Foto Germán Canseco Foto autor
León Bendesky
19 de octubre de 2026 00:21
El poder es el referente esencial de la política. En ese terreno, las instituciones regulan la interacción social, y han de generar las condiciones de certidumbre para la coexistencia funcional. Las elecciones son un caso prominente del entorno institucional; configuran los poderes del Estado y sus formas de interacción: de cooperación y confrontación. Las ideologías, conformadas como conjuntos de valores y modos de comprender el mundo, son un elemento significativo para orientar, en una u otra dirección, la dinámica social y la historia.
Las ideologías se transforman y se desgastan. Son muchos los casos que lo ilustran y que ponen de relieve sus consecuencias.
Las políticas públicas que atienden las demandas y los intereses de diversos grupos de la sociedad representan las coordenadas del quehacer y el estudio de la política. En este marco se ubican las condiciones que muestran el flujo del progreso, o el retroceso, de la situación social existente conforme a determinadas referencias. Este proceso es dinámico y contradictorio; constituye las condiciones de fenómenos como la fatiga de la democracia, además de que permiten asomarse a sus límites.
Daniel Innenarity plantea el síndrome de fatiga democrática como el desapego o la frustración de los ciudadanos frente a las instituciones y los partidos políticos. La situación de desgaste genera, según la define, una “democracia irritada”.
Se genera una ruptura política por fatiga cuando los ciudadanos se dan cuenta de que votar no soluciona sus problemas diarios como son: el empleo, la generación de ingresos, el acceso a servicios claves, como salud, la educación, la vivienda. Y, cada vez más, como ocurre en el país, frente a la vulnerabilidad provocada por la profunda y creciente inseguridad pública.
El objetivo supremo del gobernante es conservar el poder. El poder no deriva de una recompensa a la virtud moral, es una herramienta pragmática usada para conseguir la estabilidad política, la unidad y la preservación del Estado. El concepto de virtud política fue definido en El Príncipe. La virtud del gobernante y, por extensión, del aparato político y burocrático, no reside en la bondad moral, sino en la capacidad práctica y la astucia para hacerse del poder y conservarlo. Tarea complicada, sin duda, sobre todo si se quiere conservar una democracia funcional y no un producto adulterado.
La contradicción entre la pretendida virtud expresada como bondad moral y la consecución de los objetivos del poder político no pueden sostenerse indefinidamente.
Hay un aspecto inevitable con respecto al sentido positivo o ético del poder político que tiene que ver, finalmente, con una cuestión pragmática. Esta puede expresarse como la capacidad de conseguir que las cosas que se proponen hacer se hagan y, por supuesto, que se hagan bien. Esta es una verdadera prueba del poder en el campo del ejercicio del gobierno. En este sentido nuestro entorno está en falta.
Un caso ejemplar del requisito pragmático y de eficacia del ejercicio del poder y del gobierno es el sistema de salud. El 1º de enero de 2020, el gobierno canceló el Seguro Popular, que funcionaba desde 2003. Al parecer se canceló precisamente porque funcionaba. Su sustituto, el infortunado Insabi fracasó rotundamente y fue extinguido en 2023, con el reconocimiento explícito del entonces presidente de que había fallado.
Ocho años después de iniciado aquel gobierno, la situación del sistema de salud sigue en crisis. El personal del IMSS está en las calles en protesta por las condiciones laborales y salariales; por el desabasto de insumos quirúrgicos y de curación para la atención de los pacientes. Estamos hablando de los materiales más comunes: vendas, sondas, jeringas y anestesia para operar a la gente. Advierten del faltante crítico de medicamentos considerados de alta demanda. Supuestamente había ya una “megafarmacia”, inaugurada en diciembre de 2023 que resolvería la situación. No pasó nada, ni siquiera hubo una explicación del fracaso, simplemente se consideró innecesario darla. Supuestamente, también, el servicio de salud en el país sería de primer mundo, como se dijo hasta el último día del gobierno anterior. Hoy estalla la crisis.
