04 de agosto de 2026 10:03
Guatemala. Las autoridades de Guatemala ordenaron evacuaciones preventivas en dos localidades cercanas al volcán de Fuego, cuya actividad se intensificó con erupciones intensas y emisión de gases y cenizas.
"Como medida preventiva ante el incremento de la actividad del volcán de Fuego, se desarrollan evacuaciones en el caserío El Porvenir y la aldea Las Lajitas, municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez", dijeron las autoridades en un comunicado el lunes por la noche.
"La acción busca resguardar la vida de la población que habita en áreas vulnerables y se realiza de manera coordinada entre autoridades locales e instituciones que conforman el Sistema Conred", agregaron.
En otro boletín emitido el martes, advirtieron que la actividad del volcán de Fuego continúa en su fase más intensa y que durante la madrugada se registró el descenso de corrientes de densidad piroclástica hacia las barrancas Las Lajas y Honda, que se suman a las que ya descienden por las barrancas Seca, Taniluyá y Ceniza.
Estas corrientes son mezclas de gases volcánicos, ceniza, rocas y altas temperaturas que se desplazan rápidamente por las laderas del volcán, dijeron las autoridades en un comunicado divulgado por el Sistema CONRED, que atiende desastres en el país centroamericano.
Agregaron que bajo "Alerta Anaranjada Institucional", se ha fortalecido el monitoreo permanente del volcán, y advirtieron que las corrientes piroclásticas podrían continuar descendiendo por las barrancas ya identificadas e, incluso, recorrer mayores distancias si la actividad eruptiva se intensifica y que la dispersión de ceniza puede afectar zonas ubicadas hasta 100 kilómetros al oeste y noroeste del volcán.
En 2018, una fuerte erupción del mismo volcán, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de la capital, Ciudad de Guatemala, llegó a soterrar una comunidad entera, con un saldo de más de 200 muertos.
Paro laboral interrumpe el comercio marítimo de Argentina
Stella Calloni Corresponsal
Periódico La Jornada Miércoles 5 de agosto de 2026, p. 23
Buenos Aires. El gobierno del presidente Javier Milei tuvo que ceder ayer para dialogar con los 450 prácticos navales argentinos que desde este lunes mantenían un paro que detuvo la salida y entrada de buques con carga de importación y de exportación en rechazo a un decreto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que establece que las empresas navieras no están obligadas a contratarlos, a pesar de que son los únicos especializados que garantizan la seguridad de estas operaciones y evitan riesgos de colisión, derrame y cualquier accidente que pueda poner en peligro las cargas.
El desregulador serial, como le llaman a Sturzenegger, intenta bajar costos y estimular la competencia desregulando todos los servicios esenciales del país desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre de 2023, ante lo cual, tanto el comercio exterior y la distribución interna de combustible, enfrentaban una parálisis total. La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico manifestó su preocupación y desacuerdo respecto a la implementación de este decreto, reportó el diario digital El Destape.
El ejecutivo ordenó a la Prefectura Naval Argentina que más de 500 profesionales retomen sus tareas, mientras más de 160 buques estaban detenidos, y con esto, las exportaciones de granos y las operaciones en terminales estratégicas como Rosario, Bahía Blanca, Campana y Dock Sud.
Pese al diálogo, el gobierno no cede, sobre todo cuando la medida favorece y activa sus acuerdos con otros países, como Estados Unidos, y más aun cuando se trata de vías estratégicas para sus proyectos de privatizarlo todo.
Nadie les pone una pistola para endeudarse: Milei
Milei, al ser interrogado sobre la situación de más de 7 millones de familias endeudadas con créditos bancarios sólo para comprar comida, impagables por los altos intereses impuestos, respondió sonriendo: “nadie les puso una pistola en la cabeza” para endeudarse. Añadió que es un tema que no le compete al Estado porque es un “acuerdo entre privados”, lo que incrementó la adhesión a la marcha que se realizará este jueves. Una versión más amplia de esta nota en @lajornadaonline; https://bit.ly/4xmTW7T.
Protección de audiencias, avance democrático
La propuesta del gobierno federal de establecer lineamientos generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha suscitado una virulenta reacción entre los grandes medios corporativos, políticos de derechas y organismos paraempresariales mal identificados como “de la sociedad civil”. Tales actores han desatado una intensa campaña de desinformación con la cual buscan convencer a la ciudadanía de que las autoridades pretenden imponer mecanismos de censura previa, regular contenidos y reservarse la facultad de fijar la verdad.
Ninguna de estas acusaciones tiene que ver con lo que se impulsa desde la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Como ha explicado la comisionada presidenta, Norma Solano Rodríguez, los códigos de ética y criterios editoriales son y serán definidos por los medios de comunicación, mientras la figura de defensoría de las audiencias únicamente funcionará como intermediario entre los concesionarios y el público, emitiendo recomendaciones en caso de que éste presente inconformidades, por lo que “la libertad de expresión está garantizada y el objetivo principal es fortalecer los derechos de las audiencias con procedimientos claros y transparentes”.
