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la redacción
10 de septiembre de 2026 11:42
Cientos de manifestantes en Roma y la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtieron que el proyecto de ley contra el antisemitismo en Italia podría silenciar las críticas a Israel, reportó este jueves Al Jazeera.
"El antisionismo no es antisemitismo”, rezaban los carteles negros y amarillos distribuidos por Amnistía Internacional frente al Parlamento italiano el miércoles por la tarde.
Cientos de personas se congregaron frente a la plaza de Montecitorio en Roma para oponerse al llamado proyecto de ley contra el antisemitismo en Italia. La manifestación se organizó para que coincidiera con una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que está examinando la legislación aprobada por el Senado el 4 de marzo por amplia mayoría.
Según el sistema constitucional italiano, un proyecto de ley debe ser aprobado por ambas cámaras en un mismo texto para que pueda convertirse en ley. “Estamos cansados de ver cómo se instrumentaliza el antisemitismo para promover la censura de cualquier tipo de crítica al Estado de Israel y sus políticas criminales”, declaró Daniel Calo, de Tikkun, un grupo de activistas judíos italianos contra el racismo.
“Ante este vergonzoso proyecto de ley, reiteramos una vez más, con firmeza, que oponerse al sionismo no es antisemitismo.” En el centro de la controversia se encuentra la posible incorporación a la legislación nacional de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto ( IHRA ), que, según los críticos, confunde el antisemitismo con la crítica a Israel.
De acuerdo con la IHRA, “negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, afirmando que la existencia del Estado de Israel es un proyecto racista”, es antisemita, al igual que “establecer comparaciones entre la política israelí contemporánea y la de los nazis”.
Anneliese Baldaccini, de Amnistía Internacional Italia, afirmó que el proyecto de ley, de ser aprobado, se aplicaría a escuelas, universidades, plataformas sociales y asociaciones culturales.
El duelo de un pueblo: Chile, 11 de septiembre de 1973
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Marcos Roitman Rosenmann
11 de septiembre de 2026 00:04
Mientras la burguesía chilena brindaba con champán la muerte del presidente Salvador Allende, el pueblo chileno iniciaba su luto que perdura hasta nuestros días. Han pasado 53 años, y el golpe de Estado cívico-militar que derrocase al gobierno más democrático que ha conocido la historia de Chile ha sido barrido por la posverdad. Los detenidos desaparecidos, allanamientos de fábricas, universidades, centros de trabajo son fantasmas que habitan las calles de ciudades y pueblos del país. Los fusilamientos, torturas y detenciones arbitrarias se han difuminado al ser considerados parte de una guerra inexistente que se libró en Chile entre el bien y el mal. Libertad o comunismo.
El tiempo termina arrinconando la memoria en un museo. La vida segada de quienes formaron parte de un todo intergeneracional, hombres y mujeres que vibraron con el triunfo de la Unidad Popular y dedicaron su vida a construir un Chile más justo, igualitario, soberano y digno no han tenido descanso. Vuelven y gritan su desesperación. Exigen dignidad. Buscan aliados que recojan el testigo, pero la sociedad chilena los desautoriza. Intereses espurios generan ruido e impiden escuchar su reclamo de abrir las alamedas. Su muerte se ha transformado en mercancía. La cordura debe imperar. El palacio de La Moneda, bombardeado 11 de septiembre de 1973, se ha transformado en atracción turística. Y si trata del proyecto político de la Unidad Popular, se acota: no fue ni Unidad, ni Popular. El argumentario es grotesco. Sus responsables no buscaron el consenso ni el apoyo de los sectores medios. El sectarismo, la intolerancia y la trama oculta de instaurar la dictadura del proletariado llevó al fracaso y la derrota.
Quienes traicionaron al pueblo se justifican, aunque los hechos vayan en sentido contrario. Hablan de pérdida de libertades, ataque a la familia, la propiedad privada y quebranto del Estado de derecho. Ha sido, durante medio siglo, el discurso de quienes defienden el asesinato de compatriotas y la actuación de las fuerzas armadas y carabineros como una cruzada liberadora.
Quienes perdieron la vida defendiendo el orden constitucional son reinventados como enemigos de la patria. No hay nada por lo cual arrepentirse. La libertad de mercado no se puede detener en los derechos humanos. El ex presidente Patricio Aylwin dirá, al referirse a las mujeres violadas y quienes pasaron por los centros de detención clandestinos y sobrevivieron, que son personas afortunadas. De otra forma no se explica que el actual presidente, José Antonio Kast, reivindique la dictadura y sus torturadores. Tampoco, que Chile acoja el Foro de Madrid que agrupa a la ultraderecha latinoamericana y mundial. Ni menos que se reivindique la figura del dictador Augusto Pinochet como lo hizo Javier Milei. Celebrarlo en septiembre no es casual, es un insulto y un desprecio a la dignidad humana.
