Rosa Miriam Elizalde
19 de noviembre de 2026 00:01
Hollywood debería tomar nota. La próxima temporada de sus series de espionaje podría escribirse en el Departamento de Estado. Allí, la relación extramatrimonial de un empresario estadunidense nacido en Taiwán con una mujer china terminó convertida en un caso de contrainteligencia, con agentes secretos, amenazas a la seguridad nacional y Marco Rubio en el papel estelar. Al público, hasta ahora, no se le ha mostrado ninguna prueba concluyente.
John le Carré ya había escrito algo parecido en El honorable colegial (1977), donde el veterano oficial George Smiley intenta reconstruir el servicio secreto británico después de una traición y necesita un éxito que le devuelva el crédito ante su gobierno y los “primos” de la CIA. Lo busca en Hong Kong, tras la pista de Drake Ko, un millonario chino al que le llega dinero de Moscú. La novela es la gran incursión de Le Carré en el sudeste asiático, una región que recorrió personalmente para escribirla, y retrata el espionaje occidental en el entorno de China durante los años en que la Guerra Fría se libraba también en Hong Kong, Laos, Camboya y Vietnam.
El Drake Ko de esta versión del Departamento de Estado es Jensen Huang, fundador de Nvidia, la empresa que convirtió las tarjetas gráficas en un recurso estratégico de la inteligencia artificial en todo el mundo. Hasta hace unas semanas era un interlocutor privilegiado de Donald Trump y defendía una idea que en Washington empieza a sonar subversiva: comerciar con China puede rendir más que intentar aislarla.
La coprotagonista de la saga es Alice Huang, empresaria vinculada a Megaspeed, una compañía de infraestructura informática con sede en Singapur. La inteligencia estadunidense sospecha que trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Pekín lo niega y la investigación judicial tampoco estableció que fuera espía, pero los medios ya tenían a su Mata Hari oriental seduciendo a un magnate para robarle los secretos de la inteligencia artificial.
Según The Washington Post, Marco Rubio tomó las sospechas de la CIA y redactó un memorando propio en el que reformuló los hallazgos en términos alarmistas. El documento circuló entre altos funcionarios, llegó “misteriosamente” a la prensa y contribuyó a la crisis que terminó con la renuncia de Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia el 12 de noviembre, en una maniobra que no se le habría ocurrido ni a Le Carré. En su novela, la operación contra Ko responde tanto a la amenaza como a las urgencias de quienes la conducen, y la verdadera guerra se libra entre oficinas, por presupuesto e influencia.
El Post describe algo similar, una pelea por el oído de Trump entre Huang, partidario de mantener vínculos comerciales con China, y los funcionarios que exigían más restricciones. El memorando de Rubio dejó fuera de juego a la voz empresarial más escuchada en esa discusión. El CEO de Nvidia sostenía fervientemente que las limitaciones a la exportación de semiconductores fortalecerían a los competidores chinos. Salir de ese mercado significaba perder ingresos e influencia, mientras Pekín aceleraba el desarrollo de sus propias alternativas.
Para Rubio y el ala dura de Washington, la tecnología debe circular según las prioridades geopolíticas de Estados Unidos, y si los negocios contradicen la doctrina de seguridad nacional, peor para los negocios. El problema es que el propio gobierno había autorizado ventas de esos productos a China y Trump llegó a defender fórmulas para permitir ciertas exportaciones a cambio de beneficios económicos.
Pero un detalle arruina la trama de los supuestos espías desesperados por la tecnología. En noviembre de 2025, Reuters informó que Pekím había ordenado utilizar semiconductores nacionales en los nuevos centros de datos financiados con fondos públicos. En enero de 2026, la aduana china recibió instrucciones de frenar la entrada de los procesadores H200 de Nvidia, mientras las empresas tecnológicas fueron notificadas de que no debían comprarlos salvo en caso de extrema necesidad, pues el país impulsa a sus propios emporios, Huawei y Cambricon. Su voluntad es depender lo menos posible de una decisión administrativa tomada en Washington.
Toda esta historia recuerda como pocas al macartismo, cuando una amistad, una simpatía política o un rumor bien colocado bastaban para arruinar una carrera. Rubio viene de una tradición que conserva ese lenguaje y mira a China como la sucesora de la Unión Soviética en una cruzada personal contra el comunismo, que lo lleva a machacar a quien sea por el camino, como sabemos muy bien los cubanos. La ironía es que la campaña contra Huang puede acelerar precisamente lo que Washington dice querer evitar: que la industria china de semiconductores sea cada vez menos dependiente de Estados Unidos.
