Trump plantea “control amistoso” de la isla
▲ Un residente de La Habana carga un televisor junto a una pancarta en apoyo al fallecido general Fidel Castro.Foto Afp
Ap, Reuters y Afp
Periódico La Jornada Sábado 28 de febrero de 2026, p. 17
La Habana., Las autoridades cubanas informaron anoche que los siete detenidos procedentes de Estados Unidos que pretendían realizar una infiltración armada enfrentarán cargos que implican entre 10 y 30 años de cárcel, e incluso la pena de muerte.
Horas antes, el presidente estadunidense, Donald Trump, planteó la posibilidad de tomar “un control amistoso” de la isla y aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está tratando el asunto “a muy alto nivel” con funcionarios de La Habana.
El coronel cubano Ybey Carballo Pérez, jefe de las tropas guardafronteras, presentó en un programa especial difundido por televisión nacional las armas y el equipo que traían consigo los 10 tripulantes procedentes de Florida.
Destacó que los fusiles incautados poseen un alcance de 800 metros y una de las pistolas tiene capacidad para perforar chalecos antibalas. Se contabilizaron 134 cargadores y más de 12 mil municiones de diferentes calibres.
También se incautó un dron con dos cámaras, diez equipos de comunicación, cuchillos de comando, una planta eléctrica portátil y emblemas de los anticastristas movimiento 30 de noviembre y autodefensa del pueblo.
Reiteró que Cuba mantiene cooperación operacional con Washington en materia migratoria, de narcotráfico, búsqueda y salvamento.
Añadió que durante el incidente con la lancha invasora hubo intercambio, casi en tiempo real, con el enlace en la embajada estadunidense y con autoridades en Miami.
Edward Robert Campbell, representante de la fiscalía general, señaló que los detenidos, varios de los cuales ya figuraban en la lista nacional de personas vinculadas al terrorismo, enfrentan cargos por agresión armada, entrada ilegal al territorio nacional y delitos asociados a actos terroristas, violencia y tráfico ilícito de armas.
La legislación cubana prevé para estos crímenes penas que oscilan entre 10 y 15 años de cárcel en los casos menos graves, y entre 20 y 30 años o la pena de muerte para los delitos más severos.
Señaló además que, al tratarse de hechos financiados desde el exterior, las personas involucradas fuera del país también podrían enfrentar cargos por financiamiento al terrorismo; este podría ser el caso de Maritza Lugo, cubana radicada en Estados Unidos y cabecilla del movimiento 30 de noviembre.
Cubadebate reportó que los involucrados también habrían violado disposiciones legales estadunidenses relativas a la navegación y portación de armas.
Más temprano, el jefe de la Casa Blanca sostuvo que “el gobierno cubano está hablando con nosotros y se encuentra en serios apuros. No tienen dinero. Ahora mismo no tienen nada, pero están dialogando con nosotros y quizá llevemos a cabo una toma amistosa de Cuba”.
Cuando triunfó la revolución, Trump tenía 16 años. “He escuchado sobre Cuba desde que era un niño. Están en serios problemas. Por decirlo de alguna manera, son una nación fallida y quieren nuestra ayuda”, indicó.
Al cierre de esta edición el gobierno de Cuba no se había pronunciado sobre las declaraciones del magnate republicano.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó las acciones de Washington para impedir el acceso de La Habana al petróleo y alertó sobre el impacto en la población de la nación caribeña. “Nada puede justificar la asfixia de una población“, enfatizó.
Solidaridad humanitaria manoseada
Los aranceles de Trump, leídos desde esta clave, son la coerción. Un sistema que bloquea la solidaridad energética en nombre de la soberanía y hay que desmontar la naturalización de los aranceles como “inevitables” y exponerlos como decisiones criminales concretas.
