Reuters
08 de octubre de 2026 12:38
Roma. La nueva ley electoral aprobada este jueves por el Parlamento italiano fue concebida por la coalición de la primera ministra, la conservadora Giorgia Meloni, como una forma de consolidar su control del poder tras las próximas elecciones, según políticos de la oposición.
Sin embargo, los analistas señalan que la reforma, que premia las amplias alianzas en lugar de a los partidos individuales, podría beneficiar en última instancia a los adversarios de centroizquierda de Meloni si estos logran superar sus divisiones internas y unirse en torno a un único líder.
La reforma otorga una bonificación de mayoría parlamentaria a la alianza más grande si obtiene más del 42 por ciento de los votos, lo que anima a los partidos rivales a unir fuerzas antes de unas elecciones. Meloni afirma que su objetivo es aumentar las perspectivas de un gobierno estable.
Rivales de la oposición se enfrentan por el liderazgo
Cuando Meloni elaboró el proyecto de ley, su propia coalición conservadora lideraba las encuestas, pero su ventaja se ha visto mermada por la aparición de un nuevo grupo de extrema derecha, Futuro Nacional, lo que ha permitido que un grupo de partidos de centroizquierda se sitúe ligeramente por delante.
Sin embargo, un requisito de la nueva ley —según el cual las coaliciones deben designar a su candidato a primer ministro antes de cualquier elección— ha puesto de manifiesto las divisiones entre Elly Schlein y Giuseppe Conte, los líderes de los dos principales grupos de la oposición: el Partido Democrático (PD) y el Movimiento 5 Estrellas.
"El liderazgo corresponde al partido que obtenga un voto más. Eso no es hegemonía, es democracia", declaró Schlein, de 41 años, en una reunión del PD la semana pasada, dejando claro que, en su opinión, la mayor fuerza de la oposición debería liderar la alianza.
"Si hay quienes no reconocen este principio democrático, entonces celebraremos primarias", añadió.
De hecho, Conte está presionando para que se celebren primarias, argumentando que deben ser los votantes, y no las jerarquías del partido, quienes elijan al candidato de la coalición a primer ministro. Pero un enfrentamiento pondría de manifiesto las marcadas diferencias políticas dentro del bloque de centroizquierda y las rivalidades personales.
"Probablemente, las primarias empeorarán la situación de la izquierda, porque son una contienda en la que una persona dice: 'Soy mejor que el otro', y eso no facilita en absoluto la cooperación", afirmó Piero Ignazi, profesor de política comparada en la Universidad de Bolonia.
Schlein adoptó un tono desafiante en el Parlamento el jueves, cuando se aprobó la reforma a pesar de la oposición de la centroizquierda.
"Adelante, cambien la ley electoral; ganaremos en cualquier caso, sea cual sea el sistema de votación", afirmó.
El apoyo a Ucrania divide a la izquierda
Conte, de 62 años, fue primer ministro entre 2018 y 2021 en dos gobiernos consecutivos y ha dejado claro que quiere recuperar su antiguo cargo. Pasó gran parte del verano cortejando a los votantes de izquierda y cuestionando las posiciones políticas del PD —en particular, el apoyo continuado del grupo a la causa ucraniana en la guerra—.
Schlein, que carece de experiencia en el gobierno nacional, afirma que la ventaja del PD sobre sus aliados de la oposición en las encuestas de opinión implica que se debe dar más peso a sus opiniones.
Las últimas encuestas sitúan al PD en torno a 20 por ciento, frente al 12.5 por ciento del Movimiento 5 Estrellas, lo que lo convierte en el segundo partido más popular de Italia tras "Hermanos de Italia", de Meloni, que ronda 28 por ciento.
Alessandro Di Battista, un antiguo político de alto rango del Movimiento 5 Estrellas que ya no pertenece al partido pero que sigue contando con seguidores entre sus simpatizantes, afirmó que a Schlein le costaría ganarse a parte de la base del Movimiento 5 Estrellas.
"Hay un sector de ciudadanos que apoyan al Movimiento 5 Estrellas que no votarían a Schlein ni bajo tortura", declaró el sábado al canal de televisión Canale 9.
