la redacción
05 de septiembre de 2026 19:12
Nayarit, Nay. El pueblo de México “nunca se ha quedado arrodillado, es resistente, siempre lucha por su libertad, por su independencia, por la soberanía”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al rendir cuentas a prácticamente dos años de gobierno en esta entidad, resaltó que la transformación llegó después de 36 años de gobiernos neoliberales, donde “se vendieron las empresas del pueblo a unos cuantos; hicieron millonarios a unos poquitos con recursos que le pertenecían al pueblo
“Muchos de ellos, incluso compraron las empresas, después las malbarataron, las cerraron y comenzaron a importar, como es el caso de los fertilizantes”.
Señaló que fueron seis sexenios “de mucho sufrimiento para el pueblo: se ampliaron las desigualdades, no hubo aumento de salarios, cambiaron la Constitución de 1917”.
Hasta que en 2018, “el pueblo de México dijo: es hora del pueblo y llegó la Cuarta Transformación de la vida pública”.
Y ha habido “acciones muy sencillas que cambiaron todo. Por ejemplo, aumentó el salario mínimo. En 2018 estaba en dos mil 800 pesos y ahora en más de nueve mil 500 y va a seguir aumentando por el bienestar de las y los trabajadores”.
La presidenta resaltó que “algo muy especial” inició hace ocho años, con los programas de bienestar, “muy distinto a lo que había antes”, cuando en época de elecciones se decía “te doy esto a cambio del voto”.
Explicó los esquemas federales y, al referir la pensión a los adultos mayores, recordó el rechazo del exmandatario Vicente Fox, “que ahora anda haciendo campaña otra vez”.
Él dice, mencionó, que “quien recibe una pensión es flojo. Bueno, lo dice con otras palabras, pero yo no las voy a repetir. Los adultos mayores son héroes y heroínas de la patria, porque han dado a su familia todo lo que necesitan”.
Comentó que en Nayarit se benefician 477 mil 112 personas con los programas de bienestar y reciben los apoyos de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar.
Anunció que próximamente se lanzará una nueva convocatoria para contratar médicos para los nuevos consultorios que tendrá el IMSS Bienestar. “Vamos a seguir trabajando. No hay divorcio entre gobierno y pueblo; unidos, jamás serán vencidos”, apuntó.
EU intensifica deportaciones: llegan nueve vuelos con mil 200 mexicanos a Tapachula
Edgar H. Clemente, corresponsal
04 de septiembre de 2026 10:07
Tapachula, Chiapas.- Al menos nueve vuelos con mil 200 mexicanos procedentes de Estados Unidos llegaron esta semana a la frontera con Guatemala, lo que parece una de las jornadas más intensas de deportaciones, de acuerdo a fuentes de seguridad.
La semana comenzó el lunes con un vuelo, el martes se registraron tres envíos, el miércoles otros tres vuelos y ayer jueves llegaron dos aeronaves, según los reportes de llegadas.
Todos los envíos operados por las empresas Global Crossin Airlines y Eastern Air Express aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, uno de los cuatro aeropuertos del país dispuestos por México y Estados Unidos para las deportaciones aéreas.
Las aeronaves llegaron procedentes de ciudades estadunidenses como El Paso, Texas; La Mesa, Arizona; Harlingen, Texas; Alexandria, Luisiana; entre otras.
Los alrededor de mil 200 mexicanos fueron traslados vía terrestre del aeropuerto al Centro de Procesamiento bajo el programa “México te Abraza”, para recibir atención jurídica, administrativa y económica para volver a sus estados natales, algunos son originarios del centro y norte del país.
Según cifras oficiales, en el primer cuatrimestre del año aumentaron 109 por ciento las deportaciones aéreas de Estados Unidos a la frontera sur de México, respecto al último cuatrimestre del año pasado.
Entre enero y abril los Aeropuertos de Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, recibieron a 15 mil 305 mexicanos. Mientras que de septiembre a diciembre del 2025 registraron la llegada de 7 mil 322 connacionales.