En el mismo sentido se ha expresado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien remarcó que no se contempla ninguna sanción por los contenidos que emitan los medios, sino por no emitir un código de ética, no nombrar una persona defensora de las audiencias y no poner a disposición de éstas mecanismos de defensa.
Se trata, entonces, de crear herramientas de autorregulación que permitan contrastar afirmaciones cuestionables, enriquecer puntos de vista y dotar a las entidades que se dedican a la comunicación de instrumentos para reconocer sus propios excesos. Cabe destacar que las defensorías de las audiencias existen desde la década de 1960 en Estados Unidos, y en la actualidad se encuentran institucionalizadas en gran parte de Europa, Australia, Nueva Zelanda e India. En el mundo anglosajón, destaca su presencia en medios como The Washington Post, la NPR (Radio Pública Nacional) estadunidense, The Guardian o BBC. Ya sea que se trate de entes públicos o, como se propone en México, de departamentos en la estructura de los propios medios, las defensorías de las audiencias tienen entre sus funciones recibir, procesar y gestionar las quejas, reclamos y sugerencias del público frente a los contenidos; fungir como mediador y árbitro independiente entre el equipo editorial de una organización de noticias y su público, y señalar errores periodísticos, explicar los procesos o decisiones detrás de las noticias y verificar el cumplimiento de los códigos de ética.
Tienen su fundamento en el principio de que lectores, televidentes o radioescuchas no son entes pasivos, sino ciudadanos con derecho a recibir contenidos que reflejen la pluralidad ideológica, política y cultural de sus sociedades. Esto incluye el derecho a que los medios diferencien claramente la información noticiosa de la opinión y del contenido publicitario, algo que la prensa corporativa suele omitir de forma deliberada porque la confusión entre propaganda e información es el centro de su modelo de negocio.
Detrás de la campaña contra la protección de las audiencias se encuentra el deseo de mantener una circunstancia de total impunidad para seguir usando el poder mediático en beneficio de los grupos de interés en torno a los medios: sus propietarios y accionistas, aliados políticos y empresas beneficiadas por coberturas favorables, entre otros. Quienes se niegan a empoderar a sus audiencias están habituados a calumniar con fines extorsivos, presentar versiones falsas de los hechos para favorecer a los amigos, afectar a los enemigos y tergiversar la realidad para maximizar sus ganancias o las de sus clientes.
En suma, el público necesita rechazar las falacias sobre la censura, hacer suyo el debate y exigir responsabilidad a quienes tienen en sus manos un poder extralimitado, capaz de destruir vidas y patrimonios, crear o aniquilar carreras políticas y boicotear programas gubernamentales, movimientos sociales o empresas rivales. Empoderar a quienes buscan ejercer su derecho a la información no limita la libertad; al contrario, consolida una auténtica democracia al convertir el monólogo mediático en una conversación.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ Un tren de Ferromex se descarriló el 25 de julio en el ejido Cuauhtémoc, del municipio fronterizo de Naco, Sonora, y derramó más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio, en medio de un aguacero que arrastró el químico hacia el arroyo.Foto Profepa
Como acostumbra (siempre bajo la condescendiente mirada de la autoridad), Grupo México (obviamente por instrucciones de su dueño, Germán Larrea) finge demencia y se lava las manos por los daños (humanos, sociales y ecológicos) causados por su más reciente –que no el último– derrame tóxico en tierras sonorenses (70 mil litros de hidrosulfuro de sodio vertidos en un arroyo, que afectó una zona de 1.7 kilómetros cuadrados del municipio de Naco; de hecho, un alto mando político de esa entidad sostiene que “hay que cuidar” al corporativo, porque “invierte en el estado”, ergo: hay que mantenerlo impune, según su entender), no sin antes asegurar que “terminaron los trabajos de limpieza” del área afectada. Y se quedó tan tranquilo.
Algo similar dijo el corporativo cuando en 2014 y 2019, la empresa derramó tóxicos en el río Sonora y en el mar de Cortés, y lo cierto es que después de 12 años del primero y siete del segundo la “remediación” que debió hacer Grupo México se mantiene “pendiente”, toda vez que el Fideicomiso Río Sonora (mediante el cual supuestamente Grupo México aportaría 2 mil millones de pesos, que en los hechos, si bien va, sólo se ejerció la mitad, especialmente destinados a lavar la cara de la empresa de Larrea) sólo fue una puesta en escena, en contubernio con Enrique Peña Nieto. En esa ocasión, un grupo de diputados exigió cancelar la concesión a Buenavista del Cobre (antes Minera de Cananea), pero ese gobierno fingió demencia, con todo y que este derrame de tóxicos se calificó como “el mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México”.