Pero no es el único que lo ha reivindicado, ni todos se ubican a la derecha. Los presidentes de la Concertación, más Gabriel Boric, han tenido comportamientos similares. Todo sea por agrandar los resultados del neoliberalismo y sus hacedores. En el fondo, atribuir a la dictadura cívico-militar logros económico-sociales, cuya constitución de 1978, reformada en 2004 por el ex presidente Ricardo Lagos, producto de la dictadura, configura la arquitectura de la economía de libre de mercado que impera en Chile.
¿Pero a que logros se refieren? Veamos, Chile es hoy uno de los países con mayor desigualdad en la región. El 10 por ciento más rico tiene un ingreso 27 veces superior al 10 por ciento más pobre. Situación que empeora si sumamos sanidad, educación y vivienda. Por otro lado, en medio siglo, sus riquezas mineras están en manos de trasnacionales. Los recursos hídricos, ríos, lagos y aguas subterráneas se han vendido a empresas privadas. Es un firme aliado de Estados Unidos y manifiesta un desafecto hacia los proyectos de identidad latinoamericana donde se reconozcan el ideario de Simón Bolívar, Manuel Rodríguez o José Martí. Y si miramos al siglo XX, Lázaro Cárdenas o Salvador Allende.
Para quienes tienen frágil memoria, recomiendo el libro Chile. Análisis del primer año de la dictadura militar (1973-1974). Un texto inédito hasta 2026. Editado inicialmente por Prensa Latinoamericana, en Buenos Aires, y bajo seudónimo, no llegó a ser distribuido. Su valor radica en ser testimonio directo, escrito con rigor e información de época, y redactado para dar a conocer la lógica del gobierno militar, captó el sentido del golpe de Estado. Ser un proyecto de refundación del capitalismo dependiente. Su autor, Vicent Garcés. En sus páginas se puede reconocer la traición de uniformados y civiles, los orígenes de la operación Cóndor, las contradicciones de la derecha y la represión a los militares constitucionalistas que no siguieron el golpe de Estado. Es de lectura obligada.
Para concluir, sin duda hay diferencias entre los presidentes que han gobernado Chile tras el plebiscito de 1988, donde triunfó el No a la continuidad de Pinochet. Pero Alywin y Frei apoyaron la dictadura y compartieron su ideario cuando la junta militar se posesionó decidiendo “combatir frontalmente en contra del comunismo internacional y la ideología marxista que éste sustenta”; afirmando que “mientras otros recién avanzan con ingenuidad por el camino del diálogo y el entendimiento con el comunismo, nosotros venimos de vuelta (…) el actual gobierno no teme ni vacila declararse antimarxista”, “hay que extirpar el cáncer marxista de raíz”. A 53 años del asesinato de la democracia en Chile, José Antonio Kast resulta el alumno aventajado de Pinochet. El pueblo chileno continúa en duelo.
Marcos Roitman Rosenmann
11 de septiembre de 2026 00:04
Mientras la burguesía chilena brindaba con champán la muerte del presidente Salvador Allende, el pueblo chileno iniciaba su luto que perdura hasta nuestros días. Han pasado 53 años, y el golpe de Estado cívico-militar que derrocase al gobierno más democrático que ha conocido la historia de Chile ha sido barrido por la posverdad. Los detenidos desaparecidos, allanamientos de fábricas, universidades, centros de trabajo son fantasmas que habitan las calles de ciudades y pueblos del país. Los fusilamientos, torturas y detenciones arbitrarias se han difuminado al ser considerados parte de una guerra inexistente que se libró en Chile entre el bien y el mal. Libertad o comunismo.
El tiempo termina arrinconando la memoria en un museo. La vida segada de quienes formaron parte de un todo intergeneracional, hombres y mujeres que vibraron con el triunfo de la Unidad Popular y dedicaron su vida a construir un Chile más justo, igualitario, soberano y digno no han tenido descanso. Vuelven y gritan su desesperación. Exigen dignidad. Buscan aliados que recojan el testigo, pero la sociedad chilena los desautoriza. Intereses espurios generan ruido e impiden escuchar su reclamo de abrir las alamedas. Su muerte se ha transformado en mercancía. La cordura debe imperar. El palacio de La Moneda, bombardeado 11 de septiembre de 1973, se ha transformado en atracción turística. Y si trata del proyecto político de la Unidad Popular, se acota: no fue ni Unidad, ni Popular. El argumentario es grotesco. Sus responsables no buscaron el consenso ni el apoyo de los sectores medios. El sectarismo, la intolerancia y la trama oculta de instaurar la dictadura del proletariado llevó al fracaso y la derrota.
