Armando G. Tejeda, corresponsal
04 de octubre de 2026 10:21
Madrid. Casi de madrugada, cuando el cielo todavía estaba oscuro, la Policía Nacional española inició el dispositivo para desalojar de la playa del Trampolín, en Ceuta, donde viven más de tres mil migrantes, la mayoría marroquíes, que permanecían acampanados ahí con casas construidas con restos de basura, bolsas de plástico y cartones para protegerse del frío.
Los evacuados, en torno a mil personas, fueron trasladados al Centro de Atención para Extranjeros (CATE) de la ciudad, donde recibirán atención médica, serán registrados y se iniciará su expediente de petición de asilo o de residencia.
Uno de los últimos campamentos masivos en la ciudad de Ceuta desde la entrada de 72 mil personas a finales de julio era el de la playa del Trampolín, donde convivían más de tres mil personas, la mayoría hombres de edad adulta, pero también había menores de edad. Este lugar fue uno de los primeros asentamientos de los migrantes a su llegada a Ceuta y han sufrido ataques de vecinos, incluida la ocasión en que un grupo de personas prendió fuego a varias carpas en una ataque furtivo durante la noche.
El despliegue policial para el operativo fue uno de los más complejos: se movilizaron hasta 30 furgones de los agentes antidisturbios, 350 agentes, dos vehículos blindados sobre ruedas de gran tamaño para circular con rapidez en la playa, otro vehículo terrestre de movilidad táctica, con una excavadora incorporada, y tres lanchas que protegieron desde el mar el operativo.
A la llegada de los agentes hubo confusión entre los migrantes, algunos se asustaron y pensaron que los iban a repatriar a su país y protestaron, pero finalmente no se registró ningún incidente y se realizó el desalojo.
A pesar de que se evacuaron a más de mil migrantes en la playa del Trampolín todavía se quedaron cerca de dos mil 500 personas más. La policía española explicó que su objetivo prioritario era alejar las carpas de los migrantes lo más posible de la planta Desaladora de Benítez, considerada una infraestructura vital para la ciudad y por lo que tiene que ser resguardada de cualquier potencial incidente.
La policía se informó que tras el operativo más de mil migrantes regresaron de forma voluntaria a Marruecos y fueron trasladados a su país en autobuses de la empresa municipal de transportes.
El ministerio del Interior español señaló que las Islas Canarias están recibiendo una cantidad inusual de migrantes, que llegan en pequeñas embarcaciones de madera procedentes de África. Entre enero y septiembre fueron rescatadas en las costas canarias siete mil 133 personas.
La situación más delicada es en Lanzarote y El Hierro, donde se concentra 80 por ciento de las llegadas de migrantes, alrededor de cinco mil 600. En septiembre se disparó la llegada de migrantes, con un registro de dos mil 100 personas, que se encuentran en centros de acogida temporal a la espera de que se resuelvan sus peticiones de asilo o residencia.
La decisión estaría relacionada con el rechazo legislativo a los decretos de vivienda
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 5 de octubre de 2026, p. 22
Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, sigue barajando, en la soledad del Palacio de la Moncloa, si convoca elecciones anticipadas y da por concluida la legislatura tras la derrota parlamentaria del viernes con el rechazo de los dos decretos de la vivienda en el Congreso de los Diputados.
Medios próximos al Ejecutivo, como eldiario.es, hablan incluso de que hay “70 por ciento de probabilidades” de que el mandatario español anuncie hoy mismo la fecha de las próximas elecciones generales, que tendrán como principal punto de debate el problema estructural de la vivienda.
Todos los medios afines al gobierno, pero también los que no lo son tanto, coinciden en que desde que Sánchez abandonó el Congreso de los Diputados el pasado viernes tras la sesión en la que la alianza derecha, la extrema derecha y el nacionalismo conservador catalán rechazaron los decretos de la vivienda, sopesa el adelanto electoral, convencido de que la actual coyuntura le favorecería para vencer los vaticinios de las encuestas, que la mayoría advierten de un triunfo del bloque de la derecha y la extrema derecha.
