Hemos examinado en esta columna en diversas ocasiones el “proceso de globalización con características chinas” y particularmente el pensamiento y las recientes propuestas del presidente Xi Jinping. Las cuatro iniciativas globales de Xi desde 2021 –la Iniciativa para el Desarrollo Global (presentada en 2021), la Iniciativa de Seguridad Global (2022), la Iniciativa para la Civilización Global (2023) y la Iniciativa para una Gobernanza Global (2025)– son fundamentales para comprender las pretensiones y la propuesta global de China en la actualidad. En nuestra última colaboración ( La Jornada, 29/7/2026) abordamos la Iniciativa de una Civilización Global, ahora la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG).
La IDG fue presentada por Xi Jinping en la 76 sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2021; el lugar de la presentación es significativo en cuanto a la importancia de la ONU para la IDG. Al menos desde la última década –y en forma contrastante con las dos presidencias de Trump, particularmente desde 2025–, China se ha comprometido explícitamente con la ONU en múltiples ámbitos, incluyendo el de la salud (y ante la pandemia de covid-19), en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en el contexto de la IDG, para enfatizar la agenda multilateral de China. Xi Jinping señaló en la IDG en 2021: “En el mundo sólo hay un sistema, que es el sistema internacional centrado en la ONU; un orden, que es el orden internacional basado en el derecho internacional, y un conjunto de normas, que son las normas básicas de las relaciones internacionales con base en los propósitos y principios de la Carta de la ONU”.
¿Cuáles son los principales planteamientos de Xi Jinping en la Iniciativa para el Desarrollo Global de 2021?
Primero, y considerando que la IDG se presentó en 2021 y ante la pandemia de covid-19, China hizo un llamado general y se comprometió con la salud global: 2 mil millones de dosis de vacunas al mundo, múltiples donaciones de materiales para la salud y ciencia y tecnología para hacer frente a la pandemia. La propuesta buscó responder a una emergencia global como ningún otro país lo hizo en su momento.
Segundo. La propuesta de la IDG china busca “un enfoque centrado en el pueblo”, con beneficios generalizados e incluyentes y ante necesidades y demandas específicas. Políticas macroeconómicas, la coordinación de políticas y su sustentabilidad ambiental (“la convivencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza”) son enfatizadas, así como un desarrollo promovido con base en la innovación y “tomar decisiones orientadas a los resultados”. Las experiencias chinas en el siglo XXI le permiten también ofrecer sus experiencias con respecto a la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria, así como para ofrecer financiamiento para el desarrollo.
Tercero. La IDG se fundamenta en la “concordia y armonía … la gobernanza global y el practicar el verdadero multilateralismo”. China no busca la imposición de “un modelo” o incluso una ideología, sino que parte de la heterogeneidad (también de las civilizaciones) existente. La cooperación internacional, desde la perspectiva de la IDG, permite un ganar-ganar para China y sus contrapartes.
La IDG es significativa desde múltiples perspectivas. Por un lado, China es en la actualidad la mayor economía del mundo (medido en paridad del poder de compra) desde 2016, el principal exportador global, principal socio comercial de más de 160 y la creciente potencia tecnológica en las cadenas globales de valor más sofisticadas en cuanto a la innovación. Su propuesta de IDG y de cooperación con el Sur Global es fundamental. Por otro lado, la IDG contrasta diametralmente con la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de finales de 2025 ( La Jornada, 10/12/2025) que busca imponer la Doctrina Monroe de hace dos siglos al continente americano en la actualidad y sin opciones de cooperación.
Tercero. Por supuesto que cualquier lector pudiera objetar que la IDG es significativa en cuanto a su efectiva implementación para no convertirse en mero discurso. Es aquí, y aunadas a las propuestas de China, específicamente con América Latina y el Caribe (ALC) de 2008, 2016 y 2025, donde los sectores público, privado y académico debieran encarar una agenda específica en las formulaciones generales de la IDG y mucho más particulares propuestas por China hacia ALC. Es aquí donde las instituciones públicas, privadas y académicas por el momento han fracaso, en general sin mayor conocimiento de las propuestas chinas y ante la falta de una agenda concreta ante las ofertas chinas.
