Beñat Zaldua
05 de septiembre de 2026 00:01
Sabemos que los mapas importan, que configuran nuestra comprensión del mundo. Ayer, Togo logró que la Asamblea General de Naciones Unidas se pronunciase sobre la proyección de Mercator, que lleva cinco siglos metiéndonos en la cabeza que Groenlandia y África tienen el mismo tamaño. Y es que los mapas no nos muestran el mundo, nos muestran visiones del mundo en las que es posible leer las cicatrices que deja la historia, desde las fronteras dibujadas con regla en el continente africano hasta el paralelo 38 que separa las dos Coreas.
Hay veces en las que los gobernantes toman decisiones como si no tuvieran consecuencias sobre el suelo que pisan, como si no tuvieran reflejo en las cartografías con las que nos contamos la realidad. Pero a menudo basta un plano para tumbar un elaborado argumentario. ¿Por qué un país llamado Irlanda no ocupa la totalidad de una isla llamada Irlanda si así lo quiere una mayoría de sus habitantes?
El flamante primer ministro británico, Andy Burnham, acaba de decir en Belfast que el referéndum sobre la reunificación de la isla, contemplado en los acuerdos de Viernes Santo que dieron fin al conflicto armado en el norte de Irlanda, no está encima de la mesa. “Las divisiones que surgen de esas situaciones tardan mucho tiempo en cicatrizar”, se excusó.
Como si obligar a los norirlandeses a seguir siendo británicos no produjera divisiones. Burnham, en cualquier caso, tiene un problema con el mapa, que se empeña en mostrar a Irlanda como una isla entera. Cual irresuelto trauma infantil que sacude la vida de un adulto, los rescoldos de la política colonial pasada siguen condicionando la vida de numerosos países europeos. También hay mucho de ello en la crisis migratoria y humanitaria que se vive en Ceuta, una ciudad que la mayoría de españoles ni conoce ni le importa, pero a la que la derecha se ha aferrado para tratar de tumbar de una vez a Pedro Sánchez.
Sabíamos que Marruecos tenía una de las llaves maestras de la estabilidad en España y que, alineado con Trump y Netanyahu, podía poner en aprietos a un gobierno que, a pesar de los pesares, es una piedra en el zapato del trumpismo global. Lo que no era tan fácil de prever era que Sánchez colaborase en cavar su tumba defendiendo la fiabilidad del régimen que lo ha puesto en la picota. El debate está tan contaminado en España que los medios de derechas titulan noticias llamando “invasor” a un menor migrante fallecido por enfermedad esta semana en Ceuta, mientras los abogados de PP y Vox afinan la maquinaria para tratar de juzgar a Sánchez por traición en unos tribunales afines. La derecha ha olido sangre y ya no hay líneas rojas. Si no puede ser por las urnas, que sea por la vía judicial.
Otro clásico español. Como si la derecha en la Moncloa no fuese a tener exactamente el mismo problema con Marruecos. Mientras, no se repara en las cuestiones estructurales que han motivado la crisis, pero volviendo a los mapas, basta con observar la cartografía del estrecho de Gibraltar para entender parte del problema. Lo preguntamos en estas páginas hace dos semanas: ¿Por qué hay dos ciudades españolas en África? La pregunta sigue brillando por su ausencia en el debate público, porque no es posible cuestionar la españolidad de estos dos enclaves en continente ajeno.
En la mentalidad nacionalista española, es algo prepolítico, que diría Mariano Rajoy. Y sin embargo, los guardianes de las esencias patrias reivindican sin rubor que Gibraltar, el enclave británico al otro lado del estrecho, debe ser español. La coherencia nunca fue la prioridad de la derecha. El caso es que si viniese un extraterrestre y mirase al mapa por primera vez, no sería del todo fácil explicarle por qué el país al norte del estrecho controla dos ciudades al sur, y por qué un país a mil 700 kilómetros controla otra ciudad en la orilla norte. El argumento histórico de los españoles es que Ceuta y Melilla llevan cinco siglos siendo españolas, y el político, que Marruecos no existía como país cuando españoles y portugueses conquistaron ambas plazas.
Evidentemente, ocurre con la mayoría de países colonizados: no existían como tales antes de ser sometidos. Como argumentos, son cuanto menos flojos. La única razón que, en nombre de la geopolítica, tiene un pase es que sería estúpido renunciar al control del estrecho que comunica el Mediterráneo con el resto del mundo. Aquí es donde entra Gibraltar, porque si parece lógico que Ceuta y Melilla sean marroquíes, también lo es que forme parte de España el peñón ocupado hace tres siglos por los ingleses y legalizado como territorio británico en los tratados de Utrecht, firmados por un Borbón.
