PP, Vox y el catalan JxCat votan contra la propuesta del gobierno para frenar los desahucios de gente vulnerable y la especulación // Pedro Sánchez analiza anticipar elecciones: medios
▲ “Vergüenza, Vergüenza”, gritaron decenas de personas reunidas afuera del Parlamento español mientras adentro diputados ultras y derechistas frenaban propuestas contra el problema inmobiliario en España (izquierda); en la Puerta del Sol, el Sindicato de Inquilinas mantiene un plantón y convocó a una huelga general.Foto Europa Press y Ap
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Sábado 3 de octubre de 2026, p. 17
Madrid. El Parlamento de España rechazó este viernes, con los votos de la derecha y la ultraderecha, dos decretos impulsados por el gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez para abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda en el país, lo que fue repudiado con el grito de “vergüenza, vergüenza”, de miles de personas que se congregaron a las afueras del recinto legislativo y en multitudinarias protestas en Sevilla, Bilbao, Vitoria, Pamplona y Oviedo, entre otras ciudades, en medio de llamados a una huelga general.
Tras el revés para el gobierno, en medios de comunicación comenzó a manejarse la versión de que el presidente “analizará este fin de semana” si convoca a elecciones anticipadas, posiblemente para el 29 de noviembre, o si concluye su gestión el próximo año.
Los decretos de emergencia fueron aprobados el martes pasado por el Consejo de Ministros para solucionar el grave problema de la vivienda que aqueja a España y evitar así desahucios de personas o familiares vulnerables, como el sufrido por la octagenaria Maricarmen Abascal, el pasado 23 de septiembre y que detonó la movilización social que se vive en estos días.
La falta de vivienda asequible es, desde hace años, uno de los principales problemas sociales en España, pero las protestas cobraron fuerza tras el desahucio de Abascal, después de que su vivienda fue adquirida por una empresa de inversión que pretendía subirle el alquiler 275 por ciento. La mujer está ahora hospitalizada, pero contenta de saber que el fondo buitre que compró la propiedad la dejará volver, aseguró su abogada.
El derechista Partido Popular (PP), el ultraderechista Vox y los independentistas catalanes conservadores de Junts per Catalunya (JxCat) tumbaron las iniciativas con su amplia mayoría frente al bloque de izquierdas.
El primero de los decretos, que buscaba frenar los desahucios de personas vulnerables, dificultar la especulación inmobiliaria y ofrecer incentivos fiscales para fomentar el alquiler fue rechazado por 178 votos en contra y 172 a favor.
El segundo planteaba que los contratos de alquiler residencial se renovaran automáticamente a petición de los inquilinos, principal reivindicación del movimiento de los indignados del Sindicato de Inquilinas, fue rechazado por 184 votos en contra y 166 a favor.
En esta votación se sumaron al PP, Vox y JxCat, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC).
La izquierda, liderada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, logró convencer al resto fuerzas progresistas, como EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Podemos, entre otros, pero fue insuficiente.
El plan del gobierno incluía un amplío escudo social a los inquilinos y la protección a las personas o familias vulnerables, con la prohibición de los desahucios hasta el año 2030.
Pero el plan sucumbió ante la alianza de la derecha y la extrema derecha con los catalanes de la misma ideología.
Defensa sin éxito
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pronunció un breve discurso antes de la votación para “rogar” al “PP y JxCat” que apoyaran las iniciativas por el bien de los ciudadanos y del país.
“Si no lo hacen –advirtió– les juzgará la historia antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.”
Tampoco fueron escuchados los ministros de Vivienda y Derechos Sociales, Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy, que defendieron los decretos al exponer que eran la solución necesaria para el grave problema vivienda del país, y no lograron convencer a los siete diputados que integran la bancada de JxCat, que se ha aliado al gobierno en momentos puntuales de la legislatura, entre ellos el de la sesión de investidura que permitió la primera relección de Sánchez en el cargo.
Tras la derrota parlamentaria, todas las miradas están puestas ahora en el presidente Sánchez, quien tiene la prerrogativa de un adelanto de las elecciones generales, que en teoría deberían celebrarse en julio de 2027.
Pero aumenta la presión, tanto desde los sectores políticos como mediáticos, que hablan de un escenario inminente de elecciones, incluso a finales de noviembre.