Sánchez, aseguran desde El País y La Vanguardia, también medios cercanos al Ejecutivo, está reunido con su núcleo duro analizando encuestas y potenciales escenarios para decidir si convoca elecciones anticipadas, ya que él es la única persona que tiene esa prerrogativa en función de su cargo.
Siguen las movilizaciones
En las calles de varias ciudades españolas continuaron las movilizaciones por la vivienda, en las que insistieron en sus exigencias: la convocatoria a una huelga general, reducción de los alquileres en 50 por ciento, expropiación de bienes inmuebles a los fondos buitres y la aprobación de los contratos indefinidos de las rentas habitacionales.
La marcha más grande fue en Bilbao con arriba de 3 mil personas bajo la convocatoria del sindicato mayoritario en la región, LAB, que no descartó apoyar una huelga general si los sindicatos la impulsan.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, abogó por una movilización “amplia” que reivindique la vivienda, pero también los salarios, y cree que, sin descartar la posibilidad de huelga general, hay que medir la respuesta que se da, porque no es la misma situación la de las grandes ciudades, las zonas turísticas o la de la España vaciada.
También hubo movilizaciones por la vivienda en Almería, Cuenca, Badajoz, Oviedo, Salamanca, Logroño, Murcia, Teruel, Córdoba y Orense, entre otros.
También hubo movilizaciones por la vivienda en Almería, Cuenca, Badajoz, Oviedo, Salamanca, Logroño, Murcia, Teruel, Córdoba y Orense, entre otros.
Con Trump, el ICE impone récord de muertes; 31%, connacionales
Exigen desmantelar esa institución
La cancillería ya interpuso 20 denuncias ante fiscalías y autoridades de EU
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada Lunes 5 de octubre de 2026, p. 4
Durante la administración de Donald Trump, una de cada tres personas migrantes que han perdido la vida bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) eran mexicanas.
Datos recabados por diferentes actores a partir de cifras oficiales indican que, desde que el magnate regresó a la Casa Blanca –en enero de 2025–, han muerto 58 extranjeros mientras estaban detenidos por esa instancia o durante operativos migratorios. De ese total, 18 (31 por ciento) tenían nacionalidad mexicana.
El endurecimiento de las políticas antimigratorias del presidente estadunidense ha ocasionado un incremento en los fallecimientos de personas migrantes en esa condición.
La base de datos Bloomberg Law documentó que el año fiscal 2026 –que comenzó el primero de octubre de 2025 y concluyó el 30 de septiembre de 2026– ha sido el más letal en la historia del ICE, al cerrar con 37 muertes de extranjeros bajo custodia. El récord anterior era de 28 decesos y se alcanzó en 2004, un año después de la fundación de ese servicio de inmigración.
El pasado primero de octubre, la congresista demócrata por el estado de Washington, Pramila Jayapal, reportó en sus redes sociales que, desde que Trump volvió a la presidencia, suman 58 fallecimientos en esas circunstancias.
“Necesitamos desmantelar ICE, eliminar los centros de detención privados con fines de lucro y reformar nuestro sistema de inmigración roto”, enfatizó la congresista, quien ha sido una férrea opositora a las acciones de esa agencia.
La cifra de muertes en esa condición durante los primeros 20 meses del segundo periodo presidencial del republicano equivale a más del doble de las 27 registradas en los cuatro años del gobierno de Joe Biden.
Informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), actualizados a agosto de este año, señalan que son 18 los connacionales que han perdido la vida bajo custodia del ICE: 14 en los centros de detención y cuatro durante operativos de esa agencia.
La cancillería mexicana anunció en semanas recientes que se interpusieron 20 denuncias ante fiscalías y autoridades de Estados Unidos para exigir sanciones por esos casos.
El Panel sobre Mortalidad en los Centros de Detención del ICE, herramienta digital creada por el investigador Austin Kocher, muestra que, hasta agosto del año fiscal 2026, se registraron 36 muertes de migrantes a manos del ICE.
