Carlos Fernández-Vega
▲ Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, más tardó en recorrer el escalafón chavista que en entregar el petróleo de su pueblo a su “odiado enemigo” Donald Trump.Foto Europa Press
Distante quedó –no en tiempo, sino en forma y fondo– la entonces vicepresidenta de Venezuela (cuando, el 28 de septiembre de 2019 y a nombre de su país, participó como oradora en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU) comparada con la actual “presidenta encargada” tras el ilegal secuestro estadunidense de Nicolás Maduro (3 de enero de 2026). Desde luego se trata de la misma persona, Delcy Rodríguez, pero a ciencia cierta no se sabe si ella tiene problemas de doble personalidad o de plano es políticamente oportunista.
Lo anterior, porque en aquella cumbre de la ONU tomó el micrófono “en nombre de la única Venezuela, de la Venezuela digna, la valiente, la que no se arrodilla ante poder imperial alguno”, y desde la principal tribuna de la Asamblea General transmitió “un saludo bolivariano en nombre del presidente Nicolás Maduro y del espíritu de nuestro comandante Hugo Chávez”; denunció las sucias prácticas “del hegemón del mundo –Estados Unidos– y sus satélites” en contra de su país, y subrayó que “el proyecto bolivariano es intrínsicamente contrario al proyecto monroísta que pretende hacer ver que toda nuestra América es un patio trasero de Estados Unidos”.
Todavía el 3 de enero de 2026 (tras el secuestro de Maduro y su designación como “presidenta encargada” de Venezuela, que rápidamente fue reconocida por la Casa Blanca) Delcy Rodríguez subrayó que su país “no va a ser colonia de nadie, de ningún imperio viejo ni nuevo, y la respuesta será unitaria, organizada y consciente, defendiendo la soberanía con dignidad; el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro y exijo su liberación inmediata junto a su esposa, Cilia Flores”.
No se sabe con exactitud cuál de ese par de discursos debe darse por válido (28 de septiembre de 2019 o 3 de enero de 2026), pero lo cierto es que –con Maduro ilegalmente preso en Nueva York– ambos son descartables, pues en apenas ocho meses, si no es que menos, como por arte de magia se fue apagando la retórica del “rechazo” al “proyecto monroísta”, “la defensa de la soberanía” y la denuncia del “patio trasero”, para dar paso a la acelerada cuan descarada entrega de las reservas petroleras venezolanas a su “odiado hegemón del mundo”, disfrazando el saqueo por ella autorizado de “pacto binacional que tendrá un impacto significativo en el renacimiento nacional”, con todas las de ganar para el barón Trump (para él, 71 por ciento de las ganancias por la venta de oro negro ajeno durante, cuando menos, 25 años), a quien reiteradamente denunció por su injerencismo y el cúmulo de sanciones aplicadas a la nación sudamericana que “pretenden apropiarse de todos nuestros recursos”.
En las dos décadas recientes, Delcy Rodríguez (hija del fundador de la Liga Socialista de su país y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, asesinado por el gobierno en el primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, el mismo que en 1975 nacionalizó el petróleo venezolano, sólo para reprivatizarlo en 1990 durante su segundo mandato) de forma ascendente recorrió todo el escalafón burocrático-político –siempre dentro del movimiento chavista– hasta llegar a ser la “presidenta encargada”, toda vez que su “hegemón” predilecto secuestró a Maduro, y ya en esa posición comenzó a “desandar” el movimiento bolivariano.
Fue ministra del Despacho de la Presidencia (con Hugo Chávez en el cargo), de Comunicación e Información, de Relaciones Exteriores, de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, así como de Hidrocarburos. Fungió de primera y duodécima presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y de ahí a ser “presidenta encargada”, y parece que rápidamente olvidó de qué se trataba todo ello, pues más tardó en recorrer ese escalafón que en entregar el petróleo venezolano a su “odiado enemigo” (en el discurso).