La crisis del IMSS se ha descrito como de carácter estructural. Ocho años después, el director ofrece que hará una investigación de la situación “piso por piso”. Si esto no fue más que una desafortunada metáfora, es evidente que el propósito es irrealizable y está ya fuera de tiempo. Ocho años después y con el personal médico en las calles, el gobierno ofrece, una vez más, atender sus demandas legítimas. El principal enfermo es el sistema de salud que no soporta la insuficiencia de recursos humanos y materiales, la falta de atención administrativa, de planeación, voluntad política y capacidad presupuestal. Ignorar esto se acerca a la demagogia.
De manera cruda, Schumpeter expuso que la democracia tiende a convertirse en un mecanismo para escoger a la élite mediante las elecciones, con una mínima participación ciudadana entre uno y otro proceso electoral. En el pensamiento político se señala que la fatiga democrática ocurre cuando los ciudadanos se percatan de ser usados como electores episódicos y, así, ser manipulados.
Mientras, los asuntos mayores de la política pública y las decisiones económicas que los afectan quedan fuera de su alcance. Así, se pierde no sólo la motivación para ir a las urnas, sino la confianza en quienes gobiernan. Como ha dicho José Antonio Marina: “No hay nada más antidemocrático que el voto cautivo”. Plantea el fenómeno de la fatiga de la democracia como: “un vaciamiento de los contenidos esenciales del sistema y una pérdida de pensamiento crítico”, lo que deriva en lo que llama una “democracia fácil o crédula”
León Bendesky
19 de octubre de 2026 00:21
El poder es el referente esencial de la política. En ese terreno, las instituciones regulan la interacción social, y han de generar las condiciones de certidumbre para la coexistencia funcional. Las elecciones son un caso prominente del entorno institucional; configuran los poderes del Estado y sus formas de interacción: de cooperación y confrontación. Las ideologías, conformadas como conjuntos de valores y modos de comprender el mundo, son un elemento significativo para orientar, en una u otra dirección, la dinámica social y la historia.
Las ideologías se transforman y se desgastan. Son muchos los casos que lo ilustran y que ponen de relieve sus consecuencias.
Las políticas públicas que atienden las demandas y los intereses de diversos grupos de la sociedad representan las coordenadas del quehacer y el estudio de la política. En este marco se ubican las condiciones que muestran el flujo del progreso, o el retroceso, de la situación social existente conforme a determinadas referencias. Este proceso es dinámico y contradictorio; constituye las condiciones de fenómenos como la fatiga de la democracia, además de que permiten asomarse a sus límites.
Daniel Innenarity plantea el síndrome de fatiga democrática como el desapego o la frustración de los ciudadanos frente a las instituciones y los partidos políticos. La situación de desgaste genera, según la define, una “democracia irritada”.
Se genera una ruptura política por fatiga cuando los ciudadanos se dan cuenta de que votar no soluciona sus problemas diarios como son: el empleo, la generación de ingresos, el acceso a servicios claves, como salud, la educación, la vivienda. Y, cada vez más, como ocurre en el país, frente a la vulnerabilidad provocada por la profunda y creciente inseguridad pública.
El objetivo supremo del gobernante es conservar el poder. El poder no deriva de una recompensa a la virtud moral, es una herramienta pragmática usada para conseguir la estabilidad política, la unidad y la preservación del Estado. El concepto de virtud política fue definido en El Príncipe. La virtud del gobernante y, por extensión, del aparato político y burocrático, no reside en la bondad moral, sino en la capacidad práctica y la astucia para hacerse del poder y conservarlo. Tarea complicada, sin duda, sobre todo si se quiere conservar una democracia funcional y no un producto adulterado.
La contradicción entre la pretendida virtud expresada como bondad moral y la consecución de los objetivos del poder político no pueden sostenerse indefinidamente.
Hay un aspecto inevitable con respecto al sentido positivo o ético del poder político que tiene que ver, finalmente, con una cuestión pragmática. Esta puede expresarse como la capacidad de conseguir que las cosas que se proponen hacer se hagan y, por supuesto, que se hagan bien. Esta es una verdadera prueba del poder en el campo del ejercicio del gobierno. En este sentido nuestro entorno está en falta.
