Foto Luis Castillo / Archivo Foto autor
Magdalena Gómez
04 de agosto de 2026 00:02
Está en curso la consulta en el país a los 69 pueblos indígenas y uno afromexicano sobre la propuesta de iniciativa de la ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, (ocho libros, 453 artículos y 11 transitorios), cuya convocatoria se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de junio. Están previstas diversas etapas, la informativa, para las 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Canapia), para pasar a la deliberativa, donde las comunidades acordarán las opiniones y propuestas que llevarán a 82 foros regionales para proseguir con la etapa de implementación y seguimiento, donde las instancias institucionales conjuntarán las opiniones y recomendaciones, para que la iniciativa sea presentada al Congreso de la Unión el 12 de octubre próximo.
Habrá que documentar realidades, representaciones y simulaciones de la consulta. Si bien hay algunos procesos de organizaciones indígenas que están trabajando en serio con algunas comunidades para analizar y proponer en los foros regionales.
Me interesa compartir dos experiencias significativas para acercarnos al telón de fondo del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. En 2001, se presentaron ante la OIT, de parte indígena, tres reclamaciones contra el gobierno mexicano en el sentido de que “no se consultó a los pueblos indígenas” para las reformas a la Constitución en materia de derechos y cultura indígena, promulgadas el 14 de agosto de 2001, las cuales fueron asumidas en bloque.
El informe de 2004 del Comité de Administración de la OIT dio cuenta de que, después de analizar la argumentación indígena y el discurso del gobierno mexicano, señaló que la compilación de las conclusiones de las consultas y audiencias realizadas tuvieron por objeto obtener puntos de vista que enriquecieran el debate para dictaminar las iniciativas en materia de derechos humanos y cultura indígena, pues el término “consultas”, del Convenio número 169 de la OIT, no implica que el gobierno deba adoptar las propuestas de los pueblos indígenas sin otro cambio, pues no tiene carácter vinculante.
La OIT, en sus resolutivos, señaló que se debe hacer una diferenciación conceptual entre un acto de consulta, conforme al Convenio, respecto de cualquier acto de consulta nominal, información o audiencia realizados por las autoridades públicas no puede ser óbice para su efectivo cumplimiento, y anotaron que, para ser adecuada, la consulta debió realizarse sobre la base de criterios objetivos, razonables y verificables de representatividad y, que el tamaño de la población eventualmente afectada, no puede ser pretexto para que la convocatoria se realice de forma arbitraria y no razonada.
Asimismo, afirmaron que los distintos actos de audiencia o debate público, tal como se llevaron a cabo, tampoco permiten concluir que estuvieran llamados a generar un consenso. Y abundaron: si se acepta que la consulta, en los términos del Convenio, presupone un proceso de diálogo y negociación, parece evidente, según los alegantes indígenas, que en particular las audiencias realizadas por la Subcomisión de Análisis de la Reforma Constitucional, en las que algunas personas expusieron diversas inquietudes acerca de la reforma, no pueden entenderse como un acto de consulta a efectos del convenio.
Dichas audiencias no habrían contado, ni con la continuidad en el tiempo y en la sustancia ni con la información previa y debates necesarios para llegar a un acuerdo. Y concluyó: “la Comisión confía que siendo la consulta y participación uno de los pilares centrales de este instrumento, el gobierno considerará enmendar su legislación para que se encuentre en conformidad con los artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio”.
La otra experiencia: en 2020, la SCJN concedió un amparo en el que ordenó al Congreso de la Unión reglamentar la consulta, antes del 31 de agosto de 2021.
La Cámara de Diputados recibió desde 2019 una iniciativa que decidió consultar y realizar un parlamento abierto, incorporando buena parte de sus resultados a un texto de ley de consulta que aprobó el 20 de abril de 2021. Lo más destacado fue que se estableció que los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes. Los acuerdos y otros arreglos constructivos suscritos entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, deberán ser reconocidos, observados y aplicados plenamente por todas las partes. El dictamen se remitió al Senado de la República para su dictaminación y votación correspondiente.
En el Senado, la minuta no concluyó su proceso legislativo, lo que derivó que fuera desechada por medio del acuerdo de la Mesa Directiva, aprobado en el pleno del Senado de la República en la sesión del 30 de abril de 2024.
Lo anotado, tras 25 años, ¿guarda relación con el destino probable de la propuesta de iniciativa de ley general que está en proceso de consulta?
Magdalena Gómez
04 de agosto de 2026 00:02
Está en curso la consulta en el país a los 69 pueblos indígenas y uno afromexicano sobre la propuesta de iniciativa de la ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, (ocho libros, 453 artículos y 11 transitorios), cuya convocatoria se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de junio. Están previstas diversas etapas, la informativa, para las 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Canapia), para pasar a la deliberativa, donde las comunidades acordarán las opiniones y propuestas que llevarán a 82 foros regionales para proseguir con la etapa de implementación y seguimiento, donde las instancias institucionales conjuntarán las opiniones y recomendaciones, para que la iniciativa sea presentada al Congreso de la Unión el 12 de octubre próximo.