Este registro incluye todos los fallecimientos de personas migrantes en los centros de detención u operativos migratorios desde el año fiscal 2004 a la fecha.
Los dos años de Trump en su segundo periodo están en el top tres: 2026, con una cifra final de 37 muertes, el récord histórico; y 2025, con 24, la tercera más alta, sólo debajo de 2004, cuando se registraron 28 fallecimientos.
Los ciudadanos en condición migratoria irregular que han perdido la vida de esta forma en el último año eran, además de México, de Costa Rica, Cuba, Camboya, Afganistán, Nicaragua, Guatemala, Haití, Irán, Vietnam, Georgia, Alemania, Venezuela, Honduras, El Salvador, Perú y China.
Conquistas de la guerra contra las drogas
Estefanía Ciro*
Una pareja de misioneros estadunidenses sentados mira a la cámara, rodeados de niños y niñas indígenas peruanas. Entre ellos está su hijo de siete años, y en las piernas de su madre, su bebé de siete meses. Ambos sonríen en la fotografía. De ellos se sabe que se trasladan en un pequeño avión en Perú piloteado por otro estadunidense sobre la selva amazónica cuando una aeronave de la Fuerza Aérea peruana les disparó, asesinando a la madre y la bebé, y dejando seriamente heridos a los otros tripulantes. En 1997 un reporte de la CIA anunció que su programa de interceptación aérea contra el narcotráfico llamado Air Bridge Denial Program (ABDP) era el máximo éxito en la lucha contra las drogas y que se reflejaba en el declive de los cultivos de coca en Perú y de la exportación de cocaína. En abril de 2001, pocos días después del ataque a la familia misionera, el programa fue cancelado abruptamente.
Para finales de los años 80 y principios de los 90, se hablaba de un “puente aéreo” entre Perú y Colombia que movilizaba pasta base de cocaína entre ambos países, y que en 1994, según datos de Estados Unidos, alcanzaron más de 428 vuelos en aviones civiles. Este tránsito se convirtió en el primer objetivo de la Guerra contra las Drogas durante la presidencia de George H.W. Bush (1989-1993) en la región, y en Perú se expresó en cuatro pilares de siempre: interdicción, erradicación, desarrollo alternativo y disminución de la demanda. Todo esto en medio de la guerra contrainsurgente contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y de la llegada al poder de Alberto Fujimori con sus 126 decretos de choque, acompañado de Vladimiro Montesinos, el zar de inteligencia del Perú, reclutado por la CIA en los años 70, a quien se le pagaba un millón de dólares anuales durante los 90 y con quien se articuló el programa Airbridge Denial. La doctrina Fujimori declaró estado de emergencia en los territorios con presencia de coca, como el Huallaga, y un plan de destrucción de aeropuertos y pistas en la región.
Desde el fin de la guerra fría, la actitud de la guerra contra las drogas por parte de la CIA cambió; lo que antes fue considerado como una guerra perdida, se convirtió en una línea con financiación, agentes y redes que creó al Centro de Crímenes y Narcóticos de la CIA, y con esto aparecieron nuevas misiones. Entre 1994 y 2001, la CIA en Lima tumbó 15 avionetas, aunque otros informes afirman que fueron 35. Según la agencia, se defendió este programa en Estados Unidos como un programa al-tamente clasificado y con pro-cedimientos estrictos para evi-tar violación de derechos hu-manos, pero la realidad es quebuscaban protección bajo lasleyes estadunidenses. No con-taban que la división de Amé-rica Latina de la agencia sobre-salía por saltarse todas las reglas éticas y jurídicas y estaba dirigida por José Rodríguez y un grupo de agentes que ha-bían sido entrenados partici-pando en el escándalo de los Irán-Contras. Se replicó en la experiencia del Perú el mismo lema: l a misión estaba por enci-ma de los medios, aun si era necesario romper todas las reglas.
