Entre los presos más destacados está el fundador de la CAM, Héctor Llaitul, quien cumple una condena de 23 años por ataques contra las autoridades, robo de madera y ocupación violenta de tierras. Quince años de su condena se debieron a incitación a la violencia.
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21 de julio de 2026 10:46
Fundo Pidenco
Tras años de reclamar tierras ancestrales mediante ocupaciones, sabotajes y choques con la policía, grupos militantes mapuches enfrentan uno de sus periodos más difíciles en décadas, por las largas condenas de prisión y la represión del nuevo presidente chileno de extrema derecha, José Antonio Kast.
Reuters es el primer medio de comunicación en acceder a Fundo Pidenco y uno de los pocos en llegar a otros centros simbólicos de la resistencia mapuche, incluidas comunidades a las que la policía y las autoridades estatales rara vez acceden.
Varias visitas ofrecieron una visión excepcional de un movimiento que enfrenta nuevas dificultades, mientras Kast promete restablecer el orden en el largo conflicto del sur de Chile.
Si bien algunas comunidades juran continuar la resistencia, las generaciones más jóvenes recurren cada vez más a vías legales como estudios universitarios, tribunales y campañas ambientales para defender sus tierras.
Los mapuches son el grupo indígena más numeroso de Chile y representan casi 9 por ciento de la población total, es decir, alrededor de 1.6 millones de personas, según los últimos datos del censo chileno. Son el único grupo en América que negoció un tratado de independencia con España tras siglos de resistencia. Gran parte del territorio mapuche permaneció fuera del control del Estado chileno hasta finales del siglo XIX.
La pérdida de tierras se aceleró durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando grandes extensiones de tierra fueron transferidas a firmas forestales.
La reforma agraria que benefició a los mapuches durante el gobierno del socialista Salvador Allende fue revertida en gran medida. Entre 1974 y 1994, se plantaron casi 1.7 millones de hectáreas de eucalipto y pino, gran parte de ellas en territorios mapuches. Si bien algunos mapuches han buscado la compra de tierras con apoyo estatal, otros han intentado recuperar su territorio mediante ocupaciones.
Activistas mapuches han incendiado vehículos, excavadoras, torres de tala, campamentos, almacenes y oficinas de empresas forestales. También han atacado iglesias, cabañas, cultivos y complejos turísticos pertenecientes a grandes terratenientes.
La organización más reconocida es la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que desde hace tiempo aboga por la recuperación del territorio "metro a metro" y el establecimiento de Wallmapu, un nuevo estado mapuche independiente con gobierno, moneda y política exterior propios.
Los miembros de la CAM dicen que solo atacan la propiedad de las empresas, no a las personas, pero los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, los terratenientes y los activistas han dejado casi 40 muertos en los últimos 30 años.
Una parte del sur de Chile se encuentra bajo estado de emergencia desde 2022. El expresidente izquierdista Gabriel Boric prometió resolver el conflicto mapuche mediante el diálogo, pero tras la expulsión a tiros de su ministra de Interior de la región y el aumento de incendios provocados y tiroteos reportados por las autoridades, declaró un estado de emergencia temporal que se ha prorrogado decenas de veces.
Presión creciente
Desde que asumió el cargo, Kast se ha comprometido a restablecer el orden en el sur y adoptar una postura más firme ante la violencia vinculada al conflicto.
En Temucuicui, uno de los centros más duros de la resistencia, la policía realizó redadas a gran escala en mayo, deteniendo a cinco activistas, entre ellos Jorge Huenchullan, un trabajador comunitario.
Su hermano, Jaime Huenchullan, dijo que la creciente militarización estaba exacerbando el resentimiento. El estado de emergencia ha llevado al Gobierno a desplegar tropas y vehículos blindados en la zona para patrullar y apoyar a otras autoridades gubernamentales.