Habrá que documentar realidades, representaciones y simulaciones de la consulta. Si bien hay algunos procesos de organizaciones indígenas que están trabajando en serio con algunas comunidades para analizar y proponer en los foros regionales.
Me interesa compartir dos experiencias significativas para acercarnos al telón de fondo del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. En 2001, se presentaron ante la OIT, de parte indígena, tres reclamaciones contra el gobierno mexicano en el sentido de que “no se consultó a los pueblos indígenas” para las reformas a la Constitución en materia de derechos y cultura indígena, promulgadas el 14 de agosto de 2001, las cuales fueron asumidas en bloque.
El informe de 2004 del Comité de Administración de la OIT dio cuenta de que, después de analizar la argumentación indígena y el discurso del gobierno mexicano, señaló que la compilación de las conclusiones de las consultas y audiencias realizadas tuvieron por objeto obtener puntos de vista que enriquecieran el debate para dictaminar las iniciativas en materia de derechos humanos y cultura indígena, pues el término “consultas”, del Convenio número 169 de la OIT, no implica que el gobierno deba adoptar las propuestas de los pueblos indígenas sin otro cambio, pues no tiene carácter vinculante.
La OIT, en sus resolutivos, señaló que se debe hacer una diferenciación conceptual entre un acto de consulta, conforme al Convenio, respecto de cualquier acto de consulta nominal, información o audiencia realizados por las autoridades públicas no puede ser óbice para su efectivo cumplimiento, y anotaron que, para ser adecuada, la consulta debió realizarse sobre la base de criterios objetivos, razonables y verificables de representatividad y, que el tamaño de la población eventualmente afectada, no puede ser pretexto para que la convocatoria se realice de forma arbitraria y no razonada.
Asimismo, afirmaron que los distintos actos de audiencia o debate público, tal como se llevaron a cabo, tampoco permiten concluir que estuvieran llamados a generar un consenso. Y abundaron: si se acepta que la consulta, en los términos del Convenio, presupone un proceso de diálogo y negociación, parece evidente, según los alegantes indígenas, que en particular las audiencias realizadas por la Subcomisión de Análisis de la Reforma Constitucional, en las que algunas personas expusieron diversas inquietudes acerca de la reforma, no pueden entenderse como un acto de consulta a efectos del convenio.
Dichas audiencias no habrían contado, ni con la continuidad en el tiempo y en la sustancia ni con la información previa y debates necesarios para llegar a un acuerdo. Y concluyó: “la Comisión confía que siendo la consulta y participación uno de los pilares centrales de este instrumento, el gobierno considerará enmendar su legislación para que se encuentre en conformidad con los artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio”.
La otra experiencia: en 2020, la SCJN concedió un amparo en el que ordenó al Congreso de la Unión reglamentar la consulta, antes del 31 de agosto de 2021.
La Cámara de Diputados recibió desde 2019 una iniciativa que decidió consultar y realizar un parlamento abierto, incorporando buena parte de sus resultados a un texto de ley de consulta que aprobó el 20 de abril de 2021. Lo más destacado fue que se estableció que los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes. Los acuerdos y otros arreglos constructivos suscritos entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, deberán ser reconocidos, observados y aplicados plenamente por todas las partes. El dictamen se remitió al Senado de la República para su dictaminación y votación correspondiente.
En el Senado, la minuta no concluyó su proceso legislativo, lo que derivó que fuera desechada por medio del acuerdo de la Mesa Directiva, aprobado en el pleno del Senado de la República en la sesión del 30 de abril de 2024.
Lo anotado, tras 25 años, ¿guarda relación con el destino probable de la propuesta de iniciativa de ley general que está en proceso de consulta?
Ataque de ejército sudanés a tribunal civil en Darfur dejó al menos 35 muertos, dice ONG
Ap
03 de agosto de 2026 20:12
El Cairo. Al menos 35 personas murieron en un ataque del ejército sudanés contra un tribunal civil en la región de Darfur, en Sudán, informó este lunes un grupo de derechos humanos.
Emergency Lawyers, un grupo independiente que documenta atrocidades en Sudán, indicó que drones atacaron el pasado domingo por la tarde la sede del tribunal civil en la aldea de Al-Zawiya Gara, en el estado de Darfur del Norte, “una instalación civil que desempeña un papel judicial y social en la región”.
“Dirigir ataques contra civiles y bienes civiles constituye una grave violación del derecho internacional humanitario”, señaló el grupo, que exigió una investigación.
Sudán se hundió en una guerra total en abril de 2023, entre las Fuerzas de Apoyo Rápido, de carácter paramilitar, y el ejército sudanés, lo que ha dejado al menos 59 mil muertos, según Armed Conflict Location & Event Data, un grupo de monitoreo de conflictos. Organizaciones de ayuda sostienen que el número real podría ser muchas veces mayor.
