Hermann Bellinghausen
05 de octubre de 2026 09:44
Acarreo es una palabra de connotaciones rurales. En su origen debió aludir al ganado; con el tiempo y la modernidad, pasó a denominar las movilizaciones masivas que organizaban el PRI o su gobierno. Masas para lo que guste, señor licenciado. Si quiere se las movemos un poquito más allá. Como usted diga. A partir del triunfo revolucionario, el Estado mexicano se legitimaba en el pacto social que simbolizaban sus grandes actos tumultuarios. La expropiación petrolera afianzó la raíz de esta legitimidad, y a la vez del acarreo: en 1938, las masas que apoyaron espontáneamente las medidas del general Cárdenas ya tenían varios años manifestándose sin miedo a las balas de la Revolución reciente. Allí maduró un recurso (renovable) útil para fabricar el consenso nacional, y a partir de entonces la organización corporativa fue haciendo más dúctiles a los obreros, campesinos y empleados, siempre presentes cuando los convocaban los presidentes.
El estadista-empresario por excelencia, Miguel Alemán, pudo ser aclamado sin rubor un primero de mayo como Primer Obrero de la Nación. Desde entonces el Estado organizaba y movía a las masas con éxito más que pasable; si hasta parecían convencidas. Podría hablarse de un virtuosismo priísta para el acarreo y el control. Los acarreados casi nunca iban por las malas, incluso cuando los amenazaban o les ofrecían a cambio un día libre o una torta acudían con moderada disposición a la alegría. Una característica del acarreo era su aceptación; para la gente, en el peor de los casos era un mal menor, y no pocas veces favorecía necesidades personales, gremiales o ejidales. Deficiente porque a veces sus bases se confundían con la Nación y ahí sí ni modo (todavía no estábamos tan maduros como para resolver los asuntos de todos los mexicanos), la gestoría del PRI para sus fieles le arrojó durante sexenios saldos favorables.
Tradicionalmente, el Estado apela a unas masas de por sí prodigiosamente organizables; el caso extremo fue el temblor de 1985, cuando la por entonces ciudad más poblada del planeta se organizó por su propia cuenta. Cuatro o cinco generaciones fueron educadas según la preceptiva que maduró con el PRI y sus secuelas. Los acontecimientos del 28 de agosto de 1968 en el Zócalo marcaron, a nivel de la calle, la expansión de una crisis política. Ese día los acarreados se rebelaron, balaron airadamente y fueron agredidos por los tanques del mismo gobierno que los convocó para oírlos refrendar su apoyo al señor presidente y “desagraviar” al lábaro patrio.
Un día antes, 27 de agosto, miles de estudiantes habían tomado las calles y dirigieron al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (GDO) su famoso pliego petitorio. Ocuparon el Zócalo e izaron con audacia en el asta central una bandera de huelga. Caliente como estaba el trompudo (GDO), con sus secretarios de Gobernación (licenciado Echeverría) y Defensa Nacional (general García Barragán) les echó al Ejército para desalojar con tanquetas y tropas armadas a los estudiantes.
El gobierno se quiso lavar la cara y se sacó de la manga una rápida y forzada “Ceremonia de desagravio” para el día siguiente. El acarreo de unos miles de trabajadores del sindicato de burócratas y trabajadores del Departamento del Distrito Federal, “obediente” sector del charrismo sindical entonces dominante, que aún hoy se resiste a morir; la exhibición actual de momias de las viejas centrales es de risa loca.
Aquellos trabajadores capitalinos acudieron, pero bajo protesta. Cuando sus acarreadores ordenaron el desalojo de la Plaza, entraron 14 tanquetas para encapsular a los desagraviadores alebrestados. El Palacio Nacional vomitó soldados que dispararon contra la multitud con fines disuasorios. La prensa, por supuesto, se esmeró en pasteurizar la historia, responsabilizando a los estudiantes por el desorden en el rebaño oficialista.
