Llevamos largo tiempo usando los hidrocarburos como sustento energético del país.
Confianza válida para una nación que llegó a poseer amplias reservas de crudo y gas. Ya no es el caso y, además, nuevas y diversas tecnologías han ampliado el abanico de las alternativas disponibles. Los ciclos combinados, petróleo y gas, han sido, hasta hoy día, los prioritarios para la generación eléctrica. El agua fue una aliada que llegó a su potencial con la edificación de las grandes presas del país. Esos tipos de posibles obras nuevas quedan fuera, por ahora al menos, del pensamiento energético futuro. Las demás fuentes adicionales, aun combinadas, han sido y, tal vez, continuarán siendo, complementarias en el corto plazo.
La insistencia en seguir usando el gas texano por barato y abundante nos lleva, directamente, por la ruta de la dependencia externa, que ya es sobradamente abrumadora. Se tiene que aprender de tan inestable contingencia sin contar con alguna salvaguarda que pueda aliviar las carencias actuales. Observar lo que hoy les sucede a distintos países europeos, con abundante uso de diésel gringo, cuyo acceso puede verse limitado de improviso por precio elevado o por decisión de política interna del proveedor.
El concepto de la descarbonización, muy de moda entre universitarios y de los dueños de tecnologías alternas (sol y viento) nos aleja de una estrategia de crecimiento sustentable para el largo plazo. Esto es así porque su actual priorización a ultranza deja de lado otra fuente, la nuclear, que puede sostener una industria vasta, poderosa, independiente y compleja.
Una insana preconcepción sobre peligros del uso y desarrollo de la energía nuclear nos arroja, de lleno, sobre las llamadas energías limpias. Entendiendo por ellas las que usan el viento y el sol como impulsores básicos. Se les adicionan calificativos como abundantes y baratas: el sol y el aire no cuestan, afirman con suficiencia. Estos agregados no son ni claros ni ciertos, en especial cuando se habrán de requerir en grandes escalas. Su tecnología ya se ha desarrollado en otros lugares que la usarán como medio de presión y condicionamiento. Una estrategia nacional, integradora de una mezcla de tecnologías energéticas, tiene que contar, como ingredientes indispensables, a los hidrocarburos, las intermitentes y la nuclear. Sin olvidarse de las otras, aportantes en menor escala, que ya se emplean. Lo importante es rescatar, con la debida urgencia e importancia, la generación atómica. Sin ella, no se podrá llegar a ser independientes. Apartarse de la idea de usar grandes plantas, como Laguna Verde, por sus dificultades en costo, riesgos y ubicación. Estudiar, en detalle, el caso de India y volver sobre los pasos que hace mucho dejamos de dar. Despojarnos de miedos abstractos y tontos que obstaculizan un desarrollo autónomo. Se han perdido varios años y las exigencias de contar con una eficaz base, de sólida calidad, para nuestra planta productiva y vida organizada, es imprescindible. Asegurar la creciente necesidad, social y productiva, de energía, es materia inseparable de la modernización transformadora que no perdona olvidos ni medianías. Las rutas de los trabajos apuntan a tecnologías exigentes, complejas, pero que no obliguen a dependencias sino a innovaciones propias.
El esfuerzo político, que dio inicio a los afanes soberanos durante el sexenio pasado, no debe ponerse a recaudo. Se logró producir, internamente, lo necesario para una movilidad creciente que parecía estancada y sin dirección. Ahora se trata de integrar el segundo escalón: una CFE rectora, capaz de asegurar el futuro eléctrico para una economía en expansión. No está claro que se pueda cumplir con ese mandato mayoritario –independiente– del pueblo en las urnas, sin retornar a importar energéticos y tecnologías que no tienen conexión y perspectiva local.
Desde este tipo de plataformas productivas, que desembocan, necesariamente, en el quehacer político, es sobresaliente plantearse la pregunta: ¿quién podrá asegurar un futuro soberano para este país? No se puede dejar al azar la cristalización de este horizonte. Ya se planteó como alternativa posible desde 2018 y se le dio terminal respuesta: asegurar un movimiento de regeneración que cuente, de base, con el apoyo popular mayoritario. Otra alternativa más en 2024, volvió a triunfar por segunda ocasión en las urnas. Ahora, dos años después, se requiere extender la mirada que perfile una mejorada continuidad. El modelo productivo y de gobierno en marcha no permite improvisaciones y medianías, sino esforzados guías, con firme apoyo del pueblo ciudadano.