Supuestamente, los procedimientos de capturas de aeronaves tenían unos pasos estrictos. Los paramilitares y contratistas de la CIA acompañarían la operación con un avión Citation, mientras la Fuerza Aérea iría con un Cessna 37. Los aviones tendrían una cámara de grabación y tendrían como procedimiento identificar la avioneta y contactar su piloto, usar señas internacionales de contacto visual, lanzar disparos de fuego de anuncio de peligro y si no se disuadía con esto, se procedía a destruir la aeronave. Según los abogados del gobierno estadunidense, se protegía legalmente a los funcionarios gringos de violaciones por fuera de su país.
El crimen de los misioneros destapó que la división de la CIA en América Latina hacía lo que quería. Diez de quince tiroteos mostraron que entre el primer contacto de la avioneta hasta su derribamiento apenas duraba dos minutos y, en particular, la grabación del asesinato de la familia misionera estadunidense mostró que no identificaron el número de la aeronave ni hicieron inteligencia, no hicieron ningún tipo de contacto, y tampoco dispararon tiros de advertencia, no tuvieron autorización de matar. Solamente dispararon. Tras el reporte, la cinta desapareció.
Uno de los informes sólo recopiló, sin contrastar, los relatos de los funcionarios involucrados. El vicepresidente Cheney exigió otra rendición de cuentas que demostró que el programa no proporcionó información completa ni precisa, aunque lo terminaron escondiendo hasta 2010 y nunca se juzgó a nadie. Bajo este manto de impunidad, en 2003 se firmó un acuerdo entre el gobierno colombiano y Estados Unidos para replicar la estrategia que sigue hasta el presente, reemplazaron a la CIA e involucraron al Departamento de Estado (INL), el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Con la firma de este acuerdo en Colombia se creó y consolidó la infraestructura de radares más potente de la región y que en los más recientes años se extendió a la frontera con Ecuador y en la triple frontera amazónica, en el Amazonas. Tres décadas después, los resultados son claros: la producción de cocaína y su tráfico ha alcanzado niveles históricos y lograron la instauración de una retaguardia militar estratégica de Estados Unidos en América Latina conquistando los cielos, regulando el mercado.
*Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva
La IA en inercia radical
Foto autor
León Bendesky
05 de octubre de 2026 00:06
La oferta pública inicial que lanzó recientemente la controvertida empresa de inteligencia artificial Anthropic es realmente extravagante, por decir lo menos. Lo es por el monto de recursos que pretende alcanzar en una valuación que es del orden de 2 billones de dólares y, aún más, por las características del prospecto que presentó a los inversionistas.
El asunto ocurre en un periodo turbulento del proceso de desarrollo en la industria de la IA. El entorno está marcado por el significado mismo de la tecnología y sus implicaciones; por las grandes expectativas que genera, incluyendo sus riesgos y, también, por el carácter de la competencia en el mercado, entre un puñado de empresas con un enorme poder, no sólo económico sino de naturaleza social y política.
Destacan los problemas de inseguridad de los distintos modelos de IA, como ha ocurrido en la misma Anthropic e, igualmente, en su rival OpenAI y en Alphabeth (Google). Estos ocurren de modo más frecuente, como indican los recientes episodios que se describen como la secuencia de incidentes sin precedente en los que modelos de “frontera” se evaden de los límites del ambiente de prueba en el que operan y hackean, de manera autónoma, otras entidades independientes para completar las tareas que se les han asignado.
Tales episodios han sido expuestos extensamente, sin tratar de modo suficiente sus consecuencias.
Otro asunto reciente que pone en evidencia a la industria, es el revuelo que desató la declaración de un par de los investigadores de Anthorpic respecto al alto riesgo que entraña la IA y que podría derivar incluso en la extinción de la humanidad.
Nunca un proyecto de inversión había sido presentado al público y los agentes que invierten en el mercado financiero con un fundamento de riesgo de tal envergadura. Es como si el Proyecto Manhattan se hubiera colocado en el mercado de Wall Street para atraer recursos y explotar la bomba. Extravagante es, sin duda, esta situación, incluso demencial.
