▲ En Burdeos, un bombero quedó envuelto en llamas al intentar apagar uno de los incendios generado por los estudiantes.Foto redes sociales
Sputnik, Afp y Reuters
Periódico La Jornada Sábado 3 de octubre de 2026, p. 19
París. Los sindicatos de profesores de Francia convocaron a huelga, en el marco de las movilizaciones de funcionarios públicos y otros sectores contra el presupuesto propuesto por el gobierno del presidente Emmanuel Macron, mientras prosigue la represión de las protestas.
Más de 2 mil personas, de las cuales 85 por ciento son menores de edad, fueron detenidas por las fuerzas del orden en Francia desde el comienzo de la semana durante las manifestaciones.
Casi 400 escuelas fueron cerradas debido a los enfrentamientos con la policía que han dejado más de 500 heridos, dos institutos incendiados en Nantes y otro en la ciudad de Ruan, luego de que los estudiantes prendieron fuego a contenedores de basura.
El movimiento de los estudiantes empezó la semana pasada en la región de París y se extendió a escala nacional entre los alumnos de nivel medio superior, en su mayoría de entre 15 y 18 años. Las principales demandas de los manifestantes son las ausencias excesivas de personal docente y la falta de remplazos, así como los horarios de estudio sobrecargados, en un contexto en que Francia busca reducir el gasto público para sanear su deuda pública.
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, informó que durante la jornada de ayer se celebraron protestas en 735 centros educativos. Durante las manifestaciones, un bombero quedó envuelto en llamas durante la revuelta estudiantil en Burdeos.
Igualmente, más de 300 policías resultaron heridos, así como 65 trabajadores del ministerio de Educación, según las autoridades.
El gobierno francés sostiene que las exigencias del movimiento estudiantil son legítimas, pero la violencia no.
El ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, acusó al movimiento de estar “secuestrado por grupos marginales violentos”.
Fiscalía de NY tomará el caso de la joven que fue violada por 7 miembros de una fraternidad de la Universidad de Cornell
Ap
02 de octubre de 2026 09:29
Nueva York. La mujer que acusó a miembros de una fraternidad de la Universidad de Cornell de violación tumultuaria fue “defraudada” por las personas obligadas a protegerla, incluida la policía del campus y el fiscal del condado, manifestó este viernes la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.
Hochul señaló en una conferencia de prensa que decidió designar a la fiscal general Letitia James como fiscal especial para que asuma el caso tras conocer “detalles preocupantes” sobre cómo las autoridades han manejado hasta ahora las denuncias de la mujer, incluido el hecho de que el fiscal de distrito cerrara el caso sin que nadie entrevistara a la denunciante ni a ninguna otra persona involucrada en el presunto ataque.
“¿En qué mundo el fiscal de distrito ni siquiera la entrevista a ella, o a cualquier otra persona involucrada, o siquiera solicita la transcripción completa?”, cuestionó Hochul.
“Esta mujer, esta joven, ya había soportado algo absolutamente indecible. Y luego, a cada paso, fue defraudada por personas e instituciones con la obligación de protegerla”.
También arremetió contra el Departamento de Policía de la Universidad de Cornell por no transmitir plenamente el relato de la mujer a los fiscales.
“Después de que esta joven se presentó, habló con la policía. Se sentó durante horas y les contó exactamente lo que le ocurrió. Y, según nuevos reportes, no pudo haber sido más clara al afirmar que estaba 100 por ciento segura de que había sido violada”, dijo la gobernadora demócrata. “Sin embargo, de manera sorprendente, esas palabras nunca aparecieron en el informe que la policía de Cornell envió a los fiscales”.
Hochul indicó el jueves que designó a James para supervisar el caso porque había perdido la confianza en la capacidad del fiscal de distrito local para manejarlo.
James no dijo cuánto podría durar su investigación, pero afirmó que tomará algo de tiempo y no se apresurará, ya que todo neoyorquino “merece saber que, cuando denuncia un delito, será investigado de manera completa y justa, que será visto y escuchado”.
“Revisaremos los hechos, reuniremos pruebas, entrevistaremos a testigos y, si corresponde, impulsaremos procesamientos”, declaró James.
“Sé que ustedes quieren respuestas. Yo también. Una investigación integral de esta naturaleza lleva tiempo, pero mi oficina está comprometida a llevarla hasta el final”.
La investigación se cerró inicialmente sin cargos en 2024.
La denuncia
El mes pasado, la mujer presentó una demanda y el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reabrió la investigación. Desde entonces, ha sido bombardeado con críticas de que abandonó la investigación original con demasiada rapidez.
Van Houten ha defendido su decisión de no iniciar un proceso legal, sosteniendo que una declaración jurada de la mujer preparada por la policía no incluía sus acusaciones de que fue drogada contra su voluntad, incapacitada más allá de la capacidad de consentir y forzada a tener relaciones sexuales.
El fiscal no respondió el jueves ni este viernes a mensajes en los que se solicitaban comentarios.