Los flagrantes signos de dominación imperial se renuevan cada día, especialmente confinados a nuestro continente. Habrá que darles francas y serias respuestas con la determinación democrática y libertaria que solicitan los mexicanos.
Del “antisemitismo” como placebo del sionismo
José Steinsleger
30 de septiembre de 2026 00:01
Uno. Hacia el mediodía del viernes 11 de septiembre, en el adinerado barrio de Polanco (delegación Miguel Hidalgo), un reducido contingente de supuestos simpatizantes pro palestinos se apeó de un autobús, y frente a una sinagoga cercana a la avenida Masaryk empezaron a gritar “¡fuera judíos de México!”.
Dos. En segundos, las redes antisociales transmitieron el aquelarre. Y luego, la monótona uniformidad discursiva en grandes o medianos pasquines impresos, junto con las cotorras mediáticas que en medios corporativos entrevistan a especialistas in-depen-dien-tes (¡el “antisemitismo” avanza en México!).
Tres. Al día siguiente, bañándose en agua bendita y sin averiguar nada, la Conferencia del Episcopado Mexicano se dirigió a sus “hermanos” (sic) del Comité Central de la Comunidad Judía de México, manifestando su “…absoluta solidaridad y rechazo a las manifestaciones antisemitas (…)”, aludiendo al ‘pueblo elegido’ (sic) por Yahvé, nuestro D. y Padre’”…
Cuatro. De su lado, el jueves 17, la Plataforma Común por Palestina de México emitió un extenso comunicado en el que fijando posición, exige a las autoridades una “…investigación a fondo para conocer quién o quiénes están detrás de la organización de tan evidente montaje…”, etcétera.
Cinco. ¿Quién o quiénes? No hay que ser mal pensado, pero mi tía Clotilde solía decir “piensa mal y acertarás”. Entonces, recordé que el miércoles 9 (dos días antes del injurioso aquelarre), la diputada Margarita Zavala, la senadora Lilly Téllez, el delegado de la Hidalgo, Mauricio Tabe, y otros patriotas del PAN, exhortaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, a “reforzarla-protección-de-sinagogas-y-espacioscomunitarios-judíos-frente-a-la-escaladade-discursos-de-odio-en-el-país” (sic).
Seis. Luego, el martes 22, otro diputado del PAN, Raúl de Jesús Torres Guerrero, presentó una reforma al artículo 206 del Código Penal, proponiendo penas de uno a tres años de prisión para “antisemitas”, en la CDMX. ¿Que si en su radar no tenía al honorable? Hombre… ¡qué mala memoria!
Siete. En noviembre de 2025, en el Congreso de la CDMX, don Raúl de Jesús hizo un llamado a “…la comunidad internacional, el Parlamento Europeo y al Congreso de Estados Unidos para que alcen su voz sobre lo que está sucediendo en México. Desafortunadamente, López Obrador dejó un narcoestado y hay muchos mexicanos que piden ayuda”, dijo en inglés desde la tribuna, antes de imitar el “baile meme” de Trump (sic, El Universal, 20/11/25).
Ocho. Sin lugar a duda, se torna innecesario recurrir a grandes pensadores para entender que las injurias proferidas contra los judíos en Polanco buscan echar lodo a los críticos del sostenido genocidio que la entidad terrorista llamada Israel perpetra en Gaza, Cisjordania y sur de Líbano desde 1948, y abrumadoramente cruel desde finales de 2023. O bien, leído de otro modo, lo que en México crece no es el “antisemitismo”, sino la conciencia nacional y popular para condenar el sionismo israelí, europeo y estadunidense.
Nueve. Y acá, en lugar de la o las iglesias, topamos con términos que, manipulados con perversidad semántica, asociando antisionismo con judeofobia (o vulgarmente, “antisemitismo”). Términos inventados en el siglo XIX y que, para no cansar al lector, recurrimos a la observación de Jorge Luis Borges en su relato Los teólogos: “las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia”.
