasta que se presenta el caso de Chihuahua”, afirmó al referirse al episodio en el que agentes de una agencia estadunidense participaron en una operación en territorio mexicano sin la acreditación correspondiente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señaló que la Fiscalía General de la República abrió una investigación al respecto.
Sheinbaum también se refirió a la solicitud de extradición presentada por una oficina del Departamento de Justicia contra 10 mexicanos, entre ellos un gobernador, un senador y un alcalde en funciones. Indicó que deben presentarse pruebas y que corresponderá a la fiscalía determinar si existen elementos para proceder.
Consultada sobre si la reforma que contempla como nueva causal de nulidad electoral la intervención o injerencia extranjera se podría aplicar en 2027, declaró: “¿quién debe hacer esta interpretación finalmente? El Tribunal Electoral”, y agregó que “es absolutamente falso” que se vaya a usar este principio para anular cualquier elección.
Reiteró que su gobierno insistirá en la vía diplomática para mantener buenas relaciones con Washington. “No queremos un conflicto, no queremos. Pero tenemos que ser muy claros cuando vemos que hay otras intenciones”, sostuvo.
Sobre las versiones del retiro de visas a Durazo y Villarreal, cuestionó el propósito de quien haya filtrado esta información a los medios que la publicaron. “¿Qué intención (hay) con quitar la visa y además hacerlo público?”, planteó.
“Hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones, con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo, entonces pueden venir estas cosas. Pero ¿cuál es el interés?, Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda.”
Los Angeles Times: golpeteo mediático
El diario estadunidense Los Angeles Times publicó un presunto reportaje según el cual el gobierno de Estados Unidos lanzó una investigación criminal contra los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas). De acuerdo con el medio, a ambos mandatarios estatales se les negó o revocó la visa para ingresar a territorio estadunidense, por lo que sus viajes a ese país se han realizado bajo el programa Significant Public Benefit Parole (libertad condicional por beneficio público significativo), otorgado a individuos que cooperan con las autoridades en materia de seguridad pública. Esto implica afirmar que ambos mandatarios no sólo son investigados, sino que lo saben y se han convertido en informantes de una fiscalía.
Lo primero que destaca en la pieza del rotativo angelino es la ligereza con que se lanzan acusaciones de tal gravedad sin proporcionar evidencias ni citar el origen de su historia, más allá de referir a “fuentes con conocimiento del caso”. Cuando este factor se ubica en el contexto del creciente uso del narcotráfico, como pretexto para el injerencismo de Washington en México, es evidente que no se trata de un texto difundido por su valor periodístico –que no lo tiene–, sino para sembrar una insidia particularmente conveniente a los funcionarios del gobierno estadunidense empecinados en desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de gobernadores aliados. Como ella misma señaló, estos ataques se han recrudecido de manera visible desde que la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente carretero puso al descubierto el entendimiento criminal entre el gobierno de la panista María Eugenia Campos en Chihuahua y la embajada estadunidense para desplegar en México a elementos de varias agencias de inteligencia y espionaje a espaldas de la cancillería y de la Constitución.
Es inevitable que esta operación de golpeteo mediático recuerde a la efectuada en enero de 2024 por Tim Golden para el medio ProPublica. En ese momento, a sólo cinco meses de las elecciones presidenciales en México, Golden firmó un texto en el cual insinuaba que capos del narcotráfico entregaron millones de dólares a la campaña del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 a cambio de promesas de tolerar sus actividades cuando llegara a la Presidencia –lo cual no ocurrió entonces debido al fraude orquestado por el IFE, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral a favor del PAN–. Horas después de lanzar la bomba desinformativa, Golden reconoció no contar con evidencia que apuntara en la dirección indicada por el titular, pero rehusó disculparse por sugerir algo tan grave sin disponer de pruebas que lo respaldaran. Incluso, el Departamento de Justicia estadunidense informó que la investigación fue concluida y cerrada 15 años atrás porque ni los agentes ni los fiscales pudieron aportar elementos que sostuvieran las sospechas, pero ello no ha impedido que desde entonces la derecha política y mediática hable de ese inexistente financiamiento ilegal como un hecho.
Ahora, como hace dos años y medio, el problema con estas publicaciones irresponsables es que generan incertidumbre, afectan una honorabilidad que ningún dato ha puesto en duda y construyen a priori una justificación para golpeteos judiciales (lawfare) injerencistas, que a su vez responden al designio de habilitar la aplicación trumpista de la Doctrina Monroe. Si se desea hacer un uso consecuente y productivo de la libertad de expresión, habría que dejar de lado las narrativas mendaces que intoxican a la opinión pública a ambos lados de la frontera y centrarse en la denuncia de criminales sobre quienes pesan todas las pruebas, como el presidente Donald Trump y varios miembros de su entorno.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a la FGR en la Ciudad de México el 27 de mayo pasado.Foto Jorge Ángel Pablo García
No transcurre día sin que el maniático de la Casa Blanca se esfuerce por apretar las tuercas y meter ruido en la relación con México, sea él mismo quien directamente procede o por medio de sus secretarios de Estado y de Justicia, el agente de la CIA que despacha en la embajada gringa en nuestro país, sus campañas mediáticas o sus marionetas autóctonas.
