Afp, Ap y Sputnik
Periódico La Jornada Viernes 24 de julio de 2026, p. 22
Washington. Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas contra el ministro cubano de Salud, José Ángel Portal Miranda, y la red de brigadas médicas en el extranjero, la principal fuente de divisas del gobierno de la isla, informó ayer el Departamento de Estado estadunidense.
Las medidas también afectan a tres entidades del sector energético y a otras cuatro asociadas al conglomerado militar y empresarial Gaesa, algunas de las cuales habían cambiado de estatuto o habían sido transferidas para intentar evitar sanciones estadunidenses previas, explicó la dependencia en un comunicado.
El nuevo paquete de sanciones, detalló, tiene el fin de “seguir limitando el acceso del régimen cubano a fondos ilícitos, incluidos aquellos obtenidos mediante la explotación del personal médico y las prácticas de evadir sanciones”, sin aportar evidencia de sus señalamientos.
El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas de La Habana, con 7 mil millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.
Para el año pasado, unos 24 mil médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países, pero en los últimos meses y bajo presión de la Casa Blanca, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron esos acuerdos, que, en algunos casos, permitieron el despliegue de personal sanitario cubano durante más de 25 años.
Washington pasa ahora a sancionar financieramente a la Unidad Central de Cooperación Médica, a su directora, Gretza Sánchez Padrón, y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, así como al ministro de Salud Pública, en el cargo desde 2018.
“Las autoridades cubanas explotan leyes y condiciones económicas inherentemente coercitivas para manipular u obligar a los trabajadores a incorporarse y permanecer en programas de exportación de mano de obra”, agregó el texto.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reviró que las misiones médicas de su país son “un servicio humano y solidario”, reconocido internacionalmente.
“El ataque contra la cooperación médica cubana equivale a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en el mundo”, aseveró Rodríguez en una publicación en redes sociales.
A pesar de que el gobierno estadunidense continúa negando la existencia del bloqueo económico contra isla, cada vez le resulta más difícil esconder sus “intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria. Castigan a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional”, agregó.
Las empresas vinculadas con Gaesa sancionadas son la Terminal de Contenedores de Mariel, Coral Marítima, Ceiba Investments y Orbit. Las firmas del sector energético son el Centro de Investigaciones del Petróleo, Empresa de Energía, que introduce gas y lubricantes, y otra importadora, Einarbo.
Washington continúa con su política de máxima presión sobre la isla después de que impuso aranceles a países que vendan o suministren petróleo a esa nación, lo que agravó la escasez de combustible y afectó la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.
Las sanciones están agravando aún más las consecuencias del terremoto en Venezuela
Mark Weisbrot*
24 de julio de 2026 00:03
Más de 5 mil 200 personas han fallecido en el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, y cerca de 17 mil resultaron heridas, según los últimos informes del Gobierno. Los miles de sobrevivientes se enfrentan ahora a una crisis sanitaria, y 17 mil 800 personas se han quedado sin hogar.
Hay relatos desgarradores de personas tratando de sacar a los sobrevivientes de los escombros con las manos, y de decenas de niños sufriendo amputaciones porque no se les pudo rescatar a tiempo.
En un momento como este, los venezolanos y la comunidad internacional no deberían tener que luchar para poner fin a las sanciones que han destruido la economía del país y que obstaculizan su recuperación, ni para que Venezuela tenga acceso a los miles de millones de dólares en activos que le pertenecen. Pero nosotros sí, porque el papel de las sanciones y los activos congelados ha recibido muy poca atención del público.
De 2012 a 2020, Venezuela sufrió lo que probablemente sea la contracción económica más grave durante una depresión que ocurrió sin que hubiera una guerra. Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran una caída del 74 por ciento de su PIB durante ese periodo. Esto supone una pérdida de ingresos aproximadamente tres veces mayor que la que sufrió la población aquí en Estados Unidos durante la Gran Depresión de la década de 1930.
Esto no fue un desastre natural como el terremoto, sino uno provocado por el hombre. Datos del FMI muestran que el 88 por ciento de esta pérdida se produjo a raíz de las sanciones económicas de Estados Unidos, que comenzaron en 2015. La destrucción se aceleró con las sanciones de Trump a partir de 2017, que aislaron al país de la mayor parte del financiamiento internacional y, posteriormente, de casi la totalidad de sus ingresos en divisas. Estos golpes habrían sometido a casi cualquier país a una grave crisis, y eso es exactamente lo que ocurrió, dejando claro al mundo cómo las sanciones pueden verdaderamente destruir una economía.
Como resultado, Venezuela ya se enfrentaba a una crisis humanitaria antes de que se produjeran los terremotos. Según datos de la Comisión Europea, antes de junio de 2026 habían 7.9 millones de personas (de una población de 28.5 millones) en necesidad de ayuda humanitaria. El 40 por ciento de los venezolanos se enfrentaba a una inseguridad alimentaria de moderada a grave, y alrededor del 56 por ciento de la población vivía en situación de pobreza extrema. El 86 por ciento dependía de fuentes de agua contaminadas.