Vulnerables, los migrantes extranjeros que deporta EU a México; son mil cada mes
Jessica Xantomila
Periódico La Jornada Domingo 6 de septiembre de 2026, p. 7
En el primer semestre de 2026, el gobierno de Estados Unidos deportó cada mes a casi mil personas de otras nacionalidades a México. El traslado fue sobre todo vía terrestre a la frontera norte, desde donde el Instituto Nacional de Migración (INM) las ha llevado hasta el sur del país. En Tapachula, Chiapas, muchas han vivido con temor y sin trabajo; algunas carecen de documentos de identidad y están “vulnerables e invisibles”, aseveraron organizaciones civiles.
Los deportados han sido principalmente venezolanos, cubanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y haitianos. El Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova, con base en Tapachula; Kino Border Initiative, en Nogales, Sonora; y la Oficina de Washington para América Latina aseguraron que a esta población la autoridad mexicana sólo le da 10 días para resolver su situación migratoria, tiempo en el que no se les permite trasladarse a otros estados.
En el informe Desterrados al sur: el costo humanitario de la deportación, expusieron que según testimonios y reportes, muchas de estas personas llevaban años viviendo en Estados Unidos, como ha sucedido con los mexicanos. Tenían libertad condicional humanitaria, estatus de protección temporal o solicitudes de asilo pendientes que la administración Trump ha cancelado o revocado, señalaron.
Destacaron que al principio, después de trasladarlos a Tapachula, los agentes del INM los dejaban en espacios públicos, como la plaza central. Sin embargo, recientemente los han llevado a la Estación Migratoria Siglo XXI, donde tras permanecer por “un lapso que suele ser no más de 36 horas, aunque puede prolongarse hasta siete u ocho días”, los liberan “dejándolos nuevamente en el abandono”.
Expuestos a la violencia
No obstante, reconocieron que el instituto sí suele deportar regularmente a ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador mediante el traslado en autobuses hacia sus fronteras, pero existe el riesgo de que sean expuestos nuevamente a la violencia que los obligó a salir.
Sobre a los que se quedan en Tapachula, indicaron que esta población, en algunos casos de adultos mayores, es casi invisible en la ciudad salvo por los pocos que se congregan en la plaza central. “Los albergues locales no registran una saturación evidente; sin embargo, muchas de estas personas parecen haber conseguido alojamiento en condiciones precarias y de hacinamiento”.
Al ser liberados por el INM, revelaron, cada extranjero recibe un documento, el cual parece una carta de alta fotocopiada indicando que el instituto no los detuvo por motivos migratorios, sino los retuvo únicamente con fines estadísticos. No obstante, “no les brindan información sobre lo que sucederá al vencer su plazo de estancia ni sus opciones legales”.
El CDH Fray Matías y el Kino Border Initiative aseguraron que también se han encontrado con un gran número de casos en los que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos no devuelve documentos oficiales de identificación.
“Lucha antirracista corresponde a todos”: funcionaria brasileña
La intersección de raza y género es una barrera en el acceso a oportunidades para las mujeres, denuncia
Laura Poy Solano
▲ Rachel Barros de Oliveira, segunda mujer afrodescendiente en ocupar el cargo de ministra de Igualdad Racial en Brasil, asiste a la convención “A 25 años de Durban” en México.Foto María Luisa Severiano
Periódico La Jornada Domingo 6 de septiembre de 2026, p. 6
Segunda mujer afrodescendiente en ocupar el cargo de ministra de Igualdad Racial de Brasil, la doctora Rachel Barros de Oliveira, afirma que para reconocer plenamente la diversidad y pluriculturalidad de nuestras naciones, es necesario “enfrentar el racismo y las demás estructuras que siguen determinando quién tiene acceso al poder, a los ingresos, a la educación, a la tierra y a los espacios de tomas de decisiones”.
Subraya que un compromiso efectivo en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación pasa por “entender que ésta es una responsabilidad que debe ser compartida no sólo por la población negra, sino por todas las personas”.