De hecho, a 16 años de distancia, la doctora Reina Castro Longoria, investigadora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, de la Universidad de Sonora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y activista del Frente Río Sonora, no quita el dedo del renglón: “es grave lo que está ocurriendo”, por lo que exige “un ordenamiento entre el gobierno federal, Grupo México, la población afectada y la comunidad científica para crear un plan de remediación; es una organización básica para poder emprender una justicia ambiental; es lo que hemos buscado a lo largo de todo este tiempo, siendo la empresa la que debe pagar por estos daños; en la población existen muchas afectaciones a la salud de menores de edad y al medio ambiente; el desastre en el río Sonora va de mal en peor y el gobierno del estado y el corporativo apuestan al olvido; no se requieren acciones distractivas para evadir el problema, sino su solución”.
Grupo México, especialista en evadir su responsabilidad, asegura que el derrame en Naco “no provocó daños”, cuando lo cierto es que los hay, no sólo en el plano ecológico, sino social y humano. Llega la información desde esa población, afectada por el más reciente ecocidio: “familiares de Luis Arturo Ozuna Vázquez, de 53 años (“una de las primeras personas trasladadas para recibir atención médica tras el derrame tóxico registrado el pasado 26 de julio, quien presenta edema cerebral derivado de la inhalación de los gases tóxicos liberados por Ferromex, además de daño neurológico y pulmonar”) denunciaron que Grupo México no ha establecido contacto con ellos ni ha ofrecido apoyo para cubrir los gastos derivados de la atención médica a su pariente por inhalar el hidrosulfuro de sodio que hace una semana tras el descarrilamiento de un tren de Ferromex; el paciente ingresó a terapia intensiva, su estado de salud se agravó en las últimas horas y lo van a intubar; ninguna representante del corporativo ha preguntado por la salud de Luis Arturo; lo han atendido, porque nosotros hemos insistido en los hospitales, pero de la empresa absolutamente no se ha acercado nadie; exige que el consorcio asuma los costos de la atención médica, cubra todos los gastos actuales y futuros derivados de las afectaciones a la salud de Luis Arturo y que responda por los daños que el derrame llegue a ocasionar a las personas que se expusieron al compuesto químico” (La Jornada, Cristina Gómez Lima, corresponsal).
¿Y la autoridad? Bien, gracias. ¿Y Larrea? Tan campante.
Las rebanadas del pastel
¿Y el control de calidad? ¿Quién dejó pasar a las hoy diputadas “morenistas” Nay Salvatori y Grace Palomares? (que por lo visto no representan a nadie), porque, sin más, se burlaron de los adultos mayores de forma infame y soez: “los grandes ya huelen diferente, huelen a baúl, ya tienen tics y se están pudriendo, guey”. Entonces, ¿quién dio entrada a estas panistas con careta de guindas? Y como este hay más casos por falta de supervisión en ese partido
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Por la guerra, 8 petroleras ganan 700 mil dólares cada minuto
De la Redacción
Periódico La Jornada Miércoles 5 de agosto de 2026, p. 20
Ocho de las mayores compañías petroleras –Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron y ExxonMobil– obtuvieron beneficios de más de 90 mil millones de dólares en sólo tres meses, debido a que el conflicto de Estados Unidos con Irán disparó los precios de la energía y también a que la crisis climática, alimentada por las emisiones de carbono, provocó olas de calor mortales y gran consumo eléctrico, informó The Guardian.
Las petroleras aprovecharon la mayor interrupción del suministro de combustibles fósiles en la historia del mercado para casi duplicar sus beneficios, que en el mismo periodo del año pasado eran de poco menos de 50 mil millones de dólares.
Sus extraordinarias ganancias gracias a la guerra –incluso cuando su infraestructura en el golfo Pérsico resultó dañada por los bombardeos– han reavivado los llamados para que paguen por los daños medioambientales causados y financien una rápida transición a las energías renovables.
“Millones de hogares están pagando las consecuencias con facturas de energía desorbitadas y una crisis climática que se acelera rápidamente”, denunció Rosie Downes, activista de la red de ambientalistas Friends of the Earth.
“Es hora de que las grandes petroleras paguen en impuestos para reparar el desastre climático que provocan”, añadió.
Los datos sugieren que las ocho compañías citadas obtuvieron más de 700 mil dólares de beneficio por minuto durante el trimestre de marzo a mayo, mientras las temperaturas se encaminaban hacia una serie de olas de calor mortales por la quema de combustibles fósiles, reveló el medio británico.
Arabia Saudita ha liderado durante décadas los exitosos esfuerzos para bloquear la acción climática internacional. La producción de carburantes de Saudi Aramco es la responsable de más emisiones de carbono que ninguna otra empresa.