En 1968, el Estado parecía tan campante. La fe en el progreso se cimentaba en la apacible acción ecuménica de Fidel Velázquez y la Mitra, que pastoreaban a la grey sin fisuras de consideración. Ese año irrumpieron unas masas amorfas y juveniles, sin credencial de la FSTSE o la CNOP, identificadas con una conjura del caos, pues escapaban al control rutinario, e iniciaron movilizaciones cada vez mayores y más inquietantes. Ya se hablaba de muertos, había decenas de detenidos, muchos habitantes de la ciudad vivían en un virtual estado de sitio. Ahora resultaba que los estudiantes, esa “masa caótica”, habían agraviado a la Bandera Nacional y, por tanto, a la Patria, izando en el asta una bandera rojinegra, hagan ustedes el favor. Los trabajadores, como un solo hombre, repudiarían tan ruin atentado con la coreografía de su lealtad.
Contra lo que se esperaba de ellos, los trabajadores del Distrito Federal sacaron sus propias conclusiones. Inspirados por los estudiantes, algunos de ellos hijos suyos, no tuvieron miedo. “Somos borregos, bee, bee”. Pero el gobierno sí. Desconfió de sus propias bases, ni a ellas les toleró la menor inconformidad; como se pusieron pesadas, también les tocó su agüita. Pocas semanas después vendría la masacre.
05 de octubre de 2026 09:44
Acarreo es una palabra de connotaciones rurales. En su origen debió aludir al ganado; con el tiempo y la modernidad, pasó a denominar las movilizaciones masivas que organizaban el PRI o su gobierno. Masas para lo que guste, señor licenciado. Si quiere se las movemos un poquito más allá. Como usted diga. A partir del triunfo revolucionario, el Estado mexicano se legitimaba en el pacto social que simbolizaban sus grandes actos tumultuarios. La expropiación petrolera afianzó la raíz de esta legitimidad, y a la vez del acarreo: en 1938, las masas que apoyaron espontáneamente las medidas del general Cárdenas ya tenían varios años manifestándose sin miedo a las balas de la Revolución reciente. Allí maduró un recurso (renovable) útil para fabricar el consenso nacional, y a partir de entonces la organización corporativa fue haciendo más dúctiles a los obreros, campesinos y empleados, siempre presentes cuando los convocaban los presidentes.
El estadista-empresario por excelencia, Miguel Alemán, pudo ser aclamado sin rubor un primero de mayo como Primer Obrero de la Nación. Desde entonces el Estado organizaba y movía a las masas con éxito más que pasable; si hasta parecían convencidas. Podría hablarse de un virtuosismo priísta para el acarreo y el control. Los acarreados casi nunca iban por las malas, incluso cuando los amenazaban o les ofrecían a cambio un día libre o una torta acudían con moderada disposición a la alegría. Una característica del acarreo era su aceptación; para la gente, en el peor de los casos era un mal menor, y no pocas veces favorecía necesidades personales, gremiales o ejidales. Deficiente porque a veces sus bases se confundían con la Nación y ahí sí ni modo (todavía no estábamos tan maduros como para resolver los asuntos de todos los mexicanos), la gestoría del PRI para sus fieles le arrojó durante sexenios saldos favorables.
Tradicionalmente, el Estado apela a unas masas de por sí prodigiosamente organizables; el caso extremo fue el temblor de 1985, cuando la por entonces ciudad más poblada del planeta se organizó por su propia cuenta. Cuatro o cinco generaciones fueron educadas según la preceptiva que maduró con el PRI y sus secuelas. Los acontecimientos del 28 de agosto de 1968 en el Zócalo marcaron, a nivel de la calle, la expansión de una crisis política. Ese día los acarreados se rebelaron, balaron airadamente y fueron agredidos por los tanques del mismo gobierno que los convocó para oírlos refrendar su apoyo al señor presidente y “desagraviar” al lábaro patrio.
