De La Redacción
Periódico La Jornada Sábado 22 de agosto de 2026, p. 19
El orden que prevalecía desde 1991 en Medio Oriente bajo la hegemonía estadunidense “ha sido una de las muchas víctimas de la guerra” desatada por Washington y Tel Aviv contra Teherán, afirmó Marc Lynch, profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la Universidad George Washington.
En un artículo titulado El fin del Medio Oriente estadunidense, publicado en la revista Foreign Affairs, el académico afirmó que el fracaso de Estados Unidos e Israel en derrocar al gobierno de Irán “ha demostrado la bancarrota de décadas de sanciones y violencia”.
Destacó además que “la incapacidad de Estados Unidos para proteger a sus aliados del golfo Pérsico (…) o mantener abierto el estrecho de Ormuz socavó fatalmente el acuerdo de seguridad fundamental que justificaba su red de bases militares” en esa región.
Añadió que la postura “cada vez más amenazante de Israel” y su nulo interés en alcanzar un acuerdo para terminar con su guerra contra la franja de Gaza, “pusieron fin a la misión de décadas de Washington de unir a sus amigos árabes” con Tel Aviv, en “una alianza de seguridad duradera”.
La doble crisis, provocada por la destrucción de Gaza por parte de Tel Aviv y la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, de acuerdo con el autor, “asestaron un golpe mortal a la influencia estadunidense en Medio Oriente”.
El apoyo del Pentágono al ataque israelí contra el enclave palestino, especialmente bajo la administración del ex presidente demócrata Joe Biden, “arrasó con cualquier autoridad moral que Estados Unidos pudiera haber reivindicado” en la región, aseveró.
Por otra parte, el fracaso del presidente Donald Trump en su campaña militar contra la república islámica “destrozó la ilusión de la omnipotencia militar estadunidense”.
Afirmó que ambos incidentes demostraron a los estados árabes la falta de una influencia significativa de Washington en el orden regional.
“Si la guerra de Gaza puso en duda el futuro del liderazgo regional de Washington, el conflicto con Irán confirmó el fin del orden establecido”, aseveró.
Por ello, los países del Pérsico concluyeron, según Lynch, que las garantías de seguridad estadunidenses “ya no eran fiables”.
“La región ya había aprendido en 2011 que Washington no podía protegerla de las amenazas internas. Si ni siquiera se podía contar con ellos para consultar a sus aliados, derrotar a sus adversarios o proteger a sus socios de las consecuencias de sus imprudencias regionales, ¿de qué servían sus promesas? El acuerdo fundamental que ofrecía Estados Unidos se ha desmoronado y no será fácil reconstruirlo”, continuó.
En este sentido, Lynch sugirió que si la Casa Blanca abandona su fallida estrategia regional podría crear “una oportunidad para construir una nueva y mejor”.
“Abandonar su política de apoyo a autócratas, impunidad para sus aliados y contención militarizada de los enemigos podría permitir a Estados Unidos relacionarse con la región de una manera más constructiva, una que, a la larga, podría generar la estabilidad duradera que Washington ha afirmado desear desde siempre”, apuntó.
A quién entregas tus miedos
Beñat Zaldua
22 de agosto de 2026 00:01
El verano español ha estado marcado por los incendios. Los que en tiempos de crisis climática arrasan cada vez más hectáreas ante la mirada impotente de la ciudadanía, y los que la derecha pirómana azuza con la excusa de la entrada de miles de personas en Ceuta procedentes de Marruecos. La combinación de interés político y sequía informativa estival ha convertido la entrada de 70 mil migrantes en el enclave español a finales de julio en la principal carnaza mediática de agosto.
El debate sobre las causas de esta llegada repentina y masiva ha hecho las delicias de conspiranóicos de toda clase. Para algunos, la culpa es de la regularización de migrantes impulsada por el gobierno español; para otros, de una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente –devolución automática en la propia frontera– de las personas llegadas por mar. Ambas habrían provocado un efecto llamada.
Hay quien, por fortuna, ha mirado un poco más allá y ha señalado al autócrata monarca que gobierna Marruecos, Mohammed VI, y su aparato de seguridad, sin la colaboración del cual difícilmente puede entenderse un suceso así. Que apenas 10 días antes el presidente español, Pedro Sánchez, hubiera visitado Argelia, eterna rival de Marruecos, no es una anécdota. Que Marruecos sea uno de los grandes aliados de Trump –y de Netanyahu, a su manera–, tampoco. Todo en una época en la que Ormuz ha recordado la importancia vital de estrechos marítimos como Gibraltar.