Un caso ejemplar del requisito pragmático y de eficacia del ejercicio del poder y del gobierno es el sistema de salud. El 1º de enero de 2020, el gobierno canceló el Seguro Popular, que funcionaba desde 2003. Al parecer se canceló precisamente porque funcionaba. Su sustituto, el infortunado Insabi fracasó rotundamente y fue extinguido en 2023, con el reconocimiento explícito del entonces presidente de que había fallado.
Ocho años después de iniciado aquel gobierno, la situación del sistema de salud sigue en crisis. El personal del IMSS está en las calles en protesta por las condiciones laborales y salariales; por el desabasto de insumos quirúrgicos y de curación para la atención de los pacientes. Estamos hablando de los materiales más comunes: vendas, sondas, jeringas y anestesia para operar a la gente. Advierten del faltante crítico de medicamentos considerados de alta demanda. Supuestamente había ya una “megafarmacia”, inaugurada en diciembre de 2023 que resolvería la situación. No pasó nada, ni siquiera hubo una explicación del fracaso, simplemente se consideró innecesario darla. Supuestamente, también, el servicio de salud en el país sería de primer mundo, como se dijo hasta el último día del gobierno anterior. Hoy estalla la crisis.
La crisis del IMSS se ha descrito como de carácter estructural. Ocho años después, el director ofrece que hará una investigación de la situación “piso por piso”. Si esto no fue más que una desafortunada metáfora, es evidente que el propósito es irrealizable y está ya fuera de tiempo. Ocho años después y con el personal médico en las calles, el gobierno ofrece, una vez más, atender sus demandas legítimas. El principal enfermo es el sistema de salud que no soporta la insuficiencia de recursos humanos y materiales, la falta de atención administrativa, de planeación, voluntad política y capacidad presupuestal. Ignorar esto se acerca a la demagogia.
De manera cruda, Schumpeter expuso que la democracia tiende a convertirse en un mecanismo para escoger a la élite mediante las elecciones, con una mínima participación ciudadana entre uno y otro proceso electoral. En el pensamiento político se señala que la fatiga democrática ocurre cuando los ciudadanos se percatan de ser usados como electores episódicos y, así, ser manipulados.
Mientras, los asuntos mayores de la política pública y las decisiones económicas que los afectan quedan fuera de su alcance. Así, se pierde no sólo la motivación para ir a las urnas, sino la confianza en quienes gobiernan. Como ha dicho José Antonio Marina: “No hay nada más antidemocrático que el voto cautivo”. Plantea el fenómeno de la fatiga de la democracia como: “un vaciamiento de los contenidos esenciales del sistema y una pérdida de pensamiento crítico”, lo que deriva en lo que llama una “democracia fácil o crédula”
A continuar el altermundismo
La mayoría de los casos ISDS son presentados por corporaciones basadas en los países ricos y en contra de países en desarrollo. Foto Europa Press Foto autor
Manuel Pérez Rocha L.*
19 de octubre de 2026 00:02
Las luchas de la gente ante el inmenso poderío corporativo mundial pueden parecer grandes o pequeñas, localizadas o globalizadas, pero cada una tiene gran significancia en la defensa de la vida y en la búsqueda de otro mundo. Si hace un par de décadas apenas, pensábamos que “otro mundo era posible”, hoy en día la realidad es aplastante y buena parte de la humanidad ya se encuentra en plena pelea por la sobrevivencia. Las ilusiones de millones han sido estrujadas, y actos genocidas como el de Israel contra Palestina, hacen ver algunas batallas de hoy como intrascendentes o menores.
Por ejemplo, en días pasados organizaciones de todo el mundo se han pronunciado de nuevo por poner fin al controvertido sistema de solución de controversias inversionista-Estado (stopisds.org). Los actos en diversas ciudades han sido en realidad pequeños. Atraer a gente en plenos esfuerzos por sobrevivir estos tiempos, a temas que parecen tan lejanos y técnicos, resulta más difícil que nunca.
Sin embargo, en el cataclismo civilizatorio que significa este capitalismo desbordado, esta herramienta (ISDS) continua siendo un instrumento de dominación neocolonial y corporativa, cada vez menos cuestionado y más aceptado con resignación por algunos estados o con franca complicidad corrupta por otros.