Casi la mitad de los médicos de Venezuela, así como muchos profesionales sanitarios y otros trabajadores cualificados — entre ellos 200 mil docentes — abandonaron el país a medida que la economía se derrumbaba.
Un estudio del que fui coautor con Francisco Rodríguez y Silvio Rendón, cuyos resultados fueron publicados el pasado mes de julio en The Lancet Global Health, estimó que sanciones unilaterales amplias como estas — la gran mayoría impuestas por Estados Unidos — provocan 564 mil muertes adicionales al año. Esta cifra es comparable al número de vidas perdidas a nivel mundial a consecuencia de los conflictos armados. Se calcula que la mayoría de estas muertes corresponden a niños menores de 5 años.
La tasa de mortalidad entre los venezolanos aumentó a lo largo de la crisis económica que sufrió Venezuela, con más de 100 mil muertes adicionales durante los años (2015-2020) en que el colapso económico coincidió con las sanciones.
Venezuela cuenta con recursos esenciales a los que no se le permite acceder. Estados Unidos y Europa están impidiendo que el país disponga de más de 11 mil millones de dólares que, legalmente, debería tener derecho Venezuela. Unos 4 mil millones de dólares se encuentran en el Banco de Inglaterra; fueron congelados allí procedentes del Banco Central de Venezuela como parte de un intento de cambio de régimen liderado por Estados Unidos en 2019. Por supuesto, el Reino Unido no tiene derecho a incautar y retener estos activos que pertenecen a Venezuela.
Hay alrededor de 4.5 mil millones de dólares en el FMI en forma de activos internacionales (denominados Derechos Especiales de Giro), parte correspondiente a Venezuela de una asignación realizada a los países miembros en 2021. El acceso a estos fondos fue bloqueado como parte de las presiones para provocar un cambio de régimen, pero Estados Unidos derrocó al presidente de Venezuela en enero y desde entonces, ha reconocido al actual gobierno de Venezuela. El FMI hizo lo mismo. Sin embargo, no está claro qué parte de estos activos podrá utilizar Caracas, ni cuándo. Los venezolanos necesitan este dinero — y también el oro que retiene el Reino Unido — ahora mismo para salvar vidas, evitar la propagación de enfermedades y reconstruir el país.
La administración Trump mantiene retenidos miles de millones de dólares más, a pesar de un decreto ejecutivo que establece que estos fondos “constituyen propiedad del Gobierno de Venezuela”. Se trata de ingresos en efectivo procedentes de la venta del petróleo venezolano, cuyo control ha asumido la Administración Trump.
Las Naciones Unidas estima ahora que la reconstrucción de Venezuela tras el terremoto costará unos 37 mil millones de dólares, lo que supone una suma enorme para este país, el 33 por ciento de su PIB actual. Economistas y otros expertos han hecho un llamado para el levantamiento de las “sanciones económicas y financieras vigentes, la congelación de activos” y, mediante una condonación de la deuda, se elimine “la onerosa carga de la deuda” que pesa sobre Venezuela.
Es necesario poner fin a las sanciones económicas. El Tesoro de EU ha concedido una licencia por cuatro meses para permitir la ayuda humanitaria tras el terremoto, pero eso no es suficiente. El Banco Central en Caracas sigue sometido a sanciones y estas seguirán interfiriendo en la recuperación tras el terremoto.
También está bien documentado que se pueden impedir importantes transacciones financieras e incluso las labores de ayuda humanitaria debido a lo que se denomina “exceso de cumplimento”. Los bancos, las instituciones financieras y otras empresas evitan realizar transacciones debido al riesgo real y percibido que suponen las sanciones, incluida la ambigüedad de los decretos ejecutivos estadounidenses que las autorizan.
La medida más importante para salvar vidas en el futuro inmediato de la Venezuela post-terremoto será lograr que los principales actores mundiales — Estados Unidos junto con sus aliados europeos — dejen de bloquear el acceso a los miles de millones de dólares en activos de Venezuela. Además, que dejen de causar más daños y pérdidas de vidas humanas mediante sanciones económicas.
Así es como funcionan realmente estas sanciones. Tienen como blanco a la población civil y la castigan con el fin de alcanzar un objetivo político. Lo que antes era una medida poco habitual, se ha convertido en una “herramienta de primer recurso”, según el Tesoro de EU, probablemente porque las muertes que provocan pasan en su mayoría desapercibidas.
No obstante, cada año son más las personas, incluidos miembros del Congreso, que reconocen la violencia económica, el castigo colectivo y las consecuencias letales humanas de estas sanciones, y que están oponiéndose a ellas.
Esta misma semana, catorce miembros del Congreso enviaron una carta a la Administración Trump en la que exigen “levantar estas restricciones injustificadas y contraproducentes” para permitir que Venezuela se reconstruya sin obstáculos.
A medida que se conozca más ampliamente la ilegalidad y el costo humano de estas sanciones, el gobierno de EU se verá cada vez más obligado a abandonarlas.