En la novela de Le Carré, cuando la operación por fin da resultado, los estadunidenses se quedan con el botín y Smiley pierde su puesto, porque en cualquier trama de espías que se respete se suele premiar a quien no la escribió y castigar a quien no tuvo la culpa. En esta temporada protagonizada por Rubio, el espionaje sigue sin demostrarse, pero la persecución ya produjo un terremoto en Nvidia.
Fobaproa-IPAB
Orlando Delgado Selley
De nuevo, el expediente del Fobaproa se ha abierto. Muchos temas están a discusión y es posible actuar para detener el uso de recursos públicos que desde hace 28 años se han destinado a cubrir intereses y capital de ese cuestionable proceso. Hemos sabido desde el inicio de esta historia que muchos de los créditos que el Fobaproa compró a los bancos recién privatizados se otorgaron fuera de las “sanas prácticas bancarias”. Por supuesto, al comprarlos se benefició a muchos acreditados que pudieron recomprar sus adeudos al Fobaproa con quitas de capital, reducción de intereses y eliminación de cargos moratorios. La mala gestión bancaria y luego el rescate apresurado hecho por el gobierno de Zedillo fue benéfico para Salinas y Rocha y para muchas empresas más.
Pese a que este manejo de los créditos vencidos y comprados por el Fobaproa resulta escandaloso, lo es más el rescate a los empresarios que se habían convertido en banqueros en el proceso de privatización realizado en los años de Salinas y que coordinó Guillermo Ortiz. Estos “banqueros”, como lo documentó profusamente el auditor Mackey, otorgaron créditos a sus propios accionistas (los llamados créditos relacionados), créditos no documentados, sin garantías y a empresas insolventes. Los volúmenes prestados estuvieron tan fuera de toda proporción razonable que a eso le hemos llamado euforia crediticia.
Los bancos quebraron por sus malas prácticas bancarias, lo que puso en riesgo el sistema de pagos del país. El gobierno de Zedillo decidió rescatarlos evitando su quiebra, que hubiera sido la del sistema de crédito del país comprándoles cartera, es decir, créditos vencidos que estaban afectando el balance de los bancos. Luego del rescate, el gobierno del PRI propuso al Legislativo convertir los pagarés Fobaproa en deuda pública, lo que desató una gran discusión. Inicialmente, el PAN y el PRD rechazaron categóricamente esa iniciativa.
Conforme avanzó la discusión, el PAN cambió de posición y decidió apoyar la conversión de esos pagarés en deuda pública. PRI y PAN legalizaron esa enorme operación fraudulenta. Desaparecieron el Fobaproa y lo convirtieron en el IPAB, cuyos pagarés tendríamos que pagar todos los mexicanos. Los dueños de los bancos quebrados redujeron sus pérdidas, al tiempo que se modificaba la legislación financiera para que bancos extranjeros pudieran adquirir los bancos privados mexicanos. El gobierno de Zedillo entregó a los banqueros extranjeros las mayores entidades bancarias de México.
Así llegaron los banqueros españoles con Santander y BBVA, los ingleses con HSBC, los canadienses con Scotiabank y los estadunidenses con Citi, que adquirieron bancos que operaban en México. Quedó un solo banco mexicano: Banorte. Entre los activos que esos banqueros extranjeros recibieron estaban los pagarés IPAB. De entonces a esta fecha han pasado 28 años y los pagos de capital e intereses, con valores actualizados, suman más de 2 billones de pesos, que equivalen a lo que en 2027 se dedicará a programas sociales y a inversión. Pese a la brutal cantidad pagada, los recursos presupuestales para el pago de los pagarés IPAB siguen en el Presupuesto de Egresos: en 2027 se han aprobado casi 48 mil millones de pesos para pagar intereses y capital de esa oprobiosa deuda.
Así las cosas, exigir que conozcamos los nombres de las personas o empresas que se beneficiaron gracias a que el gobierno les compró esos créditos a los bancos es necesario. Pero es mucho más importante para la economía del país y para que se destinen más recursos a programas sociales que exijamos que cesen los pagos de esos pagarés. Se trata de deuda pública que, gracias a los votos de los 239 diputados del PRI y de los 121 diputados del PAN de la 58 Legislatura, el gobierno está obligado a pagar. Esto es importante, pero deja de lado el problema principal: suspender los recursos públicos que se destinan a honrar una deuda que ha sido y sigue siendo el fruto de operaciones crediticias irregulares e inadecuadamente documentadas.