Es probable que todos estos elementos confluyesen el 30 de julio en el espigón del Tarajal, epicentro de la entrada de migrantes en Ceuta. Cabe sumar, sin embargo, dos cuestiones estructurales que han brillado por su ausencia en el debate público, por obvias que parezcan.
Pueden formularse como preguntas: ¿Por qué hay miles de personas esperando su oportunidad para pasar de África a Europa? ¿Por qué hay dos ciudades españolas en territorio africano? Las respuestas exceden a las posibilidades de este texto, pero sin hablar de colonialismo difícilmente va a entenderse nada.
De las causas a las consecuencias.
El espectáculo que ha ofrecido Europa ha sido bochornoso. La Italia de la ultraderechista Giorgia Meloni y la Dinamarca nominalmente socialdemócrata propusieron sacar a España del espacio Schengen, el acuerdo fronterizo que permite la libre circulación de personas entre países europeos, obviando que Ceuta ni siquiera forma parte de dicho espacio –es decir, para acceder de Ceuta a la península hay controles ordinarios–. Italia fue más allá y, de hecho, suspendió el acuerdo de Schengen con España, lo que implica controles en una frontera inexistente entre ambos países.
La esperpéntica coalición italodanesa, que ya funcionó para impulsar un endurecimiento de la política migratoria europea, también logró que otros 20 países criticaran la regularización española en una carta que entra directa a la galería de vergüenzas comunitarias.
Pero también hay ridículos de kilómetro cero. A la derecha española le ha faltado tiempo para tratar de rentabilizar políticamente la entrada de migrantes, llegando a pedir a Sánchez la expulsión directa y colectiva de los menores de edad llegados a Ceuta. Es decir, pidiendo al gobierno que prevarique e incumpla la Ley de Extranjería que el propio PP aprobó en su día.
Las imágenes de miles de jóvenes magrebíes cruzando una frontera desprotegida son una pólvora que el PP, entregado al programa de “prioridad nacional” de Vox, cree en la obligación de aprovechar.
Las imágenes de la entrada y los titulares sobre la “avalancha” o la “invasión” hurgan en el miedo que lleva tiempo sembrado. Las soflamas contra los recién llegados se convierten en un lugar dónde volcar rabias y frustraciones. La corta distancia entre el miedo y la ira es la que separa a la extrema derecha del poder; eliminarla es su objetivo. En el camino, esta espiral tóxica oculta el drama real, resumido en la construcción acelerada de nichos de hormigón en el cementerio musulmán de Ceuta, donde serán enterrados sin identificación la mayoría de los 82 cuerpos recuperados del mar –nadie sabe cuántos murieron en realidad–. Del mismo modo, ahoga y silencia otros relatos igualmente reales, como los de los vecinos de la barriada ceutí de El Príncipe, que protegen en un campamento improvisado a las menores más vulnerables llegadas a la ciudad.
En esta tempestad navega, una vez más, el gobierno de Pedro Sánchez, con la fuerza justa para arañar algo de oxígeno de vez en cuando.
Nadar a contracorriente como forma de gobernar tiene su épica, pero para cambiar las cosas hace falta algo más que sobrevivir. Sánchez lo ha hecho bien sacando los colores a sus socios europeos, pero ha caído en el ridículo al responsabilizar a las mafias y ensalzar la colaboración con las autoridades marroquíes, sin cuyo concurso sabe perfectamente que no hubiera existido semejante entrada de migrantes. Confesión de una debilidad estructural, Madrid confirma así que Marruecos tiene una de las llaves maestras de su estabilidad.
Hay que elegir mejor en manos de quién deja uno sus miedos.
“La derecha radical” y el neomacartismo trumpista
Maciek Wisniewski/II y última
22 de agosto de 2026 00:04
En el epílogo de 2001 a su mencionada obra dedicada a la “derecha radical” estadunidense (véase: parte I, t.ly/ alvP1) Daniel Bell adoptó una postura reflexiva pero firme: reconoció, aunque más de modo indirecto, las limitaciones de sus predicciones iniciales −muchas de ellas basadas en observaciones y modelos teóricos que se remontaban bien a los años 50−, pero defendió la validez de sus conceptos y su metodología frente a las nuevas encarnaciones de la derecha del cambio de siglo.
Claramente, como lo ha señalado con más detalle David Plotke en la introducción, el panorama político de los años 90 y el año 2000 había desbordado muchas de las proyecciones que Bell y sus colegas hicieron décadas atrás. Una de sus fallas era, por ejemplo, la subestimación organizativa de la derecha radical estadunidense: viendo en ella una fuerza puramente destructiva e incapaz realmente de gobernar, fallaron a anticipar los modos en los que estos sectores lograrían canalizarse institucionalmente como una verdadera fuerza contra-élite a través de las fundaciones y think tanks –como la Heritage Foundation−, las redes de medios, coaliciones empresariales y toda una maquinaria de movilización de base, una fuerza que, años más tarde, acabaría tomando el control del propio Partido Republicano (GOP).