Diez. En tal sentido, el “antisemitismo” victimista opera como placebo del “sionismo”. Sustancia, el placebo, que carece por sí misma de acción terapéutica, produciendo algún efecto favorable en el enfermo, si este la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. Pero los judeosionistas que justifican y respaldan el genocidio en Palestina, no son enfermos. Son cómplices por acción u omisión.
Once. Por último, algo que amerita suma atención. Si el aquelarre de Polanco mal puede verse como una acción espontánea de “judeófobos” desubicados, importan más las referidas iniciativas en recintos parlamentarios, o foros y publicaciones que dicen andar preocupados por el “antisemitismo”.
Doce. No hay tal. Lo que hay es el intento de estimular mediáticamente un clima judeovictimista, y que nuestro país se adhiera a la hipócrita “Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto” (IHRA, por sus siglas en inglés). Creada en 1998 a modo de placebo seudohumanitario, la IHRA responde a intereses geopolíticos y geoeconómicos. Y su propósito apunta a judicializar penalmente a los que califican de fascista al sionismo.
“Ministros en retiro, privilegios en funciones”
Foto Cuartoscuro Foto autor
Juan Becerra Acosta
30 de septiembre de 2026 00:02
Vamos a hablar claro: en México hay un club de ministros de la SCJN que, al dejar el cargo, no se jubila como el resto de los mortales: accede a un régimen de retiro con prestaciones y condiciones muy por encima de las de la mayoría de los trabajadores mexicanos.
El llamado haber de retiro estableció, bajo el régimen anterior, un ingreso equivalente a cien por ciento del sueldo durante los primeros dos años y a 80 por ciento después. Si un ministro no completaba 15 años de servicio, el beneficio se calculaba proporcionalmente. Un esquema difícil de imaginar para millones de mexicanos.
Y no es solamente la pensión. La documentación de la propia Suprema Corte registra prestaciones para ministros retirados, que incluyen seguro de gastos médicos, de vida, apoyo para medicamentos, personal de apoyo, vehículos y otras. Pongámosle nombres y cifras, porque los privilegios sin nombre se vuelven abstracciones.
Eduardo Medina Mora renunció a la Corte en 2019 en medio de señalamientos e investigaciones relacionadas con operaciones financieras que él rechazó. En 2020 se calculó que recibiría más de 860 mil pesos anuales por conceptos vinculados con su retiro. Para 2024, información obtenida vía transparencia reportaba para él un haber mensual de alrededor de 50 mil 559 pesos.
Arturo Zaldívar renunció antes de concluir su periodo. Debido al tiempo que permaneció en la Corte, su haber se calculó proporcionalmente; en 2024, la información disponible ubicaba ese monto en alrededor de 192 mil 584 pesos mensuales durante los primeros dos años.
Y luego llegó la reforma judicial. El decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 cambió las reglas y estableció una fecha para quienes integraban entonces la Suprema Corte. Los ministros que no se postularan o no fueran electos bajo el nuevo sistema perderían el derecho al haber de retiro, salvo quienes presentaran su renuncia dentro de la ventana establecida por la propia reforma. Entonces ocurrió algo extraordinario: ocho ministros presentaron su renuncia en octubre de 2024.
Entre ellos estaban Norma Piña, Javier Laynez, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara. No hace falta atribuirles una intención que sólo ellos conocen; el dato objetivo es suficiente: sus renuncias ocurrieron dentro de la ventana jurídica que les permitió conservar el derecho al haber del retiro, que ejercen a partir de septiembre de 2025, a diferencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien renunció al mismo tiempo, pero rechazó ese privilegio.
Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿cuánto cuesta al erario? En abril de 2024, antes de la salida de la última generación, el Poder Judicial erogaba alrededor de 1.56 millones de pesos mensuales por los haberes de retiro de ministros. Para septiembre de 2025, después de las nuevas jubilaciones, la cifra se ubicó en alrededor de 2.2 millones mensuales para ministros retirados. Pero, ojo, ese costo no termina en la mensualidad.
En 2024 se difundieron cálculos según los cuales el conjunto de haberes y prestaciones correspondientes a los ministros que dejarían la Corte podía representar cerca de 130 millones de pesos anuales. La cifra depende de los conceptos incluidos, pero sirve para dimensionar que no estamos hablando solamente de una pensión.
