El accidente ferroviario en España reabre el debate sobre la seguridad de la red de alta velocidad y sus repercusiones políticas.
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Beñat Zaldua
31 de octubre de 2026 00:03
No será la primera vez que tragedias sobre dos raíles condicionen el resultado de unas elecciones españolas. El 14 de marzo de 2004, los votantes dieron un vuelco a todas las encuestas y castigaron las mentiras del PP de José María Aznar sobre los atentados islamistas de Atocha, ocurridos tres días antes. La derecha española insistió en acusar a ETA en contra de todas las evidencias, porque un atentado islamista apuntaba directamente a la decisión de José María Aznar de participar en la invasión de Irak. Les salió mal, y el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, recuperó la Moncloa.
Dos décadas más tarde, es el trágico accidente en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla el que ha irrumpido con fuerza en la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre, cuyo resultado probablemente condicionarán los cerca de 70 muertos en el fatal suceso.
Llueve sobre mojado. En enero, fueron 46 los pasajeros fallecidos en otro accidente en la misma línea, la primera de alta velocidad que estrenó España, cuyo complejo de nuevo rico le ha llevado a invertir miles de millones de euros en ser el país europeo con más kilómetros de trenes de alta velocidad –y el segundo del mundo, después de China–. Todo para después racanear en medios humanos y materiales para operar y mantener semejante derroche, del todo innecesario. PSOE y PP, reyes de la escena política española casi en exclusividad durante décadas, son igualmente responsables de la cadena de despropósitos que ha acabado con una costosísima infraestructura ferroviaria llena de incidentes. Primero priorizaron la alta velocidad sobre los trenes de cercanías y media distancia, y luego, en 2021, como no había manera de bajar los precios, decidieron liberalizarla y dar entrada a operadores privados. ¿Qué iba a salir mal?
La responsabilidad, decimos, es compartida entre PSOE y PP, pero es el primero el que gobierna, y le va a costar mucho levantar cabeza. El golpe a la campaña es demoledor. No tanto porque vaya a decantar más gente hacia la derecha –esos ya están hipermovilizados–, sino porque rompe el embrujo de Pedro Sánchez en campaña. La tendencia era muy buena para el presidente, la ilusión irradiaba a raudales, y el milagro volvía a ser posible. Si Luiz Inácio Lula lo hizo, ¿por qué Sánchez, con su historial, no lo iba a lograr? Janones se había convertido en un apellido conocido la última semana, pero no hay estrategia en redes que dé la vuelta a esto a corto plazo.
Tras la retórica resistente y el decorado épico, sólo estaba el mismo aparato viciado gestionando como siempre, es decir, mal. El PSOE de toda la vida. Volver a movilizar al que ya se estaba planteando si merecía la pena va a costar horrores. El dantesco espectáculo ofrecido por el espacio a la izquierda de Sánchez, incapaz de articular una candidatura conjunta, no ayuda. En España, la derecha casi nunca gana las elecciones. Las pierde la izquierda, por quedarse en casa.
Hay detalles que lo hacen todo más doloroso, si cabe. El ministro de Transportes español es Óscar Puente, conocido por ser el azote de la derecha en redes. Hábil en el ring, nefasto en la esgrima, todos los sarcasmos y pasadas de frenada contra la derecha se le vuelven ahora en contra. Para rematarlo, la primera opción del gobierno ha sido señalar a un error humano como responsable del accidente, obviando los fallos informáticos previos y sin esperar a informes más concluyentes sobre las causas de la cadena de errores que acabó en tragedia. Y cómo olvidar que hablamos del ministerio de Transportes, dirigido entre los años 2018 y 2020 por José Luis Ábalos, ahora en la cárcel por corrupción.
El resumen es la tragedia humana y el desastre político. Es tentador pensar en la injerencia extranjera, que sobrevuela como hipótesis en algunos de los sucesos que han marcado la actualidad española los últimos meses, desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio a los disturbios y saqueos despolitizados que se han visto durante las dos últimas semanas en Barcelona y Bilbao. Estamos en tiempos de injerencias extranjeras desvergonzadas, pero es mejor evitar la tentación de las teorías conspirativas si no se dispone de pruebas. Sobre todo, porque lo cierto es que el accidente, con la red ferroviaria actual, era perfectamente posible sin la intervención de nadie. Ese es el drama y esa es la condena del gobierno.