Foto Ap / archivo Foto autor
Fernando Buen Abad Domínguez*
28 de febrero de 2026 00:01
Es inaceptable el manoseo imperial contra a la solidaridad humanitaria. Reinan los chantajes en una escena de atropellos donde el poder imperial obstaculiza, ayuda y convierte la necesidad en moneda de odio. No es una metáfora ligera ni una hipérbole retórica, es una estructura semiótica concreta en la que el signo “solidaridad” ha sido vaciado de su contenido ético para ser rellenado con la lógica coercitiva del mercado y la geopolítica imperial. En el caso de los aranceles impuestos por Donald Trump –particularmente aquellos que afectan directa o indirectamente a flujos energéticos, petróleo incluido– se observa con nitidez un fenómeno de colonización semántica: la ayuda humanitaria es resignificada como concesión condicional, como premio al sometimiento o castigo a la desobediencia.
En el plano denotativo, los aranceles se presentan como armas económicas “legítimas”, “defensivas”, orientadas a proteger valores nacionales. Pero en el plano connotativo –y sobre todo en el plano ideológico– operan como dispositivos de presión que bloquean o encarecen recursos vitales para poblaciones enteras. El petróleo, en tanto signo material y simbólico, condensa esta contradicción. Es energía, es trabajo acumulado, es posibilidad de calefacción, transporte, producción de alimentos, salud; pero bajo el régimen de castigo arancelario se transforma todo en rehén político. Trump quiere que la solidaridad mexicana, por ejemplo, expresada en petróleo, deje de ser un gesto de humanidad compartida para convertirse en una ficha en el tablero del poder imperial.
Insistamos en que no hay inocencia en los signos del poder. Todo signo producido desde una estructura de dominación lleva inscrita su intencionalidad histórica. Los aranceles trumpistas no son meros instrumentos técnicos; son enunciados criminales que dicen: “ayudaremos si obedecen”, “comerán si aceptan nuestras reglas”, “se calentará su invierno si alinean su política exterior”. Este enunciado no siempre se pronuncia explícitamente, pero su eficacia reside precisamente en su carácter implícito, naturalizado por el discurso económico dominante y reproducido acríticamente por los aparatos mediáticos. Otra vuelta de tuerca al bloqueo.
Desde la semiótica critica es posible ver el chantaje del imperio como una torsión del eje significante-significado. El significante “ayuda” permanece, pero su significado se desplaza hacia el control. El resultado es un signo esquizofrénico que proclama valores humanitarios mientras ejecuta prácticas inhumanas. Este desdoblamiento no es una falla del sistema, sino su modo normal de funcionamiento. El capitalismo necesita simular moralidad para sostener su legitimidad, incluso cuando sus acciones producen sufrimiento masivo. Así, la solidaridad se convierte en espectáculo, en narrativa de beneficencia que oculta relaciones estructurales de saqueo. Sus sanciones son un crimen de lesa humanidad.
Nuestro petróleo, en este contexto, funciona como “signo nodal”. Atraviesa múltiples cadenas significantes, economía, geopolítica, ecología, guerra, vida cotidiana. Hospitales, escuelas, talleres, incubadoras… Cuando los aranceles encarecen todo o restringen, no sólo afectan a los Estados productores o consumidores, sino que reconfiguran el campo de posibilidades de millones de personas concretas. La imposibilidad de acceder a energía barata se traduce en hospitales sin insumos, transporte inaccesible, alimentos más caros, viviendas sin calefacción. Sin embargo, el discurso dominante invisibiliza estas consecuencias y desplaza la responsabilidad hacia abstracciones como “el mercado” o “las sanciones necesarias”.
Aquí emerge la dimensión ética de la crítica humanista. La solidaridad auténtica no puede ser condicional ni selectiva sin traicionarse a sí misma. Si la ayuda depende de la alineación política, deja de ser ayuda y se convierte en coerción. Desde una ética de la vida, la energía –y el petróleo en particular, mientras no existan alternativas plenamente desarrolladas y accesibles– debe ser pensada como un bien social, no como un arma. El chantaje arancelario viola este principio al instrumentalizar una necesidad básica para obtener ventajas estratégicas.