Es difícil encontrar una manera de evitar que el gobierno siga pagando los pagarés IPAB. Lo que el gobierno ha pagado y lo que pagará el año próximo forma parte de los ingresos de los bancos, que les ha permitido tener utilidades extraordinarias durante varios años, utilidades que constituyen récords y que destacan en el sistema financiero. Una posible salida sería negociar con esos banqueros la recompra de esos pagarés con quitas de capital importantes, como las que el Fobaproa, ahora IPAB, hizo con aquellos acreditados beneficiados por ese rescate. El agravio que le hizo el gobierno de Zedillo, el PRI y el PAN a la nación sigue presente. Es momento de proponerse terminarlo.
odselley@gmail.com
México SA
México abate índices de pobreza // Cepal: “marcada reducción” // Mayor salario y pensión universal
Carlos Fernández-Vega
Las mediciones no son del gobierno nacional ni de partidos políticos u organizaciones afines a él, sino que provienen de instituciones internacionales y regionales (como el Banco Mundial y ahora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal) que han documentado que en los últimos ocho años 17 millones 300 mil mexicanos salieron de la pobreza, gracias al sostenido incremento salarial y la pensión universal para adultos mayores, segmento este último entre los más vulnerables.
La Jornada (Dora Villanueva) lo resume así: “La pensión universal para adultos mayores tiene un peso decisivo en la reducción de la pobreza en México. Sin ella, advierte la Cepal en un informe divulgado ayer, el número de pobres en el país sería 11.5 por ciento mayor. De acuerdo con las mediciones del organismo, en nuestro país el número de personas sin recursos suficientes para cubrir necesidades básicas se ha reducido en 13 puntos porcentuales de 2018 a 2024 y el principal efecto sobre la pobreza de ingresos corresponde a las pensiones no contributivas; las pensiones no contributivas y las transferencias tuvieron un papel importante, y explican una reducción de 1.12 puntos porcentuales de la pobreza en México. Sin embargo, el efecto está en gran medida canalizado hacia el grupo de adultos mayores”, de tal suerte que “presenta una marcada reducción de la pobreza”.
En efecto, la Cepal dio a conocer su Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026, en el que, ya en el marco regional, destaca que las pensiones “evitan un aumento sustancial de la pobreza entre las personas de 65 años y más en la mayoría de los países latinoamericanos. La eliminación de los ingresos por pensiones, manteniendo constantes todas las otras fuentes de ingreso, habría significado incrementos muy pronunciados de la pobreza entre las personas mayores; sin ellas, la pobreza habría aumentado entre 20 y 27 puntos porcentuales en naciones como México”.
Los “gobiernos” ultraderechistas y derechistas de la región (todos títeres de Estados Unidos) hacen lo imposible por cancelar el sistema pensionario, en su intento por evitar la socialización de los recursos públicos. Pero tal insistencia irremediablemente los hundirá, porque la ciudadanía no está dispuesta a perder sus derechos, ganados a pulso a lo largo de décadas.
En América Latina y el Caribe, detalla la Cepal, los sistemas de pensiones contribuyen significativamente a proteger a las personas mayores frente a la pobreza y a atenuar la desigualdad entre las personas de 65 años y más. “Para los 16 países de la región con datos disponibles, la pobreza de ingresos entre las personas mayores aumentaría del 10.4 a 41.8 por ciento si dicha población no las recibiera. Esto significa que alrededor de 21.4 millones de personas mayores habrían caído en la pobreza en 2025 de no contar con dicha fuente de ingresos, lo que muestra el gran impacto de estos sistemas en la protección social de las personas mayores”.
Además, la información disponible revela que las pensiones contributivas “impiden que la incidencia de la pobreza de ingresos aumente de 10.4 a 33.8 por ciento de las personas mayores, mientras las pensiones no contributivas evitan un aumento de 8.9 a 14.5 por ciento. Esta diferencia se vincula principalmente con los mayores niveles de las prestaciones de los sistemas contributivos. La reducción de la pobreza es significativa en sistemas de pensiones con mayores coberturas, que incluyen a sectores de ingresos bajos y medios, y que implementan mecanismos de solidaridad que permiten garantizar el acceso a prestaciones a quienes realizaron menos aportes durante su vida económicamente activa”.
Desde luego, reconoce el organismo especializado de la ONU, existen grandes diferencias entre los países de la región en cuanto al impacto de los sistemas de pensiones sobre la pobreza de ingresos. Aun así, “estos datos y resultados ponen de manifiesto la importancia de los sistemas de pensiones para la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad entre las personas mayores”.