Otro de los vacíos de su análisis ha sido el giro hacia las “guerras culturales”, un cambio del eje político que su enfoque original no alcanzó a captar ya que se trató de algo novedoso aunque fuese una evolución que venía en marcha ya desde los 80: mientras el viejo anticomunismo de la guerra fría había desaparecido −junto la URSS− la nueva derecha radical se cohesionó rápidamente en torno y en contra de los temas del aborto, el multiculturalismo, el “feminismo radical”, los derechos LGBT+, los programas educativos, etcétera.
Por otro lado, Bell reafirmó la vigencia de sus ideas y herramientas empíricas manteniendo que aún explicaban bien la dinámica de la política estadunidense. Y ésta, respecto a la derecha radical, seguía girando en torno a tres ejes constantes: i) la “política de estatus” y la ansiedad por ella que no era sólo un diagnóstico de “individuos resentidos”, sino una realidad demostrable sociológicamente y un motor político que pesaba más que el interés económico directo; ii) el “estilo político paranoide” (Hofstadter) que no había desaparecido con el fin del macartismo original, sino que mutó fluidamente en nuevas teorías conspirativas y iii) la distinción entre el “conservadurismo” y el “extremismo” que seguía vigente y se reflejaba en el comportamiento de varias figuras de los 90 −Bell apunta a Newt Gingrich, pero Pat Buchanan, una suerte de “precursor” de Trump, sería un mejor ejemplo (t.ly/WrjCm)− que demostraba que el radicalismo estaba sustituyendo al conservadurismo moderado (The Radical Right…, páginas 447-503).
Aplicado a la última década este marco describe, a muy grandes rasgos pero bien, la dinámica política en Estados Unidos marcada por el auge y la consolidación del trumpismo, un movimiento impulsado tanto por la “ansiedad por el estatus” (siendo su pérdida debido a los cambios culturales y demográficos más importante para ciertos sectores que la pérdida del empleo), el viejo “estilo paranoide” que se acopló a la era de las nuevas tecnologías, como por la radicalización de los cuadros republicanos que desplazaron el viejo establishment.
Si bien Bell y sus colegas estarían tal vez sorprendidos por el regreso de la vieja retórica anticomunista −ahora, encima, sin el comunismo real en el horizonte−, instrumentalizada por la administración trumpista en contra de los enemigos internos (los demócratassocialistas etcétera) y externos (Cuba et al.) y ante la falta de cualquier otra visión política y lenguaje aglutinador después de haber desechado abiertamente todas sus promesas (performativas) de mejorar las condiciones de la vida de los estadunidenses, el abrazamiento del “neomacartismo” no les extrañaría en lo más mínimo. En sus ojos, esta modalidad de la “caza de brujas” siempre ha sido una de las principales características históricas de la derecha radical en EU.
Así la criminalización de las posturas progresistas, la persecución de las instituciones educativas, los periodistas (t.ly/OZ8tY), las listas negras y purgas de funcionarios etcétera, todo un nuevo “pánico rojo” (Red Scare), no es ningún invento de Trump y sus colaboradores −ni una importación de la historia europea de entreguerras−, sino la repetición de los viejos tropos e impulsos políticos estadunidenses.
Claramente, las cosas también han cambiado. Paul Heideman que desde un enfoque más materialista ha trazado la mutación de la GOP y su giro hacia la extrema derecha (véase: Rouge Elephant…) −que ocurrió, paradójicamente, porque la propia clase capitalista en EU se desorganizó y fracturó−, bien recuerda que las élites empresariales, cuando éste ya les pareció demasiado caótico, destruyeron a Joe McCarthy y si bien intentaron hacer lo mismo con Trump tras el 6 de enero de 2021, para marzo ya habían claudicado (t.ly/Gd5vQ), abriéndole, en un escenario de una radicalización generalizada, el camino a la relección en 2024.
La derecha radical en EU no es un fenómeno novedoso de las redes sociales ni representa un “repentino desliz en la barbarie” −por ejemplo, la repetición del “fascismo/nazismo” alemán−, sino es una corriente autónoma en un permanente proceso de rearticulación que se rige por una serie de patrones históricos. Estudiarla dentro de sus propias genealogías −trazadas, por ejemplo, por Bell− y acorde con sus mutaciones más recientes −reconstruidas por ejemplo por Heideman−, es la única vía para comprenderla correctamente con tal de poder contrarrestarla.