"La militarización aquí lleva un poco más de cuatro años y cada vez se intensifica", dijo. Los vehículos son detenidos sistemáticamente y los niños interrogados mientras se dirigen a la escuela, acusó.
"Los niños, ¿no es cierto? Cada vez se convencen más a su temprana edad que el pueblo mapuche se tiene que luchar, se tiene que defender", agregó.
Los líderes califican los enjuiciamientos más severos y las penas de prisión más largas como persecución política.
Entre los presos más destacados está el fundador de la CAM, Héctor Llaitul, quien cumple una condena de 23 años por ataques contra las autoridades, robo de madera y ocupación violenta de tierras. Quince años de su condena se debieron a incitación a la violencia.
En respuestas escritas facilitadas a Reuters a través de su abogado, Llaitul describió los enjuiciamientos como parte de una estrategia más amplia para reprimir la resistencia mapuche.
"La criminalización pasa a ser una herramienta más de persecución política, tomando ribetes de carácter punitivo y de castigo más que de reeducación para someter y exterminar las resistencias", declaró.
Las autoridades han argumentado que la condena representa un paso importante hacia la reducción de la violencia en el sur de Chile.
La oficina de Kast remitió las preguntas sobre la represión y las denuncias de persecución política al Ministerio del Interior, instancia que no respondió a reiteradas solicitudes de comentarios.
Fundo Pidenco
Un recuento realizado por grupos indígenas estima que aproximadamente 150 mil hectáreas están ocupadas por comunidades mapuches.
Las comunidades del sur mantienen el acceso restringido, mientras que un estudio realizado por una asociación empresarial local estima que 12 mil 700 hectáreas están efectivamente fuera del alcance de la policía y las autoridades estatales.
Aproximadamente 2 mil 500 de esas hectáreas se encuentran en el Fundo Pidenco, una propiedad montañosa perteneciente a la empresa forestal Arauco, ocupada por activistas mapuches desde 2016.
Casi una década después, Fundo Pidenco continúa en transición. Una red de sinuosos caminos de tierra atraviesa las laderas, conectando casas de madera, pastizales y campos de lupino verde esmeralda.
"Esto era todo así como un desierto (...) pero con todo lo que nosotros hemos hecho aquí hemos ido sanando nuestro 'mapu' porque le hemos ido reconstruyendo y está volviendo la vida", dijo Orfelina Alcaman, una werken, o portavoz de la comunidad.
Alcaman, de 44 años, contó que creció escuchando historias de sus abuelos sobre cómo vivían y trabajaban en la tierra antes de que se convirtiera en parte de las propiedades forestales industriales.
Junto con otras familias y con el apoyo de la CAM, entró en Pidenco en 2016 y nunca se fue. "Desde el día uno de cuando pusimos un pie aquí (fue) con la postura de quedarnos, para no irnos", dijo.
"Nosotros no estamos pidiendo que se nos regale nada (...) Nosotros lo que queremos es el territorio para vivir como mapuche, desarrollarnos como mapuche, así hacer autonomía, desarrollar nuestra propia economía y vivir así de forma libre y digna".
Además, rechazó las acusaciones de que las comunidades mapuches involucradas en ocupaciones de tierras sean terroristas. "Nunca he matado a nadie. Nunca he secuestrado a nadie (...) pero yo por ser mapuche he venido a ocupar esta tierra que fue de mi ancestro. Bueno, si eso es terrorismo, entonces soy terrorista".
Señaló un tótem de madera tallada, conocido como chemamull, que se encuentra en la cima de una colina, en un cementerio que marca la tumba de Pablo Marchant, un activista de la CAM que murió durante un incidente con la policía en 2021 y que se ha convertido en un símbolo de resistencia.
"Yo vivo y muero aquí", dijo Alcaman, añadiendo que quiere ser enterrada junto a Marchant. "No nos vamos a rendir, o sea, pueden venir miles y cientos de militares, paco (policías), lo que sea. Pero lo único que yo les puedo decir que muertos (nos sacan)".