Las rebanadas del pastel
La cumbre de mañana Putin-Xi Jinping-Trump ¿reeditará la “reorganización mundial” de las conferencias de Teherán (1943), Yalta (febrero de 1945) y Potsdam (julio-agosto de 1945)? Hay algunos cambios históricos, desde luego: los británicos perdieron sus fueros y son una caricatura de aquellos ayeres; los “líderes” de la Unión europea apestan y el payasito naranja, que de todas perdió todas, ni lejanamente roza los zapatos de Franklin D. Roosevelt. En cambio, día a día crecen la fortaleza y el liderazgo del oso y el gran dragón.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Pensión a adultos mayores, decisiva para disminuir la pobreza en el país
▲ Beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores hacen largas filas en las sucursales del Banco del Bienestar para retirar dinero.Foto Marco Peláez
Dora Villanueva
Periódico La Jornada Jueves 19 de noviembre de 2026, p. 17
La pensión universal para adultos mayores ha tenido un efecto determinante en la reducción de la pobreza en México. Sin ella, advierte la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en un informe publicado ayer, el número de pobres en el país sería 11.5 por ciento mayor.
José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, declaró a La Jornada que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es una “importante contribución” para abatir la pobreza, de ahí que, “desde un enfoque de derechos, resulta fundamental asegurar su sostenibilidad financiera”.
De acuerdo con el organismo, en México el número de personas sin recursos suficientes para cubrir necesidades básicas se redujo en 13 puntos porcentuales de 2018 a 2024 y, al igual que en Chile y Paraguay, “el principal efecto sobre la pobreza de ingresos corresponde a las pensiones no contributivas”.
La Cepal destaca que las transferencias monetarias y pensiones no contributivas (las cuáles se financian por completo con gasto público) explican una reducción anual de la pobreza de 1.12 puntos porcentuales. Sin embargo, el efecto se concentra en gran medida en los adultos mayores.
En el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026, la Cepal muestra que México lideró el descenso de la pobreza entre personas de más de 65 años en la región, primero, por las pensiones no contributivas, y en segundo lugar, por los ingresos laborales.
Estima que entre los mexicanos de la tercera edad la pobreza se redujo alrededor de 2.5 por ciento por año entre 2019 y 2025. Dos quintas partes de esa reducción (un punto porcentual) se debe sólo al efecto de las pensiones no contributivas; es decir, al ingreso universal para adultos mayores.
De hecho, hay una mayor proporción de pobres entre la población de 55 a 64 años; le sigue el grupo de 45 a 54 años y la más baja se encuentra entre los adultos mayores de 65 a 74 años, segmento que tiene acceso al ingreso básico universal en México.
El efecto de este programa no sólo se ve en los indicadores de pobreza, sino también en los de desigualdad, según la Cepal. Entre 2019 a 2025, México estuvo entre los países que más redujeron esta brecha de ingresos, sólo detrás de República Dominicana y en un nivel similar al de Honduras.
Mientras en América Latina la desigualdad se redujo en promedio 0.7 puntos porcentuales cada año, en México lo hizo en 1.2 puntos. En Colombia y El Salvador no hubo cambios y Uruguay fue el único país donde la Cepal registró un crecimiento de la brecha por ingreso, medida por el índice de Gini.
Una población que envejece
Si bien en México la pensión universal tiene una cobertura de 100 por ciento de la población adulta mayor, el país se enfrenta a una crisis demográfica: para 2050 la población de más de 65 años se duplicará.
De 2019 a 2025 el número de personas por hogar que recibió la pensión universal aumentó 86.9 por ciento, aunque, por otro lado, los ingresos medios por pensiones no contributivas en relación con la línea de pobreza de la Cepal mostraron un aumento de 468 por ciento.
“Dada la cobertura alcanzada por el sistema de pensiones no contributivo en México, el gasto público requerido en el futuro dependerá del aumento de la población de 65 años y más y del valor de las prestaciones. México se encuentra entre los países donde esta población se duplicará hacia 2050, llegando a cerca de 17 por ciento del total”, explicó el secretario ejecutivo de la Cepal a La Jornada.
No obstante, ese potencial incremento del gasto público para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores debido al envejecimiento de la población “resulta sostenible en un contexto normal de crecimiento económico”, aseguró el funcionario.
Agregó que el desafío de la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones es transversal en la región; en general, en América Latina el gasto público en pensiones era de 4.9 por ciento del producto interno bruto en 2024 y se estima que llegará a 6.4 por ciento en 2050, sólo por el incremento demográfico. “México no es la excepción en este desafío”, sostuvo Salazar-Xirinachs.