Advirtiendo de que la rivalidad cada vez más encarnizada entre Schlein y Conte corría el riesgo de hacerle el juego al gobierno, añadió: "Meloni ya es la favorita… pero si siguen así, más vale que ni siquiera celebren las elecciones".
Lecciones de la derrota de 2022
En las últimas elecciones nacionales de 2022 se utilizó un sistema electoral híbrido que combinaba la representación proporcional con circunscripciones mayoritarias repartidas por todo el país.
El PD y el Movimiento 5 Estrellas no se presentaron juntos, lo que dividió el voto de la oposición y entregó el poder al bloque conservador, una experiencia que, según el ex primer ministro Matteo Renzi, debería galvanizar a la oposición en lugar de desanimarla.
Renzi, cuyo pequeño partido centrista espera unirse a una futura alianza de centroizquierda, instó a la oposición a aceptar cualquier proceso de primarias como una forma de ampliar el atractivo de la coalición, en lugar de permitir que esto socave su sentido de unidad.
"Pongámonos en marcha, organicemos estas benditas primarias y convirtámoslas en una celebración de la democracia", afirmó el mes pasado.
Cerca de 70 congresistas electos en comicios de Brasil son investigados por corrupción
Europa Press
08 de octubre de 2026 12:20
Madrid. Al menos 69 congresistas electos en las elecciones del pasado domingo en Brasil se encuentran bajo investigación por casos de presunta corrupción, malversación de fondos, manipulación de contratos públicos, o delitos medioambientales, entre otros.
Lo que representa que uno de cada nueve congresistas está bajo investigación, de acuerdo con el portal brasileño UOL, el cual añadió que 33 parlamentarios fueron acusados formalmente, mientras que otros 36 tienen informes abiertos a la espera de que se presenten cargos formales contra ellos.
La mayoría de casos están relacionados con malversación de fondos públicos, aunque también hay acusaciones de violencia doméstica o por delitos racistas. La Constitución brasileña solo suspende los derechos políticos en caso de condena penal firme, cuando ya no existe posibilidad de apelación.
Entre los investigados destaca el diputado por el Partido Liberal (PL) Mario Frias, a quien la Policía investiga por presunta malversación de hasta dos millones de reales (unos 355 mil euros) procedentes de enmiendas legislativas para producir la película Dark House, un biopic sobre el expresidente Jair Bolsonaro.
La mayor parte de los cargos, según esta información, pertenecen a formaciones de la derecha, incluido el Partido Liberal de los Bolsonaro y las diferentes fuerzas que conforman ese bloque informal parlamentario conocido como centrão' --el gran centro--, el cual se ha erigido indispensable para la gobernabilidad.
Fortalezas ante regresiones políticas en Latinoamérica
Foto Ap Foto autor
Ana María Aragonés
09 de octubre de 2026 00:02
En América Latina y el Caribe parece estarse replanteando el papel internacional que va a jugar bajo la égida de Estados Unidos, sobre todo a partir del segundo mandato a la presidencia de Donald Trump. La región fue considerada como “patio trasero”; ahora podemos llamarla “protectorado colonial”. Las políticas de las autoridades recién electas están dispuestas a entregar lo que el poder imperial les exija, sobre todo los enormes recursos estratégicos de la región, imprescindibles para las transformaciones tecnológicas. La pretensión es derrotar a una China que se está adelantando no sólo en tecnología, sino en inversiones que se extienden a muchos y diversos países y continentes. Y si bien es cierto que Estados Unidos sigue siendo militar y económicamente el puntero, la realidad es que la forma en la que impone sus condiciones, amenazas, coacciones y aranceles como castigo marca otra gran diferencia en relación con la forma en la que China establece sus relaciones internacionales.