Es urgente entonces reactivar el diálogo en las instituciones binacionales de ALC y de México con China en temas como turismo, educación, ciencia y tecnología, agricultura, medio ambiente, comercio, infraestructura, financiamiento y docenas de otros. Todo lo anterior para que la relación con China no se convierta en una relación “abstracta”, sino sumamente dinámica y concreta a escala nacional y subnacional para docenas de entidades federativas y miles de municipios.
Por último, este diálogo concreto y agenda también son significativos ante las erráticas medidas y falta de cooperación ofrecida por Estados Unidos recientemente: más que cooperación, ofrecen una imposición de medidas ya tomadas en Washington. Si bien ALC y México tendremos que seguir negociando con Estados Unidos, China es sin lugar a duda una opción crecientemente significativa, incluso estratégica, también en el ámbito del desarrollo y de cientos de actividades particulares. ¿Será?
* Profesor del posgrado en economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM
http://dusselpeters.com
La IDG es significativa desde múltiples perspectivas. Por un lado, China es en la actualidad la mayor economía del mundo (medido en paridad del poder de compra) desde 2016, el principal exportador global, principal socio comercial de más de 160 y la creciente potencia tecnológica en las cadenas globales de valor más sofisticadas en cuanto a la innovación. Su propuesta de IDG y de cooperación con el Sur Global es fundamental. Por otro lado, la IDG contrasta diametralmente con la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de finales de 2025 ( La Jornada, 10/12/2025) que busca imponer la Doctrina Monroe de hace dos siglos al continente americano en la actualidad y sin opciones de cooperación.
Tercero. Por supuesto que cualquier lector pudiera objetar que la IDG es significativa en cuanto a su efectiva implementación para no convertirse en mero discurso. Es aquí, y aunadas a las propuestas de China, específicamente con América Latina y el Caribe (ALC) de 2008, 2016 y 2025, donde los sectores público, privado y académico debieran encarar una agenda específica en las formulaciones generales de la IDG y mucho más particulares propuestas por China hacia ALC. Es aquí donde las instituciones públicas, privadas y académicas por el momento han fracaso, en general sin mayor conocimiento de las propuestas chinas y ante la falta de una agenda concreta ante las ofertas chinas.
Es urgente entonces reactivar el diálogo en las instituciones binacionales de ALC y de México con China en temas como turismo, educación, ciencia y tecnología, agricultura, medio ambiente, comercio, infraestructura, financiamiento y docenas de otros. Todo lo anterior para que la relación con China no se convierta en una relación “abstracta”, sino sumamente dinámica y concreta a escala nacional y subnacional para docenas de entidades federativas y miles de municipios.
Por último, este diálogo concreto y agenda también son significativos ante las erráticas medidas y falta de cooperación ofrecida por Estados Unidos recientemente: más que cooperación, ofrecen una imposición de medidas ya tomadas en Washington. Si bien ALC y México tendremos que seguir negociando con Estados Unidos, China es sin lugar a duda una opción crecientemente significativa, incluso estratégica, también en el ámbito del desarrollo y de cientos de actividades particulares. ¿Será?
* Profesor del posgrado en economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM
http://dusselpeters.com
Entretelones de la visita de Pietro Parolin a México
Bernardo Barranco V.
12 de agosto de 2026 00:04
Pietro Parolin realizó una visita oficial, del 4 al 6 de agosto de 2026, bajo la expectativa de un probable viaje a México del papa León XIV. Parolin es el secretario de Estado de la Santa Sede, responsable de la diplomacia del Vaticano, nombrado bajo el pontificado del papa Francisco. Cuenta con un conocimiento profundo del panorama político y social del país, habiendo servido previamente en la Nunciatura Apostólica en México en los tiempos de Girolamo Prigione, a finales de los años 80 y principios de los 90.
El funcionario vaticano sostuvo reuniones de alto nivel institucional. Se encontró con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Y mantuvo una sesión de trabajo con Roberto Velasco Álvarez y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin duda, el encuentro con la mandataria fortaleció las relaciones entre México y el Vaticano. Sin embargo, resultaron curiosas las dos recepciones con distintos acentos de la entrevista. Claudia Sheinbaum reiteró la invitación y el interés de León XIV por venir a México, pero no en el corto plazo. La presidenta enfatizó haber tratado el tema de la inteligencia artificial (IA) en las que existen coincidencias, especialmente a partir de la encíclica Magnifica Humanitas. Sheinbaum enfatizó en la mañanera convergencias en el marco del carácter laico del Estado mexicano.
