Ap
31 de agosto de 2026 12:03
Asheville. El secretario estadunidense del Tesoro, Scott Bessent, se reúne esta semana con ministros de finanzas de las mayores economías del mundo en un momento en que Estados Unidos ha alterado el orden internacional con aranceles agresivos a aliados clave y una guerra impopular contra Irán que mantiene altos los precios de la gasolina para los consumidores.
Cuando Bessent inauguraba el lunes en Asheville las reuniones de los ministros de finanzas del Grupo de los 20, resaltó que quiere centrarse en formas de hacer crecer la economía mundial y contener el aumento de la deuda. Pero el encuentro se produce luego que se reanudaran las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, y en momentos en que la fricción comercial con Canadá se disparó tras el colapso de las negociaciones que derivó en una escalada de aranceles.
En una entrevista el domingo, Bessent dijo a The Associated Press que planea aumentar la presión sobre Irán sancionando a otro banco, como parte de lo que denomina “Operación Paria Económico”. A principios de este mes, el gobierno tomó medidas para limitar las operaciones de un banco egipcio en los Emiratos Árabes Unidos. Señaló que el gobierno está preparado para ejercer “violencia financiera si tenemos que hacerlo”.
Consultado el lunes por periodistas sobre cuánto tardará en colapsar la economía iraní, Bessent respondió: “creo que podría ser en cuestión de semanas o meses —y la economía no tiene por qué colapsar; sólo necesitamos que el régimen entre en razón”.
Bessent afirmó que la Unión Europea (UE), había respaldado sus esfuerzos de sanciones con un “apoyo pleno”. El domingo, la UE indicó en un comunicado que acoge con satisfacción una mayor presión económica sobre Irán y que trabajará con Estados Unidos y otros socios para mantener el cerco sobre Irán.
El ministro de finanzas de Francia, Roland Lescure, comentó a los periodistas que espera que haya una declaración global del G20 sobre una ruta acordada para el crecimiento económico en todo el mundo.
Afirmó que la economía mundial es “un poco como el clima en Asheville: es impredecible, hay niebla”.
En estas circunstancias, podría ser difícil reunir a aliados
Daniel Fried, ex secretario adjunto de Estado para asuntos europeos en el gobierno republicano de George W. Bush, dijo que Estados Unidos podría “tener dificultades para movilizar a sus amigos y aliados habituales” dadas las circunstancias.
Si Bessent y otros funcionarios del gobierno quieren apoyo internacional, añadió, tendrán que “poner más cuidado en consultar con aliados y socios de lo que Estados Unidos ha mostrado en los últimos meses”.
Bessent quiere que otros países ayuden a Estados Unidos a aislar a Irán para forzar su capitulación durante una guerra que recientemente superó la marca de seis meses. Aunque Estados Unidos volvió a atacar a Irán el domingo, el gobierno ha señalado previamente su intención de centrarse en la presión económica, más que en la acción militar, para alcanzar sus objetivos.
Hasta ahora, el presidente, Donald Trump, no ha concretado las amenazas de un “Día D económico” para Irán y, en su lugar, se ha apoyado en gran medida en advertencias a los socios comerciales de Irán. Un desafío particular es China, que es el mayor comprador de petróleo iraní.
Bessent dijo a la Ap que “todas las opciones están sobre la mesa” en lo relativo a sancionar a Beijing por sus compras continuas.
“Podríamos ver un goteo gradual de inclusiones más pequeñas, pero una designación grande, por ejemplo la de un banco chino importante, causaría una conmoción seria y provocaría represalias”, señaló Nicolas Mulder, historiador de Cornell especializado en sanciones.
Pero Bessent rechazó la idea de que el gobierno estadunidense sea reacio a confrontar a China, y la calificó de “una narrativa completamente falsa”. Insistió en que China y Estados Unidos coinciden en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán desarrolle un arma nuclear.
Mulder también advirtió que cualquier interrupción de los flujos mundiales de petróleo mediante sanciones secundarias impulsará la inflación y obligará a la Reserva Federal a subir las tasas de interés.
“Dado que el Tesoro de Bessent ya se encuentra teniendo que apaciguar una creciente inquietud en los mercados de bonos, será muy difícil hacer lo mismo en el ámbito de la aplicación de sanciones con credibilidad”, explicó Mulder.
Las reuniones del G20 se celebran en Asheville, que quedó devastada por el huracán Helene en septiembre de 2024. El desastre natural causó la muerte de más de 250 personas y provocó casi 80 mil millones de dólares en daños desde Florida hasta las Carolinas.
Bessent dijo que Asheville —que se reconstruyó tras la tormenta— era un telón de fondo simbólico para las conversaciones sobre crecimiento económico.
“Queremos que el resto del mundo se sume a nuestra agenda de crecimiento, ya sea la desregulación, la independencia energética, y queremos hablar de los desequilibrios globales, las regulaciones bancarias, cierta restructuración de deuda soberana para los países en desarrollo”, dijo Bessent a la Ap.
