▲ Ayer prosiguieron las protestas en contra de la presencia del ICE en Maine, donde el lunes fue abatido por uniformados un migrante colombiano.Foto Ap
Ap, Afp y Sputnik
Periódico La Jornada Miércoles 15 de julio de 2026, p. 23
Biddeford. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos suspendió ayer los controles de tránsito relacionados con la ofensiva migratoria ordenada por el presidente Donald Trump, después de que agentes suyos mataron a tiros a dos hombres en incidentes separados en Texas y Maine.
La suspensión no es absoluta y hay margen para excepciones al ejecutar una orden de arresto penal o al trabajar con otras agencias, informó una persona que habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones sensibles.
El tiroteo en Maine, en el que fue abatido antier Joan Sebastián Guerrero, de nacionalidad colombiana de 25 años, provocó indignación en Biddeford y el área en general. Manifestantes se reunieron afuera de un centro de detención del ICE en Scarborough, ubicado justo costa arriba entre Biddeford y Portland.
“Estas personas son asesinos y deben irse de nuestro estado ahora”, declaró el organizador Todd Chretien a los asistentes, entre ellos algunos que sostenían carteles, con las frases: “No más asesinatos” y “Pongan fin a este terror”.
Los agentes involucrados en el homicidio no tenían cámaras corporales, lo que deja abiertas muchas incógnitas sobre lo ocurrido. Entre ellas, a qué distancia estaba el efectivo del vehículo cuando abrió fuego, si éstos le ordenaron el alto a Guerrero y por qué el ICE cree que la víctima puso al público en peligro.
“Siempre evaluamos nuestros procedimientos para mantener a los agentes seguros y a los criminales fuera de nuestras calles. No divulgaremos ni discutiremos tácticas de las fuerzas del orden”, indicó un portavoz de la agencia migratoria en un comunicado.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, un día después de los hechos, condenó el asesinato de su connacional y conminó a su par estadunidense a ofrecer “un mensaje” a Colombia sobre lo sucedido.
“Lo mataron por considerarlo un ser inferior, cuando como persona poseía todos los derechos inherentes a un ser humano por el simple hecho de haber nacido y era ciudadano estadunidense”, remarcó el mandatario en una publicación en redes sociales.
Petro llamó a la representación diplomática colombiana en Estados Unidos a realizar “la más rápida acción legal y humanitaria para que los asesinos paguen por su homicidio”, ocurrido en el marco de la “persecución y exclusión contra un grupo de población civil por razones étnicas y culturales”, agregó.
Momentos después, la embajada de Colombia en Estados Unidos adelantó que solicitó “información y aclaraciones” al Departamento de Seguridad Nacional “sobre las circunstancias que rodean esta lamentable muerte y continuará dando seguimiento al caso de cerca a medida que avance la investigación”.
Al cierre de esta edición, el presidente electo del país latinoamericano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, no se había pronunciado sobre el homicidio de su connacional por agentes del ICE.
En tanto, un hombre, identificado como mexicano, que huía de un encuentro con agentes de inmigración y de otro organismo federal en Florida murió atropellado por un camión de carga, informaron las autoridades.
Esta es la tercera muerte en casi una semana relacionada con encuentros con agentes del ICE. The Associated Press señaló que ni la agencia ni el DHS había respondido a comentarios sobre el incidente.
La Iglesia católica, sacudida por nuevas realidades
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Bernardo Barranco V.
15 de julio de 2026 00:05
Uno de los poderes reales del escenario político mexicano es la Iglesia católica.
Pero no hay un solo catolicismo. Conviven diversas expresiones que sólo son supeditadas por la autoridad del Papa y el Vaticano como su brazo ejecutor.
Pensar en la Iglesia católica como una institución ajena a intereses políticos sería un grave error. Ésta ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia, ha formado parte en la conformación de la nación y en cada etapa ha defendido posturas y sus intereses definidos.
Ante los cambios registrados con la asunción de la 4T, por cerca de ocho años, la estrategia de la jerarquía católica experimentó desajustes.
El escenario político y cultural han cambiado radicalmente. El ascenso de grupos evangélicos se puso en evidencia incluso en la escena política con la apertura mostrada por Andrés Manuel López Obrador desde la campaña presidencial de 2018.