Por su parte Pietro Parolin, en entrevista con Javier Rodríguez, director de Desde la Fe, resaltó dos temas que trató con la Presidenta. Primero, la violencia y la búsqueda y construcción de la Paz, del cual resaltó la iniciativa del Diálogo Nacional sobre la Paz como un espacio de colaboración. Y segundo, la problemática situación de las migraciones. A pregunta del periodista sobre la IA, Parolín respondió que se tuvo una buena coincidencia en la búsqueda de introducir principios éticos al servicio de la persona humana.
Hay que recordar un principio básico. La actuación diplomática de la Santa Sede, así como de las visitas pontificales, tienden a fortalecer a las Iglesias locales. Invariablemente, la intervención vaticana procura dar cobertura y posicionar a la Iglesia local, así como robustecer su agenda. Toma como referente no sólo al Estado sino a los poderes fácticos de la sociedad.
En este caso, es una hipótesis, atemperar las tensas relaciones entre los obispos y la 4T. Limar asperezas por los continuos pronunciamientos públicos en que los prelados acusan al gobierno morenista de complicidad con el crimen organizado, vínculos con los narcos y tolerancia a la violencia. Parolin buscó matizar asperezas y buscar espacios de colaboración y buen entendimiento entre el Estado y la Iglesia católica. Seguramente buscará recuperar el espacio como interlocutor político religioso privilegiado que desde AMLO ha venido perdiendo. Al mismo tiempo Parolín, como buen diplomático, seguramente recomendó a la presidencia del episcopado mitigar los vehementes pronunciamientos públicos que desde 2022 ha pronunciado, a partir de los asesinatos de los jesuitas en la Tarahumara. Los próximos meses confirmaremos el comportamiento tanto del episcopado como del gobierno, y observaremos si se van mejorando las desavenencias.
No es la primera vez que Parolín visita México como secretario de Estado. En mayo de 2014 vino a México para atemperar las relaciones del episcopado con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bajo el nuevo input social del papa Francisco, en abril de ese año, los prelados mexicanos presentaron un conjunto de preguntas muy críticas sobre los contenidos de las principales reformas del presidente Peña Nieto: la fiscal, educativa, política, energética y mediática. Los duros cuestionamientos incomodaron al peñismo y están en un documento titulado “Por México ¡Actuemos!”. Parolin con tacto templó incomodidades y facilitó la visita del papa Francisco a México que se realizó en febrero de 2016.
Hay otros asuntos colaterales no menos importantes que el secretario de Estado seguramente abordó. En primer lugar, está la crisis de la Basílica de Guadalupe por manejos opacos y turbios. Recordemos que el cabildo pedía a gritos la intervención de Roma y actuar en consecuencia con las auditorías. Dichos escándalos salpican al cardenal Carlos Aguilar Retes. Una segunda cuestión es la renovación o designación de 34 obispos y arzobispos. Es decir, más de un tercio de las 99 jurisdicciones eclesiásticas del país. Las principales arquidiócesis y sedes pendientes son la arquidiócesis de Guadalajara y la arquidiócesis Primada de México. Otras arquidiócesis metropolitanas importantes son Puebla, Oaxaca, Acapulco, Morelia y sobre todo Monterrey. Está en juego el nuevo perfil del episcopado mexicano bajo la tutela del papa León XIV. Si quiere una renovación profunda de la Iglesia en México aquí tiene una oportunidad de oro para revertir a uno de los episcopados más conservadores y chatos de América Latina.
Finalmente, está el tema geopolítico. Donald Trump se ha convertido en un dolor de cabeza tanto para México como para el Vaticano; en especial ha arremetido contra el papa León XIV. México tiene una relación asimétrica: 80 por ciento de las exportaciones van a Estados Unidos. Mientras Trump desata una guerra verbal contra el Papa, éste critica su guerra en Irán, sus arrebatos belicistas y le demanda una paz desarmante. El foco común de México con Roma es precisamente el tema migratorio: no sólo es una tensión en la frontera, sino la persecución del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas contra los connacionales es una tensión que opera la violación de los derechos humanos. Trump ha hermanado a México con la Santa Sede, y a Claudia Sheinbaum con León XIV.