Añadió que “el mundo tiene esta montaña de deuda, y sí tenemos que crecer para salir de ella”.
Legisladores de EU investigan a la DEA por permitir entrada "asombrosa" de fentanilo a su territorio
Ap
31 de agosto de 2026 12:27
Miami.- Una polémica táctica policial que permitió que cantidades asombrosas de fentanilo mortal llegaran a las calles cuando las autoridades federales buscaban armar casos antidrogas de mayor envergadura se encuentra ahora bajo investigación de los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El presidente de la comisión, el congresista James Comer, republicano de Kentucky, envió una carta este lunes al secretario de Justicia Todd Blanche para solicitar registros relacionados con la controvertida estrategia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de vigilar —pero no incautar— grandes cargamentos de fentanilo.
La solicitud evoca las preocupaciones planteadas por funcionarios de Nuevo México, el epicentro de la crisis del fentanilo, donde informantes de la DEA revelaron recientemente que se les ordenó hacerse a un lado en lugar de incautar cientos de miles de pastillas de fentanilo, en posible violación de normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades. La semana pasada, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia a fin de intentar obligarlo a entregar algunos de los mismos registros que buscan los republicanos de la comisión de Comer.
“Si bien los agentes de la DEA quizá no tengan los recursos para interceptar cada envío conocido, una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provocó un daño considerable y la pérdida de vidas”, escribió Comer en la carta —de la cual The Associated Press obtuvo una copia.
La DEA no ha respondido a una solicitud de declaraciones al respecto.
La demanda y la pesquisa del Congreso llegan dos meses después que una investigación de la Ap halló que agentes de la DEA vigilaron repetidamente grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, que se permitió que llegaran a las calles al tiempo que las autoridades federales fortalecían casos penales.
El fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, e incluso cuando la DEA encabezaba una campaña de concientización pública —“One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”)— que subrayaba que incluso unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales. El año pasado, la Casa Blanca designó al opioide sintético como un “arma de destrucción masiva”.
Comer solicitó registros que abarcan únicamente el gobierno de Joe Biden, al citar lo que describió como su “relajación de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo” desarrollados durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Esos protocolos, sostuvo Comer, deberían haber evitado que el fentanilo llegara a las calles en cantidades tan grandes.
La política anterior, adoptada en 2017, pedía a los agentes “incautar o impedir de otro modo la distribución” de fentanilo “tan pronto como fuera practicable”. El Departamento de Justicia reescribió esas normas en 2024 para dar a las fuerzas policiales mucha más discrecionalidad sobre si actuar para impedir el tráfico de fentanilo, al citar “los beneficios que se lograrían al preservar la investigación”.
La indagación de la Ap reveló que la estrategia investigativa —conocida como permitir que las drogas “caminen”— continuó durante el segundo gobierno de Trump, en el periodo previo al mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, una operación anunciada en mayo de 2025 por la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi.
Como parte de esa investigación, las autoridades incautaron alrededor de 3 millones de pastillas de fentanilo. Pero cantidades aún mayores no fueron decomisadas, al tiempo que agentes en Albuquerque se mantenían al margen y observaban desde helicópteros y vehículos de vigilancia cómo distribuidores de droga entraban a hoteles con mochilas que se creía que llevaban hasta 100 mil pastillas de fentanilo.
Toda la red pudo haberse desmantelado seis meses antes, según un ex supervisor de la DEA que trabajó en el caso y que ahora figura entre tres denunciantes que están dando la voz de alarma sobre la práctica de larga data.
El organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció este mes una revisión a nivel nacional de las políticas gubernamentales y de las investigaciones con escuchas telefónicas para determinar si las autoridades federales han utilizado la misma táctica en otros lugares.
“Nuestras investigaciones son de largo plazo, son complejas y se realizan bajo la guía de la ley", declaró el administrador de la DEA, Terry Cole, en una entrevista este mes para Fox News, en la que dio la bienvenida a la revisión del inspector general. "Seguiremos haciéndolo, pero necesitamos mantenernos 100% enfocados en el adversario”.
EU: ¿el verdadero narcoestado?
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por una polémica táctica policial que permitió que “cantidades asombrosas de fentanilo mortal” llegaran a las calles cuando las autoridades federales buscaban armar casos antidrogas de mayor envergadura. De acuerdo con informantes de la agencia entrevistados por funcionarios de Nuevo México –entidad considerada el epicentro de la crisis del fentanilo–, sus jefes les ordenaron hacerse a un lado en lugar de incautar cientos de miles de pastillas de fentanilo, en posible violación de normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades.