Sánchez, aunque es un popular líder progresista a escala internacional, se ha visto rodeado por una serie de casos judiciales contra su Partido Socialista e incluso su familia, que todos niegan haber cometido irregularidades. Su gobierno también ha sido duramente criticado por una crisis migratoria en Ceuta, recordó la agencia Ap.
Tras la votación en el Congreso de los Diputados varios ciudadanos invitados a la tribuna estallaron en cólera. Una mujer llamó “sin vergüenzas” a los diputados que votaron en contra y señaló: “ojalá no tengan que buscar casa a los 53 años y sin trabajo”.
Otros gritaron sin cesar: “los fondos buitre gobiernan el Congreso”, mientras arrojaron al hemiciclo octavillas en las que se denunciaba esa supuesta complicidad.
En la calle, la protesta estaba a las puertas del Congreso, en donde miles de personas abuchearon a los congresistas y gritaron: “vergüenza, vergüenza”, cuando se difundió el resultado de la votación. Hubo pancartas con imágenes de buitres, denunciando a los especuladores inmobiliarios, a los que culpan de disparar los precios.
Desde el Sindicato de Inquilinas, la plataforma que comenzó la movilización social, se advirtió que “hoy es un día de profunda esperanza, hoy es un día que no tiene nada que ver con la derrota, sino con la constatación de que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo, desde el sindicalismo. Y el siguiente paso en la lucha por la vivienda es la huelga general. Es el tiempo de la política de la gente, de hacer la política valiente desde la calle y de conseguirla. Ahora empieza la verdadera legislatura de la vivienda que ha fracasado en este Congreso. Pero no continúa sólo en la Puerta del Sol, continúa en cada barrio”.
“Hay una desconexión irreparable entre lo que quiere la gente y lo que votan los partidos en un Congreso secuestrado”, afirmó el Sindicato de Inquilinas, que convocó a nuevas protestas este sábado en Madrid y decenas de otras ciudades en España, refirió Afp.
En asamblea, el Sindicato de Inquilinas decidió mantener la acampada en la emblemática Puerta del Sol hasta que se lleve a cabo una huelga general, mientras en varias ciudades inconformes exigieron el fin a la especulación inmobiliaria.
Según el Banco de España, el país, de unos 50 millones de habitantes, arrastra un déficit de unas 700 mil viviendas. El alquiler medio casi se ha duplicado en los pasados 10 años. El precio medio por metro cuadrado ha subido de 8.20 euros en 2016 a 15.1 (17.15 dólares) este año, según el portal inmobiliario Idealista.
España: la vivienda es un derecho
España encara una oleada de indignación social después de que todo el abanico de la derecha forzara en el Congreso la caída de dos decretos con los que el presidente Pedro Sánchez buscaba dar cierto alivio a la crisis de la vivienda. La llama que prendió este campo seco fue el desahucio de Maricarmen Abascal, anciana de 87 años desalojada del apartamento que fue su hogar por siete décadas, después de que el inmueble fuera adquirido por un fondo buitre, es decir, una compañía dedicada a comprar edificios enteros, echar a sus habitantes, que gozaban de rentas controladas, y ponerlos en alquiler a precios desorbitados. Aunque el desahucio de Maricarmen fue uno entre los alrededor de un millón que se realizaron desde la crisis financiera de 2008, esta vez, una parte tan grande de la sociedad que sufre en carne propia los efectos de la mercantilización no estuvo dispuesta a dejar sola a la víctima, por lo que se volcó a las calles hasta lograr que se revirtiera la injusticia y forzar al gobierno a tomar cartas en el asunto.
Entre otras medidas, las disposiciones del Ejecutivo establecían protecciones frente al desahucio para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional; daban a los inquilinos con contratos vigentes la posibilidad de solicitar prórrogas extraordinarias de hasta dos años; topaban los aumentos al alquiler hasta finales de 2027; otorgaban beneficios fiscales tanto a inquilinos como a propietarios; regulaban las triquiñuelas usadas por los dueños para evadir las reglas de alquiler residencial; buscaban atajar las adquisiciones de inmuebles con fines especulativos y creaban ayudas públicas para los compradores de primera vivienda que no tuvieran capacidad de reunir el enganche de un crédito hipotecario.