Ultraderecha, guía ideológica del gabinete del presidente colombiano
En su bufete, el mandatario y su anterior cónyuge defendían narcos // Designa 275 cargos
▲ Habitantes del departamento colombiano de Chocó salieron a las calles a agitar banderas en agradecimiento a la ayuda humanitaria recibida tras el terremoto, cuyo saldo hasta ahora es de 321 muertos y 4 mil 595 heridos.Foto Afp
Jairo Gómez Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Sábado 22 de agosto de 2026, p. 16
Bogotá. Quince días después de asumir la presidencia de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, nombró a 275 funcionarios para blindar su proyecto político, entre ellos, a su ex esposa y socia en la firma de abogados que ambos fundaron, Beatriz Illidge Pimienta, como superintendente de Notariado y Registro, entidad que gestiona la propiedad de bienes públicos, como aquellos incautados a los narcotraficantes, cuya defensa manejaron el propio mandatario y sus asociados.
La característica ideológica del equipo de colaboradores de De la Espriella, incluidos los funcionarios de primera línea y ministros del gabinete, es la ultraderecha como guía de un gobierno que ya comenzó a mostrar sus posturas con las primeras decisiones.
De entrada, abrió las puertas al ingreso de tropas extranjeras en el país sin consultarlo con el Congreso, única instancia facultada para autorizar o negar los argumentos esgrimidos por el gobierno para justificar la presencia de otros ejércitos en el territorio nacional.
Decidió restablecer relaciones diplomáticas con Israel, rotas durante el gobierno del ex presidente Gustavo Petro, y reconoció la propiedad de Tel Aviv sobre los Altos del Golán, en Siria, además de anunciar que el llamado Escudo de las Américas, creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será vital para Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo.
De la Espriella ideologizó las ayudas internacionales de socorro para superar la tragedia del terremoto que azotó Colombia el pasado 10 de agosto, y sólo permitió el ingreso de delegaciones afines ideológicamente como Israel, Estados Unidos, Ecuador y El Salvador.
En medio de sus polémicas decisiones, poco cuestionadas por los medios de comunicación corporativos, De la Espriella continuó con la avalancha de nombramientos, entre ellos el de su ex esposa, sobre el cual algunos sectores plantearon un conflicto de intereses.
Los páramos, muchos de ellos declarados parques nacionales, como el de Santurban, al nororiente del país, que hoy se encuentran en el radar de las multinacionales de la minería, como Anglo Gold Asanchi y la canadiense Minesa Iri Mining, que en la práctica ya fueron autorizadas para la explotación por el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, a quien las comunidades advirtieron que realizarán una masiva movilización para “proteger el agua que le da vida a más de 2 millones de personas”.
En su lógica de restructurar el Estado, De la Espriella también optó por debilitar el Sistema de Medios Públicos (Inravisión) con la orden de eliminar las 20 emisoras de Paz que hacen parte del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fueron creadas para darle voz a las comunidades que nunca lo habían tenido y que sirviera de reparación e inclusión de zonas afectadas por el conflicto armado.
La batalla cultural, expresó De la Espriella en su discurso de toma de posesión, se cumple al pie de la letra. Ayer la ministra de Educación, la evangélica Vivian Morales, expresó que erradicará “la política de género” y combatirá la campaña woke (un término que nació en el siglo XX para alertar sobre las injusticias sociales y que hoy se usa a modo despectivo contra las causas progresistas) que el gobierno anterior instaló en los colegios y universidades.
“Esa cultura ha metido sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza”, declaró Morales sobre la educación, en un contexto en el que destaca que, durante el gobierno de Gustavo Petro, hubo un crecimiento exponencial en el nivel y acceso a las universidades públicas del país.
Así avanza, 15 días después de haber tomado posesión, el gobierno del ultraderechista De la Espriella, quien tardíamente declaró la emergencia económica y social que busca facilitar el trámite que le permita superar la tragedia ocasionada por el terremoto que, al corte de ayer, ha dejado 321 fallecidos, 4 mil 595 heridos, 257 desaparecidos y cerca de 250 mil damnificados.
Varias de las ciudades afectadas ya entraron a fases de reconstrucción, que será mucho más compleja, burocrática y lenta que la emergencia. Y el reto, según las cifras, es importante: hay 63 mil 884 viviendas averiadas, 31 mil 445 destruidas y 467 edificios colapsados.
Según evaluaciones preliminares hechas por entidades privadas, no por el gobierno, pero que el presidente De la Espriella acogió, Colombia necesita 30 billones de pesos (cerca de 14 mil millones de dólares) para reconstruir lo destruido por el terremoto de 7.4, mientras la delegación de Naciones Unidas en Colombia asegura que para atender la urgencia y garantizar alimentación, alojamiento, atención médica, agua, educación y servicios de protección se requieren 148 millones de dólares.