Quienes traicionaron al pueblo se justifican, aunque los hechos vayan en sentido contrario. Hablan de pérdida de libertades, ataque a la familia, la propiedad privada y quebranto del Estado de derecho. Ha sido, durante medio siglo, el discurso de quienes defienden el asesinato de compatriotas y la actuación de las fuerzas armadas y carabineros como una cruzada liberadora.
Quienes perdieron la vida defendiendo el orden constitucional son reinventados como enemigos de la patria. No hay nada por lo cual arrepentirse. La libertad de mercado no se puede detener en los derechos humanos. El ex presidente Patricio Aylwin dirá, al referirse a las mujeres violadas y quienes pasaron por los centros de detención clandestinos y sobrevivieron, que son personas afortunadas. De otra forma no se explica que el actual presidente, José Antonio Kast, reivindique la dictadura y sus torturadores. Tampoco, que Chile acoja el Foro de Madrid que agrupa a la ultraderecha latinoamericana y mundial. Ni menos que se reivindique la figura del dictador Augusto Pinochet como lo hizo Javier Milei. Celebrarlo en septiembre no es casual, es un insulto y un desprecio a la dignidad humana.
Pero no es el único que lo ha reivindicado, ni todos se ubican a la derecha. Los presidentes de la Concertación, más Gabriel Boric, han tenido comportamientos similares. Todo sea por agrandar los resultados del neoliberalismo y sus hacedores. En el fondo, atribuir a la dictadura cívico-militar logros económico-sociales, cuya constitución de 1978, reformada en 2004 por el ex presidente Ricardo Lagos, producto de la dictadura, configura la arquitectura de la economía de libre de mercado que impera en Chile.
¿Pero a que logros se refieren? Veamos, Chile es hoy uno de los países con mayor desigualdad en la región. El 10 por ciento más rico tiene un ingreso 27 veces superior al 10 por ciento más pobre. Situación que empeora si sumamos sanidad, educación y vivienda. Por otro lado, en medio siglo, sus riquezas mineras están en manos de trasnacionales. Los recursos hídricos, ríos, lagos y aguas subterráneas se han vendido a empresas privadas. Es un firme aliado de Estados Unidos y manifiesta un desafecto hacia los proyectos de identidad latinoamericana donde se reconozcan el ideario de Simón Bolívar, Manuel Rodríguez o José Martí. Y si miramos al siglo XX, Lázaro Cárdenas o Salvador Allende.
Para quienes tienen frágil memoria, recomiendo el libro Chile. Análisis del primer año de la dictadura militar (1973-1974). Un texto inédito hasta 2026. Editado inicialmente por Prensa Latinoamericana, en Buenos Aires, y bajo seudónimo, no llegó a ser distribuido. Su valor radica en ser testimonio directo, escrito con rigor e información de época, y redactado para dar a conocer la lógica del gobierno militar, captó el sentido del golpe de Estado. Ser un proyecto de refundación del capitalismo dependiente. Su autor, Vicent Garcés. En sus páginas se puede reconocer la traición de uniformados y civiles, los orígenes de la operación Cóndor, las contradicciones de la derecha y la represión a los militares constitucionalistas que no siguieron el golpe de Estado. Es de lectura obligada.
Para concluir, sin duda hay diferencias entre los presidentes que han gobernado Chile tras el plebiscito de 1988, donde triunfó el No a la continuidad de Pinochet. Pero Alywin y Frei apoyaron la dictadura y compartieron su ideario cuando la junta militar se posesionó decidiendo “combatir frontalmente en contra del comunismo internacional y la ideología marxista que éste sustenta”; afirmando que “mientras otros recién avanzan con ingenuidad por el camino del diálogo y el entendimiento con el comunismo, nosotros venimos de vuelta (…) el actual gobierno no teme ni vacila declararse antimarxista”, “hay que extirpar el cáncer marxista de raíz”. A 53 años del asesinato de la democracia en Chile, José Antonio Kast resulta el alumno aventajado de Pinochet. El pueblo chileno continúa en duelo.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ El Paquete Económico para 2027 propone más recursos para educación, ciencia, salud y seguridad, y todos los Programas para el Bienestar tendrán aumentos superiores a la inflación. En la imagen, beneficiarios del plan Desde La Cuna, en CDMX.Foto Luis Castillo
Cumplido el ritual que obliga al Ejecutivo a poner el Paquete Económico (en este caso correspondiente a 2027) a consideración del Legislativo a más tardar el 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, dio cuenta del resultado de la política social: “Entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, y eso ha permitido que ese indicador, así como el de pobreza laboral y el de desigualdad, se encuentren en sus niveles más bajos desde que hay registro; los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país, y el gasto público tiene la doble responsabilidad de construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana”.