Esta reordenación fue planteada hace unos años por el diplomático Máximo Cajal, ex embajador de España ante la OTAN, pero fue tal la polémica que suscitó, que Zapatero lo apartó como asesor. Pero sin abordar cuestiones estructurales como esta, la crisis actual se reproducirá siempre que le convenga a Rabat. El problema es que el debate es sencillamente implanteable en España, un país que siempre elegirá una buena gresca antes que mirarse al espejo.
La justicia española investigará la crisis migratoria de Ceuta
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada Sábado 5 de septiembre de 2026, p. 18
Madrid. La crisis migratoria en Ceuta sí será investigada por la justicia española y el caso estará a cargo de María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional, tras recibir el respaldo de la fiscalía, que sostiene que en la entrada masiva de finales de julio se podría haber incurrido en varios delitos, entre ellos el de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave, y organización criminal.
La Guardia Civil entregó a la jueza un nuevo informe policial en el que constata que a pesar de las advertencias de una posible llegada masiva de migrantes, no se podía prever la magnitud de la gravedad de lo ocurrido, como sostiene el gobierno español.
Se estima que el 30 y 31 de julio entraron entre 75 mil y 95 mil migrantes por la frontera marítima y terrestre de Ceuta, con un saldo provisional de 141 fallecidos.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, advirtió que “los hechos investigados serían constitutivos, sin perjuicio de la ulterior calificación jurídica que resulte de la instrucción, de delitos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”.
La fiscalía sostuvo que “una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español”.
La magistrada también tiene un informe elaborado por la unidad de frontera e inmigración de la Policía Nacional, en el que se sugiere que la entrada masiva podría haber estado “guiada” por “agentes” de la gendarmería marroquí, sin confirmar la participación activa del gobierno de ese país, como también defiende España.
Tardón recibió el respaldo de la Audiencia Nacional a pesar de las críticas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lamentó que se le ocultara el informe de la Policía Nacional a petición de la jueza.
La Sala advierte que la magistrada “no sólo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación”, sino que “está actuando para la preservación y defensa del interés general de España”.
En paralelo, en Ceuta, la asociación conservacionista Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente presentó una denuncia por la muerte violenta de una cría de delfín que apareció desorientado en la playa del Trampolín y que, según la denuncia, fue sacada del agua y golpeada por varios migrantes.
Begoña Gómez pide que la absuelvan
Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, pidió la absolución al tribunal que instruye su causa por los presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios, al sostener que no utilizó “su vínculo matrimonial” para obtener un beneficio económico por su actividad profesional. El juicio se iniciará en 2027 y contará con un jurado popular.
Inaceptable, que Milei reivindique el golpe de Estado en Chile: socialistas
Rechaza gobierno chileno comentar expresiones del argentino; “no serán factor de controversia”
▲ Durante el Foro Madrid, realizado en Santiago, se organizaron protestas en contra de los líderes participantes de la cumbre ultraderechista.Foto Afp
Aldo Anfossi Corresponsal
Periódico La Jornada Sábado 5 de septiembre de 2026, p. 16
Santiago. La despreciativa mención al “comunista Allende” y a los “zurdos mugrosos” hecha el jueves por el presidente argentino Javier Milei al inaugurar el ultraconservador Foro Madrid, celebrado en Chile, desató la indignación de la izquierda, que exigió al gobierno de José Antonio Kast reprobar la acción.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, refirió que sobre “los dichos del presidente Milei, en un foro particular, el gobierno no se transforma en comentarista de sus expresiones. No los volveremos un factor de controversia política interna”.
Desde la oposición resaltaron que “sobran las razones para que el gobierno tome iniciativa y exprese formalmente su rechazo. La dignidad nacional, la soberanía y nuestra historia democrática deben ser defendidas con independencia del signo político del gobierno de turno”, reclamó el Partido Socialista (PS), en el cual militó el ex presidente Salvador Allende.
“Resulta inaceptable que un mandatario extranjero venga a Chile a reivindicar un golpe de Estado contra un presidente electo democráticamente y a utilizar epítetos y groserías para referirse a quienes piensan distinto”, agregaron los militantes del PS.
“Las diferencias políticas pueden ser profundas, pero existe un límite que ninguna democracia debe relativizar: los golpes de Estado, las dictaduras y las violaciones a los derechos humanos no se justifican”, resaltó.
Septiembre emblemático
Lo de Milei, pronunciado con acentuado desprecio, ocurrió en víspera de una fecha magnífica para la izquierda: el 4 de septiembre de 1970, Allende ganó las elecciones que lo ungieron gobernante.