¿Dónde quedaron sus denuncias y principios en aquella Asamblea General? Entre ellas, que “Estados Unidos aplica doctrinas de cambio de régimen y robo descarado de los recursos de las naciones; terrorismo económico contra Venezuela y despojo de nuestros recursos; nunca nos rendiremos ante imperio alguno; Venezuela es un pueblo digno, valiente y decididamente negado a la sumisión; el proyecto bolivariano es intrínsicamente contrario al proyecto monroísta; somos el legado infinito de la espada que heredamos de nuestro padre libertador, Simón Bolívar; nunca daremos espacio a la traición”.
Las rebanadas del pastel
¿Quién permitió que cantidades asombrosas de fentanilo mortal llegaran a territorio estadunidense? ¡Sorpresa! La “indoblegable” DEA, la misma que siempre culpa a otros de “narcotraficantes”.
Twitter: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Noboa se escabulle de ley que lo obliga a declarar sus bienes
Orlando Pérez Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Martes 1º de septiembre de 2026, p. 22
Quito. Al apelar a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Daniel Noboa (heredero de una de las fortunas más grandes de Ecuador) bloqueó la posibilidad de revisar y verificar su patrimonio, cuando es una obligación constitucional declarar sus bienes, así como el incremento de ingresos y beneficios de orden económico para todo funcionario, empezando por el presidente de la República. Y no lo hizo sólo para el presente periodo, sino que bloqueó todos los accesos para revisar sus declaraciones anteriores.
Nunca antes había ocurrido algo así, pero cuando se intenta ingresar a la página web de la Contraloría General del Estado aparece un frase que justificaría no poder revisar la declaración de bienes, deudas e ingresos extraordinarios del actual mandatario ecuatoriano: “acceso restringido en razón de la solicitud de uno de los Subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia de conformidad con los artículos 37 y 38 de la LOPDP”.
Pero esos artículos no explican ni justifican por qué no podría conocerse esa información, cuando la propia Constitución, en su artículo 231, como norma principal, impone la siguiente obligación: “las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos...”
De hecho, la misma Constitución establece que quien no cumpla “no puede posesionarse en el cargo”, y en esta misma norma legal otorga la facultad superior a la Contraloría General del Estado la competencia para examinar y confrontar las declaraciones e investigar los casos en los que exista presunción de enriquecimiento ilícito. Incluso establece que la falta de declaración al terminar las funciones o una diferencia patrimonial no justificada puede generar una presunción de enriquecimiento ilícito.
La declaración debe hacerse al empezar la gestión, cada dos años, mientras siga en el ejercicio de las funciones, y al finalizar. El objetivo es comparar la evolución patrimonial durante el ejercicio del cargo.
Ahora bien, el artículo 37 de la ley establece una obligación general para quien tenga bajo su responsabilidad datos personales, pero como tal no aplica para la justificación que ahora se invoca. En cambio, el artículo 38, referido a “medidas de seguridad en el ámbito del sector público”, establece que “el mecanismo gubernamental de seguridad de la información debe establecer medidas para proteger los datos personales frente a riesgos, amenazas, vulnerabilidades, accesos no autorizados, pérdidas, alteraciones, destrucción o comunicación accidental o ilícita”.
Por tanto, los dos artículos no justifican el ocultamiento de la información, pues el primero establecería que “si tienes datos personales bajo tu responsabilidad, tienes que protegerlos, evaluar permanentemente los riesgos y demostrar que las medidas funcionan”, mientras el segundo implica: “si quien maneja esos datos es una institución pública, esa obligación de seguridad forma parte del mecanismo gubernamental de seguridad de la información”.
Puerto Rico: miles hacen fila por agua; recursos naturales, en riesgo
Megaproyecto de lujo divide al país, mientras el cantante Bad Bunny llama a oponerse
▲ La represa Carraízo, ubicada en Trujillo Alto, 10 kilómetros al sureste de la capital San Juan, está en nivel crítico y a punto de quedar inoperante por la falta de agua, aunque la tormenta Dolly del fin de semana ayudó a paliar un poco la sequía.Foto Captura de video de redes sociales
Sandra D. Rodríguez Cotto Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Martes 1º de septiembre de 2026, p. 20
San Juan., Es como un hilo invisible, pero perverso que ata a Puerto Rico. Une a la falta de agua en el norte, con una marcha multitudinaria en el sur y las luces en un estadio en San Juan. La semana pasada condensó las contradicciones de una isla en fuga: la indignación popular por el desmantelamiento ambiental se cruzó con el fenómeno global de Bad Bunny cantando a la resistencia, todo bajo la sombra de un gobierno que privatiza a vapor y una naturaleza que pasa, sin tregua, de la sequía a la amenaza de inundación.