Como señalaron desde la izquierda de la coalición gobernante, los decretos no resolvían la destrucción del derecho a la vivienda causada por la economía de libre mercado, pero eran un paso fundamental para hacer frente a una crisis que ya desgarra el tejido social del país. Sin embargo, el Partido Popular (PP), Vox, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y el catalanista Junts –los tres últimos, miembros del gobierno– decidieron dar la espalda a la ciudadanía pese al amplísimo respaldo popular a frenar unos precios fuera de control: de acuerdo con una encuesta, más de dos terceras partes de los españoles piden medidas contra el alza de costos, incluso si se afecta a los propietarios. Entre los votantes del PP y Vox, el apoyo alcanza 55 por ciento, por lo que los diputados de derecha y ultraderecha violaron de manera flagrante su función de representantes de su electorado.
El malestar en torno a esta problemática era una bomba de tiempo. Entre 2013 y 2024, los alquileres subieron 87 por ciento y los precios de venta 77 por ciento, mientras los salarios permanecieron estancados, con un alza de apenas 22 por ciento. En el mismo periodo, la financierización y la turistificación del mercado inmobiliario relegaron a los habitantes. Pese a que la vivienda destinada a rentas turísticas representa apenas 1.3 por ciento de los inmuebles habitacionales, equivale a una de cada 10 viviendas en renta. El panorama es mucho peor en las urbes con más visitantes: se estima que en Madrid y Barcelona hay hasta 350 mil viviendas dedicadas a uso turístico. Las compras de casas por extranjeros pasaron de 7.5 por ciento del total en 2007 a 20 por ciento en 2025. El dato más revelador es que, en la mayoría de los años, desde 2013 más de la mitad de las adquisiciones se hizo sin crédito hipotecario, lo cual indica que los compradores son personas, empresas y fondos de inversión que no van a habitar los inmuebles, y cuya intención es obtener de ellos la máxima rentabilidad. El poder adquisitivo virtualmente ilimitado de estos actores fija precios sin relación alguna con los ingresos de las clases populares y medias. Las consecuencias son visibles y devastadoras, sobre todo para los jóvenes: en 2007, casi la cuarta parte de las compras las realizaban menores de 30 años, pero para 2025 este grupo ya hacía menos de 10 por ciento de las adquisiciones. En el mismo lapso, el porcentaje de jóvenes con vivienda en propiedad se derrumbó de 41 a 22 por ciento. Como resultado, sólo 14.5 por ciento de los menores de 29 años vive fuera del hogar familiar, una de las tasas de emancipación más bajas en la Unión Europea y fuente de crecientes problemas de salud mental.
Ahora, de vuelta en su casa, Maricarmen se ha convertido en el símbolo de la resistencia contra un modelo inmobiliario que sacrifica el bienestar de millones para aceitar el negocio de pocos. Tras el portazo de la clase política, todo indica que la lucha seguirá en las calles, con anuncios de movilización en decenas de ciudades.
Pedro Sánchez, a un suspiro de las elecciones
Beñat Zaldua
03 de octubre de 2026 00:01
De la migración a la vivienda, de Ceuta a la madrileña Puerta del Sol y de la tumba casi segura de Pedro Sánchez a la posibilidad de volver a obrar el milagro electoral. Observar el péndulo de la actualidad política española tiene algo de fascinante. Sánchez empezó septiembre tocado de muerte por la mala gestión de la crisis de Ceuta, pero un desahucio traumático ha cambiado por completo la conversación pública en el Estado español, prendiendo la mecha de un malestar que lleva acumulándose años: la dificultad cada vez mayor de acceder a una vivienda digna.
Recapitulemos. El miércoles 23 de septiembre, una comitiva judicial acompañada por un fuerte dispositivo policial ejecutó el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que salir en camilla de la vivienda que habitaba desde hace siete décadas en Madrid.
La conmoción fue descomunal, gracias en gran medida al trabajo del Sindicato de Inquilinas, que lleva años predicando en el desierto de la crisis habitacional. El pasado sábado, una multitudinaria manifestación reclamó en la capital española garantías contra los desahucios y medidas para garantizar el acceso a la vivienda, un derecho consagrado en la Constitución, pero vulnerado día a día.
Al acabar, varias tiendas de campaña afloraron en la céntrica Plaza del Sol, convirtiendo la protesta en una acampada permanente que sigue en pie con un eco fenomenal, réplicas en otras ciudades y mucho espacio en los medios. Efervescencia.