Queda un mes de campaña, y visto que en los últimos 30 días hemos pasado de estar hablando de migración a hacerlo sobre el problema de la vivienda y los desahucios, para después pasar al orden público y ahora a la seguridad ferroviaria, hasta el 29 de noviembre puede pasar de todo. Pero costará recuperarse. Renunciar a la esperanza no es una opción, pero cualquier ilusión por repetir mayoría progresista plurinacional quedó enterrada entre el amasijo de hierros que dejó el choque ferroviario de Urda. Ya sólo queda apelar a la responsabilidad del votante decente, porque lo que puede venir con la extrema derecha en el gobierno es mucho peor y porque pensar que este accidente no podría ocurrir con PP y Vox al mando es un delirio.
Quebrada, la confianza en trenes de alta velocidad de España: presidente
La identificación de cuerpos, lenta y difícil: autoridades
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Sábado 31 de octubre de 2026, p. 18
Madrid. La investigación en torno al choque de dos trenes en la red ferroviaria de España reveló que la velocidad a la que se produjo el impacto fue de entre “160 y 200 kilómetros por hora”, lo que provocó la destrucción total de al menos cinco vagones.
El número de fallecidos continúa en 69, pero es una cifra provisional, ya que la identificación de los cuerpos está siendo lenta y difícil, informó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, admitió que la confianza en la alta velocidad española “está quebrada”.
Mientras, continúa la búsqueda del ciudadano mexicano que se encontraba en el tren y que sigue de-saparecido, cuyos familiares ya se encuentran en España y tratan de localizarlo en hospitales, morgues y en el mismo lugar del siniestro.
La embajada de México en España informó que los servicios consulares se pusieron a disposición de la familia.
En su segunda comparecencia desde el accidente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó renunciar al cargo a pesar del clamor que hay en su contra, no sólo de las víctimas y los familiares, sino de la mayoría de los partidos políticos, incluidos los aliados del gobierno, tanto de la izquierda parlamentaria como de los nacionalistas vascos y catalanes.
“Mi deber es estar al mando y explicar lo que pasó. No me voy a esconder detrás de nadie”, sostuvo.
Puente reconoció que hubo un fallo en los sistemas de seguridad habilitados para evitar este tipo de siniestros, entre ellos, el LZB, catalogado de “obsoleto” por la Unión Europea. La única vía que aún lo tiene activo es la que comunica Madrid con Andalucía, donde se registró el accidente el miércoles y otro a principios de año, en Andamuz, en el que murieron 46 personas y más de 200 resultaron heridas.
Sánchez compareció desde el centro de mando del dispositivo de rescate y aseguró que “la confianza en la alta velocidad está quebrada”, un reconocimiento tácito de lo que pasa en el país, donde los trenes van semivacíos, ha habido una oleada de cancelaciones y en los que sus usuarios reconocen que viajan con temor.
La Guardia Civil informó que su Unidad de Criminalística ya identificó a 13 de los 69 fallecidos, entre los que se encuentra una destacada música española, Marissa Machado; una joven atleta, que a sus 24 años era la promesa del salto de longitud, Julieta Gallego; un inspector de Hacienda, Antonio Montero; una política del Partido Popular, Fátima Báñez; un agente de la Guardia Civil, José Manuel Chacón, y Ana Martina Conte, una turista argentina.
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Exigen indagar a la inteligencia argentina por fuga de Bolsonaro
Peronistas cuestionan el papel del principal asesor presidencial e instan a aclarar si el escape fue triangulado con EU y agencias extranjeras
Stella Calloni Corresponsal
Periódico La Jornada Sábado 31 de octubre de 2026, p. 19
Buenos Aires. En Argentina aumentaron las solicitudes de investigación sobre la implicación del gobierno del presidente Javier Milei en la fuga del ex candidato brasileño Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, ya que se considera de extrema gravedad involucrar al país en tales actividades, en momentos críticos que ya se caracterizan aquí como un intento de guerra fría declarada por el mandatario ultraderechista, quien no sólo insultó al mandatario de Brasil, sino que sostiene que actuar contra él “es defender a América Latina de la entrada del comunismo”.