El régimen que comenzó con la nueva integración de la Corte eliminó el antiguo esquema de retiro y diversas prestaciones que acompañaban a los ministros bajo las reglas anteriores. Pero ahí está la paradoja. La reforma cambió las reglas hacia adelante, mientras que quienes adquirieron derechos bajo el régimen anterior conservaron esos derechos conforme a las disposiciones aplicables a su retiro. Es la vieja fórmula: se modifica la regla para el futuro, mientras el pasado queda protegido por los derechos adquiridos.
Hay otra pregunta más contable y, por eso, mucho más difícil de esquivar: ¿cuánto debe costarle al Estado un ministro después de abandonar el cargo? Una cosa es garantizar la independencia judicial mientras un ministro está en funciones y otra justificar durante décadas un régimen de retiro con prestaciones extraordinarias frente a las condiciones de millones de trabajadores. No es difícil hacer la cuenta, basta con poner los números sobre la mesa: cuánto entra, cuánto sale, durante cuánto tiempo y quién paga.
La nueva integración de la Corte anunció que revisará los haberes y prestaciones de los ministros retirados; el debate, por tanto, no está cerrado. Y quizá esa sea la pregunta que debería permanecer en el centro: no si un ministro merece una jubilación digna, sino dónde termina una compensación razonable por haber ejercido uno de los cargos más importantes de la República y dónde comienza un privilegio que el resto de los mexicanos jamás podría imaginar para su propio retiro.
Chihuahua: desafío a la Constitución
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Chihuahua legislar para blindar las elecciones estatales de la injerencia extranjera, tras concluir que omitió incorporar en su reforma electoral del pasado 30 de junio la causal de nulidad prevista en la Constitución federal cuando ese tipo de intervención influya en los resultados.
La sentencia del máximo tribunal se produjo el mismo día en que el Congreso de la Unión aprobó la reforma que prohíbe ostentar una segunda nacionalidad a quienes aspiren a desempeñar la titularidad del Ejecutivo federal, gubernaturas o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Con 86 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Senado validó la iniciativa previamente votada por los diputados y la remitió a los congresos estatales, a fin de que continúe el proceso del Constituyente. La adición a la Carta Magna, que busca disminuir el riesgo de dobles lealtades y conflictos de intereses entre los gobernantes, ha sido criticada por la oposición bajo el supuesto de que vulnera los derechos de la comunidad migrante. Está claro que no es así: toda persona que desee contender por los cargos referidos puede hacerlo, siempre y cuando renuncie a cualquier nacionalidad adicional a la mexicana.
También cabe destacar que la anulación de algunas partes de la reforma electoral de Chihuahua sucede en un contexto en que el gobierno de la entidad, encabezado por la panista María Eugenia Campos, se encuentra involucrado en la violación sistemática de las leyes nacionales y la entrega del estado al aparato de inteligencia estadunidense. Es preciso recordar que un accidente de tránsito ocurrido en abril pasado puso al descubierto la operación ilegal y a gran escala de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en territorio chihuahuense. Al revelarse la implicación de la fiscalía y el Ejecutivo locales, éste no sólo no rectificó, sino que desafió a la Federación al proclamar que continuará facilitando las violaciones a la soberanía nacional.
De hecho, las modificaciones constitucionales en materia electoral impulsadas por Campos reflejan la determinación de pisotear la legalidad y descarrilar la democracia. Sus disposiciones vulneran principios como la presunción de inocencia, al habilitar sanciones a aspirantes, precandidatos y candidatos por haberse beneficiado de actos delictivos, nexos con el crimen organizado o financiamiento ilícito cometidos por terceros, aun sin acreditar su responsabilidad. Es decir, basta con que la autoridad señale a un candidato para hundir sus aspiraciones, sin presentar pruebas ni poder sostenerlas ante un tribunal.
Dado que el proceso comicial comienza mañana y la Constitución establece que las modificaciones electorales fundamentales deben publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso en el que vayan a aplicarse, el fallo de la Suprema Corte tendrá efecto hasta 2030.
El año entrante, en consecuencia, los votantes de Chihuahua se encontrarán a merced de la arbitrariedad de su gobernadora.