Inversión ambiental, impostergable
De acuerdo con datos presentados por José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), México podría requerir hasta 272 mil millones de dólares (alrededor de cuatro billones 600 mil millones de pesos) de inversión para transformar su economía hacia un modelo sostenible entre 2025 y 2050. Según explicó el funcionario, la transición es necesaria porque “el cambio climático ya no es una amenaza aislada, sino una realidad que se refleja en sequías, lluvias torrenciales, escasez de agua, huracanes, incendios forestales e inundaciones, cuyos impactos golpean con mayor intensidad a las poblaciones vulnerables y a los ecosistemas bajo presión”. Por su parte, Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que la ciencia debe traducirse en acción colectiva porque “el desafío hoy no es la falta de conocimiento, sino la capacidad de traducir ese conocimiento en decisiones que mejoren y salven vidas”.
Lograr una economía sostenible requiere una transformación integral del modelo productivo vigente mediante plantas de separación y reciclaje de alta tecnología; biodigestores (sistemas que transforman los residuos orgánicos en biogás y fertilizantes); centros de acopio y logística inversa (para llevar los materiales de vuelta al ciclo productivo); plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales; simbiosis hídrica industrial (parques industriales donde el agua residual tratada de una planta sirva como insumo para otra); sistemas de riego por goteo y microaspersión; expansión masiva de infraestructura solar y eólica, así como la modernización de la red de transmisión eléctrica para soportar fuentes de energía limpia intermitente; eficiencia material y energética; sustitución de procesos térmicos basados en gas natural o combustóleo por alternativas electrificadas; infraestructura de carga y flotas de transporte eléctrico tanto de mercancías como de pasajeros; rediseño de productos y empaques con monomateriales, componentes biodegradables o diseños modulares que permitan la reparación y el reacondicionamiento; combate a la obsolescencia programada, entre otros desarrollos.
El cálculo presentado por la Semarnat podría resultar optimista o exagerado dependiendo de qué tanto avance la ciencia en los próximos años y cuánto se profundice el daño causado al medio ambiente por la actividad humana, pero el hecho es que la inversión en revertir el cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad resulta impostergable si se quiere legar a las siguientes generaciones un planeta habitable. Asimismo, está claro que, en el caso mexicano, el primer aspecto en el que deben concentrarse los esfuerzos públicos y privados es la investigación y desarrollo, tanto en ciencia como en tecnología (es decir, en el conocimiento y su aplicación). Además de las ciencias físicas y biológicas indispensables para desarrollar con componentes propios todos los sistemas enlistados arriba, se precisa de las ciencias sociales para resolver cuestiones tan esenciales como la de hacer funcionar una economía que, a diferencia del capitalismo, no se base en el crecimiento ilimitado en un planeta cuyos recursos son limitados.
Avanzar hacia la sostenibilidad exige también reorientar las políticas públicas a fin de que el Estado logre hacerse del presupuesto necesario para encarar el desafío al mismo tiempo que continúa la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esto es, un programa de nación robusto y transversal pensado e implementado a sabiendas de que se trata de una inversión-herencia para quienes no han nacido, y de que no hacerla condenaría al México de un futuro cercano a la precariedad ambiental, climática, energética y alimentaria.
Ahorrar energía y agua en la agricultura: ¿y si sí?
Foto Luis Castillo / Archivo Foto autor
Víctor M. Quintana S. y Martín Solís B.
12 de agosto de 2026 00:01
El debate sobre el fracking ha insistido en la necesidad de generar más energía eléctrica sea con gas o con fuentes alternas y el cambio climático nos exige usar el agua sustentablemente. Sí es posible ahorrar un volumen considerable de agua y energía en la agricultura de riego por bombeo si se toman las decisiones y acciones adecuadas.
En México hay 6 millones 205 mil 891 hectáreas de agricultura de riego, de ellas, 3 millones 051 mil 339 son de riego por bombeo. Las entidades con mayor superficie irrigada con aguas profundas son Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Sonora y la Región Lagunera.
Un primer problema es que al subsuelo se le extrae más agua de la que se recarga anualmente: 9 mil millones 316 mil 390 de metros cúbicos (M3) anuales, más de lo almacenado en la presa Miguel Alemán, la cuarta presa más grande del país.
Tan sólo Chihuahua extrae 3 mil millones de M3 en demasía anualmente.