Este mes no sólo evoca ese hito –fue entre muchas cosas la primera vez que un marxista era electo por voto popular para liderar una revolución, la “vía chilena al socialismo”–, también otros que implican derrota, lágrimas y muerte: el 11 de septiembre de 1973, Allende sería derrocado, él se suicidaría –“pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, anticipó– antes que rendirse a los “generales traidores”, que instalaron una dictadura de 17 años.
Septiembre de 1973 carga más emblemas amargos: el día 16 los militares asesinaron al cantautor Víctor Jara, tras un martirio horroroso. El 23 moriría enfermo y de pena el poeta comunista y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda.
Tiene más: en 2022, también el día 4, en un plebiscito, fue rechazada la propuesta de Constitución escrita en una Convención, donde una derecha minoritaria no pudo influir, ventaja que el progresismo administró torpemente: la izquierda institucional fue subsumida en el ideologismo de grupos de interés (indigenistas, feministas, ambientalistas y animalistas, entre otros) que redactaron a su antojo.
Todo aquello carga septiembre, también “el 18”, que es la fecha de la independencia.
“Doctrina Donroe”
En el Foro Madrid, el embajador estadunidense en Chile, Brandon Judd, aclaró que “la doctrina Donroe será diferente en cada país. Cada embajador tenemos la facultad de implementar esa política según lo consideremos oportuno”.
“Lo bueno es que cuando tenemos administraciones como la del presidente Kast, todo resulta muy fácil, se convierte en algo que podemos observar. He escuchado a mucha gente decir que la Doctrina Donroe es mala, me hace mucha gracia, porque Chile la está aplicando en este preciso momento”, presumió.
Legisladores de izquierda denunciaron la subordinación del gobierno de Kast frente a Estados Unidos y señalaron que “Chile no puede ser parte de una política militar y de relaciones exteriores definida por Washington”.
Fobaproa: desfalco eterno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la deuda contraída por Ernesto Zedillo en la década de 1990 para rescatar a bancos y grandes empresas “es impagable” y seguirá pesando sobre las finanzas públicas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, hasta abril de 2025 se habían pagado 945 mil 895 millones de pesos sólo en intereses, y aún se debía un billón 159 mil 484.8 millones de pesos, correspondientes a la deuda original del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), aprobada por el Congreso a instancias de Zedillo en 1999. Lo erogado hasta el año pasado representa más de 2 millones de millones de pesos al actualizar los pagos con la inflación, cantidad mucho mayor a la que Zedillo dijo que costaría la socialización de la deuda privada de los millonarios.
La mandataria recordó las consecuencias sociales del atraco perpetrado por el cogobierno de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN): millones de pequeños deudores quedaron en bancarrota, perdieron ahorros y vivienda y se vieron obligados a migrar ante la destrucción del empleo y de los precios agrícolas. Zacatecas, la entidad visitada ayer por la presidenta Sheinbaum, fue una de las más golpeadas por el impacto del neoliberalismo y la corrupción: cada año entre 1990 y 2005, el estado perdió alrededor de uno por ciento de sus habitantes, quienes emprendieron el camino hacia el norte más para huir del hambre que en busca del “sueño americano”. Cuando la sangría se detuvo, no fue porque las cosas mejorasen aquí, sino porque la crisis financiera de 2008 redujo las perspectivas de trabajo en Estados Unidos. A menor escala, la expulsión de mexicanos se replicó en todo el país, con hasta medio millón de personas que migraban cada año entre 1995 y 2005.
Hace casi 30 años, Zedillo aseguró que en sólo 20 habrían sido cubiertos tanto el monto original como sus intereses. Lejos de ello, en 2025 el Estado mexicano tuvo que destinar 52 mil 451 millones de pesos al Ramo 34, correspondiente a las “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, es decir, al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del Fobaproa. De esa cantidad, 96 por ciento corresponde a dueños de grandes capitales y apenas 4 por ciento a ciudadanos de a pie. Para hacerse una idea del peso de ese monto en las finanzas públicas, vale decir que supera en mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; casi iguala a los 58 mil millones de pesos asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México, y es mil 900 por ciento más que lo ejercido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
En suma, incluso hoy, tras ocho años de administraciones federales que intentan revertir los peores estragos del neoliberalismo, la deuda ilegítima cargada al pueblo de México priva al país de recursos indispensables para cubrir las necesidades más acuciantes e invertir en el desarrollo productivo. Es evidente que no se pueden hacer estimaciones contrafactuales, pero también es imposible pasar por alto que hoy la realidad de millones de mexicanos podría ser sustancialmente mejor si el dinero público arrojado al barril sin fondo del rescate de la banca se hubiera canalizado a otros propósitos.