Una semiótica científica y crítica aporta herramientas para desmontar esta operación. Permite mostrar cómo los discursos oficiales construyen un “nosotros” moralmente superior que “ayuda” a un “ellos” problemático, irresponsable o peligroso. Este binarismo legitima la violencia económica al presentarla como corrección pedagógica. El otro no sufre por nuestra acción, sino por su propia rebeldía al cumplir las reglas del amo. De este modo, el sufrimiento real es borrado del campo semántico y sustituido por una narrativa de merecimiento.
Pero la crítica no puede quedarse en el análisis del signo; debe avanzar hacia la praxis transformadora. Y la batalla semiótica es inseparable de la batalla política. Desenmascarar el chantaje imperial, contra la asistencia humanitaria, implica disputar el sentido mismo de la solidaridad. Porque ayudar no es dominar, cooperar no es imponer, compartir recursos no puede estar subordinado a la rentabilidad ni a la obediencia geopolítica de los buitres imperiales. Implica, también, denunciar que los aranceles de Trump que obstaculizan la circulación de energía, son formas de violencia estructural equiparables –en sus efectos– a otras formas más visibles de agresión.
No hay humanidad posible sin condiciones materiales dignas, y que estas condiciones no pueden depender del humor de un presidente ni de la lógica especulativa de los mercados. La solidaridad expresada en petróleo, cuando es genuina, es un acto de reconocimiento del otro como igual, no como súbdito.
Los aranceles de Trump, leídos desde esta clave, son la coerción. Un sistema que bloquea la solidaridad energética en nombre de la soberanía y hay que desmontar la naturalización de los aranceles como “inevitables” y exponerlos como decisiones criminales concretas, con responsables concretos y víctimas concretas. La solidaridad manoseada con chantajes es un síntoma de una crisis del capitalismo y sus burguesías. No se trata sólo de Trump o de sus aranceles, sino de un sistema que ha aprendido a hablar el lenguaje de los derechos mientras los viola sistemáticamente. La tarea humanista consiste en devolverle a las palabras su densidad ética, en reconectar los signos con la vida que dicen defender.
Mientras el petróleo siga siendo usado como arma y no como puente y la ayuda siga condicionada por la obediencia, la solidaridad seguirá siendo una palabra secuestrada. Liberarla es un acto político, semiótico y profundamente humano. Y urgente.
*Doctor en filosofía
Jornadas de 12 horas y menos indemnización: Congreso argentino avala reforma laboral de Milei
La llamada "ley de modernización laboral" es criticada por los sindicatos y parte de la oposición. Entre otros puntos, reduce indemnizaciones, permite
pagos en especies (bienes o servicios), limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir. Foto: Afp Foto autor
Afp
27 de febrero de 2026 20:40
Buenos Aires. El Congreso argentino aprobó la noche de este viernes la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, una victoria para el líder ultraderechista en su intento de fomentar la contratación mediante la flexibilización de las normas laborales.
La llamada "ley de modernización laboral" es criticada por los sindicatos y parte de la oposición. Entre otros puntos, reduce indemnizaciones, permite pagos en especies (bienes o servicios), limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir.
"Histórico. Tenemos modernización laboral", festejó Milei en la red X.
"Es una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea de que destruir empleos es defender derechos", señaló en defensa del proyecto la senadora oficialista Patricia Bullrich.
"Métanselo en la cabeza: no hay empleo si no hay inversión, si no hay empresas", afirmó, al asegurar que "la previsibilidad" y "las reglas claras" favorecerán la creación de nuevos emprendimientos.
Más temprano este viernes, cientos de manifestantes de agrupaciones sociales, gremiales y de izquierda se concentraron ante el Congreso con carteles como "no a la esclavitud" y cantando el lema "la patria no se vende".
"Van a disponer de nuestro tiempo, van a ser vacaciones fragmentadas, lo del banco de horas es un desastre", dijo a la AFP Vanessa Paszkiewicz, de 45 años. "Si una madre o padre tiene que cumplir con una actividad con sus hijos, ¿pensás que tu empleador va a negociar (las horas) a tu favor?", cuestiona.
Con 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, los senadores aceptaron una modificación del texto introducida por los diputados la semana pasada en un debate marcado por protestas y una huelga general que ralentizó al país. Con este voto, el proyecto se vuelve ley.