Iván Restrepo
31 de agosto de 2026 00:02
Luego de dos semanas de deliberaciones, el viernes pasado concluyó en Ulán Bator, Mongolia, la 17 la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), en un momento en que 40 por ciento de la superficie terrestre mundial, incluyendo una cuarta parte de las tierras cultivables, se encuentra degradada. La también denominada “Convención sobre la tierra”, es uno de los tres principales tratados ambientales internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro.
Aunque es menos conocida que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Convenio sobre la Diversidad Biológica, su objetivo es hoy fundamental: combatir la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Este año se centró principalmente en el pastoreo como forma de uso de la tierra y como una herramienta para su conservación.
Celebrar la cumbre en Mongolia fue muy significativo, pues es uno de los ejemplos más extremos de lo que puede ocurrir cuando se juntan varios factores. Ese país se ha calentado unos 2.5 grados desde 1941 y registra cada vez más episodios de sequía. Al mismo tiempo, su enorme hato ganadero (unos 60 millones de animales), ejerce una enorme presión sobre los pastizales. El cambio climático y el sobrepastoreo han formado una combinación muy negativa: menos agua y vegetación, suelos más frágiles y menos capacidad para recuperarse.
La degradación de la tierra no es sólo un problema ambiental y factor esencial que contribuye al cambio climático, sino que está presente en muchos otros campos. Por ejemplo, aumenta los riesgos para la salud humana y la propagación de nuevas enfermedades; es factor clave en la migración forzada y exacerba los conflictos entre comunidades por la escasez de recursos. Agrego la pérdida de biodiversidad, la pobreza y la inseguridad alimentaria. Por todo esto, la degradación de la tierra es un obstáculo para lograr el desarrollo sostenible.
Según Naciones Unidas, la aridez es el principal factor que conduce a la degradación de los sistemas agrícolas en el mundo. Afecta a 40 por ciento de las tierras cultivables. Y lo más grave es que la superficie aumenta cada año. En la última década así pasó con alrededor de mil millones de hectáreas de tierras que se encontraban productivas o en buen estado.
En lo que está ocurriendo juegan un papel muy importante las sequías cada vez más presentes y extremas, originadas en buena medida por el cambio climático y el uso inadecuado de la tierra. Se estima que el costo de la degradación de la tierra le cuesta cada año a la economía mundial unos 900 mil millones de dólares. Y la sequía, 300 mil millones.
Hace 32 años, con la adopción de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), los países acordaron establecer medidas para revertir la situación imperante. En ese entonces se reveló que las zonas áridas cubren más de 45 por ciento de la superficie terrestre del planeta. Sin embargo, proporcionan 44 por ciento de la producción agrícola y albergan a una de cada tres personas en el mundo.
Desde dicha convención se insiste en que si no se evita que las zonas áridas se conviertan en desiertos, en 2050 se habrán desplazado 700 millones de personas por falta de alimentos y agua. Era urgente entonces obtener financimiento para combatir la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía. Pero no se logra hasta hoy, tal y como se comprobó en Ulán Bator.
Los 197 países que acudieron a esta cumbre se fueron sin resolver uno de los temas claves: la creación de un acuerdo mundial sobre la sequía jurídicamente vinculante. Pospusieron esa decisión hasta la próxima ronda de conversaciones. Tendrán lugar en Egipto en 2028. El tema ya se había aplazado en la reunión anterior, efectuada hace dos años en Riad, Arabia Saudita.
En Ulán Bator los grupos ambientalistas y las comunidades agrarias hicieron hincapié en que la lucha contra la desertificación está estrechamente ligada al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Y preguntaron: ¿qué sentido tiene intentar proteger la tierra de la sequía cuando los esfuerzos mundiales para combatir el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad se han estancado?
La desertización avanza imparable. También en México, como mostraré el lunes próximo.
El costo de la deuda
León Bendesky
31 de agosto de 2026 00:06
Los bonos conforman el mercado global más grande de instrumentos de deuda. La emisión de bonos es una fuente de recursos de los gobiernos para financiar los déficits públicos crecientes. La naturaleza política del mercado de bonos expresa la necesidad de los gobiernos de atraer recursos a un costo que haga posible financiar las enormes deudas derivadas de sus objetivos políticos. Por su lado, los inversionistas responden a los riesgos que representan las políticas fiscales ante la tensión financiera derivada de la deuda y su costo.
Esas fuerzas dan cuenta de un entorno conflictivo que se exacerba según la naturaleza de la gestión de los déficits públicos. La tasa de interés expresa las condiciones de este mercado.
El escenario en Estados Unidos es el de una significativa presión alcista sobre las tasas de interés derivada de una deuda muy grande y creciente en el marco de una configuración de alto riesgo. El asunto se configura en torno al elevado déficit fiscal y las presiones para su financiamiento.
Se trata de las consecuencias de una situación en la que un país gasta continuamente más de lo que ingresa, acumulado una deuda y su servicio, es decir, el pago de los intereses que aumentan en relación con los ingresos. Así, la política de la deuda pública es la expresión de un conflicto creciente expresado en el presupuesto que expone el dilema de cortar el gasto público o subir los impuestos.
Esta especie de acertijo implica el dilema entre las políticas públicas que priorizan las miras electorales y las inevitables consecuencias sobre las cuentas fiscales. Las medidas fiscales están estrechamente relacionadas con la política, pues se trata, esencialmente, del proceso de redistribución entre las personas, los grupos, las regiones e incluso las generaciones, cuestión esta última que no puede perderse de vista. Ese es el meollo del conflicto político.