México SA
Fobaproa, herencia impagable // Sólo por intereses, $2 billones // Saldo actual, más de $1 billón
Carlos Fernández-Vega
Preparaos, mexicanos pagadores, que para ustedes no hay noticias alentadoras: si suponían que en 2070 terminarían de pagar el voluminoso cuan ilegal “rescate” bancario de 1995 (cortesía de Ernesto Zedillo, o lo que es lo mismo, el “salvamento” con recursos públicos de los propietarios de las instituciones reprivatizadas por Carlos Salinas de Gortari y quebradas en tan sólo dos años), pues están equivocados, porque la “alcancía rescatista”, impuesta y heredada por el prian 31 años atrás simple y sencillamente es un barril sin fondo.
En esos 31 años, mexicanos cumplidores, han pagado alrededor de 2 billones de pesos sólo por intereses del “rescate”, y aun así a estas alturas todavía deben un billón 165 mil 351 millones de pesos (al cierre de julio pasado, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda), mientras, muy quitados de la pena, los banqueros “salvados” por Zedillo se lavaron las manos, dejaron un tiradero y alegremente vendieron las instituciones (sin pagar un peso de impuestos), las extranjerizaron, siguieron su camino, continuaron sus abundantes negocios con el gobierno en turno y acumularon aún más riqueza. Negocio redondo, aunque es obvio que no para los habitantes de esta República expoliada.
Ayer lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum: “El gobierno de Zedillo decide rescatar a los bancos y a las grandes empresas, con mucha corrupción. ¿Con qué los rescataron? Con el recurso público, con el dinero de la gente. Es el llamado Fobaproa, hoy IPAB, que seguimos pagando desde entonces, una deuda impagable porque nunca se va a acabar de pagar. Muchos de ustedes recordarán, porque aquí en Zacatecas hubo movimientos en aquella época, de gente que había comprado un tractor y de pronto la deuda se le fue a cinco, seis, 10 veces, porque habían crecido las tasas de interés y no podían pagar el tractor, y se quedaron endeudados y querían quitarles lo que habían dejado empeñado para comprar el tractor, su casa, por ejemplo. ¿Se rescató a toda esa gente? ¡No! Se rescató a los de arriba, pero nunca se apoyó a los de abajo”.
Allá por enero de 1995, ya con las instituciones exprimidas y reventadas por los nuevos propietarios de la banca (cortesía de Salinas de Gortari), el entonces director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, dijo que “sólo en caso de necesitarse” el gobierno aportaría “50 millones de dólares” (algo así como 8 mil 500 millones de pesos al tipo de cambio de esa fecha) para reflotarlos, aunque esa cantidad fue una de tantas mentiras del zedillato. Poco más adelante, el propio Zedillo reconocía que “se han comprometido recursos fiscales estimados en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años”.
Pero la “alcancía rescatista” no tenía llenadera. Así, en diciembre de 1998, el mero día de la Guadalupana, el Congreso aprobó la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el nuevo disfraz del Fobaproa. Y con el apoyo del PAN, entonces regenteado por Felipe Calderón, la “encomienda” de Zedillo salió a flote.
En esa fecha, el saldo del “rescate” había crecido a cerca de 552 mil millones de pesos, mismos que los prianistas endilgaron al pueblo de México. Y como se anota líneas arriba, después de pagar alrededor de 2 billones de pesos sólo por intereses, el saldo de la nueva máscara del Fobaproa es de un billón 165 mil 351 millones de pesos.
Y colorín colorado, el expolio no ha terminado, “porque nunca se va a acabar de pagar el Fobaproa”.
Las rebanadas del pastel
Adorador de Margaret Thatcher y del genocida Pinochet, negador contumaz de la soberanía argentina de las Islas Malvinas, en plena crisis económica y social, y ante el desmoronamiento de su “gobierno” y la inexorable pérdida de su relección, Javier Milei aplica la “técnica” Leopoldo Galtieri-dictadura militar de 1982: en la retórica, de la noche a la mañana da un giro de 180 grados cuando a lo largo de sus casi tres años de “gobierno” mandó el tema al carajo y privilegió los intereses británicos. Defendía que “los malvinenses decidan con quién se quedan, porque el voto más importante es el que se hace con los pies y anhelamos que ellos decidan algún día votarnos con los pies a nosotros, que prefieran ser argentinos sin siquiera usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo; hubo una guerra y nos tocó perder”. Ahora afirma que aquellos no son más que “una población implantada en un territorio usurpado que no tiene un derecho legítimo a la autodeterminación”. Así, el “nuevo” discurso de este cavernícola no es más que humo con desesperado objetivo electoral.
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