Arauco, la empresa forestal propietaria del terreno, no quiso hacer comentarios, lo mismo que Corma, la asociación de compañías forestales.
Solsticio de invierno
A fines de junio, días después de las celebraciones de We Tripantu, el Año Nuevo Mapuche, decenas de activistas y líderes se congregaron frente a un juzgado en Temuco, la misma ciudad donde Kast lanzó su campaña presidencial. En el juzgado, Pelentaro, hijo del activista encarcelado Llaitul, se enfrentaba a un futuro similar al de su padre.
Pelentaro Llaitul y otros cuatro jóvenes mapuches fueron acusados de participar en un ataque a una plantación forestal que dejó camiones y una excavadora incendiados.
Finalmente, fueron condenados a un año de prisión.
Fuera del juzgado, los simpatizantes permanecían en silencio alrededor de una hoguera en medio del frío invernal. El We Tripantu, que se celebra durante el solsticio de invierno del hemisferio sur, simboliza nuevos comienzos.
Tras la audiencia, Ernesto, el hijo mayor de Héctor Llaitul, se dirigió a la multitud.
"No tenemos por qué hoy día agachar la cabeza y estar avergonzados quizás de la situación en la que nos encontramos. Es la vida que nos tocó. Nosotros elegimos esta vida, la vida de la lucha", afirmó.
Reconoció el dolor de ver a otro miembro de la familia encarcelado, después de haber presenciado la condena de su padre a más de dos décadas.
"Entendíamos que este proceso iba a ser complejo (...) Todos sabemos que estamos un poco golpeados, que quizás nos han querido ganar una cierta batalla, pero que la guerra no nos han ganado", agregó.
La multitud respondía periódicamente con cánticos de "Marichiweu", que se traduce comúnmente como "Diez veces ganaremos". "Lo peor que le podemos hacer a un preso es abandonar la lucha que ellos abrazaron", dijo.
Sin embargo, mientras activistas veteranos recorren prisiones y tribunales, los jóvenes mapuches imaginan cada vez más formas diferentes de continuar la lucha.
Cerca de allí se encontraba Weftui, el hijo menor de Llaitul, de 20 años, estudiante de derecho en la Universidad de Chile, una de las mejores del país.
A diferencia de la generación de weichafes, o guerreros, que enfatizaba la confrontación directa, él ve la vía legal como una forma de defender a los presos mapuches y sus tierras ancestrales.
"No me decidí al principio 100% por estudiar derecho, pero me motivó harto el sueño de poder ayudar a los presos políticos mapuches. A mi familia igual, si es que se puede", dijo. Trabaja con las comunidades para explicar los derechos territoriales indígenas y las protecciones legales.Su trayectoria refleja cambios más amplios que se están produciendo en las comunidades mapuches, a medida que las generaciones más jóvenes buscan un equilibrio entre las tradiciones ancestrales, la educación superior y un conflicto en constante evolución.
Machi y la presa
La lucha también está cambiando en otros lugares.
En la región montañosa del Alto Biobío, Millaray Suárez, de 20 años, representa a una generación más joven que se enfoca menos en la recuperación de tierras forestales y más en la protección de los ríos.
Bosques, plantas medicinales y otros recursos naturales se ven amenazados por una nueva ola de empresas internacionales que han puesto sus ojos en el sur de Chile para proyectos eólicos, hidroeléctricos y de hidrógeno verde.
Suárez es una de las pocas jóvenes machis, o curanderas tradicionales, que utilizan plantas recolectadas en todo el sur de Chile. Asumir este rol significó permanecer en su comunidad y asumir responsabilidades que las generaciones anteriores de curanderos tuvieron dificultades para transmitir.
Líderes locales dicen que tanto las machis como el lahuen —plantas medicinales utilizadas en la medicina tradicional— son cada vez más escasos debido a la pérdida de tierras. La lucha por la tierra también ha evolucionado.