El neoliberalismo no se ha ido a ningún lado. Es sólo que ahora vuelve a utilizar al Estado como arma fascistoide (estilo Pinochet) para aplastar a aquellos que defienden los territorios, el agua, y toda la esperanza de sobrevivencia de pueblos y comunidades enteras, que en cambio ven cada vez más diluidos y limitados los mecanismos multilaterales de defensa de los derechos humanos.
Ante este derrotero, se han vuelto a manifestar organizaciones: en Washington ante el Ciadi del Banco Mundial, en Ginebra ante las Naciones Unidas (en el contexto del trabajo por un tratado vinculante de empresas y derechos humanos); en Bangkok ante las reuniones anuales del Banco y el FMI y, en otras ciudades, en los denominados Días de Acción ante el sistema ISDS que se llevaron a cabo del 15 al 17 de octubre https://stopisds.global/en/#action. Se reitera que el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial es la principal sede del opaco sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados (ISDS).
El ISDS, consagrado en numerosos tratados comerciales y de inversión (muchos firmados por México, incluyendo el T-MEC, TLCUEM, TPP etc.) permite a inversionistas extranjeros, muchas veces meros especuladores, reclamar indemnizaciones por cantidades ilimitadas a los estados cuando medidas gubernamentales —como políticas medioambientales, sanitarias o de otro tipo de interés público—afectan supuestamente sus ganancias esperadas.
El ISDS permite a inversionistas eludir a los sistemas de justicia nacionales y, en cambio, demandar directamente a los Estados ante paneles supranacionales compuestos por tres árbitros privados, que pueden presentar demandas en nombre de empresas al tiempo que actúan como «jueces» en otros casos. El conflicto de intereses, tráfico de influencias y la llamada “puerta giratoria” es generalizada. Citan las organizaciones extremos como el que el marido de la secretaria general del Ciadi es socio en arbitraje internacional en el bufete de abogados White & Case, el cual se enriquece presentando demandas ante el Ciadi a favor de empresas.
La mayoría de los casos ISDS son presentados por corporaciones basadas en los países ricos y en contra de países en desarrollo. Y una gran contradicción es que el alcance de las políticas gubernamentales que han sido objeto de estas demandas incluye políticas que el mismo Banco Mundial aparentemente apoya, como normativas medioambientales, la transición a energías limpias, hasta la protección de pueblos indígenas. Obligar a países en desarrollo a pagar millones en gastos legales y, potencialmente, miles de millones en indemnizaciones a las empresas por estas políticas, desvía los escasos recursos de las inversiones estatales en salud, educación y todos los servicios públicos cada vez más apabullados.
De gran inspiración para quienes se manifestaron en contra del sistema ISDS en días pasados fue la coincidencia con el décimo aniversario, el viernes 14 de octubre, de la derrota de la empresa minera canadiense Pacific Rim en 2016, en su demanda en contra de El Salvador por 300 millones de dólares. Recordemos que en 2009, Pacific Rim Cayman LLC presentó un caso de “solución de controversias entre inversores y estados” (ISDS) contra El Salvador ante el Ciadi. La empresa minera había demandado a El Salvador por supuestas pérdidas de beneficios potenciales como consecuencia de no haberle sido concedida una concesión minera para una mina de oro, ya que la empresa no cumplía con requisitos ambientales fundamentales, y por el rechazo comunitario en la defensa del agua y del Rio Lempa.
No fue la primera victoria de este tipo. Anteriormente, por ejemplo, se dio la guerra del agua en Cochabamba Bolivia, en la que el pueblo de esa ciudad aplastó la ambición de la empresa estadunidense Bechtel de ver privatizada en su favor el agua de la ciudad. Sin duda, un gran ejemplo para lo que ocurre hoy en día en Guadalajara, Jalisco. Esfuerzos antisistémicos en contra del ISDS no deben de verse tan lejanos. En 1999, la derrota del propuesto Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en el seno de la OCDE fue en verdad sísmica, dejando hasta el día de hoy a las grandes corporaciones sin un acuerdo a nivel global que les otorgue todos los privilegios por encima de los derechos de los pueblos.