El ascenso de evangélicos en general y de pentecostalismos en particular no fue una novedad. En América Latina, cerca de 25 por ciento de la población regional profesa creencias alternas al catolicismo, logrando una fuerte influencia social, cultural y política gracias a agendas conservadoras y una gran presencia en redes sociales.
Resulta novedoso el aumento de fundamentalismos cristianos ligados al Partido Republicano y a Donald Trump que desde nuestra frontera norte aspiran a incidir en el mercado religioso mexicano. Ya con cierta influencia, se vislumbra un nuevo y complejo entramado político religioso.
Aunado a lo anterior, la Iglesia católica presenta una pérdida de fieles y de confianza por los abusos sexuales a menores. Sobre todo, se reprochan los encubrimientos institucionales y escándalos como la corrupción en la Basílica de Guadalupe.
La circunstancia se antoja espinosa y retadora. Mientras el papa León XIV desafía la modernidad digital en torno a la inteligencia artificial, los obispos mexicanos, en cambio, exaltan los valores y la militancia de los guerrilleros cristeros del siglo pasado. ¡Vaya contraste!
Eventualmente, pentecostales, fundamentalistas, cristianos sionistas y la ultraderecha católica podrían unirse políticamente para sumarse a opciones opositoras conservadoras y ser una de las ventanas de intervención de Donald Trump en las elecciones próximas. Seamos claros, los riesgos son permitir que en el espacio público se multipliquen actores ultraconservadores, evangélicos fundamentalistas y posturas de católicos intransigentes con sed de revancha.
Nuevas lógicas y sentidos religiosos emergen lentamente en la cultura de nuestra sociedad, mientras las tradicionales pierden vigencia o se recrean.
Se pasa de contextos en los que las creencias formaban parte de supuestos culturales totalizantes, donde los valores cristianos ejercían el monopolio del sentido, a un nuevo momento cultural donde estas mismas significaciones conviven en diversidad con otras.
Antes las verdades reveladas por Dios indicaban las normas de conducta e imponían un conjunto de prácticas que orientaban a la sociedad y a las personas a un modelo social; a este proceso de reajuste cultural que la religión católica ha venido experimentando desde del siglo XX hasta la fecha se le denomina secularización. No significa necesariamente ni la pérdida absoluta de lo religioso ni la muerte dramática de Dios, sino el acotamiento social del espacio religioso con otras esferas de la vida pública.
A esta pérdida de centralidad social, por supuesto, las iglesias históricas se oponen y políticamente se resisten.
Bajo las actuales condiciones, en las que la fragmentación y la multiplicidad de identidades han generado un agotamiento de los modelos de representación y de pertenencia, la Iglesia católica se encuentra sumergida en un proceso de reformulación, tanto en lo que se refiere al posicionamiento frente al Estado, como ante el conjunto de poderes fáticos de la sociedad.
El acento católico en prédica y acción ya no es homogéneo como fue durante siglos. Hoy, el escenario presenta diversificaciones religiosas y espirituales.
La expansión de otras iglesias, el crecimiento de los “sin religión” y de los que son creyentes a su manera, la persistencia de las religiosidades populares como el culto guadalupano y el resurgimiento de cosmovisiones indígenas, feministas y ecológicas, son parte de un nuevo entramado cultural.
La Iglesia católica, como pocas instituciones en la historia moderna, tiene la experiencia y la capacidad de adaptarse a diferentes formaciones sociales, políticas y económicas; su actuación no se juega ni se agota en coyunturas, sino por el contrario, su mira y el diseño de su compás son de largo plazo. Las transformaciones culturales del México contemporáneo bajo la modernización del país traen como consecuencias cambios, no sólo en el comportamiento y las prácticas sociales, sino en la manera de entender el mundo.
Por lo anterior, merece la pena preservar el carácter laico del Estado. Éste se ha visto amenazado no sólo por los actores religiosos católicos y pentecostales, sino también por sectores de la clase política ávida de audiencias y de probidad social. La laicidad es la herramienta jurídica y política que garantiza las libertades, la equidad y un saludable principio de diferenciación de esferas.
Si bien la laicidad no es un concepto unívoco o inamovible, muchos ciudadanos pertenecientes a las distintas corrientes ideológicas manifiestan su interés por sostener la herencia liberal del Estado laico, misma que ha permitido un régimen de crecientes libertades, reconocimiento de los derechos de las minorías y procuración por la no discriminación. Ante el mosaico actual, la laicidad debe ser recreada con miras a fortalecer el futuro de la nación y de su democracia.