Ya en los documentos que dan cuerpo al Paquete Económico, Hacienda subraya que “el gasto público mantendrá como prioridad el bienestar de la población y la inversión en el futuro del país. Respecto de 2026, aumentarán los recursos para educación, ciencia, salud y seguridad, y todos los Programas para el Bienestar tendrán incrementos superiores a la inflación. En conjunto, a los programas prioritarios se canalizará el equivalente a 2.6 por ciento del producto interno bruto” (PIB).
Pero, ¿cuál es la perspectiva de crecimiento económico para 2027? De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la tasa de crecimiento será de entre 1.5 y 2.5 por ciento real, “por encima de lo previsto para 2026”, y tal comportamiento “estará sustentado principalmente en la fortaleza de la demanda interna, a la que se sumará una contribución favorable del sector externo. El crecimiento estará respaldado por mayores ingresos de los hogares, condiciones financieras menos restrictivas y una dinamización de la inversión, impulsada por los proyectos de infraestructura y los incentivos del Plan México”.
El consumo privado continuará como uno de los principales motores de la actividad. El crecimiento de los salarios reales –que durante los primeros siete meses de 2026 elevó en 4.4 por ciento el ingreso mediano real de los trabajadores–, la generación de empleo y la ampliación de la red de protección social seguirán fortaleciendo el ingreso disponible de los hogares y la economía popular. Este efecto será particularmente relevante entre las familias de menores ingresos, que destinan mayor proporción de sus recursos adicionales al consumo, sostiene la versión de Hacienda.
Algo más: “los Programas para el Bienestar, junto con el fortalecimiento de los servicios de salud y cuidados, contribuirán tanto al bienestar de la población como al dinamismo del mercado interno. A este impulso se sumarán condiciones financieras más favorables. La reducción de la tasa de referencia durante 2026 comenzará a reflejarse con mayor intensidad en el costo del crédito y del capital, debido a los rezagos con los que opera la política monetaria. Esto favorecerá el consumo de bienes duraderos y las decisiones de inversión de las empresas. Asimismo, la solidez del sistema bancario y la creciente digitalización de los servicios financieros permitirán acompañar una mayor demanda de crédito y ampliar el acceso al financiamiento, particularmente para las pequeñas y medianas empresas”.
Además, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 “impulsará proyectos estratégicos en energía, transporte, puertos y agua, aumentando directamente la formación de capital y el empleo. Conforme estas obras entren en operación, reducirán costos logísticos, ampliarán la conectividad y la disponibilidad de energía y agua y elevarán la capacidad productiva de las regiones. La participación privada y mixta permitirá ampliar el alcance de estos proyectos y fortalecer la complementariedad entre la inversión pública y privada”.
Las rebanadas del pastel
Donald Trump va de locura en locura y la más reciente, que no la última, es la ilegal y descarada propuesta de comprar votos con miras a la elección intermedia del próximo noviembre. Su oferta es pagar 5 mil dólares a cada uno de los estadunidenses que sufrague por los candidatos republicanos al Congreso (Cámara de Representantes y Senado). En el lejano caso de que así procedan los poco más de 77 millones 300 mil ciudadanos que en 2024 apoyaron al delirante en las urnas, entonces el monto a cubrir sería superior a 386 mil 500 millones de dólares, cantidad similar al PIB de Perú o Portugal, de acuerdo con el FMI. ¿De dónde saldría el recurso? De su bolsillo no, desde luego, pero más allá del río de dinero prometido, ¿quién sanciona el delito y al delincuente? Parece que nadie, porque hasta ahora nadie ha frenado el daño que ha causado.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Analfabetismo: porcentaje agridulce
El martes pasado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció en San Juan Chamula, Chiapas, una reducción histórica del analfabetismo, que cifró en 3.8 por ciento de la población de 15 años y más (https://tinyurl.com/ymnbsm2c). Es un avance significativo en apenas dos años, pues en 2024 esa proporción era de 4.1 por ciento; muy notable en los seis últimos años, en comparación con 4.7 por ciento de 2020, y mucho más, en relación con 9.5 por ciento de comienzos de este siglo. Más allá de las estadísticas, como lo señaló el funcionario, “la alfabetización es uno de los actos de justicia, equidad y amor más profundos que se puedan realizar” y una aplicación de la consigna “Por el bien de todos, primero los pobres” (https://tinyurl.com/32tkh2cv).