La fiscal general determinará si existen pruebas suficientes para presentar cargos, dijo Hochul.
“La joven en el centro de este caso merece saber que se examinará cada hecho y se buscará justicia”, dijo el jueves en un comunicado.
El caso ha sacudido a la escuela, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, y ha planteado preguntas sobre su respuesta y sobre el problema más amplio de cómo se manejan las agresiones sexuales en los campus universitarios.
La mujer, identificada únicamente como Jane Doe en documentos judiciales, le dijo a la policía del campus en noviembre de 2024 que fue agredida sexualmente, y luego lo habló con los investigadores internos de la universidad como parte del proceso disciplinario de Cornell.
En la demanda contra siete miembros de la fraternidad, la universidad, la fraternidad Chi Phi y otros se alega que le suministraron drogas y alcohol, y luego fue sometida a actos sexuales por un grupo de hombres mientras estaba parcial o totalmente incapacitada. Según la demanda, uno de los hombres envió un mensaje en redes sociales a otros miembros de la fraternidad alertándolos de lo ocurría e invitando a personas a participar.
Los abogados de dos de los hombres a quienes ella demanda han negado haber participado en una agresión sexual. Uno dijo que su cliente no tocó a la mujer. Los intentos de contactar a los otros hombres o a sus representantes para solicitar comentarios no han tenido éxito.
Hochul también respaldó propuestas para cambiar un elemento de la ley de Nueva York que, durante mucho tiempo, ha hecho que resulte más difícil procesar a personas que han tenido relaciones sexuales con alguien que voluntariamente se intoxicó hasta el punto de que su capacidad de consentir quedó comprometida.
Según la ley, los cargos por violación generalmente deben implicar fuerza o una negativa clara a tener relaciones sexuales, a menos que la víctima esté físicamente indefensa por estar inconsciente, o mentalmente incapacitada por haber sido drogada sin su consentimiento. Nueva York es uno de 19 estados con leyes de ese tipo.
“Si alguien está demasiado intoxicado para consentir, no debería importar si eligió consumir drogas o alcohol. La intoxicación voluntaria no es una licencia para la agresión sexual ni para una violación tumultuaria, punto”, afirmó la gobernadora.
La fiscal general
En el pasado, gobernadores de Nueva York han recurrido a fiscales generales para supervisar casos importantes.
En 2018, el entonces gobernador Andrew Cuomo designó a la entonces fiscal de distrito del condado de Nassau, Madeline Singas, como fiscal especial para investigar a Eric Schneiderman, quien renunció como fiscal general de Nueva York después de que varias mujeres lo acusaran de propinarles bofetadas violentas, estrangulamiento y otros abusos.
En 2021, James supervisó una investigación no penal sobre acusaciones de acoso sexual contra el entonces gobernador Andrew Cuomo, lo que llevó a su renuncia. Cuomo inicialmente intentó elegir quién dirigiría la investigación sobre las acusaciones. Luego permitió que James eligiera a dos abogados independientes para dirigirla en su lugar.
La oficina de James también realiza otros trabajos penales y tiene la facultad, según la ley estatal, de investigar toda muerte relacionada con las fuerzas del orden en el estado. Pero, por lo general, no puede iniciar investigaciones penales sin una remisión de un fiscal de distrito local, la gobernadora o una agencia estatal, o sin un nombramiento como el que Hochul hizo el jueves.
Dimite otro fiscal en Bolivia en el marco de la indagatoria por protección a narcos
Europa Press
Periódico La Jornada Sábado 3 de octubre de 2026, p. 18
La Paz., El fiscal del departamento boliviano de La Paz, Luis Carlos Torrez, dimitió de su cargo después de que la policía registró las oficinas del organismo en el marco de las investigaciones que llevaron a la detención del máximo responsable en la magistratura, Roger Mariaca, entre otros altos cargos.
La renuncia de Torrez, cuyos motivos no han sido revelados, se da en medio de las diligencias que realiza la policía sobre Mariaca, y los fiscales del Departamento de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y de Sucre, Martín Irusta Flores, detenidos bajo acusaciones de corrupción y narcotráfico.
Estados Unidos sancionó al fiscal general y otros altos cargos y ex funcionarios de Bolivia, a quienes prohibió la entrada a su territorio.
El Departamento de Estado estadunidense señaló a Mariaca por “abusar de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”.
La Fiscalía de Bolivia pidió prisión provisional durante seis meses para Mariaca y los magistrados Zeballos e Irusta, luego de que el Ministerio Público los imputó formalmente por los presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal, informó el viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante una sesión del Parlamento.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, promulgó anoche una ley recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que faculta a la Cámara a suspender de forma directa al fiscal general del Estado cuando este resulte imputado por un delito grave, como ocurrió con Mariaca, y otorga a las autoridades políticas la designación de un interino “para que una persona pueda desempeñar el cargo por tres meses”, refirió el presidente de la ALP, Diego Ávila, en el pleno.