Con lo megalómano que es, al inquilino de la Casa Blanca le disgustó que la presidenta Sheinbaum no le diera el crédito correspondiente (“no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva –contra México– en distintos temas”) y puso manos a la obra: en otra andanada contra nuestro país, primero soltó al boina verde disfrazado de “diplomático” a decir sandeces, a quien, por injerencista, la mandataria mandó callar; ya había hecho el numerito de los 10 políticos sinaloenses (sin presentar prueba alguna) y ahora sale con la “cancelación de visas” (versión filtrada a los medios de comunicación “amigos”) a dos gobernadores morenistas, sin que ninguna autoridad estadunidense lo haya confirmado. A la par, la campaña mediática de varios medios estadunidenses (replicada por los autóctonos) sobre el “ narcogobierno”, mientras el coro de cipayos repite como perico y el evasor fiscal y golpista del Ajusco importando franquistas y promueve que a “los zurdos de mierda” hay que sacarlos “por las malas”. Casi ni se nota.
Esta nueva cortina de humo es útil para cubrir con el manto mediático a la traidora Maru Campos, quien de plano cada día está peor, si es que alguno estuvo mejor. De cualquier suerte, la presidenta Sheinbaum le envió un atento mensaje a la gringa: como lo informó la Fiscalía General de la República, los agentes de la CIA “no iban a desmantelar un laboratorio; lo ubicaron y se regresaron; no hicieron nada con el laboratorio. Notificaron a la FGR –que todavía siguen investigando cómo fue todo eso– y es ella la que llega al lugar y empieza a desmantelarlo; el aseguramiento fue federal, no del gobierno de Chihuahua”. ¡Y la panista, feliz y colgándose medallas ajenas!
Y en una suerte de corte de caja, señaló que “todo va muy bien” en la relación bilateral, “hasta que se presenta el caso de Chihuahua” (los cuatro agentes de la CIA operando ilegalmente en territorio mexicano, con la anuencia de la señora que se cuelga medallas ajenas). Y de repente, Estados Unidos “acusa” –sin pruebas– a los 10 sinaloenses, exige su extradición, se arma el numerito de “desagravio” para Maru Campos, con la cobertura del zoológico panista, se recrudece la campaña de “ narcogobierno”, Ricardo Salinas Pliego trae a la esperpéntica Cayetana y se avienta un discurso lleno de mierda, y se llega al asunto de la cancelación de visas para dos gobernadores del norte de México, que en Wa-shington nadie confirma. ¿Qué o quién sigue?
Dijo Sheinbaum: “Viene la solicitud con carácter de urgente de la detención para extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador en funciones, un senador en funciones y un presidente municipal en funciones. Entonces, ahí es donde decimos: bueno, ¿qué pruebas hay? Todavía no las presentan. dos de esos 10 deciden entregarse a Estados Unidos. En ese tema vamos. Y la FGR abre sus propias carpetas de investigación –a los 10–, para saber si hay pruebas sustantivas para poder hacer su investigación de los delitos de los que se les acusa. De todas maneras, es muy relevante preguntarse: ¿es un interés real? Porque nunca había ocurrido que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la extradición de gobiernos en funciones. Entonces, si hay pruebas, entonces la fiscalía hace su trabajo. Pero tiene que haber pruebas. Si no, ¿cuál es el sentido? ¿Realmente es un asunto jurídico, de querer pacificar a México? ¿Realmente tiene que ver con delincuencia organizada o hay otros intereses, como la elección de Estados Unidos en noviembre o la que vamos a tener el próximo año? Entonces, es muy importante que el pueblo de México se dé cuenta de lo que está ocurriendo”.
Y sobre el tema de las visas, la mandataria puntualizó: “salió una nota en Los Angeles Times de dos gobernadores. Entiendo que ellos tienen que aclarar. Pero, ¿qué intención tienen con quitar la visa? Y además, hacerlo público, o sea, ‘vamos a filtrar’, porque así se actúa en algunos sectores para decirle a los mexicanos: ‘aguas, aguas, te van a quitar la visa’. Hay que estar tranquilos. Pero, ¿cuál es el interés? Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda”.
Las rebanadas del pastel
Si de peligros se trata, no hay que dejar afuera del inventario al impresentable Marco Rubio.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Petro acusa a Juan Orlando Hernández, Milei y Netanyahu de buscar derrumbar al progresismo en Colombia y México
Foto: Ap / Archivo Foto autor
Sputnik
03 de junio de 2026 14:05
Bogotá. El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022) es un "narcotraficante" que está ayudando a derribar el progresismo en la región con ayuda de dirigentes de Argentina e Israel.
"Este narcotraficante indultado por el presidente Donald Trump, ex presidente de Honduras, y aliado ahora con (el primer ministro israelí Benjamín) Netanyahu y (el presidente de Argentina, Javier) Milei, decidieron con mucho dinero de los genocidas de Israel derrumbar el progresismo en Colombia y México.
Cuando el narcotraficante Hernández gobernó a Honduras, llevó a ese país a la más alta tasa de homicidios del mundo", escribió Petro en su cuenta de X. La afirmación de Petro se produjo después de la publicación de una entrevista de CNN a Hernández, en la que el exmandatario sostuvo que fue víctima de una persecución política y defendió el indulto presidencial brindado por Trump que anuló su condena.
En esa misma entrevista, Hernández dijo que su caso era un ejemplo de uso político de la justicia por parte de adversarios. "Mi caso era un caso tan evidente del uso de la justicia como arma política", agregó.
El expresidente hondureño también vinculó la decisión de Trump con lo que describió como una corrección frente a una injusticia, según lo expuesto en la entrevista.