En efecto, el analfabetismo afecta principalmente a mujeres pobres y a las entidades con mayores rezagos sociales del país: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y combatirlo significa una acción concreta de combate a la pobreza, la marginación y la desigualdad. De manera que alcanzar ese mínimo de 3.8 por ciento informado por el titular de la SEP es un logro nacional al que no debe escatimarse el mérito.
Pero, al mismo tiempo, los números esconden una realidad dolorosa e ina-ceptable. México tiene una población total de unos 134 millones 400 mil habitantes, de los cuales 101 millones tienen 15 años o más. El 3.8 por ciento de esa cifra significa que más de 3 millones 800 mil adolescentes y adultos en el país carecen de habilidades mínimas de lectoescritura y que, en consecuencia, ven reducidas sus capacidades de expresión, de comprensión del mundo, de pensamiento crítico y de participación política, social y económica. Desde esta perspectiva, el anuncio del secretario de Educación Pública es una noticia agridulce que debiera llevar a la reflexión y, sobre todo, a una acción radical, no para reducir, sino para erradicar el analfabetismo remanente.
No sería, desde luego, una tarea fácil, toda vez que la población afectada tiene un alto grado de dispersión, es rural en su gran mayoría y requiere de estrategias regionales diferentes; no es lo mismo abatir 1.4 por ciento de analfabetismo en la capital del país que enfrentar 13 por ciento en Chiapas. Incluso en entidades contiguas esos índices pueden brincar en forma significativa; así, son de 5.9 en Puebla y de 2.8 en Tlaxcala, o de 3.4 en Zacatecas y de 2 en Aguascalientes, o de 5.1 en Hidalgo y de 2.6 en el estado de México, lo que denota la existencia de realidades sociales particulares y de la necesidad de pensar en estrategias diferentes para cada localidad.
Por otra parte, eliminar el analfabetismo no se ha formulado como un objetivo explícito de los planes de gobierno, para los cuales este propósito se encuentra implícito en los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y en la política social de combate a la pobreza, superación de las brechas de género, fortalecimiento del sistema de educación pública y planes de justicia para el agro y las comunidades indígenas.
Sin embargo, la individualización de este problema podría permitir la definición de un objetivo nacional concreto: incorporar a casi 4 millones de personas al mundo del lenguaje escrito –y aquí uno debería preguntarse qué lenguaje o lenguajes en particular, porque el español no es el único de México–, lo que significaría un acto contundente de dignificación, es decir, de creación de condiciones para el ejercicio pleno de todos sus derechos, para su incorporación en circunstancias menos desfavorables a la economía y a la política.
Hace 65 años, en 1961, a Cuba le tomó un año alfabetizar a casi un millón de personas. No sería descabellado, entonces, pensar que en México podría lograrse la erradicación del analfabetismo, que numéricamente es cuatro veces mayor, en los más de cuatro años que le restan a este sexenio. Sería una obra social mucho más barata que cualquier gran proyecto de infraestructura y que la mayoría de los programas sociales, aunque tan benéfica como ellos, y sería además un objetivo difícilmente cuestionable en el terreno político (por más que las oposiciones ayunas de programa y los loros mediáticos inventaran algo que objetarle) y capaz de generar un amplio consenso social.
Se necesitaría, eso sí, una inequívoca voluntad política y un vasto esfuerzo de coordinación institucional de la propia SEP –por medio del INEA y el Conafe, por ejemplo– con las secretarías del Bienestar –para involucrar a los Servidores de la Nación–, del Trabajo –Jóvenes Construyendo el Futuro–, de Cultura, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Defensa y Marina –por la logística– y Agricultura y Desarrollo Rural; por añadidura, habría que sumar esfuerzos con los gobiernos de los estados y municipales, y convocar a voluntarias y voluntarios de todas las edades, clases y condiciones sociales.
Pero valdría la pena. Llegar a 2030 sin analfabetismo sería un logro social magnífico para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
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