Es cierto que las amenazas de Donald Trump han hecho su parte para lograr que la región se integre a la ultraderecha internacional, al poner en marcha toda la parafernalia digital de cuentas de bots y trols, informaciones falsas para mover las narrativas; actuando fuera de la ley para generar temor, como es bombardear lanchas de pescadores en el Caribe, supuestamente narcos, sin ninguna prueba; retirando visas, casi siempre a personas que están incidiendo en investigaciones que pueden ponerlo en aprietos, como pasó con Alejandre de Moraes, el juez brasileño, o el fiscal Roger Mariaca que llevaba el caso de Fernando Cerimedo en Bolivia, ahora encarcelado por supuestos vínculos con narcos. Y lo más insólito, secuestrar a presidentes en funciones como a Nicolás Maduro y su esposa, todo ello en un marco de absoluta impunidad.
Las estrategias injerencistas de Estados Unidos han sido la pauta desde que se convirtió, después de la Segunda Guerra Mundial, en el polo occidental hegemónico. La historia muestra que América Latina ha estado siempre en el radar del vecino del norte, listo para lanzar estrategias injerencistas cada vez que la región ha intentado hacer realidad su independencia, autonomía y soberanía. Recordemos el horror de los años 70 en Latinoamérica para derrocar al presidente Salvador Allende, cuyo programa se sostenía en lo que llamó “el socialismo chileno”. La injerencia del poder imperial se extendió a toda la región poniendo en marcha las crueles dictaduras, que asesinaron, secuestraron, desaparecieron y torturaron para implantar el Consenso de Washington, momento a partir del cual los desplazamientos humanos fueron masivos, buscando refugio y asilo en distintos países, entre ellos México.
Cuando el modelo neoliberal empezó a entrar en crisis hacia los primeros años del siglo XXI, se produjo en Latinoamérica el ascenso de los gobiernos progresistas que buscaron construir una integración regional autónoma, sin tutela externa: Unasur, Celac, entre otros. Todos estos procesos tuvieron como eje articulador la recuperación de la democracia y la búsqueda de caminos hacia el desarrollo. Un hecho muy significativo fue el reconocimiento de que la migración no era un problema bilateral con Estados Unidos y comenzó a verse como una cuestión latinoamericana estructural que involucraba factores tales como trabajo, desarrollo y soberanía.
A partir de la llegada de Donald Trump, en el marco de la crisis estructural de 2008-2009 que sigue sin resolver sus contradicciones, en la medida en que las propuestas de la ultraderecha las profundizan, ha sido evidente que América Latina vuelve a estar en el radar no sólo por razones geopolíticas, de seguridad nacional, sino sobre todo por sus recursos estratégicos. Ha quedado claro que iba a obstaculizar cualquier intento hacia la integración y, a partir de su segundo mandato, se lanzó a fondo para impedirlo. Primero por medio de lo que llamó la nueva Doctrina Donroe, enarbolando supuestas cuestiones de seguridad nacional; en seguida puso en marcha el llamado Escudo de las Américas, un acuerdo que permite la militarización de toda la región. Y para darle el contexto ideológico, su secretario de Estado Marco Rubio le organizó la reunión en la que convocó a cerca de 60 países para “luchar contra los comunistas, contra la izquierda, los grupos antifa”, a pesar de que como grupo no existen. No es extraño la enorme hostilidad, violencia y beligerancia a los que llaman “zurdos de mierda”, o “el anticristo”, “demonios del infierno” (Milei dixit). Retórica que se hace realidad cuando el imperio insiste en “cambiar el régimen”, por lo que se comete el genocidio en Cuba, se bombardea a Irán, se continúa el genocidio en Gaza y contra cualquier grupo de la resistencia, considerados terroristas, pero que luchan contra el colonialismo.
Justamente en este obsceno repudio a las izquierdas, a las fuerzas progresistas, es donde se encuentra el temor del poder imperial. Pero es también donde se encuentra la fortaleza del pensamiento crítico, de las teorías emancipadoras, que exigen con urgencia ser debatidas y discutidas incorporando y nutriéndose de las expresiones de los movimientos sociales y los intereses de los trabajadores, que permita construir propuestas que hagan realidad la soberanía, la justicia, los derechos humanos, para salir de este caos, de esta oscuridad en la que el capitalismo salvaje pretende sumirnos.