Un día antes, 27 de agosto, miles de estudiantes habían tomado las calles y dirigieron al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (GDO) su famoso pliego petitorio. Ocuparon el Zócalo e izaron con audacia en el asta central una bandera de huelga. Caliente como estaba el trompudo (GDO), con sus secretarios de Gobernación (licenciado Echeverría) y Defensa Nacional (general García Barragán) les echó al Ejército para desalojar con tanquetas y tropas armadas a los estudiantes.
El gobierno se quiso lavar la cara y se sacó de la manga una rápida y forzada “Ceremonia de desagravio” para el día siguiente. El acarreo de unos miles de trabajadores del sindicato de burócratas y trabajadores del Departamento del Distrito Federal, “obediente” sector del charrismo sindical entonces dominante, que aún hoy se resiste a morir; la exhibición actual de momias de las viejas centrales es de risa loca.
Aquellos trabajadores capitalinos acudieron, pero bajo protesta. Cuando sus acarreadores ordenaron el desalojo de la Plaza, entraron 14 tanquetas para encapsular a los desagraviadores alebrestados. El Palacio Nacional vomitó soldados que dispararon contra la multitud con fines disuasorios. La prensa, por supuesto, se esmeró en pasteurizar la historia, responsabilizando a los estudiantes por el desorden en el rebaño oficialista.
En 1968, el Estado parecía tan campante. La fe en el progreso se cimentaba en la apacible acción ecuménica de Fidel Velázquez y la Mitra, que pastoreaban a la grey sin fisuras de consideración. Ese año irrumpieron unas masas amorfas y juveniles, sin credencial de la FSTSE o la CNOP, identificadas con una conjura del caos, pues escapaban al control rutinario, e iniciaron movilizaciones cada vez mayores y más inquietantes. Ya se hablaba de muertos, había decenas de detenidos, muchos habitantes de la ciudad vivían en un virtual estado de sitio. Ahora resultaba que los estudiantes, esa “masa caótica”, habían agraviado a la Bandera Nacional y, por tanto, a la Patria, izando en el asta una bandera rojinegra, hagan ustedes el favor. Los trabajadores, como un solo hombre, repudiarían tan ruin atentado con la coreografía de su lealtad.
Contra lo que se esperaba de ellos, los trabajadores del Distrito Federal sacaron sus propias conclusiones. Inspirados por los estudiantes, algunos de ellos hijos suyos, no tuvieron miedo. “Somos borregos, bee, bee”. Pero el gobierno sí. Desconfió de sus propias bases, ni a ellas les toleró la menor inconformidad; como se pusieron pesadas, también les tocó su agüita. Pocas semanas después vendría la masacre.
Conquistas de la guerra contra las drogas
Estefanía Ciro*
Una pareja de misioneros estadunidenses sentados mira a la cámara, rodeados de niños y niñas indígenas peruanas. Entre ellos está su hijo de siete años, y en las piernas de su madre, su bebé de siete meses. Ambos sonríen en la fotografía. De ellos se sabe que se trasladan en un pequeño avión en Perú piloteado por otro estadunidense sobre la selva amazónica cuando una aeronave de la Fuerza Aérea peruana les disparó, asesinando a la madre y la bebé, y dejando seriamente heridos a los otros tripulantes. En 1997 un reporte de la CIA anunció que su programa de interceptación aérea contra el narcotráfico llamado Air Bridge Denial Program (ABDP) era el máximo éxito en la lucha contra las drogas y que se reflejaba en el declive de los cultivos de coca en Perú y de la exportación de cocaína. En abril de 2001, pocos días después del ataque a la familia misionera, el programa fue cancelado abruptamente.