Este fin de semana se esperaba que una tormenta ayudara un poco en dar alivio a la sequía que atraviesa la isla y ha provocado un racionamiento en casi la mitad de la población.
Puerto Rico vivió la semana pasada tres países dentro de uno mismo. En el norte, miles de familias hacían fila junto a camiones cisterna para llenar baldes, luego de hasta dos meses de racionamiento por el deterioro de los sistemas pluviales, la mala gestión gubernamental y una sequía prolongada. En Cabo Rojo, en el suroeste, más de 30 mil personas marchaban contra Esencia, el megaproyecto de lujo que el gobierno respalda para levantar una ciudad de ultrarricos –con viviendas desde 3 millones de dólares, hoteles y hospitales privados– en un territorio que el pueblo defiende por su agua, su costa y su biodiversidad. Y en San Juan, dos días antes, Bad Bunny cerraba en un estadio su histórica gira Debí tirar más fotos: 57 conciertos, más de 20 países y 467.5 millones de dólares recaudados con 3 millones de boletos vendidos, según Billboard.
En ese contexto, la gobernadora Jenniffer González viajó a Nueva York a tocar la campana de apertura de la Bolsa de Valores. Su mensaje: Puerto Rico está open for business.
“Este caos, este desastre, es creado a propósito para tratar de jugar con nuestras emociones. Para tratar de que nos rindamos, de que nos vayamos, y puedan seguir vendiendo la isla parte por parte y cumplir su misión de un Puerto Rico sin puertorriqueños”, dijo Bad Bunny ante decenas de miles de personas antes de arrancar con De aquí nadie me saca. El mensaje resume una resistencia del pueblo puertorriqueño que atraviesa décadas de corrupción y privatización de bienes públicos.
La realidad de la resistencia
Puerto Rico exhibe una estabilidad macroeconómica sostenida artificialmente por fondos federales de reconstrucción (HUD, FEMA, CDBG-DR), pero las grietas estructurales no han sanado. El desempleo ronda 6 por ciento, aunque sólo entre 43 y 44 por ciento de la población en edad de trabajar participa activamente en la fuerza laboral: más de la mitad depende del gobierno o de la economía informal. Entre 41 y 43 por ciento viven bajo el nivel de pobreza, con un coeficiente de desigualdad superior a 0.54, el más alto bajo bandera estadunidense. La mediana de ingreso familiar apenas supera 24 mil dólares anuales, mientras el costo de electricidad y agua duplica o triplica el de varias ciudades de Estados Unidos.
La emigración, acelerada tras el huracán María (2017) y los terremotos de 2020, ha reducido la población a 3.22 millones, una caída de casi 17 por ciento desde 2004. La Ley 60, que exime de impuestos a inversionistas extranjeros, ha desplazado a residentes en zonas costeras como Rincón, Aguadilla, Luquillo y Vieques, encareciendo la vivienda. La violencia también golpea: dos muertes violentas diarias en promedio y 15 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta bajo jurisdicción estadunidense, más de 90 por ciento vinculados al narcotráfico que usa el Caribe como corredor hacia el continente.
El desmontaje legal de leyes ambientales
Mientras el pueblo hacía fila por agua, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico celebraba su Asamblea Anual en esta capital, donde el abogado ambientalista y profesor jubilado de derecho Pedro
Saadé Lloréns advirtió que el país enfrenta una pérdida histórica de sus protecciones ambientales. “Si antes era importante el rol del periodismo, y en particular del periodismo ambiental, más importante es ahora”, señaló al describir cómo el gobierno usa el discurso de “agilizar trámites” para trasladar funciones de agencias protectoras –como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Instituto de Cultura Puertorriqueña– hacia el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
Saadé alertó que dos proyectos legislativos delegarían en esa agencia comercial la última palabra sobre si se conserva una especie protegida o se estudia un hallazgo arqueológico, amenazando con abrir la puerta a la privatización de playas. Como advertencia, citó el caso del megaproyecto Esencia, cuya consulta de ubicación se aprobó en apenas 10 días laborables bajo la figura de “proyecto estratégico”, evadiendo vistas públicas.