Los límites de lo posible
José Romero
El T-MEC puede ordenar el comercio de México. El problema comienza cuando también ordena lo que México se permite pensar. Si toda aspiración nacional debe justificarse primero por su compatibilidad con el tratado, éste deja de ser un instrumento y se convierte en la medida de nuestras ambiciones. Ya no preguntamos qué relación comercial necesita el país, sino qué país cabe dentro de esa relación.
Gramsci ayuda a entender ese desplazamiento. La hegemonía se sostiene en la capacidad de obtener consentimiento y presentar un orden histórico como si fuera natural. Su fuerza consiste en que las ideas que lo justifican se vuelvan sentido común. Cuando eso ocurre, los límites de una relación de poder se aceptan como límites de la realidad. Las alternativas pueden descartarse sin necesidad de prohibirlas.
El T-MEC contiene compromisos y México tiene una economía estrechamente ligada a Estados Unidos. Esas condiciones pesan. Pero una obligación escrita, una presión de Washington y el temor a incomodar al vecino son cosas distintas. Confundirlas permite atribuir al tratado restricciones que provienen también de decisiones políticas y de renuncias anticipadas. La frase “Estados Unidos no lo permitiría” puede terminar sustituyendo el examen de lo que México necesita y de las fuerzas con que cuenta.
Ése es el mecanismo que importa. Si una propuesta se descarta apenas se sospecha que podría incomodar a nuestro principal socio, el debate queda resuelto antes de comenzar. Ya no se examinan sus beneficios, sus costos ni sus condiciones. Tampoco se pregunta cuánto cuesta mantener el rumbo actual. La continuidad aparece como una situación sin riesgos; cualquier cambio debe responder por todos los suyos.
Así se forma un sentido común que confunde la defensa del país con la preservación de su lugar en el orden existente. Adaptarse a esa relación pasa a ser prueba de sensatez. Plantear objetivos que obliguen a discutirla se vuelve una imprudencia. Una decisión histórica adquiere la apariencia de un destino: lo que fue acordado por gobiernos termina tratándose como si estuviera fuera del alcance de la política.
Desde Gramsci, el problema alcanza al propio gobierno. Una fuerza puede ganar elecciones, cambiar el lenguaje público y seguir pensando dentro del horizonte que heredó. Incluso puede denunciar la dependencia mientras presenta cualquier intento de modificarla como una amenaza a la estabilidad. En ese punto, el orden existente encuentra protección en quienes prometieron transformarlo.
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta esa contradicción. La promesa de transformación exige poder discutir hacia dónde debe ir México, también cuando esa discusión incomoda a sus socios. Si la continuidad de la relación comercial define de antemano los objetivos admisibles, el mandato popular queda reducido a escoger la manera de administrar esa continuidad. Se puede cambiar de gobierno sin cambiar quién establece los límites de la política.
La soberanía se ejerce al decidir qué compromisos sirven al país, qué costos está dispuesto a asumir y qué capacidades necesita para ampliar sus opciones. Esa decisión requiere discutir el precio de cambiar y también el de permanecer igual. Cuando sólo el cambio debe justificarse, la dependencia ya ganó una parte decisiva de la discusión: consiguió que sus propios costos dejaran de verse.
Ésa es la fuerza de la pregunta gramsciana: ¿quién define lo que parece razonable? Quien consigue fijar ese criterio influye sobre las decisiones antes de que lleguen a votarse o negociarse. Por eso la discusión sobre el T-MEC tiene una dimensión que rebasa sus cláusulas. Está en juego si el acuerdo sirve a un proyecto nacional o si su preservación ocupa el lugar de ese proyecto.
La victoria más profunda de una hegemonía ocurre cuando quienes quieren cambiar el orden terminan vigilando sus límites. Si el gobierno acepta que el futuro de México sólo puede pensarse dentro de lo que supone tolerable para Estados Unidos, la transformación queda subordinada a una autorización ajena. El tratado no necesita prohibir todos los caminos. Basta con que nosotros dejemos de imaginarlos.