*Codirector del Centro de Investigación en Economía y Política y autor de Fracaso. Lo que los «expertos» no entendieron de la economía global.
Más información www.cepr.net
El protectorado de Caracas
Raúl Zibechi
24 de julio de 2026 00:04
“La intervención militar del 3E en Venezuela representa un punto de inflexión estructural, que marca la transición hacia un nuevo orden internacional caracterizado por el ‘decisionismo soberano’, en el cual la norma jurídica es reemplazada por la capacidad de coerción de las potencias”. Así comienza la declaración de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, en este momento tan difícil y complejo para el pueblo venezolano*.
El documento viene firmado por siete personas: Santiago Arconada, Antonia Muñoz, Edgardo Lander, Carlos Mendoza Potellá, Héctor Navarro, Mariano Crespo y Gustavo Márquez Marín.
Analizan lo que consideran como una “hegemonía regional renovada”, que busca el “control absoluto de los recursos naturales estratégicos de la región”, impidiendo la participación de “potencias extrahemisféricas”. Venezuela se ha convertido en un “laboratorio de la seguridad hemisférica, donde el control de los flujos energéticos y las infraestructuras críticas del país, han pasado expresamente a ser considerados ‘vitales’ para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
En segundo lugar considera que la intervención del 3 de enero fue un golpe de Estado y cambio de régimen que instauró un “protectorado colonial del siglo XXI”. A partir de ese momento, sostiene la Plataforma, la sobrevivencia del Estado-nación venezolano está en juego. “Se libra una guerra cognitiva feroz para que el pueblo asimile su propia dominación y acepte la tutela como un “alivio” necesario para sobrevivir ante el agravamiento de la crisis multidimensional”.
En tercer lugar, la ocupación territorial se concreta en el despliegue de dos mil marines luego del terremoto, para controlar el aeropuerto de Maiquetía y el puerto de La Guaira. El objetivo consiste en el control de los recursos estratégicos (hidrocarburos y tierras raras) y la reestructuración de las instituciones a través del control del sistema electoral y de justicia (CNE y TSJ).
Como describe el cuarto punto, de este modo se “busca garantizar elecciones supervisadas y determinadas por los intereses de la Casa Blanca, con el fin de legitimar el régimen neocolonial y preservar el control estadunidense a través de una democracia tutelada, eliminando cualquier rastro de autonomía nacional y soberanía popular libre”.
Se llega así a la constitución de un “Estado tutelado”, cuya gestión “ha quedado atada a la agenda de la Casa Blanca”. En adelante, sigue la Plataforma, Estados Unidos define y administra las estrategias y políticas públicas en todos los rubros imaginables, desde hidrocarburos y minería hasta comercio exterior y seguridad, inversiones extranjeras, finanzas públicas, manejo de deuda externa y reestructuración de los poderes públicos.
Estamos ante “una gobernanza directa desde Washington”, que llega al punto de que el Tesoro de Estados Unidos recibe directamente los ingresos de las exportaciones petroleras venezolanas, que luego “se distribuyen al país gradualmente a través de bancos privados, permitiendo que Washington decida en qué se gasta el dinero y quién tiene permiso para hacerlo”. Marco Rubio ordena y Delcy Rodríguez, con todo su gobierno, obedecen. Se da prioridad a las corporaciones estadunidenses y se desplaza a los competidores, en especial a China.
Finalmente, la declaración señala que la república entró en un proceso de disolución, que fue posible porque la sociedad venezolana ya estaba agotada por la precariedad y las crisis que se superponen, al punto de que la moral colectiva resultó debilitada, “facilitando la instalación del régimen colonial”. Sólo una reacción popular contundente permitiría rescatar la soberanía y deslegitimar el neocolonialismo impuesto.
A mi modo de ver, se trata de una descripción importante de la situación que atraviesa Venezuela y que es el espejo en el que debemos mirarnos los movimientos y pueblos de la región. En Ecuador el gobierno de Noboa difundió el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029, que apunta directamente contra los pueblos que buscan la autonomía y los movimientos que protestan y desobedecen.
Algo similar ya viene sucediendo en el Perú bajo la influencia del fujimorismo, en El Salvador, Honduras, Guatemala y ahora también en la Argentina de Milei.
Para los movimientos y los pueblos es urgente comprender que estamos ante un plan integral contra la vida que no controlan, para someternos y de ese modo seguir dominando. Creo que hay varios temas que debemos considerar.
El primero es que se trata de nuestra sobrevivencia como pueblos. No podremos seguir siendo lo que fuimos si no resistimos. Nuestras sociedades, nuestros mundos, estarán completamente trastocados del mismo modo que la naturaleza, cuyo destino seguiremos.
El segundo es que no conseguiremos cambiar las cosas en el corto plazo. Estamos ante un período histórico, ante una realidad que se nos impone durante largo tiempo. Ya no sirve ocupar un Estado blindado para los más ricos.
*Leer en https://n9.cl/hpimz