Para finales de los años 80 y principios de los 90, se hablaba de un “puente aéreo” entre Perú y Colombia que movilizaba pasta base de cocaína entre ambos países, y que en 1994, según datos de Estados Unidos, alcanzaron más de 428 vuelos en aviones civiles. Este tránsito se convirtió en el primer objetivo de la Guerra contra las Drogas durante la presidencia de George H.W. Bush (1989-1993) en la región, y en Perú se expresó en cuatro pilares de siempre: interdicción, erradicación, desarrollo alternativo y disminución de la demanda. Todo esto en medio de la guerra contrainsurgente contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y de la llegada al poder de Alberto Fujimori con sus 126 decretos de choque, acompañado de Vladimiro Montesinos, el zar de inteligencia del Perú, reclutado por la CIA en los años 70, a quien se le pagaba un millón de dólares anuales durante los 90 y con quien se articuló el programa Airbridge Denial. La doctrina Fujimori declaró estado de emergencia en los territorios con presencia de coca, como el Huallaga, y un plan de destrucción de aeropuertos y pistas en la región.
Desde el fin de la guerra fría, la actitud de la guerra contra las drogas por parte de la CIA cambió; lo que antes fue considerado como una guerra perdida, se convirtió en una línea con financiación, agentes y redes que creó al Centro de Crímenes y Narcóticos de la CIA, y con esto aparecieron nuevas misiones. Entre 1994 y 2001, la CIA en Lima tumbó 15 avionetas, aunque otros informes afirman que fueron 35. Según la agencia, se defendió este programa en Estados Unidos como un programa al-tamente clasificado y con pro-cedimientos estrictos para evi-tar violación de derechos hu-manos, pero la realidad es quebuscaban protección bajo lasleyes estadunidenses. No con-taban que la división de Amé-rica Latina de la agencia sobre-salía por saltarse todas las reglas éticas y jurídicas y estaba dirigida por José Rodríguez y un grupo de agentes que ha-bían sido entrenados partici-pando en el escándalo de los Irán-Contras. Se replicó en la experiencia del Perú el mismo lema: l a misión estaba por enci-ma de los medios, aun si era necesario romper todas las reglas.
Supuestamente, los procedimientos de capturas de aeronaves tenían unos pasos estrictos. Los paramilitares y contratistas de la CIA acompañarían la operación con un avión Citation, mientras la Fuerza Aérea iría con un Cessna 37. Los aviones tendrían una cámara de grabación y tendrían como procedimiento identificar la avioneta y contactar su piloto, usar señas internacionales de contacto visual, lanzar disparos de fuego de anuncio de peligro y si no se disuadía con esto, se procedía a destruir la aeronave. Según los abogados del gobierno estadunidense, se protegía legalmente a los funcionarios gringos de violaciones por fuera de su país.
El crimen de los misioneros destapó que la división de la CIA en América Latina hacía lo que quería. Diez de quince tiroteos mostraron que entre el primer contacto de la avioneta hasta su derribamiento apenas duraba dos minutos y, en particular, la grabación del asesinato de la familia misionera estadunidense mostró que no identificaron el número de la aeronave ni hicieron inteligencia, no hicieron ningún tipo de contacto, y tampoco dispararon tiros de advertencia, no tuvieron autorización de matar. Solamente dispararon. Tras el reporte, la cinta desapareció.
Uno de los informes sólo recopiló, sin contrastar, los relatos de los funcionarios involucrados. El vicepresidente Cheney exigió otra rendición de cuentas que demostró que el programa no proporcionó información completa ni precisa, aunque lo terminaron escondiendo hasta 2010 y nunca se juzgó a nadie. Bajo este manto de impunidad, en 2003 se firmó un acuerdo entre el gobierno colombiano y Estados Unidos para replicar la estrategia que sigue hasta el presente, reemplazaron a la CIA e involucraron al Departamento de Estado (INL), el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Con la firma de este acuerdo en Colombia se creó y consolidó la infraestructura de radares más potente de la región y que en los más recientes años se extendió a la frontera con Ecuador y en la triple frontera amazónica, en el Amazonas. Tres décadas después, los resultados son claros: la producción de cocaína y su tráfico ha alcanzado niveles históricos y lograron la instauración de una retaguardia militar estratégica de Estados Unidos en América Latina conquistando los cielos, regulando el mercado.
*Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva
