Afp
29 de septiembre de 2026 08:52
París.-Los funcionarios se vuelcan a la calle este martes en toda Francia para protestar contra la merma del poder adquisitivo, dos días antes de la presentación de los presupuestos y a pocos meses de elecciones presidenciales en las que la ultraderecha parte como favorita.
Los sindicatos han convocado más de 170 manifestaciones para reclamar una revalorización de los salarios de los funcionarios, erosionados por la inflación, y "medios presupuestarios a la altura" de la administración pública.
Con la movilización nacional las organizaciones sindicales esperan influir en el próximo presupuesto, cuya presentación está prevista el jueves, y "enviar un mensaje a los candidatos a la presidencia".
Pero con una deuda pública en niveles récord, el primer ministro Sébastien Lecornu avanzó a mediados de mes que planeaba un ajuste fiscal de 54 mil millones de euros (62 mil millones de dólares) en el próximo presupuesto.
Desde 2017 el índice salarial de los funcionarios solo ha subido en dos ocasiones: en 2022 (3.5 por ciento) y 2023 (1.5 por ciento), una revalorización total ligeramente superior al 5%.
Entretanto la inflación acumulada desde 2017 habrá alcanzado 24.17 por ciento a finales de 2026, según el instituto estadístico oficial Insee.
El congelamiento del índice supone "una reducción salarial para millones de funcionarios", declaró la líder del sindicato CGT, Sophie Binet, el martes en BFMTV/RMC.
Después de un verano marcado por incendios históricos, los bomberos se unirán a la movilización en la capital.
Paralelamente continúan los bloqueos en centros de educación secundaria. El movimiento comenzó la semana pasada en establecimientos de los alrededores de la capital y se extendió el lunes a otras regiones.
Los estudiantes se movilizan contra clases y horarios sobrecargados o la ausencia de profesores en protestas que a veces han degenerado en actos vandálicos.
"También estamos allí para apoyar a nuestros profesores que tienen una cantidad loca de trabajo en comparación con lo que ganan", dijo a la Afp un alumno de 17 años de un centro parisino, que pidió el anonimato.
El ambiente social está caldeado de cara a las elecciones presidenciales. La segunda economía de la Unión Europea irá a las urnas en abril y mayo de 2027 tras casi diez años en el poder del centroderechista Emmanuel Macron.
La ultraderechista Marine Le Pen encabeza los últimos sondeos de intención de voto. Su principal rival para la segunda vuelta es el ex primer ministro centroderechista Édouard Philippe, sólo si el centrista Gabriel Attal se retira.
En caso contrario iría al balotaje con el líder de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.
Tribunal Supremo de EU permite que se reanuden las deportaciones rápidas a terceros países
Ap
29 de septiembre de 2026 13:39
Washington. El Tribunal Supremo permitió este martes que la administración del presidente Donald Trump continúe deportando personas a países distintos al suyo por el momento, mientras los magistrados estadunidenses consideran si la política es legal.
El tribunal supremo declaró que escuchará los argumentos sobre si los migrantes deben tener una oportunidad real de oponerse antes de ser enviados a países con los que no tienen ningún vínculo.
La aparente decisión de 6-3 suspende por ahora el fallo del tribunal de apelaciones. Los fiscales federales dijeron que la decisión del tribunal inferior obligó a cancelar un vuelo de deportación que transportaba a unas 70 personas con destino a tres países.
Los magistrados ya habían permitido que los vuelos de deportación, una política fundamental de la administración Trump, continuaran temporalmente cuando el caso llegó a sus manos el año pasado.
Mediante una serie de acuerdos, a menudo secretos, la administración Trump ha deportado a casi 25 mil personas a más de dos docenas de países, entre ellos Liberia y Guyana. La gran mayoría han sido enviadas a México.
La administración republicana de Trump ha declarado que envía a terceros países a personas con órdenes de deportación definitivas cuando no pueden regresar a sus países de origen o estos no las aceptan, incluyendo a quienes tienen antecedentes penales. Según fiscales federales, esos gobiernos garantizan que las personas no serán perseguidas ni torturadas.
Sin embargo, algunos migrantes se han encontrado encarcelados en países de los que nunca habían oído hablar antes de su llegada. Algunos también se enfrentan a graves riesgos para su seguridad y no les queda más remedio que regresar a sus países de origen. Muchos no tienen antecedentes penales y se ha constatado que corren el riesgo de sufrir tortura o persecución, según informaron los abogados de los inmigrantes.
Cristina Fernández pide a la ONU revisar su condena por corrupción; buscaría la presidencia en 2027
Reuters
29 de septiembre de 2026 13:55
Buenos Aires. La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió este martes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que revise su condena en un caso de corrupción que le impide postularse nuevamente a la presidencia el año próximo.
La ex mandataria de centroizquierda cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada en 2025 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en una causa por fraude al Estado.
Pero la defensa de Fernández considera que se violaron derechos fundamentales durante su proceso, por lo que el martes presentó una adenda del caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación. "Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité", dijo a Reuters Rafael Valim, abogado de Fernández.
"Eso daría condiciones para que aún este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité", añadió. Pese a que aún genera rechazo en una amplia porción de la sociedad, los sondeos de opinión muestran que Fernández mantiene una intención de voto tan alta como la del actual presidente ultraliberal, Javier Milei, lo que le permitiría tener chances en los comicios presidenciales de octubre de 2027.
En caso de poder presentarse, Fernández —que gobernó el país de 2007 y 2015 y también fue vicepresidenta de 2019 a 2023— deberá competir con otros postulantes del peronismo antes de desafiar a Milei.
"Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo", destacó Valim.
Campaña de Lula, a ritmo de Bad Bunny, Marieta y Veloso
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de septiembre de 2026, p. 22
Gobierno español aprueba dos decretos "Maricarmen" contra fondos buitre y la crisis de vivienda
Foto Europa Press Foto autor
Armando G. Tejeda, corresponsal
29 de septiembre de 2026 08:21
Madrid. El Consejo de Ministros del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, finalmente decidió aprobar dos decretos “Maricarmen” -en referencia a la octogenaria desahuciada la semana pasada y que fue el detonante de la movilización social que recorre estos días el país-.
En ambos decretos se incluyen algunas de las medidas exigidas por la ciudadanía, como la paralización de los lanzamientos hasta el año 2030, el endurecimiento fiscal y normativo a los alquileres por temporada y turístico y la prohibición a los fondos buitres de operar en el mercado de la vivienda española durante dos años. Pero la fractura al interior del gobierno, entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, provocó que sólo en uno de los decretos se incluyera una de las exigencias más importantes para el movimiento social, que es la renovación automática de los alquileres de forma indefinida, tal y como reclaman desde la Puerta del Sol el Sindicato de Inquilinas.
De ahí que desde la acampada reconocieron su decepción y advirtieron: “Aprobar dos decretos es querer tomarnos el pelo e intentar sacar rédito partidista del problema de la vivienda. Así que no nos vamos de aquí, nos quedamos”.
La protesta social por el problema de la vivienda, convertido desde hace un par de años en el principal problema de la sociedad española, provocó algo inédito hasta ahora en el gobierno español. La aprobación de dos decretos ley en los que se proponen dos vías para solucionar la crisis, uno menos ambicioso y otro con algunas propuestas lanzadas desde la Puerta del Sol, pero tampoco todas. Y esto fue así porque la coalición de gobierno del PSOE y Sumar está lejos de una mayoría parlamentaria para aprobar sus iniciativas, con lo que tiene que negociar con un crisol de partidos políticos del Parlamento, que van desde la fuerza más izquierdista, como Podemos, hasta los independentistas conservadores del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya (JxCat). El objetivo es que ambos decretos se voten en una sesión extraordinaria el próximo viernes en el Congreso de los Diputados y ver si finalmente se logran los apoyos suficientes, al menos para sacar adelante uno de ellos.
De hecho, tras finalizar el Consejo de Ministros comparecieron desde el Palacio de La Moncloa cuatro ministros socialistas que defendieron sobre todo el primer acuerdo, que es el que conseguir más apoyos en el Parlamento. Mientras que los cinco ministros que pertenecen a Sumar decidieron convocar a los medios de comunicación y realizar una rueda de prensa a la misma hora en la que se presentaban los decretos en la Presidencia del gobierno para defender el segundo e insistir en que gracias a ellos el PSOE decidió “ser valiente” y “más ambicioso”.
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¿De qué van los decretos de Pedro Sánchez?
El primer decreto establece la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.
En el segundo decreto se incluye la renovación automática de los alquileres, que tampoco es la exigida por el Sindicato de Inquilinas, que reclama un contrato indefinido sine die si el arrendatario cumple con sus obligaciones contractuales.
La ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, explico que los decretos “persiguen evitar que se repitan más casos como el de Maricarmen y por ello la prórroga del escudo antidesahucios hasta 2030 y la paralización de las compras especulativas de los fondos de inversión para prohibirles que siguen mercadeando con la vivienda y frenar así la compra especulativa”, además de bonificaciones fiscales para inquilinos con rentas de hasta 33 mil euros anuales y que se calcula que beneficiará a un millón 600 mil hogares. Del mismo modo, se habilitarán bonificaciones fiscales para los propietarios que bajen el precio del alquiler.
La ministra Rodríguez pidió a todos los grupos parlamentarios a apoyar ambos textos en la votación del próximo viernes, al insistir en que es “la oportunidad de decirle a Maricarmen de que su sufrimiento ha merecido la pena y que con su lucha van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la misma situación lamentable”.
Pero desde la Puerta del Sol, el epicentro de la protesta en España por el problema de la vivienda, se recibió con decepción el anuncio. Así lo explicó Valeria Racu, una de las voceras del movimiento: “Estamos viendo una vez más una táctica a la que ya nos estamos acostumbrando demasiado: la táctica de romper el paquete de medidas para luego dar unas migajas y celebrar cosas que sabemos que en realidad no van a tener impacto en la vida de la gente. Estamos hablando de medidas de mínimos para marcar un antes y un después en la lucha por la vivienda y la lucha contra el rentismo y la especulación en este país. Que a lo mejor se rompa en dos decretos sería una verdadera vergüenza. Eso sería, una vez más, jugar a la campaña electoral. Tomarnos el pelo”
Y anunciaron que “hasta que no conozcamos el decreto, hasta que no veamos la letra pequeña, hasta que no veamos qué comas se han sacado y qué comas no se han sacado, no sabemos si es una farsa o es un decreto de verdad como lo necesitamos. Y mientras tanto seguimos en las calles, en esta acampada, porque todas las acampadas que hay ahora mismo en el Estado están echando un pulso histórico al Gobierno para hacerle avanzar en el derecho a la vivienda con medidas que no estaban siendo contempladas”.
por eso anunciaron que continuarán con sus movilizaciones hasta no conocer el detalle de los decretos y, sobre todo, si salen adelante o no en el Parlamento.
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Amenazas de la ultraderecha
Los manifestantes también denunciaron que están siendo amenazadas por grupos de extrema derecha, como Núcleo Nacional o Desokupa, que desde las redes sociales se están organizando para ir a la acampada a enfrentarse a ellos. También están siendo asediados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ambos del derechista Partido Popular (PP), que exigen el desalojo de la plaza “en 48 horas”.