El desahucio atrapó a Sánchez en el despacho del alcalde de New York, Zohran Mamdani, una bonita plataforma desde la cual ponerse al frente de la protesta. ¿Cómo capitalizar una protesta cuando se es gobierno? Recordemos: durante buena parte de esta legislatura ha estado en vigor una suspensión de los desahucios, pero en abril, los miembros más díscolos de la mayoría que en su día hizo presidente a Pedro Sánchez, los conservadores catalanes de Junts, tumbaron la renovación del decreto, por lo que la protección para los inquilinos más vulnerables decayó. Sánchez estaba en condiciones de recoger ese malestar de la gente y confiar en que, ahora sí, Junts aprobaría medidas algo más ambiciosas bajo presión popular.
El gobierno se puso manos a la obra no sin tensiones entre el PSOE, de Sánchez ,y sus socios de gobierno, Sumar, que exigía aprovechar el momento para aprobar políticas más contundentes en la materia.
El resultado fueron dos decretos. Una primera norma con medidas coyunturales para frenar los desahucios, poner cierto freno a los fondos buitres y a otras prácticas que encarecen la vivienda, y una segunda con una propuesta algo más valiente y estructural: la prórroga automática de los contratos de alquiler, algo que ya se aplica en muchos países y que, en contra de lo que argumenta la derecha, no perjudica a los pequeños propietarios –a los que ofrece garantías y un mercado estable–, sino a quien pretenda especular y sacar el máximo beneficio de un bien de primera necesidad como la vivienda.
La lógica de trocear las medidas en dos decretos era lograr sacar adelante el primero de ellos, con las medidas coyunturales a modo de «mínimo humanitario», y forzar a las derechas a retratarse con la segunda, sabiendo que no la iban a apoyar.
De fondo, la compleja mayoría que invistió a Sánchez, formada por partidos estatales a la izquierda del PSOE –Sumar y Podemos– y por partidos vascos, catalanes y gallegos, tanto de izquierdas como de derechas.
Podemos, muy díscolo en el reciente periodo, escuchó la voz de la calle y se avino a apoyar los dos decretos, a los que ya habían dado el visto bueno los partidos progresistas de las naciones sin estado. Los conservadores vascos del PNV cumplieron el guion y anunciaron su apoyo al primer decreto y el rechazo al segundo.
Todo quedaba en manos de Junts, que parecía inclinarse por la misma pauta, lo que hubiera dado un importante balón de oxígeno a Sánchez. Para seguir o para convocar elecciones, a estas alturas tanto da.
En un giro de los acontecimientos, y demostrando que les da igual que gobiernen quienes reprimieron violentamente al independentismo catalán en 2017 o quienes lo amnistiaron años después, Junts decidió tumbar los dos decretos, dejando a Sánchez en el alambre.
¿Y ahora? El momento es fascinante y pese al peligro, ofrece una incierta ventana de oportunidad. La mayoría que hizo a Sánchez presidente es una entelequia ahora mismo, no sirve para hacer frente a las necesidades de la sociedad, es inoperante. Las encuestas siguen hablando de una mayoría de PP y Vox, pero también la anunciaban en 2023. Y aunque sea desde la debilidad de haber perdido una votación importante, Sánchez tiene ante sí la posibilidad de convocar una campaña que se salga del marco de la migración y la supuesta corrupción, y tenga una preocupación material real, como el acceso a la vivienda, como eje central, un terreno de juego que beneficia sin duda a la izquierda.
Por delante tiene un fin de semana para calibrar si en los próximos meses va a tener una pequeña oportunidad, arriesgada, como la que ahora se le ha abierto.
Brasil: una elección para todo el continente
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Valeria Silva Guzmán
03 de octubre de 2026 00:02
América Latina está en asedio. El convulso 2026 que se abrió con el secuestro de Nicolás Maduro el 3 de enero y que ha estado marcado por el bloqueo a Cuba cerrará gestión con los resultados electorales de Brasil. No parece ser un tiempo impetuoso para las izquierdas. Los resultados de este domingo son cruciales no sólo para Brasil. Estos comicios que podrán resolverse esta semana o a fin de octubre en una hipotética segunda vuelta, serán el gran cierre del año para la geopolítica latinoamericana.
Luiz Inácio Lula da Silva es hoy el personaje más potente de la política izquierdista no sólo de Sudamérica si no que del continente pleno. Así lo ha demostrado en el despliegue de su campaña con miras a un cuarto mandato presidencial. Los medios de comunicación y las redes sociales no han dejado de hablar de lo que puede suceder en Brasil.