Los shocks constantes y distracciones mediáticas nos hacen a veces olvidar esas luchas recientes y perder la puntería. Pero hay que superar la zozobra actual y entender que el poderío de las elites corporativas continuará, con el espantoso trumpismo o sin él, y las luchas contra la inequidad también.
*www.ips-dc.or
Tiempo de ultras
David Penchyna Grub
Hace tiempo que el centro ha dejado de funcionar como espacio electoral viable. Las encuestas y los resultados de primarias muestran que los votantes se agrupan en los extremos del espectro. Quienes se ubican en posiciones intermedias suelen abstenerse o terminan eligiendo al candidato que perciben como menos lejano de su preferencia. Esta dinámica obliga a los partidos y a quienes buscan cargos a desplazar sus propuestas hacia afuera del centro si quieren movilizar a su base o ganar notoriedad en una competencia interna.
En Estados Unidos, el proceso es visible en ambos lados. El movimiento MAGA ha consolidado la derecha republicana alrededor de un conjunto de posiciones que priorizan la restricción migratoria, el proteccionismo comercial y el cuestionamiento de instituciones federales. En el Partido Demócrata el desplazamiento ha ocurrido en sentido contrario.
La proporción de votantes demócratas que se identifican como liberales ha aumentado de forma sostenida desde comienzos de la década pasada. Las primarias recientes reflejan ese cambio. En Michigan, Abdul El-Sayed, antiguo funcionario de salud pública, derrotó en agosto de 2026 a la congresista Haley Stevens, respaldada por el establishment del partido. El-Sayed recibió el apoyo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Su plataforma incluye Medicare for All, la abolición de la agencia de control migratorio ICE y el fin de la ayuda militar a Israel. La primaria se decidió por menos de un punto porcentual. El resultado no fue excepcional: en varias circunscripciones urbanas las candidaturas alineadas con el ala izquierda del partido han superado a opciones más moderadas en los últimos ciclos.
El patrón se repite en otros sistemas. En España la crisis de vivienda ha convertido el acceso a la propiedad y al alquiler en un eje de confrontación. El Banco de España estima un déficit acumulado que supera el millón de viviendas para 2028. Ante ese dato, las propuestas de los partidos se han polarizado. Un sector aboga por aumentar la oferta mediante la liberación de suelo, la reducción de plazos administrativos y la derogación de normas que limitan el alquiler. Otro sector sostiene que la solución pasa por expandir el parque público, imponer topes de precios en zonas tensionadas y mantener de forma permanente la protección de las viviendas financiadas con recursos públicos.
El Congreso rechazó en octubre de 2026 dos decretos del gobierno que buscaban reforzar la renovación automática de contratos y otras medidas de contención. Los votos en contra provinieron de formaciones que consideran esas normas contraproducentes para la oferta. Las posiciones no se solapan: una parte trata de corregir lo que identifica como fallos de mercado y de regulación; la otra trata de subordinar el mercado a objetivos de accesibilidad inmediata para quienes arriendan.
El denominador común es la reducción del espacio en el que un candidato puede mantener posiciones intermedias sin perder apoyo. En sistemas de primarias, como el estadunidense, el electorado que participa suele estar más polarizado que el electorado general. En sistemas parlamentarios fragmentados, como el español, los partidos compiten por segmentos específicos y tienen pocos incentivos para ocupar el centro cuando el centro no vota de forma consistente. El resultado es que las propuestas se formulan en términos de oposición clara a la otra parte. El candidato que busca ganar o destacar debe ofrecer un contraste nítido. La moderación deja de ser un activo electoral y se convierte en una posición que debe justificarse de manera explícita o que se abandona.