Ávila Olmeda: ingenuidad inexplicable
Desde finales de junio, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, está envuelta en un escándalo por sus contactos con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos sin acreditar su representación oficial. El 22 de ese mes, se filtró un audio con fragmentos de conversación en los que los interlocutores expresan a la política morenista poderla ayudar con eventuales “sanciones y cargos”, e insisten en estar “muy a tiempo de lograrlo”. Ávila replica que está tranquila, revela haberse reunido con las agencias estadunidenses que la han buscado, y manifiesta su deseo de continuar los enlaces a través de su abogado. Al difundirse la grabación, la mandataria declaró que las pláticas se refieren a los trámites legales iniciados para recuperar su visa estadunidense, la cual le fue cancelada por Washington un año atrás.
La explicación ofrecida por la gobernadora quedó en entredicho con la filtración de un nuevo audio en el que un supuesto asesor de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) la amenaza con avanzar posibles acciones en su contra si no proporcionaba a las agencias estadunidenses lo que le exigen. Ella responde afirmando su disposición “a hablar de todo lo que pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar; puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”. Reitera haberse reunido con diversas instancias, incluida la FBI y el Departamento de Estado; se niega a cruzar a Estados Unidos o a acudir al consulado de ese país en Tijuana, y propone que la próxima reunión se efectúe en un hotel.
Tras esta segunda andanada de divulgaciones, Ávila Olmeda denunció que sólo se dieron a conocer fragmentos de la conversación a partir de los cuales se hacen inferencias erróneas. Según sostuvo, las referencias a cooperación e intercambio de información corresponden exclusivamente a la coordinación institucional que mantiene Baja California, como entidad fronteriza, con autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad. Asimismo, señaló que los supuestos intermediarios plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones, por lo que los remitió a tratar cualquier asunto de esa naturaleza mediante las vías legales e institucionales.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmaron ayer que los audios no revelan la entrega de información confidencial ni contienen elementos que justifiquen, por ahora, el inicio de una investigación. Este último explicó que en las mesas estatales de seguridad no se comparte información con un grado de sensibilidad cuya transmisión genere preocupaciones.
Más allá de si la gobernadora bajacaliforniana llegó a compartir información sensible o confidencial, existen dos elementos que no deben pasarse por alto. Por una parte, la existencia de una conspiración del gobierno estadunidense o de alguien que actúa en su nombre para extorsionar a funcionarios mexicanos mediante intimidaciones inadmisibles. En este sentido, si gobernantes, legisladores y otros servidores públicos han cometido faltas, lo que corresponde según la ley y los acuerdos bilaterales es que Washington informe a sus homólogos mexicanos, no que emprenda acciones encubiertas ilegales. Por otro lado, la comunicación habitual de Marina del Pilar Ávila con individuos que pudieron o no ser espías estadunidenses, así como su explícita intención de “hablar todo lo que pueda saber”, denotan cuando menos una grave falta de criterio y una ingenuidad inexplicable al manejar asuntos de semejante índole.
Con independencia de las responsabilidades que puedan fincarse cuando se disponga de más elementos de juicio, el escándalo recuerda la importancia de que los servidores públicos de todas las ramas y todos los niveles de gobierno que no estén específicamente autorizados para hacerlo se abstengan de hablar de temas de seguridad con funcionarios extranjeros. Sin importar sus intenciones o su buena fe, al entrar en contacto con agentes foráneos vulneran la capacidad del Estado mexicano de emprender acciones soberanas contra la criminalidad y dan pie a una agudización del injerencismo desatado de Washington.
Topes al desarrollo
Foto Cristina Rodríguez Foto autor
Luis Linares Zapata
15 de julio de 2026 00:01
Topes al desarrollo los hay por montones y cobran realce entre analistas afines al sector privado. Las salidas en cambio siempre les parecen pequeñas, tardías, insuficientes o esquivas. Algunos obstáculos, bien se sabe, son decisivos; otros, circunstanciales. Muchos son menores, pero poco condescendientes con las preocupaciones oficiales. Los atendibles son aquellos que se intentan remover, otorgando facilidades varias, aunque acarreen problemas adicionales al tratar de hacerlo.