El padre de Suárez, Lonko Segundo Suárez, pasó años luchando por el territorio después de que las comunidades fueron desplazadas a tierras rocosas y menos productivas en la Cordillera de los Andes.
Hoy, la familia se centra en oponerse a la represa hidroeléctrica Rucalhue, que la china Three Gorges está construyendo en el río Biobío. El proyecto, dicen, amenaza áreas de bosques primarios donde aún crecen plantas medicinales raras.
"Eso se va a inundar en algún momento, va a desaparecer ese lahuen, donde nosotros los machis vamos a recolectar ese lahuen, ese remedio", dijo Suárez. "No solamente venimos a hacer remedio, no venimos solamente a sanar. También venimos a proteger lo poco que está quedando", agregó.
Pese al rechazo de una orden judicial presentada por los machis locales, ella se mantiene firme. Mientras muchos jóvenes mapuches emigran a las ciudades en busca de oportunidades, Suárez cree que su generación tiene la responsabilidad de quedarse.
"Nuestros antiguos lucharon, lucharon harto, los mataron y hoy en día quedamos nosotros los jóvenes. Y así como ellos dieron la vida por defender esta tierra, nosotros vamos a dar también la vida, por defender lo poco que nos está quedando", aseguró.
Albergará Colombia sede del Escudo de las Américas de Trump, indica mandatario electo
La base estará en Medellín, “cabeza de la serpiente del narco”, afirma De la Espriella
Jairo Gómez Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Miércoles 22 de julio de 2026, p. 23
Bogotá. Aunque no ha tomado posesión del cargo, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, concedió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, una recompensa por su apoyo: “Medellín será la sede del Escudo de las Américas” en la nación sudamericana.
Justificó su decisión al señalar que será la estrategia para combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región. “Medellín fue escogida porque allí operan algunos de los principales cabecillas de estructuras criminales del país”, explicó.
Aunque tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto, De la Espriella ya comenzó a tomar decisiones que revelan su proclividad al gobierno de Estados Unidos, nación a la cual “le debe lealtad”, ya que así lo declaró en el momento en que adoptó la nacionalidad estadunidense.
“Vamos a tener la sede principal del Escudo de las Américas mediante un convenio con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la sede será Medellín, porque aquí está la cabeza de la serpiente del trasiego de drogas y el crimen organizado”, argumentó el presidente electo en reunión con los mandatarios locales del departamento de Antioquia.
Antioquia y su capital Medellín, ubicada aproximadamente a 550 kilómetros al noroccidente de Bogotá, es una región considerada pujante e industrial, pero al mismo tiempo es la cuna de dos organizaciones criminales que sembraron el terror en el país: el cártel de Medellín, en los años 80, y los grupos paramilitares, en los 90.
Según De la Espriella, las estructuras delincuenciales que desde allí irradian sus delitos para el resto del país “tienen los días contados. O se someten o se les da de baja, como en derecho corresponde”, sentenció.
Con el Escudo de las Américas se consolida la Estrategia de seguridad nacional divulgada por Estados Unidos el 30 de noviembre de 2025, cuyo objetivo es impulsar una coalición militar de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico en la región o hemisferio occidental, detener la inmigración irregular y, por ende, contrarrestar la influencia comercial de China en Latinomérica.
El presidente Gustavo Petro vaticinó este lunes en plaza pública ante miles de seguidores que “Colombia dejará de ser un país soberano a partir de este 7 de agosto”.
Aseguró que Abelardo de la Espriella “será un sirviente de Estados Unidos. Pasaremos del estatuto de república a uno de virreinato. Agregó: “Trump y Rubio mandarán”, en alusión también al secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio.
Empresario, el próximo embajador en México
El empresario Mauricio Tobón Franco anunció en X que De La Espriella lo nombró próximo embajador en México, “con quien nuestra patria ha mantenido durante la historia una fraterna hermandad. Seré el representante de 50 millones de colombianos y mi objetivo será fortalecer el intercambio comercial, cultural y tecnológico entre las dos naciones”.