Aunque Brasil, de alguna manera, ha sido una isla en el continente por la barrera del idioma, la resonancia de la batalla electoral que hoy allá se está dando ha rebasado límites anteriores. Lula, con el apoyo de personajes de alta talla como Caetano Veloso y Chico Buarque, ha conquistado un sitial de referencia izquierdista y progresista mayor que el de cualquier líder político de su ámbito.
Pero Lula no ha querido quedarse sólo en el nicho del arte poético y de culto: el icónico Bad Bunny, que rompió titulares luego de su presentación politizada en el Supertazón le cedió los derechos de uno de sus temas más virales para la recta final de su campaña. Parafraseando el espot, Lula no quiere que a Brasil le pase lo que a Hawái.
Sin embargo, hasta ahora las encuestas dicen que no es suficiente. Lula necesita 50 por ciento más uno de los votos para coronarse en primera vuelta. Aunque lidera la intención de voto en todos los estudios, tiene pisándole los talones a Flávio, el caprichoso y poco carismático hijo del ex presidente ultraderechista y evangélico Jair Bolsonaro.
La definición en primera vuelta está en manos de un minúsculo porcentaje de indecisos y en el denominado voto útil –que es el que emite un voto por un candidato que no es su favorito, pero estratégicamente lo apoya para evitar que gane otro al que realmente rechaza–. En el mejor de los números que obtiene el Partido de los Trabajadores, según las encuestas, Lula es la primera fuerza con 46 por ciento. La tendencia en las encuestas es que Bolsonaro está 4 o 5 puntos porcentuales debajo.
Hasta ahora estamos ante una elección abierta. Lula y su campaña sostienen que pueden ganar en primera vuelta, pero que están listos ante un hipotético escenario de balotaje. El PT ha puesto toda la carne al asador. Lula en las recientes semanas ha jugado sus cartas para apelar a distintos sectores de la población entre quienes están los votantes que no tienen aun definido su voto.
Mencionemos algunas de las jugadas de últimos minutos de Lula. Determinó la prohibición de las bets, que son las apuestas deportivas online, medida que, según un estudio, está apoyada por al menos el 75 por ciento de la población. Prometió el acceso gratuito mediante el Seguro Universal de Salud a los inyectables para adelgazar, asumiendo que la obesidad adquirida se puede prevenir; pero, además, es un estímulo para las farmacéuticas brasileñas que producen el medicamento basado en semaglutida y liraglutida.
En otro orden de cosas, Lula se posicionó abiertamente en defensa de la Virgen de la Aparecida, hasta ahora oficialmente reconocida como Patrona del Brasil. Los Bolsonaro son evangélicos recalcitrantes y sus círculos religiosos y políticos más de una vez han pretendido desplazar de toda formalidad a la imagen de la Virgen de Aparecida. La semana pasada, éste ha sido un tema también electoral. Es de suponer que la población católica va a defender a su Patrona y Lula lo leyó: se lo ha visto cargando la imagen de la virgen y se ha declarado un defensor de su trono.
Quizás considere el PT que en esos recovecos está la clave para ganar en la primera vuelta. Las segundas vueltas son una moneda en el aire. En Argentina, Javier Milei, por ejemplo, perdió en primera vuelta contra el peronismo, pero se hizo del poder en el balotaje. Lula en las últimas elecciones, de hecho, le ganó sólo con 2 por ciento de los votos a Jair Bolsonaro, el padre de su actual rival electoral. De aquel margen salió el intento de golpe de Estado encabezado por los Bolsonaro, razón por la que el ex presidente ahora está preso, no pudo contender en estos comicios y tuvo que optar por su hijo como su suplente en carrera.
Las previsiones y las predicciones pueden aun ser muy arriesgadas en este momento. Lula representa la esperanza para los sectores populares del continente americano para romper el cerco de la derecha instrumentalizado desde el escudo de las Américas y el despacho oval de Washington, en el que actualmente se debate Latinoamérica. Sin duda, cuenta con las mayores posibilidades de obtener el triunfo; empero, no podemos descartar desde la derecha un accionar similar al de Colombia, Chile, Perú, Argentina, Honduras, Ecuador o Bolivia, para revertir la voluntad popular e imponer a su candidato, sin importar los medios a utilizar. El riesgo está latente.
* Analista política internacional
@valeqinaya IG Valesilvaguzman