A esta última categoría pertenecen las limitantes al fondeo de los presupuestos y programas públicos. La razón más común que se alega es la estrechez de recursos suficientes de la hacienda pública para enfrentar limitantes, multiplicar oportunidades o atacar emergencias. Y más allá todavía, la puesta en marcha de ambiciosos programas que empujen el desarrollo, superen el estancamiento y alienten la inversión que se padece desde hace décadas. Este último ha sido el mayor referente a las presiones que se padecen como signo de los últimos tiempos.
Una y otra vez aparece, ante oyentes y reporteros, el secretario de Hacienda en turno que insiste en la adopción de una positiva versión de gobernanza. Una que apuntale la discutible confianza ciudadana. Lo que en realidad preocupa son los reclamos del empresariado que buscan, y siempre encuentran, motivos para explicar ausencias de colaboración efectiva.
La deuda pública actual, afirman los altos funcionarios de ella ocupados, es manejable. Se puede atender sin problemas mayores, hay capacidad de pago. La conclusión se da a continuación llamando a la calma y cierran su corta perorata con forzada sonrisa. Sostienen los hacendistas que, en el futuro próximo, disminuirá la presión actual sobre las finanzas nacionales porque disminuirá su inevitable pareja, el déficit fiscal. Y ese desplante termina la versión que el oficialismo puede pergeñar.
Lo cierto es que se tendrá que continuar, por indefinido tiempo, con las limitantes actuales al crecimiento que atosiga al país. La Presidenta está ocupada, en sus constreñidos tiempos, en alentar a los dueños del capital para que inviertan un tanto más de lo que hoy hacen. Aunque es en verdad bastante exiguo el porcentaje de su participación inversora. Al tiempo que suman, una tras otra, excusas y peticiones para explicar lo que buscan: mejores condiciones y facilidades para sus actuales negocios. Esas que puedan convertirse en privilegios.
Y ahí seguirán posicionados por meses y años por venir. No sólo se trata de conservar la vigencia de sus utilidades, sino prolongarlas como tendencia real. Violentar eso, que ya es un verdadero condicionamiento ensayado por décadas, es el meollo a remover. Qué tanto se pueda influir en el ánimo que se ha estacionado como costumbre inamovible en la práctica de los negocios nacionales. Poco ha importado la irrupción de las inversiones externas que suman grandes números. Adicionados por las reinversiones de utilidades que no contraen capital fresco ni implican, necesariamente, nuevos emprendimientos.
En todas estas décadas de estancamiento o ralo crecimiento, han faltado programas de gran aliento acompasados por masivo apoyo a emprendedores medianos o pequeños inversores. Esas aventuras que, por sí mismas, conllevan financiamiento sano, libre de endeudamientos onerosos. Este achicado Estado inversor, ya generalizado por los años, adiciona prácticas perversas.
Las empresas, las medianas y grandes, acostumbradas a no tributar lo debido, son usadas para canalizar a sus dueños vastos recursos adicionales. Y esos haberes no se emplean en empujar crecimiento, sino en muy pocos montos. Son extraídos de sus empresas y empleados en canales ya muy conocidos: exportaciones de capital, lujos o especulación. Tales estrategias se han transformado en prácticas rutinarias y difíciles de cambiar. Pero el oficialismo está decidido a apoyar empeños que destraben el raquítico ritmo inversor observado.
En cambio, si el gobierno logra canalizar fondos suficientes a programas vigorosos, podrán inducir que los privados los acompañen en las oportunidades abiertas. Eso no sucedió el sexenio pasado con los grandes empeños de infraestructura que incidieron en la pobreza y desigualdad. No se convirtieron en detonadores de inversiones como se esperaba, tal vez debido a diversas oposiciones ideológicas. La constante oposición crítica sobre ellos, por sus acompañantes mediáticos, induce miedos y temores que aplazan nuevas aventuras empresariales.
La astringencia del fondeo de la hacienda pública tiene que combatirse con eficiente, honesta y moderna recaudación que se auxilie de reformas continuas. La fuente precisa, bien se sabe, es el impuesto a los ingresos (ISR) por sus aportaciones con grandes números. Fuente impositiva que es la abundante y, sobre todo, progresiva para combatir desigualdad. Aunque sea una molestia mayor para el empresariado de gran nivel. Ese, precisamente, que siempre reclama mejoras, facilidades, logra privilegios continuos y no colabora con lo debido.