“Ruffo, Texas y la hidra del huachicol: lo que falta del otro lado de la frontera”
La detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna de México y figura histórica del PAN, hoy integrante de Somos Mx, manda una señal que trasciende su biografía política.
Por un lado, la captura envía la señal de que los lazos políticos del pasado ya no garantizan inmunidad frente a delitos de delincuencia organizada y, por otro, no menos importante, presiona éticamente a las autoridades estadunidenses para que procedan y clausuren las empresas texanas que abastecen el contrabando de combustible en México.
Aquí la clave, o al menos una de ellas, es Ingemar, empresa de la que es socio el ex gobernador Ruffo, señalada en el megadecomiso de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, y parte de una investigación con órdenes de aprehensión contra aduaneros, militares y empresarios.
La captura de Ruffo acapara los titulares por su peso político, pero mirarlo como la cabeza principal de la hidra sería un error de diagnóstico: en este engranaje de corrupción y contrabando, él es una pieza remplazable.
Para mover volúmenes de hidrocarburo ilegal de tal magnitud a través de las fronteras se requiere una maquinaria por demás sofisticada. No basta con la audacia de un viejo político casi en el retiro, o de la ambición de un puñado de empresarios en el corredor industrial de Saltillo.
Este esquema necesitó de la colusión de aduanas, de la falsificación de pedimentos para hacer pasar gasolina por simples “lubricantes”, y del suministro cómplice de empresas estadounidenses que operan bajo el cobijo de la legalidad texana. Por ello, lo relevante ahora no es sólo el arresto de Ernesto Ruffo en sí, sino lo que venga después.
El ex gobernador es sólo una pieza de muchas en este entramado criminal con tentáculos en México y Estados Unidos. En México se investiga y limpia a las estructuras portuarias y aduaneras que permitieron que este fraude fiscal operara durante años. Falta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de ese país procedan penalmente y de forma simultánea en contra de las empresas texanas involucradas en este entramado criminal transnacional.
La composición societaria importa tanto como el delito mismo. Ernesto Ruffo Appel llegó a Ingemar como socio en 2021, incorporado por el empresario José Merino Valdés Cuervo —detenido también el pasado 16 de julio—, en sociedad con la comercializadora estadounidense Belar Fuels Company. Es decir, capital político, capital empresarial nacional y un socio extranjero, todos operando juntos para falsificar pedimentos de importación y subdeclarar volúmenes de combustible ilegal.
El caso Ruffo deja de ser un asunto exclusivamente mexicano en cuanto se examina de dónde salía el combustible ilegal,Texas. Belar Fuels Company, con sede en Corpus Christi, era el principal proveedor de Ingemar y facilitaba el ingreso del hidrocarburo; Lambrucar, con sede en Houston y sucursales en varios estados mexicanos, apareció sellada directamente en los ferrotanques decomisados por autoridades mexicanas.
El propio Departamento de Justicia estadounidense reconoció que investiga el papel de estas empresas en el transporte del combustible, y llegó a describir a Texas no como un simple productor, sino como el punto donde el crudo robado en México se lava, se legaliza y se redistribuye.
México puede detener gobernadores y confiscar ferrotanques, pero mientras el origen del fraude no se toque con el mismo rigor, la red seguirá teniendo un proveedor dispuesto del otro lado de la frontera. El ingreso ilegal de hidrocarburos a México desde Estados Unidos no podría explicarse sin la colusión y participación activa de compañías operando desde el otro lado de la frontera
La confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que hay empresarios de Estados Unidos bajo investigación en la FGR es un paso importante, ahora la pregunta pendiente es si el Departamento de Justicia estadounidense actuará con la misma determinación que sus contrapartes mexicanas, o si el caso quedará, una vez más, resuelto sólo de un lado del Río Bravo, el nuestro.