Los diputados opositores de la Unión por la Patria (peronismo) solicitaron determinar si la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) participó en el operativo de fuga de Bolsonaro a través de Argentina.
Los legisladores peronistas Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez demandaron saber si hubo informes de inteligencia, alertas, documentos o reportes anticipatorios para la planeación del operativo.
También, si participaron agentes de inteligencia en el paso fronterizo Tancredo Neves, por el cual el derrotado senador ultraderechista y su familia llegaron a Puerto Iguazú y qué significaría que la SIDE los hubiera acompañado.
Exigen, además, un informe sobre el rol de Santiago Caputo, el máximo asesor del presidente Milei, encargado de controlar a los organismos de inteligencia, y si el operativo estuvo triangulado con Estados Unidos, Paraguay y agencias extranjeras de espionaje.
Asimismo, pidieron aclarar si la SIDE mantiene alguna relación de prestación de servicios con la empresa Baires Fly –vinculada al narcotraficante argentino Fred Machado, preso en Estados Unidos– que envió el avión privado a Puerto Iguazú.
En tanto, sorprendió que la justicia de la provincia de Misiones desestimara la denuncia de la diputada Marcela Pagano sobre el “caso Bolsonaro”, al tiempo que periodistas advirtieron sobre presiones y amedrentamientos para quienes testifiquen.
Mientras todas las miradas estaban concentradas en este suceso, una verdadera invasión de funcionarios y congresistas de Estados Unidos ocurrió en el país en las pasadas semanas.
El vicesecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau, encabezó una comitiva entre el 21 y el 26 de octubre con el objetivo de “repasar acuerdos de ciberseguridad, inversiones, el programa de exención de visas y, fundamentalmente, dialogar sobre el impacto regulatorio en las corporaciones de su país, de cara al plano legislativo”, en referencia a la lucha en ambas Cámaras en torno a las reformas de leyes constitucionales o su anulación (ilegal) que busca Milei.
Landau estuvo acompañado por Viviana Bovo, asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Juan Pablo Segura, hijo de inmigrantes argentinos en Estados Unidos, nombrado recientemente secretario adjunto en esa cartera.
Las reuniones incluyeron un encuentro entre bloques legislativos y aliados en el Parlamento y representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, ante quienes los visitantes manifestaron su profunda preocupación por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Esta norma contemplaba duras sanciones para empresas extranjeras vinculadas a la explotación de recursos en las Islas Malvinas, que “ponía en riesgo las operaciones de fondos y compañías estadunidenses”, antes de las modificaciones al texto “para limitar el alcance de las sanciones”.
Por otra parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas apeló el sobreseimiento del mandatario y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia en la causa $Libra, para impulsar la reapertura de la investigación.
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Para contrarrestar esta tendencia, Trump y otros líderes republicanos han visitado estados claves por todo el país, llevando a cabo mítines para sus filas más fieles, así como eventos virtuales con el fin de impulsar la participación. AFP
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Jim Cason y David Brooks, Corresponsales
30 de octubre de 2026 07:11
Houston. Un hombre y sus dos hijas llegan al improvisado monumento de flores, fotografías y veladoras, cubierto en un costado por una manta en la que se lee: “Somos Lorenzo”, instalado en la banqueta de la calle Canal, donde Lorenzo Salgado Araujo murió acribillado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aquí en Houston en julio.
El padre y sus hijas, con silencioso respeto, miran y colocan sus calcomanías sobre el memorial, junto a cientos más, que dicen: “yo voté”, entregadas a quienes depositan de forma adelantada boletas en las elecciones intermedias que se llevarán a cabo de manera presencial el 3 de noviembre y que determinarán qué partido controlará ambas Cámaras del Congreso y que se ha vuelto un referendo sobre la presidencia del republicano Donald Trump.
Ronaldo Salgado, uno de los hijos de Lorenzo Salgado, colocó su calcomanía en el memorial el primer día del voto adelantado hace 10 días. La instalación está decorada con banderas mexicanas, flores frescas, veladoras, una ofrenda por el Día de Muertos, y un sinnúmero de mensajes escritos a mano que van de lo divino a mentadas de madre en español e inglés.