Pero todo esto resulta irrelevante en cuanto se pone el énfasis en el ámbito del financiamiento de las empresas tecnológicas y el ejemplo hoy más evidente es el de Anthropic. Son tantos los recursos invertidos por el conjunto de las empresas tecnológicas; tan enrome la deuda que han colocado; tantas las presiones provocadas en el sector financiero, como es el caso de los bonos de deuda pública y privada; tan grandes son las expectativas que se han generado y el poder que concentran, que ya no hay modo de parar.
Este es el contexto en el que puede ocurrir una oferta pública inicial de esta naturaleza. Una combinación entre un proyecto económico y un episodio notable de especulación, no se quieren quedar fuera de tan grande negocio. Los datos indican que Anthropic reporta 4.6 mil millones de dólares de ingresos, con una pérdida operativa de 8 mil millones y una pérdida neta general del orden de 42 mil millones. La empresa planea gastar 518 mil millones en computación en la nube e infraestructura.
Así, en el mercado se ha considerado que la valuación esperada de 2 billones está fuera de proporción dado es escenario negativo de rentabilidad previsible.
Los involucrados afirman que los riesgos en cuanto a la inseguridad podrán ser mitigados. No pueden ya decir más que eso. El principal argumento lo ha hecho el omnipresente Hensen Huang, comprometido tecnológica y financieramente hasta el cuello en la industria de la IA, siendo el principal proveedor de los chips que se usan y, además, cabeza de la empresa con mayor valuación de mercado que se estima entre el orden de 5 billones de dólares, se trata de Nvidia.
La OPI de Anthropic presenta un amplio espectro de advertencias para los inversionistas. El prospecto contiene en total 261 páginas, de ellas 80 páginas dedicadas a plantear los factores de riesgo del proyecto, en tanto que la descripción de las características propias del negocio ocupa 48 páginas, el resto es información financiera y desempeño de la empresa. Las advertencias señalan que los modelos avanzados de IA tienen un comportamiento de autopreservación, se resisten a ser cerrados, esconden y manipulan la información, actúan de modo similar al de un chantaje y presentan riesgos catastróficos de tipo existencial.
Ciertamente, las empresas de sectores como el de la energía nuclear, farmacéuticas y de biotecnología advierten a sus inversores sobre los riesgos operativos, ambientales o de seguridad de sus productos, pero lo que es realmente nuevo es que se advierta que un producto como es el caso de la IA pueda amenazar al conjunto de la humanidad. Tal cosa no se conocía en los mercados de valores.
La situación ha sido caracterizada por quienes tratan los aspectos éticos de la AI como altamente contradictoria: una empresa pretende atraer miles de millones de dólares del público para fondear una tecnología que abiertamente se describe como un riesgo existencia para la humanidad.
El diario The Financial Times considera que esta OPI es inquietante. Convencionalmente son como un protocolo de presentación. Google ofrecía: “Hacer del mundo un lugar mejor”; SpaceX decía que su ambición era: “Extender la luz de la conciencia hasta las estrellas”. Ahora, en cambio, se plantea la posible extinción de la humanidad. Entre ambos extremos podría ofrecerse cualquier cosa.
Hay un aspecto moral claramente involucrado en este asunto protagonizado por Anthropic y que se extiende al conjunto de esa industria altamente endeudada y sus muy controvertidos jefes. En este caso Dario Amodei está marcando una pauta muy sensible. No está solo. En una declaración realmente sorprendente, otro personaje relevante de la industria tecnológica, Alex Karp, jefe de Tecnologías Palantir, propuso de plano que el problema de la responsabilidad legal de la industria es tal que los laboratorios de IA deberían pedir ser nacionalizados para su propia protección.
Cabe preguntar cuáles son los límites de este creciente embrollo. No hay nada en el escenario político y de negocios que se aproxime a esto. La situación está enmarcada en una especie de inercia radical que involucra a las empresas, los mercados financieros y el quehacer político.