Esa lógica alcanza al acuífero que sostiene al país. El ingeniero Abel Vale Nieves, presidente de Ciudadanos del Karso, denunció que el Proyecto de la Cámara 1079 elimina el reconocimiento legal del carso –zona geológica formada principalmente por roca caliza que cubre 27 por ciento del territorio de la isla– como recurso “irremplazable” para reclasificarlo como materia prima. Esa zona alberga la mayor reserva de agua subterránea de la isla, de la que dependen la agricultura, la farmacéutica y comunidades enteras del norte.
“Cada sumidero que se sella y cada zona de recarga que se pavimenta son aguas que este país no va a tener en la próxima sequía, y ya sabemos lo que eso significa”, advirtió Vale Nieves, quien recordó que 40 científicos y 8 mil 774 ciudadanos han pedido vistas públicas sin respuesta legislativa. “Ya no se trata sólo de un reclamo ciudadano: los científicos que llevan décadas estudiando estos sistemas lo pusieron por escrito y lo firmaron... Si los proyectos son tan buenos como sostienen sus autores, que resistan el escrutinio público”.
Vale advirtió, además, que esta reforma no puede leerse aparte de una general de permisos que daría supremacía a la nueva ley sobre cualquier otra legislación ambiental, lo que abriría la puerta a proyectos como Esencia en otras zonas de la isla, incluyendo Naguabo y Loíza.
Entre la sed, la resistencia científica y la fiesta multitudinaria de un ídolo global que cantó De aquí nadie me saca, Puerto Rico cierra agosto de 2026 como comenzó: disputando, litro a litro y firma a firma, el derecho a seguir siendo un país.
Rescatan a una menor del deslave que devastó Nepal
Ap, Afp, Europa Press y Reuters
Periódico La Jornada Martes 1º de septiembre de 2026, p. 24
Katmandú. La policía nepalí compartió la historia del rescate milagroso de Manisha, una niña de seis años que quedó atrapada en el deslave que devastó Nepal y China el pasado miércoles, informó la BBC.
Sanju Khatri, agente de la fuerza armada de policía de Nepal, relató que cuando los socorristas registraban la zona y retiraban los escombros, escucharon a la menor que se encontraba enterrada. Apenas consciente, la trasladaron a un campamento donde le dieron de comer arroz hervido para reanimarla, añadió.
El pasado sábado fue enviada en un avión al servicio de urgencias pediátricas del hospital universitario de Katmandú, donde funcionarios sanitarios reportaron que se encuentra estable y en recuperación.
Rescatistas de Nepal, con la ayuda de expertos chinos e indios, trabajan durante toda la noche para llegar hasta cientos de trabajadores que se cree que quedaron atrapados en el interior de los túneles de al menos 12 proyectos hidroeléctricos, dañados por los desbordamientos en los distritos de Rasuwa y Nuwakot de Nepal.
La autoridad de gestión de catástrofes de Nepal indicó que 933 personas están desaparecidas en las plantas hidroeléctricas de la región afectada por las inundaciones. Asimismo, la Cruz Roja estimó que más de 90 mil habitantes se vieron afectados por la catástrofe, al tiempo que China relacionó con estos efectos al cambio climático.
Mientras el número de muertes en ambos países rebasó 950, además de 4 mil 400 desaparecidos, el primer ministro nepalí, Balendra Shah, dijo que la riada fue un “desastre natural devastador y sin precedente” que dificulta hacer una evaluación completa de los daños.
“A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, la dificultad del terreno y los riesgos continuos, seguimos adelante con determinación para salvar las vidas de nuestros ciudadanos”, sostuvo en una publicación de Facebook a última hora de antier, luego de añadir que cerca de 21 mil miembros de las fuerzas de seguridad participan en las operaciones de apoyo, además de empleados civiles y voluntarios.