El mercado de bonos de Estados Unidos es el mayor en la economía global, con un valor en alrededor de 58 billones (trillones de allá) de dólares, mientras el valor total es del orden de 160 billones.
La deuda pública de aquel país rebasó recientemente 40 billones de dólares (trillones, según se mide allá), con un rápido crecimiento en los años recientes. Dicha deuda se financia principalmente por medio de la emisión de bonos del Tesoro a largo plazo, con vencimientos a 10 y 30 años y que se venden a inversionistas, sean individuos, empresas u otros gobiernos. Japón es el mayor tenedor de bonos del Tesoro, seguido de China y Gran Bretaña.
La deuda pública de Estados Unidos es una condición clave del sistema financiero global, pues los instrumentos denominados Treasuries cumplen con la función de ser un activo seguro y de alta liquidez. Esto quiere decir que pagan el interés establecido y se pueden comprar y vender con facilidad.
La tasa de interés de los bonos a 30 años está en el nivel más alto desde 2007, en torno a 5.3 por ciento; la tasa a 10 años supera la alcanzada a principios de 2025 y ronda 4.7 por ciento. Estas altas tasas encarecen la colocación de la nueva deuda pública, en un entorno en que la política fiscal está orientada a un fuerte crecimiento del gasto y sin un correspondiente aumento de los ingresos, provenientes, principalmente, de los impuestos.
Gran acumulación de la deuda pública y su alto costo tiende a ser un problema financiero estructural y no un asunto de coyuntura. Su relevancia no se limita al entorno interno, muy serio sin duda, sino que repercute en la economía global; todo acomodo será costoso.
La situación pone en relieve la intricada relación entre la política monetaria y la política fiscal. En este caso aparece como una condición conflictiva puesto que, para el Departamento del Tesoro, la medida requerida es una rebaja de las tasas o, cuando menos, evitar su alza, para no desbordar el costo creciente del servicio de la deuda.
Para el Banco de la Reserva Federal (Fed, el banco central), en cambio, el objetivo es cumplir su mandato de conseguir el máximo nivel de empleo compatible con la estabilidad de los precios; hoy esto requiere un alza de la tasa.
Este es el diferendo que enmarca la actual disputa política entre el gobierno y el banco central de ese país, mismo que tiene un estatuto de independencia.
Este fue uno de los asuntos centrales que se trataron en el reciente simposio que cada año organiza el Banco de Reserva Federal de Kansas, en la localidad de Jackson Hole. Éste se enfocó en la resistencia a la baja de la inflación y la presión alcista sobre las tasas que surge de las condiciones actuales del sistema financiero, por ejemplo, la gran demanda de recursos del propio gobierno, a la que se suman los fondos requeridos por las empresas de tecnológicas.
Esta situación repercute en la emisión de nueva deuda de bonos del Tesoro. Kevin Warsh, presidente de la Fed, afirmó que las tasas podrían subir como medio para abatir la inflación. Así, elevó la disputa con el secretario del Tesoro que hace unos días intervino directamente y de manera atípica en el mercado de los bonos para intentar bajar la tasa de interés, una medida poco ortodoxa en materia monetaria y fiscal que no resultó como esperaba. El contexto es el de un enorme déficit fiscal, una inflación persistente y altas tasas de interés. Un escenario complicado y con repercusiones financieras globales.
Uno de los aspectos relevantes del caso es el carácter independiente de la Fed, estatuto que Kevin Warsh ha tenido que sostener ante las presiones del gobierno. El marco institucional exhibe su relevancia en un sistema de contrapesos frente al poder político. Un asunto de índole general que está constantemente expuesto a las tentaciones de control de los gobiernos.
Sputnik
30 de agosto de 2026 17:52
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las empresas canadienses que hacen negocios con Estados Unidos a trasladar sus operaciones al territorio estadunidense y prometió que, en ese caso, no estarán sujetas a aranceles.
"Que todas las empresas canadienses que hacen negocios con Estados Unidos se trasladen a Estados Unidos, inmediatamente. Muchas de ellas son empresas que se marcharon hace años debido al estúpido liderazgo estadunidense. Cuando regresen, no habrá aranceles", escribió Trump en su red social Truth Social.
En otra publicación, el mandatario estadunidense calificó a Canadá de uno de los principales infractores del régimen arancelario de Washington y aseguró que no quiere productos canadienses.
"Uno de los principales infractores es Canadá. No quiero automóviles canadienses, no quiero piezas canadienses, no quiero nada canadiense. Nos han estafado durante décadas y esto llegará a su fin", escribió.
El presidente estadunidense anunció el lunes que Washington elevará al 50 por ciento, a partir del 1° de enero de 2027, los aranceles sobre los automóviles, componentes de automóviles y acero procedentes de Canadá.
La decisión se produjo después de la interrupción de las negociaciones comerciales entre ambos países, tras la cual el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció la introducción de aranceles de represalia a partir del 8 de septiembre.
Canadá ha respondido
El primer ministro de Ontario, Doug Ford, amenazó como respuesta cortar el suministro de electricidad y de minerales críticos a Estados Unidos.
Ford afirmó el pasado lunes que Washington ha subestimado la disposición de los canadienses a soportar dificultades económicas antes de ceder a la presión estadunidense.
Mientras que el primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe, dijo que su provincia impondría un arancel del 50 por ciento al alcohol estadunidense.
Saskatchewan y Alberta son las únicas provincias que aún venden vino, cerveza y licores estadunidenses. Todas las demás provincias ya retiraron las bebidas alcohólicas de su vecino de EU de sus estantes.