Socióloga e investigadora destacada en el estudio de la desigualdad y las políticas públicas para frenarla, enfatiza que la escuela tiene un papel central en la promoción de la igualdad entre toda la población y en la construcción de una cultura antirracista.
“Es en el entorno escolar donde se forman valores, actitudes y referentes que acompañan a niñas, niños y jóvenes a lo largo de la vida. Una escuela que valora la diversidad y promueve el respeto, forma personas mejor preparadas para vivir en sociedad, dialogar con las diferencias y defender los derechos de todos.”
A su paso por México, donde asistió a la convención “A 25 años de Durban” –donde se realizó en 2001 la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, convocada por Naciones Unidas–, afirma que las personas “no negras” que continúan beneficiándose del racismo estructural, protegidos por el “pacto de blanquitud” en diferentes posiciones de privilegio en los espacios de poder “deben convertirse en aliados de esta lucha contra la discriminación, si se desea formar parte de una sociedad que respete la ciudadanía y la pluralidad.
“Enfrentar estos flagelos que aún prevalecen en el mundo implica la construcción “no sólo del derecho de la población negra a existir, sino también la materialización de las políticas de promoción de la igualdad racial, como un compromiso real y firme con la democracia”.
En entrevista –vía un cuestionario escrito– la ministra brasileña explica que estados pluriculturales como México y Brasil, fueron construidos sobre estructuras coloniales que dividieron a las personas, las culturas y los saberes a partir de criterios raciales.
Diáspora africana
“Los descendientes de la diáspora africana, los pueblos indígenas y otros grupos históricamente marginados tuvieron sus derechos, conocimientos y formas de organización invisibilizados de manera deliberada.
“Nuestro desafío en Brasil ha sido transformar este reconocimiento en políticas públicas permanentes y garantizar que esta parte tan significativa de la población también participe en las decisiones que conciernen a sus vidas”. Por ello, considera que para la realidad de ambas naciones, es necesario formular políticas que sobrevivan a los cambios de administración.
La ministra Barros de Oliveira recalca que ella misma es producto de esas políticas de acción afirmativa implantadas en Brasil a partir de 2003, durante el primer gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva; destaca que la creación del Ministerio de Igualdad Racial, así como la expansión del Sistema Nacional de Promoción de la Igualdad Racial y el avance de políticas dirigidas a las comunidades quilombolas (conformadas por afrobrasileños que se rebelaron contra la esclavitud) y a los pueblos de terreiro (aquellos que practican religiones de origen africano), “son ejemplos de cómo hemos buscado incorporar esta agenda a la estructura del Estado”.
A ellas se suman las acciones para promover la valorización de su cultura y sus tradiciones, a partir de planes de acción, legislación estructural y la aplicación de la Ley número 10.639/2003 con la que es obligatoria la enseñanza de la historia y la cultura afrobrasileña en las escuelas primarias y secundarias de Brasil.
Destaca también el programa Caminos Amefricanos, esfuerzo que fue reconocido en el marco de los 25 años de la Convención de Durban, en el que participan estudiantes y docentes de Brasil a quienes se ofrecen intercambios de corta duración en países del Sur global, a fin de valorar la diversidad cultural y racial, es otro ejemplo.
Otro desafío, reconoce, es avanzar en la lucha por la igualdad racial de sectores históricamente olvidados como las mujeres negras e indígenas, quienes se ven afectadas de forma “aún más severa por las desigualdades y las violencias institucionales, ya que la raza y el género se entrecruzan en la manera en que acceden a derechos y oportunidades”.
En Brasil, dijo, este debate también está presente en las políticas para hacer frente a la violencia contra las mujeres. El ministerio que encabeza forma parte del Pacto Nacional de Prevención de los Feminicidios, una estrategia que reúne a diferentes áreas del Estado, involucrando a los tres poderes, y trabaja desde una perspectiva de interseccionalidad, enfatiza.