Esta configuración no elimina el centro como posición ideológica de parte del electorado. Las encuestas siguen registrando un porcentaje significativo de ciudadanos que se sitúan en posiciones intermedias. Lo que ha desaparecido es la utilidad electoral de ese espacio. Quienes ocupan cargos o aspiran a ellos adaptan su discurso y sus propuestas a las condiciones de competencia que encuentran. El centro, en consecuencia, permanece como lugar de preferencia individual y deja de operar como punto de agregación política.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Miles de personas, algunos con pancartas en contra del gobernador Pablo Lemus, se manifestaron ayer para exigir agua limpia en Guadalajara, Jalisco.Foto Arturo Campos
Tras seis meses de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por traición a la patria cayó una pieza pesada en la ilegal cuan impune operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en territorio mexicano, en abierta violación de la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución. Pero falta la principal: la panista Maru Campos, conocida como La Gringa, quien dice despachar como “gobernadora” de Chihuahua, cuando en realidad sólo opera a favor de los intereses de la Casa Blanca y ha permitido la “acción encubierta” de todo tipo de espías estadunidenses en México.
La Jornada (Jesús Estrada y Gustavo Castillo) lo reseñó así: “el caso de la participación de elementos de la CIA en un operativo en Chihuahua dio un vuelco con sendas órdenes de aprehensión contra el ex fiscal César Jáuregui”, quien el pasado sábado “fue detenido por policías estatales acusado de delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Por la noche, la FGR formalizó otra orden de captura por ‘hechos constitutivos de delito de traición a la patria en seguridad nacional’. El ex fiscal fue acusado por partida doble, estatal y federal, debido a un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua con la presencia de agentes de la CIA, lo que en su momento dio lugar a un diferendo entre el gobierno federal y la gobernadora Campos. La fiscal Ernestina Godoy anunció que Jáuregui habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional”.
Ella informó que el ex fiscal Jáuregui “habría ordenado y coordinado” el citado operativo en la sierra de Chihuahua, una acción que “claramente es un ataque al pacto federal y a la división de poderes”. Cometió “el delito de traición a la patria, porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que sólo corresponden a las fuerzas federales, lo que atenta contra la soberanía y la integridad de la nación al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución” ( ídem).
El caso se destapó en abril pasado, tras la muerte de dos agentes de la CIA en la sierra de Chihuahua, ilegalmente operativos en nuestro territorio, quienes, con la anuencia de la embajada estadunidense en nuestro país y con el pretexto de “desmantelar un narcolaboratorio clandestino”, se pasaron por el arco del triunfo las leyes nacionales y los acuerdos bilaterales. Poco después de esa acción, ese par, más el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes, murieron cuando el vehículo en que se trasladaban cayó a un barranco.
Ello permitió descubrir la presencia y operatividad de quienes, oficialmente (así lo dijo entonces el propio ex fiscal César Jáuregui), fueron calificados como “instructores de la embajada de Estados Unidos en México que se encontraban haciendo labores de entrenamiento, en el intercambio que tenemos generalmente y de forma normal con las autoridades del país vecino; ellos siempre han colaborado en cuestiones de asesoramiento, de cursos, en el intercambio que tenemos regularmente”, cuando en los hechos trabajaban a sus anchas con la venia de la “gobernadora” y sin conocimiento ni autorización del gobierno federal, como establece la ley.
Pero la principal responsable es la panista Maru Campos, quien utiliza el fuero para maniobrar en su intento de evadir su participación en esta descarado acto de traición a la patria y violación de la soberanía nacional (por cierto, su abogado es otro impresentable: Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular del indecente Felipe Calderón cuando este dormía en Los Pinos). Ella, junto con el “embajador” gringo en México, Ronald Johnson, son la punta del iceberg.
Pero ello es superable con dos acciones concretas e inmediatas: la primera, juicio político contra La Gringa y así permitir que la FGR actúe en consecuencia; y, la segunda, declarar persona non grata al agente disfrazado de “embajador”, Ronald Johnson, para que se vaya del país. No deben permanecer impunes.
Las rebanadas del pastel
Revocación de mandato del “gobernador” de Jalisco, exigen miles de ciudadanos en la megamarcha de ayer en Guadalajara. Pablo Lemus resultó más sucio, fétido y contaminante que el “agua” que llega a los hogares de la capital del estado… Atenta solicitud: “Jeremy Corbyn pide al gobierno mexicano apoyar las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu y romper comercialmente con Israel por el genocidio en Gaza”.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