Hace dos meses, Associated Press reveló que entre 2023 y 2025, en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, agentes de la DEA permitieron que más de 3 millones de pastillas de fentanilo llegaran a las calles con el presunto propósito de fortalecer casos penales. En Albuquerque, la ciudad más poblada de Nuevo México, los elementos de la DEA se mantenían al margen y observaban desde helicópteros y vehículos de vigilancia cómo distribuidores de droga entraban a hoteles con mochilas que se creía que llevaban hasta 100 mil pastillas de fentanilo. De acuerdo con la propia agencia, siete de cada 10 pastillas contienen suficiente droga para provocar la muerte por sobredosis a un adulto promedio, es decir, que por cada mochila que dejaban pasar se hacían cómplices de 70 mil homicidios. Por supuesto, es absurdo suponer que cada dosis derive en una muerte, pero la DEA y la Casa Blanca usan esa métrica al hablar de los “terroristas” que trafican los estupefacientes.
Quizá el público estadunidense pueda sorprenderse al conocer las tácticas cuestionables de sus corporaciones de combate a la delincuencia, pero en México y América Latina es bien conocido el doble rasero de Washington. De este lado del río Bravo, la sociedad recuerda el operativo Rápido y furioso, el esquema perverso con el cual, entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos permitió de forma deliberada la venta y el tráfico ilegal hacia México de más de 2 mil armas de fuego, a sabiendas de que los compradores eran grupos del crimen organizado y de que esos dispositivos serían usados contra policías y civiles mexicanos. La hipocresía se extiende al ámbito financiero: hace un año, el Departamento del Tesoro forzó el cierre de dos bancos y una casa de bolsa mexicanos por “facilitar el envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero para los cárteles”; de acuerdo con los señalamientos, las entidades manejaron en conjunto menos de 17 millones de dólares de procedencia ilícita. En contraste, el mismo Tesoro impuso una multa irrisoria de 125 millones de dólares y permitió que continúe operando UBS Financial Services, pese a que esta filial del grupo financiero suizo realizó transferencias internacionales de más de 10 mil millones de dólares sin monitorear el posible origen ilícito de los recursos.
Este patrón de conducta confirma que a Washington no le interesa combatir el crimen organizado dentro de sus fronteras ni evitar que las drogas lleguen a sus ciudadanos, sino usar el narcotráfico como pretexto para interferir en otros países. En los hechos, hay una protección sistemática y bipartidista al multimillonario negocio de los estupefacientes.
Desde la organización del trasiego de la cocaína para financiar la guerra contra el gobierno nicaragüense en la década de 1980, hasta el auge de la siembra de amapola durante la ocupación de Afganistán; desde el indulto al narcotraficante y ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, hasta el programa de recompensas a los llamados testigos protegidos, resulta inocultable que durante el último medio siglo Estados Unidos ha sido un verdadero narcoestado.
Presidente chileno sí conoce a Cerimedo, pero niega vínculos con él
El imputado se jactaba de que hizo ganar a Kast
El mandatario sostiene que se investigará si hubo intervención del acusado en campaña del Rechazo
Aldo Anfossi Corresponsal
Periódico La Jornada Martes 1º de septiembre de 2026, p. 22
Santiago. José Antonio Kast, el presidente ultraderechista de Chile, admitió conocer al agitador radical de redes sociales Fernando Cerimedo, preso en Bolivia, acusado de patrocinar un intento de sicariato y de enriquecimiento ilícito, aunque negó la existencia de vínculo formal con él, ya fuese durante su campaña electoral o en su gobierno.
“Respecto de este señor que hoy día salta a la fama, yo en ninguna de mis campañas he trabajado con él. El gobierno no tiene asesorías con este señor. ¿Si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en instancias donde nos hemos cruzado y donde nos hemos encontrado”, dijo en una entrevista con Radio Cooperativa (www.cooperativa.cl) de esta capital.
Acerca del rol propagandístico de Cerimedo en los fracasados procesos constitucionales de Chile en 2020 y 2023 –el activista argentino presume que intervino para preservar la Constitución pinochetista–, Kast dijo: “también será tema de investigación, ahí la gente dirá si participó o asesoró a las personas que llevaron la campaña del Rechazo”.
La abogada boliviana Nadia Beller, la ex pareja de Cerimedo herida de tres tiros durante el ataque perpetrado por dos hombres con el rostro cubierto el 17 de agosto a las afueras de un hotel en Santa Cruz de la Sierra, acusó a Cerimedo de que se jactaba de tener un rol en la contienda electoral que hizo de Kast gobernante.
“Estoy segurísima de que él trabajó con el equipo de Kast, porque fue otra de las cosas de las que se llenaba la boca, de que había hecho un nuevo presidente”, dijo a la Radio Biobío (www.biobio.cl), que la entrevistó mientras convalece.
Agregó que “él tenía un equipo de trabajo por allá con el que se comunicaba permanentemente, él estaba encima todo el día, le iban reportando”.
Personeros próximos a Kast –su jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval; el jefe de comunicaciones de su gobierno, Felipe Costabal, y también el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau– están siendo interpelados desde la oposición para que precisen la existencia o no de vínculos con Cerimedo.
También hay una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue el asunto.