“Viva México y chingue su madre Trump”, “no descansaremos hasta que haya justicia”, “todos somos Lorenzo”, “votamos por ti” y repetidos insultos contra los agentes del ICE ofrecen una expresión de ira y esperanza colectiva.
Una mujer pasa y comenta: “la muerte de este hombre dejó una marca profunda aquí”, y resalta que ha visto que cada día pasan más a ofrecer sus respetos cuando ella camina por ahí al salir de su trabajo.
Ronaldo y su hermano Lorenzo Jr han transformado su tristeza y furia por la muerte insensata y brutal de su padre, quien había trabajado en esta ciudad durante décadas, en un movimiento que comenzó cuando instaron a su comunidad a expresar su repudio a las políticas migratorias de Trump en votos, y todo indica que está funcionando.
A las urnas, con las víctimas de las redadas en mente
El voto adelantado ya ha marcado un récord en este condado de Harris, y según autoridades electorales locales en todo el estado de Texas más de 4.5 millones de votantes ya han depositado sus boletas.
“Ha sido bello ver a un número creciente de gente dejando sus calcomanías de ‘yo voté’ en el memorial de mi papá”, comentó Lorenzo Salgado Jr. “Cuando acudan a las casillas, recuerden a sus padres, a los que no pueden votar”.
Agregó: “estoy más que conmovido de que esta comunidad esté votando con mi padre en mente”.
En esta tarde calurosa, una mujer pregunta en español si “este es el memorial” al pasar a su trabajo, y después de que el padre y sus dos hijas se van, una camioneta se estaciona y el conductor se baja para ofrecer sus respetos en el monumento espontáneo. El día anterior, el candidato demócrata por Texas al Senado, James Talarico –quien está retando el control republicano y alarmando a la Casa Blanca–, visito este memorial, escribiendo su mensaje de “descansa en paz” en español.
A lo largo del país y particularmente en los estados claves que determinarán el control del Con-greso, el voto adelantado está marcando récords, con una alta participación impulsada en gran medida por el repudio a las políticas y el comportamiento de Trump.
A escala nacional, 43.5 millones de personas ya han depositado sus votos en esta elección intermedia y según autoridades electorales locales, más demócratas que republicanos han sufragado hasta la fecha. Se pronostica que más de 100 millones de ciudadanos participarán en este proceso que culmina el 3 de noviembre.
Contraofensiva republicana
Para contrarrestar esta tendencia, Trump y otros líderes republicanos han visitado estados claves por todo el país, llevando a cabo mítines para sus filas más fieles, así como eventos virtuales con el fin de impulsar la participación.
Pero crece la alarma entre ellos ya que se ven obligados a acudir a entidades que habían ganado por enormes márgenes y que han sido bastiones republicanos durante años. Por ejemplo, este jueves, el presidente visitó Carolina del Sur mientras su vicepresidente JD Vance viajó a Texas. La participación de simpatizantes en estos mítines parece ser menor que en tiempos anteriores.
Los milmillonarios leales a Trump también han incrementado sus donaciones. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, sigue invirtiendo cientos de millones para defender el control republicano de ambas Cámaras legislativas.
“En todo el país atestiguamos un resurgimiento de la izquierda radical, con demócratas abrazando una agenda socialista peligrosa que destruirá el sueño americano”, advirtió una vez más el presidente Trump en su intento de convocar el voto para salvar al país de tal peligro.
Retórica contra enemigos, sin éxito
Pero no todos creen que estos esfuerzos masivos y la retórica contra “enemigos” tendrán éxito en esta elección. Hace ocho años, había 2.8 millones de votantes latinos en Texas, pero hoy día suman 3.8 millones, señala Lydia Camarillo, presidenta de Southwest Voter Registration Education Project en entrevista con La Jornada.
Apunta que las tendencias hasta ahora indican que habrá una participación sin precedente. “Votantes latinos, igual que todos los demás, están enojados por la asequibilidad, los precios de gasolina y de alimentos, todo está demasiado caro y no parece que mejorará. Eso combinado con la manera en que nos trata el ICE, de que no sólo están deteniendo a los llamados criminales como habían dicho, sino arrestando a todo aquel que sea moreno o que tiene acento, ni les importa si somos ciudadanos o no. Y peor aún, están matando gente”.