Los ataques con drones se han convertido en un sello distintivo del conflicto en el país, y ambos bandos los han utilizado. Ahora es la principal causa de muerte en Sudán, según las Naciones Unidas, y representa el 80 por ciento de las muertes de civiles durante los primeros cuatro meses de 2026. El ejército sudanés no respondió a solicitudes de comentarios.
Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego
Las autoridades de Guatemala declararon este lunes la alerta de "peligro", un nivel previo a la roja de emergencia, por una fuerte erupción del volcán de Fuego, cercano a la capital, que expulsa lava y grandes columnas de gases y ceniza. Foto video RRSS Foto autor
Afp
03 de agosto de 2026 23:28
Guatemala. Las autoridades de Guatemala declararon este lunes la alerta de "peligro", un nivel previo a la roja de emergencia, por una fuerte erupción del volcán de Fuego, cercano a la capital, que expulsa lava y grandes columnas de gases y ceniza.
"Se declara la alerta anaranjada (peligro) a nivel nacional por la erupción del volcán de Fuego", anunció en X la estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que inició la noche del lunes la evacuación de dos caseríos cercanos.
México refuerza apoyo a Canadá para combatir los incendios forestales
De La Redacción
Periódico La Jornada
Martes 4 de agosto de 2026, p. 14
Ante los incendios que no dan tregua en Canadá, el gobierno de México envió otro contingente, ahora de 103 personas, para apoyar a la población, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Está integrado por 100 combatientes y tres técnicos, organizados en cinco brigadas tipo uno, dos representantes de agencia y uno sénior de agencia. Su labor será en la provincia de Columbia Británica, donde se incorporará a las operaciones de manejo de incendios forestales coordinadas por Canadá.
El grupo se suma a los 104 combatientes y personal técnico desplegado en Thunder Bay, Ontario.
Como parte de la nueva misión, personal especializado de la Conafor participará en un entrenamiento internacional en tiempo real en manejo de incidentes, en el que intervienen especialistas en manejo del fuego de distintas dependencias.
La finalidad será reforzar las capacidades de coordinación de incendios forestales, adoptar mecanismos de trabajo utilizados en Canadá y mejorar la respuesta ante siniestros de gran magnitud, tanto en México como en territorio canadiense.
De acuerdo con reportes difundidos en julio, ese país se mantiene en un nivel de reparación nacional cuatro, lo que implica una elevada actividad operativa y disponibilidad limitada de personal especializado.
La cooperación se da en el marco de los instrumentos de cooperación con el Centro Canadiense Interagencias de Incendios Forestales y del Plan Operativo suscrito para 2026.
Trump acusa a empresas petroleras de ganar "demasiado dinero" gracias a guerra con Irán
Afp y Reuters
03 de agosto de 2026 19:28
Washington. El precio promedio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos ha subido más de un 37 por ciento desde el inicio de la guerra, lanzada por Trump e Israel a finales de febrero.
Debido a esto, el presidente estadunidense dijo que las grandes compañías petroleras están ganando "demasiado dinero" a causa de la escasez de crudo por la guerra en Irán.
"No me gusta. Están ganando demasiado dinero. Basándose en una escasez, están ganando demasiado dinero", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.
Los altos precios de la gasolina son un tema político clave para Trump antes de las elecciones legislativas de medio mandato, en noviembre.
La guerra ha bloqueado el vital estrecho de Ormuz y disparado los precios de la energía.
Las compañías petroleras estadunidenses ExxonMobil y Chevron anunciaron el viernes beneficios extraordinarios, que reflejan un fuerte impulso derivado de la guerra en Medio Oriente.
Los beneficios de ExxonMobil en el segundo trimestre se duplicaron ampliamente, hasta los 14 mil 500 millones de dólares, mientras que los de Chevron alcanzaron los 12 mil 100 millones de dólares, más de cinco veces el nivel del mismo trimestre del año anterior.
Otras grandes compañías petroleras también han reportado grandes beneficio impulsados por el conflicto.
Exportaciones caen a nivel más bajo en ocho meses
Las exportaciones de petróleo de Estados Unidos en julio cayeron a 3.66 millones de barriles por día, el nivel más bajo en ocho meses, según datos de seguimiento de buques, ya que un acuerdo de paz efímero con Irán en junio inundó brevemente los mercados con crudo de Medio Oriente.
Estados Unidos se había afianzado este año como el principal exportador mundial de petróleo después de que la guerra con Irán redujera drásticamente el suministro de crudo de Medio Oriente y obligara a los países asiáticos y europeos a recurrir a Estados Unidos para cubrir el déficit.
Los envíos de petróleo estadunidense se dispararon hasta los 5.7 millones de bpd en mayo, un récord mensual.
Sin embargo, desde entonces han ido disminuyendo de forma constante. Un memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán en junio ayudó temporalmente a los petroleros bloqueados a atravesar el estrecho de Ormuz, lo que aumentó la oferta en los mercados petroleros.
El número de petroleros que salían del estrecho en un día alcanzó un máximo de 42 durante el período del acuerdo de paz.