La sobrextracción tiene varias causas: el volumen de las concesiones otorgadas por Conagua para agua subterránea supera con mucho la capacidad de recarga de los acuíferos. Concesiones vencidas operando indebidamente (20 mil en 2025), y 30 mil 900 usuarios que obtuvieron constancias de obra o folios 8 por 5 mil millones de M3 adicionales en las zonas de libre alumbramiento, contra lo establecido en el decreto de veda de 2013.
También contribuyen a la sobrexplotación de los acuíferos los pozos piratas, que operan sin concesión, pero reciben energía de la CFE. Aunque no hay información oficial, cruzando datos de diversas dependencias puede calcularse en 15 mil el número de pozos clandestinos en México.
La forma de operar los pozos agrícolas provoca que, en el país, de 656 acuíferos, 286 están sobrexplotados. También multiplica la demanda de energía eléctrica ejerciendo una enorme presión sobre las líneas de distribución: un dato: en el año 2010 el consumo de energía eléctrica para uso agrícola fue de 8 millones 599 mil 507 mega watts/hora; para 2022 ascendió a 14 millones 071 mil 737 MgW/h, un 63% más. La creciente demanda de energía no sólo se debe al incremento de pozos, sino, a que, por la sobrexplotación de los acuíferos, los productores tienen que extraer el agua a mayor profundidad y utilizar motores de más potencia, lo que implica más consumo de energía.
Otro factor que dispara el consumo de electricidad es que la mayoría de los equipos electromecánicos son ineficientes, por obsolescencia o falta de mantenimiento: en México la eficiencia promedio de los equipos de bombeo es tan sólo de 38% cuando según la NOM-006- ENER-2015 debería ser al menos del 58.
El problema no sólo radica en la creciente demanda de electricidad para agricultura; también en que buena parte de esa energía es subsidiada por el gobierno federal a través del Programa Especial de Energía Eléctrica para Uso Agrícola, PEUA. El asunto es que el subsidio se otorga sin vincular el consumo energético al volumen de agua concesionado, lo que incentiva el consumo descontrolado de agua. Lo peor es que todo eso se hace mayoritariamente con el subsidio de PEUA: en 2023 este programa benefició a 88 mil 600 usuarios que consumieron 12 millones 327 mil 586 Mwh y el subsidio federal representó 14 mil 200 millones de pesos. El gobierno federal subsidió con 1.16 pesos cada kilowatt/hora consumida, un 68% del precio comercial.
Sintetizando: la manera como está (des) organizada la agricultura de riego por bombeo está causando el agotamiento de los acuíferos del país, demanda más y más energía eléctrica y está chupando más recursos federales para el subsidio del PEUA. Pero esto no es un destino manifiesto, sí se pueden emprender acciones eficaces para ahorrar agua y energía en la agricultura de bombeo. A reserva de explicarlas con amplitud en posteriores colaboraciones planteamos unas propuestas generales: Para el ahorro de energía: la CFE debe analizar y compartir los datos de los usuarios agrícolas que han aumentado su demanda energética sin cumplir con los procedimientos establecidos.
La Sader debe ajustar la forma de cálculo de la cuota energética anual para cada usuario de acuerdo al volumen concesionado para que sólo se subsidie éste y así quede establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Establecer un programa de financiamiento para mejorar la eficiencia en la extracción y uso del agua para agricultura, mediante equipos electromecánicos adecuados. Promover fuentes de energía renovables para los equipos de bombeo, sobre todo de paneles solares.
Para el ahorro del agua, las principales acciones son: plan de atención especial a los acuíferos más sobrexplotados; identificación de pozos operando sin contrato de energía con CFE; revisar que en el padrón del PEUA coincidan el recibo de CFE con la potencia registrada del motor: coordinación entre Conagua, Sader, CFE y FIRA para que los contratos de financiamiento se ajusten al volumen de agua concesionado y a la superficie física regada; y que se propongan al Ejecutivo Federal los decretos de veda, zonas reglamentadas o de reserva que se requieran, como establece el decreto de veda de 2013.
Con éstas y otras acciones posibles se ahorrarían millones de metros cúbicos de agua, miles de millones de pesos en el subsidio del PEUA y millones de mega watts para derivarlos a otros usos.
Hay vida antes del fracking.